viernes, 27 de febrero de 2009

Fiscal General se reunió con Mancuso y 'Jorge 40'



Elpais.com.co - Colprensa 


Entregar los nombres de los testaferros en Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el compromiso de continuar en el proceso de Justicia y Paz por parte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; hacen parte de los logros alcanzados por el Fiscal General, Mario Iguarán, en su viaje a Estados Unidos. 

“Han sido unos encuentros muy fructíferos. Es una preocupación para nosotros y para la comunidad internacional sacar adelante Justicia y Paz. Por eso, venimos acá para tomar nota de las inquietudes que tienen los mismos postulados extraditados para poder retomar ese proceso y saber donde están las fosas y que regresen a contar la verdad”, indicó el jefe del ente investigador en diálogo con la W radio. 

Durante la reunión con Mancuso, el ex cabecilla de las AUC le presentó a la Fiscalía una propuesta para que sus bienes sean administrados por el Gobierno Estadounidense y no por Acción Social. 

“Hay proyectos productivos con recursos de esta persona, que no se han podido realizar porque Acción Social no ha querido o no ha podido recibir los bienes por problemas jurídicos”, explicó. 

Iguarán manifestó que Mancuso se comprometió a entregar una buena cantidad de millones de dólares incluso en efectivo para reparar a los afectados por el accionar del bloque paramilitar que comandó. 

El Fiscal General explicó que el ex cabecilla también entregará información para poder ubicar a sus testaferros. “Son un buen número de personas. A quienes podemos ofrecerles el principio de oportunidad para recuperar los bienes y destinarlos a la reparación de las víctimas"

Sobre la reunión con Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', el Fiscal General explicó que el ex jefe de la AUC se comprometió a continuar en Justicia y Paz, paralelamente a los procesos que tiene ante la Justicia americana. “Él quiere primero agotar los requerimientos de Estados Unidos y luego si reanudará su proceso en Justicia y Paz”, explicó. 

Se espera que antes de regresar a Colombia, el próximo domingo, Iguarán viaje a New York y se reúna con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.


mancuso reitera vínculos de ex sub director del das con auc


Justicia y Paz

En la continuación de su versión libre ante el fiscal 8º de Justicia y Paz, el desmovilizado cabecilla del Bloque Catatumbo de las autodefensas, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Santander Lozada', aseguró que José Miguel Narváez, ex sub director del DAS, visitó campamentos paramilitares para dar charlas de lucha anticomunista en Colombia.

Según Mancuso Gómez, la ‘cátedra' se llamó ‘¿Por qué es lícito matar comunistas?' y se realizó en las fincas La 15 y la 21, propiedad de la familia Castaño Gil, en el Urabá antioqueño, entre los años 1998 y 2002. Allí se estigmatizó de manera reiterada al senador del Polo Democrático Wilson Borja, señaló.

Incursión de helicópteros venezolanos

El postulado también se refirió a un enfrentamiento en la región del Catatumbo en el que intervinieron militares venezolanos y guerrilleros colombianos del frente 33 de las Farc, que descendieron de helicópteros provenientes del vecino país.

En dicho combate –señaló-, se apropiaron de un computador en el que aparecían algunas referencias del ex ministro del Interior de Venezuela, Ramón Emilio Rodríguez Chacin

Vínculos con Giorgio Sale

Mancuso Gómez enfatizó en las relaciones que tuvo con el narcotraficante italiano Giorgio Sale, a quien conoció entre 2002 y 2003, y dijo que invirtió tres millones de dólares para la construcción del restaurante La Enoteca en la capital del Atlántico, sin embargo aclaró que la negociación se hizo verbalmente y que nunca recibió utilidades del mismo.

“Yo le pedí el favor a Celso Alfredo Salazar (hombre de confianza de Mancuso) para que verificara que estaba sucediendo con el restaurante, por qué estaban invirtiendo más dinero del que había dicho Sale y por quéél no había entregado ningún tipo de utilidades. Y le dije a Giorgio que vendiera el restaurante y que nos devolviera el dinero con el porcentaje mensual de utilidades que sería del 4 o 5 por ciento”, manifestó Mancuso.

Igualmente aseguró que Sale le pidió que vinculara a Cristian, su hijo, al negocio del narcotráfico; por tal motivo lo contactó con Gerson Álvarez, paramilitar de Norte de Santander quien lo recibió en 2004 y negoció con él la venta de 200 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona cercana a la frontera que al final no fueron recibidos por el implicado.

En las conversaciones que mantuvo con Sale –señaló Mancuso-, el narcotraficante italiano “se puso a sus órdenes para cualquier favor que necesitara con personajes de la política y del poder judicial de quienes era muy amigo”, sin embargo, según él, nunca utilizó a su favor ninguno de esos contactos.

Muerte a políticos

Alias ‘Santander Lozada' se refirió a una lista de personas que fue entregada por Carlos Castaño Gil en la que figuraban el ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán, los congresistas Wilson Borja, Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como un ex parlamentario de Arauca de quien no precisó el nombre.

No obstante, advirtió Mancuso, la orden de asesinar a esos personajes impartida entre 2001 y 2002, posteriormente fue reversada por el mismo Castaño Gil.

Entrega de bienes

A comienzos de semana, en la diligencia judicial, Mancuso Gómez propuso que la justicia norteamericana reciba y administre los bienes que pretende entregar a las víctimas para su reparación debido a algunas dificultades que ha tenido en Colombia.


Sobre este aspecto, el ex cabecilla del bloque 'Catatumbo' se reunió hoy con el fiscal general, Mario Iguarán Arana, y el jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Luis González León.

martes, 24 de febrero de 2009

Bienes de víctimas de Mancuso serían administrados por EE.UU.

Elpais.com.co | Colprensa


El ex jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, anunció este martes que buscará coordinar la entrega de sus bienes para la reparación a las víctimas en Colombia a través del Gobierno estadounidense. 

“Acción Social y el Fondo de Reparación de víctimas me han puesto muchísimas trabas para recibir los bienes, yo prefiero hacerlo coordinando la entrega a través del Gobierno de Estados Unidos”, indicó el ex comandante del Bloque Catatumbo de las AUC desde Washington, donde reanudó sus versiones libres ante un fiscal de Justicia y Paz. 

De acuerdo con Mancuso, “no quiere tener más problemas con Acción Social, que ha señalado que no está entregando sus propiedades para reparar a los afectados por su grupo”. 

Según el ex paramilitar, más de 21 predios que entregó a la Agencia Presidencial y que están avaluados en más de 30 millones de dólares aproximadamente, se están deteriorando por falta de mantenimiento. 

La propuesta de Mancuso sería presentada este viernes 27 de febrero al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, y al jefe de la unidad de Justicia y Paz, Luis González León, quien ya se encuentra en Estados Unidos adelantado las gestiones para que otros ex jefes ‘paras’ reanuden su proceso. 

El ex combatiente aseguró que abogados inescrupulosos son los que han asesorado a los habitantes del Guamo (Tolima) donde se encuentran algunas de sus propiedades para que no las entreguen para la reparación. 

“Cuando yo dispuse que las propiedades ubicadas en el Guamo (Tolima) fueran entregadas a las víctimas, muchas personas asesoradas por abogados inescrupulosos le han dicho a estos habitantes que se presenten como víctimas, que digan que fueron amenazadas o desplazadas de la región o compradas a un bajo precio las fincas”, indicó.

domingo, 22 de febrero de 2009

Carta abierta al doctor Eduardo Pizarro Leon Gómez, presidente de la comisión nacional de reparación y reconciliación

22 de febrero de 2009 
TEXTO AUTENTICADO y VERIFICADO POR SU AUTOR 


He leído con detenimiento su entrevista concedida al periódico El País, el pasado 5 de febrero, y me es imposible quedarme callado como ex combatiente de la confederación de autodefensas y como ciudadano que le apostó a la paz del país, pues ésta me ha causado indignación, tristeza y dolor, ante todo, como colombiano. 

Indignación porque veo que, como bien lo dice el periodista Steven Dudley en su libro “Armas y Urnas”, “Trabajar en el tema de los derechos humanos es una labor peligrosa, en parte porque los absorbe la política”, y considero que en su entrevista todavía se percibe dolor politico por no haber podido concretar el sueño de rebelde de tomarse el poder en Colombia, por medio de las armas como lo planifico el comunismo para jugar a la dictadura. Sin embargo, ahora se presenta usted como juez, condenando a una parte de los actores del conflicto y excusando a los otros, poniendo de manifiesto su interés en que se les perdone y mostrando su dolor de humanista a favor solo de una parte de las víctimas del conflicto. Con esa actitud usted deja de ser garante de reconciliación y se convirtió en juez y parte, lo que lo lleva a dejar para la historia como memoria solo sus intereses. 

Tristeza, porque, por una nostalgia política, lo vemos más incitando a continuar ese círculo vicioso de violencia que no encuentra fin en nuestro país, al presentar el conflicto como la lucha entre buenos y malos, entre ángeles y diablos o, peor aún, entre soñadores revolucionarios y bandidos narcotraficantes. 

Y dolor, pues con esa entrevista desfigura las verdades de los actores y del conflicto mismo, a favor de sus intereses políticos, aprovechando la coyuntura de no permitirnos a los demás los mismos escenarios para defendernos de sus verdades a medias. Con actitudes como ésta no se logra cosa diferente que perpetuar el mismo espiral de violencia en que ambos participamos directa o indirectamente, desde orillas opuestas. De pronto, ese es su real interés político: que nos sigamos matando entre colombianos, como ha sido nuestra interminable historia de guerras civiles fratricidas. 

Desde esta celda fría, y encadenado como estoy, quisiera responderle con las mismas armas políticas con que usted ataca en su entrevista, a quienes por convicción, por miedo al secuestro, por miedo a la muerte violenta y por miedo a la imposición de un modelo de Estado totalitario, ideológicamente comunista opusimos resistencia armada a través de la conformación de grupos de autodefensa. Valga mencionar aquí que, el secuestro lo conocimos en mi sociedad y en mi pueblo con el caso del doctor Guillermo Castro Castro, un médico del estrato alto provincial, al servicio del pueblo; secuestro realizado por el M-19. 

Nosotros hicimos uso de nuestro legítimo derecho a la defensa individual y colectiva, para proteger nuestra vidas, nuestras libertades y nuestro sueño de Estado ideal, como única alternativa después de haberse cerrado las vías políticas y roto el último contrato social al que nos sometimos como ciudadanos, representado en la Constitución del 1991. Mientras tanto, su hermano Carlos y sus socios de banda, -a los que perdoné haciendo parte de la sociedad colombiana como ciudadano ejemplar de entonces, empresario y soñador de mejores tiempos para todos- se asociaban con Pablo Escobar, para hacer pedazos el sistema de justicia y acabar con la extradición por la vía violenta, sin importarles que con ello acababan no sólo con la poca institucionalidad que quedaba sino con la vida de miles de colombianos de bien. El y sus gozones de la revolución, doctor Pizarro, sí estuvieron al servicio del narcotráfico, él comportamiento de esa banda sí era de mercenarios, pues mostraron que actuaban sin ninguna moral de combate diferente a la plata. Hablemos con la verdad de todos, incluyendo la de los suyos. Hasta por mercenarios y narcotraficantes, yo como miembro de la sociedad de bien de entonces, perdoné a los suyos. 

Yo podría, doctor Pizarro, debatirle mucho sus argumentos políticos de rebeldía, pues no se entiende que hijos del que defendiera desde la institucionalidad armada lo que presenta nuestra historia como Frente Nacional, es decir, como la solución escogida para ocultar premeditadamente los hechos más bárbaros de guerra civil ocurridos durante el período denominado La Violencia, lideraran el discurso presentado políticamente como la respuesta armada a la exclusión de su participación en el poder. 

Impulsados por el partido comunista Colombiano se organizaron las diferentes bandas armadas con que se dio inicio al mayor ataque contra una sociedad de ricos, de medio-ricos y sobre todo, de muchos pobres. Entre, ellas el movimiento 19-Abril- banda a la que usted desde la distancia aplaudió-, y que me llevaron a mí y a los hombres bajo mi mando a enfrentarlas en todas sus estructuras para evitar la destrucción total de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras sociedades y del país mismo. Lo trágico de todo esto es que los métodos hayan sido los mismos que les aprendimos a quienes fueron los verdaderos profesores de cómo accionar política y militarmente en una guerra civil irregular: la izquierda radical armada amante de la combinación de todas las formas de lucha. Y si es por las obras sociales le aseguro que yo sí desde la comunidad en la que vivía, antes que me atacaran y nos atacaran los que pensaban o piensan como usted, trabajé al lado de mi familia sin importarnos el detrimento de nuestro propio patrimonio económico, en ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos desplazados que llegaron a nuestro pueblo, huyendo de los ataques violentos producidos, por las bandas armadas del comunismo y que eran pobres, muy pobres. Por eso no entendíamos y nos preguntábamos ¿Cuál será entonces el pueblo que dicen defender? 

Pero, ¿sabe doctor Pizarro? desde esta fría celda, quiero seguir pensando, que nosotros concretamos el más grande hecho de paz que ha habido en el mundo – porque el gobierno no hizo nada para ello y esa es otra verdad que por interés político se le cuenta a medias al país y al mundo -, donde una organización política armada civil e irregular con todos sus defectos, errores y degradaciones, pero en su momento de mayor poder, victoriosa política y militarmente, de manera unilateral depuso voluntariamente las armas a favor del gran clamor de los colombianos: no más violencia. 

Algún día la historia terminará reconociendo que, por lo menos la confederación de autodefensas, tuvo coherencia política ante el sentir nacional, así hoy estemos pagando un alto costo por defender nuestras convicciones, incluyendo nuestro sueño de paz, que fue en últimas lo que nos llevó a las armas. Las cadenas con que hoy se me ata para movilizarme, son una dignidad que no se merece la ruidosa victoria que se arroga el Gobierno nacional, en los diferentes escenarios donde se presenta, usando nuestra voluntad política de paz como mérito propio sin permitirnos desmentirlo. 

Un ex miembro del M-19 dijo, “el hecho que uno tenga que coger las armas, no significa que uno tenga que adorarlas y que no haya un momento en el que toque dejarlas”. Qué fácil fue para quienes entonces pensábamos como una verdadera sociedad civil en una Colombia de todos y sin violencia, entenderlos y perdonarlos, cuando estaban derrotados política y militarmente y qué tan difícil ha sido para usted y para quienes no pudieron tomarse el poder por la vía armada entender que nosotros, victoriosos desde la resistencia armada, encontramos el momento políticamente correcto para dejarlas a sabiendas de que no era el momento militarmente correcto, pues la lucha continuaba ya que nuestros enemigos políticos persistían en la lucha armada y sabíamos que desde el gobierno y la regularidad jamás se les derrotaría. 

¿Por qué les ha sido tan difícil entender ese gran gesto de paz en beneficio de la Colombia que en su mayoría piensa diferente a ustedes? ¿Será que insisten en su ideal de llegar al poder por cualquier vía y han tomado nuestro gesto de paz y el hecho que el gobierno nos silenció después de haberle entregado las armas para vengarse de quienes responsabilizan de haberles truncado sus sueños de rebeldes de tomarse el poder así fuera por la vía armada? 

Doctor Pizarro, mi sueño de lucha por una mejor Colombia y en convivencia, hoy es más fuerte que ayer, mi concepción compartida por muchos compatriotas de ver a Colombia convertida en un país de regiones, sigue intacta, mis convicciones siguen hoy más fuertes que ayer, reconozco y pido perdón por haber utilizado las armas como vía política. Hoy estoy convencido de que es la más estéril y dolorosa para solucionar los verdaderos problemas que aquejan al pueblo colombiano y en particular el pueblo Caribeño, que ha sido el más olvidado por todos. 

La vía armada, solo ha servido como cortina de humo para que los dirigentes la utilicen como discurso para evadir sus responsabilidades, mientras la corrupción todos la volvimos nuestra amiga inseparable. Se lo dije a usted en su cara en la primera reunión que tuvimos ya desarmados y desmovilizados con la Comisión que usted preside: si la verdad no la asumimos todos aquellos a los que nos cabe responsabilidad, empezando por que se conozca la verdad pero empecemos por el principio reciente que no se quiere olvidar y sigue motivando discursos y violencia, como fue la conformación del Frente Nacional y quienes lo defendieron, allí encontraremos los verdaderos responsables del magnicidio de Gaitán- y el asesinato de cientos de miles de Colombianos- y lo podremos enterrar y ahí si, que descanse en paz. Que se conozca quienes fueron los responsables desde el comunismo, de la creación de las diferentes bandas armadas que organizaron para poner en la práctica la teoría Marxista-Leninista de la combinación de todas las formas de lucha con la intención de tomarse el poder para instaurar su dictadura del proletariado. Así empezamos Dr. Pizarro a resolver el verdadero nudo que enseñaron a amarrar ellos entre políticos y generadores de violencia, que al no ser señalados ni judicializados llevó a la repetición sirviendo de ejemplo hasta nuestros días, así algunos posteriormente hayan tomado distancia y se apartaran, hoy no los eximen de su responsabilidad histórica y legal al lado de quienes persistieron. 

Que se conozca quienes permitieron que naciera, creciera y se reprodujera en el tiempo hasta hoy, el fenómeno del narcotráfico con el que llevamos medio siglo y que termino alimentando la violencia venga de donde venga y degradando nuestros principios, valores y costumbres como sociedad. Que se conozca como, cuando, donde y porque se inició en nuestro país, las expresiones de resistencia civil armada, como herramienta de la necesidad de autodefensa, y sus gestores. Que se conozca cuando, por quien y con que finalidad se organizo y constituyo el partido político de la Unión Patriótica y quienes lo lideraron, así sabremos quienes engañaron a muchos soñadores de cambios para que asuman su responsabilidad que compartirán con los responsables de las muertes de quienes solo soñaban. 

Que se conozca cual fue la realidad hasta individualizar los responsables del secuestro y posterior asesinato del importantísimo líder sindical José Raquel Mercado, pues ellos se inventaron el ataque a los sindicalistas como medio de lucha. Que se conozca la verdad de adonde, como, cuando, quienes y porque se conforma las primeras expresiones del paramilitarismo y como termina el M-19 haciendo un acuerdo de no agresión con el. 

Que se conozca quienes participaron en representación del narcotráfico y del M-19 en la planificación de la toma del Palacio de Justicia y quienes fueron sus colaboradores. Que se conozca de una vez la verdadera historia de la toma del Palacio de Justicia. Que se conozca la verdad de los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Pizarro Leóngomez. 

Que se conozca la verdad de la alianza entre el gobierno Colombiano, la fiscalía general de la nación de entonces, el cartel de Cali en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela, las agencias de sicarios del narcotráfico, las autodefensas del Magdalena medio y las de los hermanos Castaño y agencias de gobiernos extranjeros, para la constitución de un frente común para acabar con Pablo Escobar, ensenándole a los Colombianos que el “fin justifica los medios”, dándole inicio a un comportamiento que ha servido de ejemplo para la repetición hasta nuestros días. Que se conozca la verdad de quienes quedaron por fuera siendo responsables de la infiltración de dineros del narcotráfico en campañas políticas de todo nivel incluyendo presidenciales, y como a afectado esta situación los niveles de corrupción tanto en el sector publico como en el sector privado. Que se conozca la verdad sobre la alianza entre la institucionalidad y el narcotráfico para la liberación del hermano del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos. 

Que se conozca la verdad de porque termino la constituyente del 91 prohibiendo la extradición de Colombianos para encontrar los vicios de nulidad que ella tiene. Igualmente porque el Congreso de la Republica aprobó en el año de 1997 nuevamente la extradición, sin retroactividad. Que se conozca toda la verdad del accionar político, militar, económico, social, cultural, y espiritual de las autodefensas de mi generación, incluyendo las que conformé y comandé y el porque se está repitiendo nuevamente el fenómeno, para poder culminar con la verdad verdadera del conflicto Colombiano en estos últimos 50 años que ha sido el mismo y no podemos conformar la verdad solo con la verdad de los últimos en llegar y participar en el. Que se conozca la verdad de todo lo que se hablo y los acuerdos a los que se llegaron en la negociación política entre el Gobierno Nacional y las autodefensas Colombianas. 

Se lo dije Dr. Pizarro; si no abordamos esa verdad no habrá verdad en Colombia, y las medias verdades solo sirven para alimentar discursos que invitan a la violencia, pues seguiremos mirando siempre con el retrovisor y recordando el pasado de acuerdo a los intereses de turno, es eso lo que no nos deja pasar la pagina de nuestra violencia, perdonarnos, reconciliarnos y poder por fin mirar hacia adelante construir las bases de la paz y trabajar por sostenerla en el tiempo para poder soñar con un futuro diferente para todos. No pido cárcel para nadie que contribuya con la verdad, pido perdón para todos y la verdad verdadera como instrumento reparador y reconciliador por excelencia. Solo así el pasado lo dejaremos como una pesadilla que no se puede olvidar para no volverlo a repetir pero igualmente para que el pasado no siga siendo escusa para mantenernos en el y no avanzar en la construcción de un mejor mañana. 

Ahora comprendo porqué a usted no le llamó la atención nuestra posición, tiene usted su propia historia familiar, tanto desde el establecimiento como desde la opresión armada y sus intereses tampoco le permiten decirla. Con su verdad Dr. Pizarro, solo habrá pequeñas verdades dentro del colectivo universal de la verdad del conflicto. 

Yo sé por qué, pero lo invito a que sea usted, a quien tanto le ha impactado la verdad que ha aflorado en nuestro proceso, que fue uno de nuestro compromiso con Colombia, a que, como conocedor del tema nos impacte con su verdad. Somos muchos los que por décadas, y después de perdonarlos, hemos estado esperando esa verdad como gesto reparador y reconciliador. 

Necesitamos que nos cuente quiénes fueron los encargados, desde el comunismo de motivar, fomentar, organizar, respaldar, ayudar, crear, participar y dirigir las diferentes bandas armadas para llevar a cabo su sueño de llegar al poder por la vía armada. Parecería que a la justicia colombiana le da temor judicializar a quienes fueron sus gestores políticos, militares, económicos, sociales, culturales y hasta espirituales pues al parecer hacen parte de lo que mal llaman hoy la intelectualidad, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los soñadores de paz, los generadores de opinión, los colectivos y sin colectivos, a quienes a diferencia de nosotros, nunca se les cerraron las vías para defender sus propias convicciones o intereses políticos, militares, económicos y sociales. 

Igualmente, como conocedor del tema -y miembro de una familia que ha estado presente en todos los escenarios de la violencia colombiana desde todas las orillas, aunque ahora sólo quiera mostrarse a favor de unas víctimas, como si todos no hubiéramos sido víctimas, cuando los suyos eran los victimarios y usted los aplaudía en la distancia- pedimos que nos impacte también contándonos quiénes fueron los responsables de la violencia partidista que generó tantas víctimas hoy olvidadas, también por usted, y que son responsables de la violencia que reinició, entre otros, Carlos Pizarro. Eso también es interés político. Si nos impacta doctor Pizarro contándonos esa verdad que usted conoce, le creeré que de verdad quiere luchar desde su posición personal para representar a la gran mayoría de nuestros compatriotas. De lo contrario la verdadera verdad histórica escrita por quienes usted contrató y dirige de lo ocurrido en el ultimo conflicto civil vivido por los Colombianos, será un simple libro mas para hacer política en beneficio propio por parte de quienes no lograron culminar sus sueños de rebelde y hoy se han victimizado para generar lastima, en vez de utilizar su condición, su experiencia y conocimiento para evitar la repetición y construir país. 

El lenguaje utilizado para hablar del conflicto no puede ser manipulado: la violencia no puede ser buena si viene desde la opresión armada y mala si viene desde la resistencia armada, la violencia ante todo es mala para todos. Las víctimas no pueden catalogarse como tales por solo ser parte del estrato económico menos favorecido y dejar de ser víctimas si pertenecen a un estrato económico trabajador. Los desplazados no pueden ser catalogados como tales solo si pertenecen a un sector cuyas condiciones de indignidad lo hacen inhumano y hoy los mostramos como pobres campesinos como si esa no fuera su condición de antaño. 

Recuerde que muchos de ellos vendieron sus predios por haberse cansado de estar solo administrando su propia miseria sin que nadie le extendiera la mano –esa es otra verdad contada a medias y que hoy utilizan personas como usted para bandolerizarnos-. ¿Qué pasará cuando Colombia sepa que parte de esos desplazados vendieron y recibieron dinero por lo suyo? No las regalaron, las vendieron al precio desvalorizado que llegó a tener la tierra por culpa del comunismo y sus diferentes bandas armadas. ¿Qué pensará Colombia cuando se demuestre que algunos de esos desplazados de hoy, ayer motivados desde una organización social acompañaron a muchos compañeros de rebeldía a matar, robar y desplazar a quienes trabajaban honestamente desde su posición empresarial de hombres de campo? Qué bueno que usted abra ese debate de cara al país, pero por favor ténganos en cuenta y permítanos tener el derecho que jamás le quitamos al M-19 y demás bandas armadas del comunismo que se desmovilizaron en el pasado de defenderse en los mismos escenarios que lo hacen quienes atacan en favor de sus intereses políticos. 

Cuanto quisiera seguir contestando su entrevista, pero tendría que utilizar palabras que podrían alborotar más su ira contra nosotros. Mis hombres y yo nada tuvimos que ver con la muerte de sus hermanos ni con sus heridas; sin embargo, nos sumamos al ex comandante Mancuso, cuando en esa primera reunión con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a nombre de la ex confederación de autodefensas, le pidió perdón, así nada tuviéramos que ver con ella los presentes y nuestros representados y todavía dudo que haya sido una acción de las autodefensas y no del verdadero paramilitarismo de Estado que emana del Establecimiento y ese jamás se ha querido tocar, buscando siempre entre otros los chivos expiatorios que paguen. Parece que el perdón de ese día fue fingido para demostrar que usted como presidente de la Comisión era el primer colombiano en perdonar. Al M-19 yo si los perdoné desde el año 1989, como ciudadano integrante de la sociedad civil, cuando avalamos en un gesto de grandeza la amnistía e indulto que les permitió recuperar sus derechos civiles y políticos que habían perdido en la guerra, con el sueño de que dejaran tranquila a Colombia. Todavía recuerdo esa primera reunión con la Comisión, cuando el 90% de sus miembros llegó con la tintura en el dedo derecho muestra de que el día anterior habían participado en las elecciones internas realizadas por el Polo Democrático, incluyéndolo a usted. Ese día dije que estábamos perdidos, pues el gobierno después de nuestro gesto de paz con Colombia, nos tiró en manos de nuestros contradictores políticos, militares, económicos, sociales, culturales y hasta espirituales, para que se saciaran con nuestro proceso y bandolerizaran a su lado nuestra convicción de haberle apostado a la paz del país. Ese día también dije: ahora sí nos quedamos solos y perdimos si no se nos permite defendernos en los mismos escenarios desde donde se nos atacará. Su entrevista me ratifica hoy lo que dije en aquel entonces, pero seguiré adelante. 

Doctor Pizarro, yo estoy acá defendiéndome por una acusación de la cual no tengo responsabilidad sin desconocer y aceptar mis reales responsabilidades, hablo a nombre propio y de los hombres y mujeres que estuvieron bajo mi mando, no de más nadie. Estoy seguro de que nosotros hicimos políticamente lo correcto, al abandonar la vía armada como medio de lucha. Hoy ratifico que esa determinación política fue la correcta, así muchos de mis ex subalternos hoy presos y otros en la calle esperando la tan prometida reinserción laboral no lo entendieran en su momento y hoy sigan teniendo dudas, cuando tienen que volver a clamar por su seguridad y por la defensa de sus derechos naturales. 

Ojalá los brazos armados que organizó el comunismo y que hoy persiste en la vía armada como medio de lucha, entiendan, como lo dije en mi discurso de desmovilización, que llegó la hora de participar todos en la restauración moral del país, como invitaba Gaitán hace 60 años y hoy su invitación está tan vigente como entonces sin exclusión y con el aporte de todos, pues ellos con su concepción política también hacen parte fundamental para la Colombia de todos, eso sí, sin armas. 

Ojalá que quienes optaron nuevamente por la vía armada como medio político, desde las autodefensas gaitanistas de Colombia y las diferentes confederaciones de autodefensas entiendan que así el gobierno nos haya traicionado e incumplido y puedan tener todos los argumentos políticos para haber vuelto a las armas, la vía política armada no le sirve a Colombia para solucionar los problemas que la asfixian. 

No confundan los tiempos políticos como también no los quiso enseñar el comunismo por medio de algunas de sus bandas armadas, afortunadamente fue lo único que no le quisimos copiar. No puede ser que desde las autodefensas se le quite nuevamente al país el sueño de vivir sin violencia. Que ese costo político lo asuma el Gobierno que no ganará la guerra y que le quedó grande la paz. Hoy seguimos viviendo la misma horrible noche que desde hace 60 años y ustedes están siendo satanizados al igual que nos han satanizados a nosotros después de desarmarnos, solo podemos callarlos con hechos de paz, y el nuestro es único e inocultable, así persistan los ciegos, los mudos y los sordos que nos criminalizan a favor de sus intereses políticos, individuales o colectivos y en beneficio de lograr un mejor trato para sus compañeros de lucha. 

Ojalá que el narcotráfico entienda que ha hecho parte de la descomposición política, militar, judicial, económica, social, cultural y espiritual en que hemos caído y vivido los colombianos desde su aparición hace 40 años y ha sido motor para incrementar la violencia. Es hora de que piensen en ayudar a sacar a Colombia y al mundo de ese espiral de violencia y de degeneración. Los colombianos debemos de estar conscientes y el mundo también, de que es hora de dejar a un lado la doble moral. 

Hoy, lo digo con conocimiento de causa, sin temores sobre lo que se piense de mí, pues viví y conocí los efectos de su realidad y sus consecuencias. En el año 2002 invité al Gobierno americano para que me ayudara a combatir y a acabar con el narcotráfico, cuando por primera vez llegue a una zona donde encontré esta economía ilícita establecida con complacencia de los gobiernos de turnos y sus instituciones, nunca obtuve respuesta a mi invitación pública y la violencia se recrudeció en ese sector y los montos que esta actividad canceló como impuestos de guerra, ayudó a ello. 

No se trata de entregarle el Estado a los bandidos como lo he escuchado en muchos discursos politiqueros, se trata de ser realistas y recuperar el Estado en favor de todos los colombianos para dejar de ser los parias del mundo y poder suscribir, por fin, un nuevo contrato social que nos obligue a todos a acatarlo, a cumplirlo y a respetarlo. 

Ojalá que los colombianos entendamos y nos cercioremos qué es lo que queremos y si es la paz, empecemos por admitir que hay que hacerla con todos los que generan violencia, pues parcelarla también lleva a la repetición, y como dice usted Dr. Pizarro, y estamos de acuerdo, preparémonos para hacerle mayores concesiones a los brazos armados del comunismo de hoy FARC y ELN, pues ellos sí tiene ventrílocuos que no se avergüenzan de hablar en beneficio de su lucha y de una mejor salida del conflicto de acuerdo a sus intereses. De lo contrario su voluntad nunca será consecuente con el clamor nacional y no hay, hubo y habrá comisionado de paz para ello. Lo muestra la historia ayer y hoy. 

Ojalá el gobierno de turno se convenza de que la victoria militar desde la regularidad, jamás será posible si enfrenta un enemigo civil e irregular. Podrá diezmarlo, podrá quitarle movilidad, podrá quitarle acompañamiento y territorios, pero si no ha podido ni siquiera consolidar su política de seguridad en los territorios entregados por las autodefensas en su desmovilización. La paz no es de un gobierno, es de la nación entera y si la queremos nos toca a todos luchar por su 
consecución, es nuestro compromiso, nuestro deber y obligación, gústele o no, a los verdaderos enemigos de la paz. 

Doctor Pizarro, el silencio no me hará cómplice de lo que no fui y el miedo a responderle no me hará como ayer, pensar que definitivamente la única salida son las armas para responderle a quien nos ataca solo por satisfacer sus propios intereses. No, hoy soy un hombre que cree en la paz como única posibilidad de vida y lucharé por ella, así sea con las cadenas puestas como hoy las tengo. Lo invito a que desarme su corazón y de verdad ayudé a Colombia, para ver si por fin logramos que algún colombiano en el tiempo pueda contarle a alguna generación lo que se siente vivir sin estar día y noche acompañado de la violencia. Usted puede hacerlo y los suyos también si lo que realmente quieren son mejores tiempos para todos los colombianos. Por último, será mucho pedirle que su lenguaje, su discurso, sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones legales, coincidan con la responsabilidad que hoy usted ostenta como máxima figura de la reconciliación, que es el anhelo nacional. Ojala que si, si no renuncie o que Dios se apiade de Colombia. 

Rodrigo Tovar Pupo

miércoles, 11 de febrero de 2009

Carta dirigida a Leonardo Augusto Cabana Fonseca - Fiscal Octavo (8°) Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Bogotá, 11 de febrero de 2009

Doctor
LEONARDO AUGUSTO CABANA FONSECA
Fiscal Octavo (8°) Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz
Dg. 22 B No. 52-01, Bloque "F", Piso 4
Bogotá, D.C.

REF: Bienes ofrecidos y entregados por Salvatore Mancuso con destino a la reparación de las víctimas.

Respetado doctor:

En atención a la comunicación dirigida a Usted por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional, relacionada con el asunto de la referencia, respecto de la cual se efectuó una reunión en su despacho entre Dr. CARLOS FERNANDO PEÑA GALVIS y algunos de los abogados encargados de la defensa del señor Mancuso el día 26 de enero de 2009, de la manera más atenta me permito expresar el punto de vista de esta defensa sobre cada una de las observaciones formuladas por Acción Social, no sin antes hacer algunas precisiones sobre los antecedentes que han rodeado este tema de tan especial importancia tanto para mi defendido como para la víctimas.

Como es de su conocimiento, mi representado ha sido pionero y quizás el más interesado ex jefe de las extintas AUC en sacar adelante el proceso de paz iniciado con el Gobierno del Presidente Uribe, pues, como se recordará, fue el primer excomandante en desmovilizarse –aún sin contar con un marco legal que definiera su futura situación jurídica-; fue precursor en el apoyo a los proyectos productivos propuestos por el Gobierno como una forma de reinserción y reconciliación; fue el primer excomandante en acogerse a la Ley 975 (30 de enero de 2006); participó activamente y lideró el programa de erradicación manual de cultivos ilícitos; fue el primer excomandante desmovilizado en comprometerse a cumplir los requerimientos judiciales de otros países; se entregó voluntariamente a la justicia Colombiana cumpliendo el llamado efectuado por la Presidencia de la República.

Del mismo modo, iniciada la fase judicial del proceso paz con la puesta en marcha de la Ley 975 y luego de casi un año de espera desde que se sometió a la misma, mi representado fue el primer excomandante de las AUC que rindió versión libre; y en cumplimiento de su firme compromiso con el proceso y su deber de contar la verdad, ha puesto en conocimiento del país y de la comunidad internacional las relaciones del grupo armado que alguna vez lideró con la clase política, agentes del estado, servidores públicos, grupos económicos y hasta multinacionales, y ha suministrado información valiosa junto con sus antiguos subalternos para el esclarecimiento de más de un millar de hechos punibles que ni siquiera eran conocidos por la Justicia.

De otro lado, al momento de la desmovilización del Bloque Catatumbo, en el mes de enero de 2005, el señor Mancuso hizo devolución y entrega de los siguientes bienes: 11 vehículos automotores, 2 lanchas, 8 canoas, 15 motores fuera de borda, 45 mulas, 105 predios rurales en la zona de Tibú ( N. de S/der) que suman 7.325 has y 56 inmuebles urbanos en la Gabarra. Estos bienes fueron entregados en su momento al Capitan Jonhy Padilla Acevedo, Comandante de la Estación de Policía de La Gabarra, junto con las coordenadas satelitales para su ubicación e identificación, quien a su vez informó de esta situación al Mayor Jorge Palomino López de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Por su parte y en cumplimiento del requisito señalado en el artículo 11.-5 de la Ley 975 de 2005, desde el momento en que rindió por primera vez versión libre mi representado en el mes de diciembre de 2006, estuvo presto a cumplir con la obligación legal de entregar bienes con destino a la reparación. Sin embargo, solo hasta cuando se cumplió el inoficioso procedimiento y se diligenciaron los formatos establecidos por Acción Social y el Fondo de Reparación para la recepción de los bienes, se pudo anunciar formalmente la entrega de unos bienes dentro de las diligencias de versión libre. Ciertamente, en la versión efectuada el 17 de mayo de 2007, el señor Mancuso anunció e hizo entrega de los siguientes bienes:

No.
NOMBRE PREDIO
HAS.
VALOR EN
MILLONES DE $
1
LA ESPERANZA 2
633
2218,6
2
MI REFUGIO
116
406
3
TIERRA GRATA
58
203
4
ESPERANZA 1
42
145,5
5
PROVIDENCIA
148
445,8
6
LA GLORIA
222
666,0
7
PAZ VERDE
215
646,0
8
VIZCAYA
331
995,0
9
VILLA ROSA
47
333,3
10
EL ESCONDIDO
39
274,1
11
SAN JOSE
49
349,4
12
VILLA NUEVA
188
2.924,0
13
NUEVA DELHI
402
6.180,0
14
LA GUAIRA
226
2.491,0
15
EL CHIMBORAZO
468
937,0
16
SAN JOSE
414
828,0
17
LAS PAMPAS
1.087
2.065,0
18
EL BONGO
369
702,0
19
VILLA AMALIA
160
304,0
20
CARARE
279
558,0
21
POLLO FIAO
116
174,0
22
CUMBIA 3
164
246,0
23
CLUB 100
ISLA
8.000,0
24
SOCIEDAD INCUSOL
813,0
25
L´ENOTECA RESTAURANTE
5.675,0
26
VUELO FORESTAL**
12.500,0
TOTAL
51.079,7
**Corresponde a las siembras de productos maderables que existen dentro de algunos de los predios, las cuales se valúan técnicamente de manera distinta del valor de la tierra por hectárea.

Adicionalmente se hizo mención a los predios denominados Puerto Amor y El Cortijo. El primero de ellos, refiere el postulado Mancuso habérselo comprado a un señor de apellido Atehortua por la suma de $300 millones, de los cuales solo le pagó $20 millones, y que el comprador se asustó y no volvió a aparecer para cancelarle el saldo y en su lugar promovió alguna acción judicial para rescindir la venta que no se materializó y manifestó su intención de devolver el dinero cancelado por mi cliente. En cuanto al predio El Cortijo, aclaró que aún cuando éste se encuentra en cabeza suya, en realidad no le pertenece, sino que le pertenece a su padre, quien lo colocó a su nombre cuando tenía como 18 años.

En esta misma diligencia el señor Mancuso informó que todas las propiedades entregadas se encontraban en perfectas condiciones y produciendo, sin problemas de seguridad ni de otra naturaleza.

Por cada uno de los bienes antes relacionados se entregó una carpeta contentiva de planos, fotografías, avalúos, certificados de libertad y tradición, escrituras, recibos de pago de impuestos y servicios públicos hasta esa fecha, y demás documentos necesarios para identificar y conocer la situación jurídica y fáctica de los bienes; no obstante lo cual el Fondo de Reparación y Acción Social impusieron el cumplimiento de una serie de requisitos adicionales para poder ejercer su función de administradores de los bienes ofrecidos y entregados desde el 17 de mayo de 2007. El señor Mancuso dispuso lo pertinente para prestar toda su colaboración en el proceso de entrega de los bienes, procediendo a colocar las propiedades ofrecidas en cabeza suya, actualizando el pago de impuestos y servicios públicos, designando personas para el acompañamiento hasta el sitio donde se hallan ubicados los bienes para proceder a su entrega, pero para infortunio de las víctimas cada vez que se cumplían con las imposiciones de Acción Social, esta entidad creaba un nuevo requisito a cumplir.

Transcurrieron más de dos meses sin que Acción Social ni el Fondo de Reparación recibieran los bienes, y ante el inminente peligro de deterioro de los proyectos productivos que estaban allí funcionando y de los mismos bienes, se procedió por parte de esta defensa a solicitar el decreto de medidas cautelares sobre los mismos, para que de esta forma las entidades encargadas de cumplir con la labor de administración procediera a ello sin más dilaciones ni excusas injustificadas. Es así como se realizó una primera audiencia ante el Magistrado con funciones de Control de Garantías con sede en la ciudad de Barranquilla, los días 17 y 18 de julio de 2007, quien acogió parcialmente la petición de y decretó la suspensión del poder dispositivo sobre todos los bienes ofrecidos por el postulado Mancuso Gómez en su versión libre del 17 de mayo de ese año, excepto sobre los denominados Puerto Amor y Club 100. Ante ello la Fiscalía 8 de Justicia y Paz y el Ministerio Público recurrieron la decisión; en esa oportunidad su despacho solicitó a la Sala Penal de Corte extender la medida a los bienes que no fueron objeto de ella, posición que fue compartida y coadyuvada tanto por esta defensa como por el representante de las víctimas. A su turno el Procurador judicial solicitó la revocatoria de la decisión adoptada por el Magistrado con funciones de Control de Garantías, por considerarla improcedente al no haber evacuado la etapa de formulación de imputación.

En audiencia efectuada el día 23 de agosto de 2007, la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia desata los recursos interpuestos, confirmando la decisión del Magistrado con Funciones de Control de Garantías en lo que tiene que ver con las medidas cautelares decretadas, y revocó la determinación de no decretar la cautela sobre los predios denominados CLUB 100 y Puerto Amor, para en su lugar ordenarla sobre el primero de ellos. Al mismo tiempo, dispuso la Corte oficiar al Fondo para la Reparación de Víctimas con el objeto de poner los bienes sobre los cuales se decretan las medidas cautelares a su disposición y, al señor Presidente de la República, a fin de que adopte las medidas necesarias para que esa entidad entre en funcionamiento de forma inmediata.

Desde ese entonces, más de 18 meses, ni el Fondo de Reparación ni Acción Social han cumplido con la orden de recibir los bienes dejados a su disposición por la Corte Suprema, y en su lugar vuelven a incurrir en la conducta evasiva que sobre este tema ha caracterizado la gestión de esas entidades desde su creación, y tan solo han extendido el acta de entrega de los siguientes bienes:

No.
NOMBRE PREDIO
HAS.
UBICACIÓN
VALOR EN
MILLONES DE $
1
PROVIDENCIA
148
Vereda Lorenzo, Tierralta (Cord.)
445,8
2
VIZCAYA
331
Vereda Lorenzo, Tierralta (Cord.)
995,0
3
ESPERANZA 2
633,9
Corregimiento Sta Marta,
Tierralta (Cord.)
2.218,6
4
ESPERANZA 1
41,2
Corregimiento Sta Marta,
Tierralta (Cord.)
145,5
5
MI REFUGIO
116
Corregimiento Sta Marta,
Tierralta (Cord.)
406

Hecho el anterior recuento, procedo entonces a referirme puntualmente a cada una de las observaciones realizadas por Acción Social en su comunicación de de fecha 15 de enero de 2009, aspectos debatidos en las reuniones efectuadas en su despacho los días 26 de enero y 2 de febrero del año en curso.

1.- PREDIOS VILLANUEVA, NUEVA DELHI, LA GUAIRA

Argumenta Acción Social que sobre estos bienes se han celebrado una serie de contratos de arrendamiento que permitieron que los mismos se encuentren actualmente “en posesión de terceros” (sic), amén de que uno de ellos –La Guaira- está en cabeza de Aram Assias Solar; y hasta tanto se saneen estas situaciones no es posible recibirlos efectivamente.

Al respecto, queremos expresar de manera categórica nuestro rechazo sobre las razones esgrimidas por Acción Social para negarse a recibir los bienes, pues, de una parte, el predio La Guaira se encuentra en cabeza de Salvatore Mancuso Gómez y no Aram Assias, como equivocadamente se afirma. De otro lado, el hecho de que existan unos contratos de arrendamiento sobre dichos predios, de ninguna manera impide que se puedan recibir y administrar, so pretexto de una posesión por parte de los arrendatarios. Resulta completamente errático –jurídicamente hablando- afirmar que el arrendatario es un poseedor, pues de acuerdo con lo dispuesto por las normas legales vigentes en Colombia, EL ARRENDATARIO ES UN MERO TENEDOR pero NUNCA UN POSEEDOR, dado que al suscribir y reconocer la existencia del contrato de arrendamiento, automáticamente está reconociendo dominio ajeno. Es que la posesión se diferencia de la mera tenencia precisamente en ese aspecto: el animus, es decir, la conciencia por parte de quien ostenta materialmente un cosa de sentirse o no dueño. Si se tiene la cosa con ánimo de señor y dueño nos encontramos frente a la figura del poseedor, contrario sensu, si se tiene la cosa reconociendo dominio ajeno estaremos frente a la figura del simple tenedor.

Ahora bien, luego de precisar esta diferencia entre las dos instituciones jurídicas -que cualquier estudiante de tercer año de derecho está en capacidad de realizar- es necesario indicar que la existencia de unos contratos de arrendamiento o de unos eventuales poseedores (que no es el caso como ya se explicó) no es óbice para que Acción Social pueda recibir y administrar los bienes, dado que el administrador se encuentra investido de todas las facultades legales para preservar y/o hacer productivos los bienes; especialmente Acción Social, por ser un administrador forzoso dado que sus atribuciones y deberes son exactamente los mismos que la Ley ha establecido para los secuestres, depositarios legales, liquidadores y demás figuras creadas por ella para estos fines. Así que no existe ninguna razón jurídica valedera -y mucho menos las expresadas en precedencia-, para que Acción Social no cumpla con el deber de administrar los bienes que ya fueron ofrecidos y entregados por el postulado; máxime cuando sobre ellos pesan medidas cautelares y órdenes expresas impartidas por nuestro máximo operador judicial en materia penal, como lo es la H. Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Además de lo anterior, debe aclararse que los contratos de arrendamiento que existen respecto de estos predios, tienen como génesis la ejecución de las políticas de reinserción de los desmovilizados de las AUC implantadas por el Gobierno Nacional. En efecto, en la mesa negociación establecida en Santa Fe de Ralito surgió la preocupación sobre la manera como se reinsertarían a la vida civil aquellos combatientes de las AUC que se desmovilizaran en cumplimiento de los acuerdos de paz, y como respuesta concertada entre el Gobierno Nacional en cabeza del Alto Comisionado para la Paz y los miembros representantes de las AUC, nació la idea de poner en marcha unos proyectos productivos agrícolas y/o agroindustriales patrocinados por el Estado, con el fin de suministrar una actividad económica licita a los desmovilizados y permitir la integración de éstos con las víctimas del conflicto dentro de los mismos proyectos, a manera de estrategia que permitiera construir la reconciliación como camino para alcanzar la paz.

Así se acordó y puso en marcha de manera inmediata la ejecución de estos proyectos, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz creó un apéndice suyo autodenominado Oficina de Proyectos Productivos, la cual fue liderada en su momento por el doctor JUAN B. PEREZ RUBIO.

Dichos proyectos consistían en la creación de unas personas jurídicas –asociaciones- conformadas así: por una parte, desmovilizados, campesinos y víctimas o desplazados de la región, quienes aportarían su mano de obra y créditos blandos otorgados por Finagro o el Banco Agrario, quienes serían propietarios de un porcentaje del proyecto; por la otra, empresarios interesados en apoyar los proyectos mediante el aporte de las recursos o tierras entregadas primeramente en arrendamiento a las asociaciones para que luego de culminado el proyecto se transfiriera un porcentaje de las mismas en favor de la asociación con destino posterior a los desmovilizados, campesinos y desplazados o víctimas. Para tal efecto se convocó a la sociedad civil en el Departamento de Córdoba, con el auspicio de la Oficina de Proyectos Productivos y la Iglesia Católica, en desarrollo de lo cual algunas personas estuvieron interesadas en participar. Finalmente, para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos económicos que recibirían los proyectos tanto de los créditos de Finagro y Banco Agrario como de los empresarios interesados en desarrollar los proyectos, se constituiría una Fiducia que tendría como beneficiaria a la Asociación respectiva. De otro lado y con la misma finalidad, las asociaciones tendrían un representante legal y una Junta Directiva integrada por representantes de los empresarios, de los desmovilizados y de las víctimas, así como un representante del Gobierno Nacional, que para el caso de Córdoba fue el doctor Juan B. Pérez Rubio.

El acuerdo anterior comenzó a ejecutarse en el Departamento de Córdoba, desde el mes de abril de 2005, ante la desmovilización del Bloque del mismo nombre ocurrida en el mes de noviembre de 2004; esto es, se dispuso de algunos predios, entre ellos los que hoy son objeto de discusión por parte de Acción Social, se celebró un contrato de Fiducia con Fiduagraria con recursos aportados por Aram Assias y otras personas, y se emprendió el desarrollo de proyectos de ganadería y agricultura, entre otros, con la participación de desmovilizados, campesinos y desplazados de la región, y se hizo el lanzamiento de los proyectos con la participación del Alto Comisionado para la Paz, el Ministro de Agricultura, representantes de Fiduagraria, de Finagro, miembros de la sociedad cordobesa y la Iglesia, entre otros; evento que tuvo lugar en el Auditorio de la Universidad de Córdoba y que fue público conocimiento por haberse registrado así en los medios de comunicación local y nacional.

Cabe recordar que SALVATORE MANCUSO se desmovilizó antes de que existiera ley, que mas bien sus gestos unilaterales de paz fueron antecedentes vanguardistas que precedieron a la propia ley de justicia y paz, que en esos momentos políticamente todo el Estado y sus representantes iban a Santafé de Ralito a hablar de paz, de proyectos de reconciliación, prometían la resocialización de los combatientes, celebraban negocios jurídicos con los otrora comandantes de las AUC y los famosos PROYECTOS PRODUCTIVOS fueron una de esas ideas de paz que se alcanzaron a poner a andar, en la que se juntaron esfuerzos, dineros, bienes y trabajo, tanto de la sociedad civil, del gobierno y de las recién desmovilizadas AUC. No olvidemos que hoy estamos en el componente judicial de un proceso que tuvo un origen netamente político y veamos pues el verdadero origen de lo que hoy se estigmatiza por quien supuestamente encargó la ley de aportar como función la administración de los bienes para la reparación de las víctimas del conflicto.

Luego de estar funcionando los proyectos productivos en la práctica, algunas de las tierras fueron excluidas de los proyectos productivos por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, por cuestiones de titulación de los predios, verbigracia porque se hizo el englobe material de tierras adjudicadas por el INCORA y que tenían prohibición legal de enajenarse antes de 15 años (Ley 160 de 1993). Dentro de esta categoría se encuentran los bienes que son objeto de cuestionamiento en este punto por parte de Acción Social. Sin embargo, debe recordarse que la propiedad de los mismos se encuentra en cabeza de Salvatore Mancuso, de tal suerte que si los contratos de arrendamiento constituyen un obstáculo para que Acción Social ejerza su labor de administrador, podría entonces Salvatore Mancuso ceder los contratos de arrendamiento a favor de esa entidad para que asuma su rol, en desarrollo de lo cual podría tomar acciones como solicitar el reajuste de los cánones o incluso la restitución de los inmuebles para administrarlos de la manera que mejor considere conveniente.

La falta de administración de los bienes por parte de Acción Social está ocasionando el deterioro de los mismos, y esta responsabilidad es exclusivamente de quien no ha tenido la voluntad para asumir las funciones de administración que le señala la ley, más no del postulado que, se reitera, ha hecho todo lo que se encuentra a su alcance y hasta más, para facilitar su recibo y administración por parte de quien debe hacerlo. Además de ello, la falta de presencia de la fuerza pública en las regiones donde se encuentran ubicados los bienes, ha permito el surgimiento de nuevos grupos generadores de violencia que estarían realizando acciones dificultan aún más la administración.

Señor Fiscal, de no tomarse acciones concretas para la debida administración de los bienes, las víctimas del conflicto serán las únicas perjudicadas, pues lamentablemente aquellos constituyen gran parte del patrimonio que nutre el Fondo de Reparación, el cual se ve cada día más disminuido y deteriorado por la desidia con la que el Estado ha enfrentado toda la problemática aquí expuesta. Estas omisiones bien ameritarían la intervención inmediata de los organismos de control, verbigracia la Contraloría General de la República o la Procuraduría General de la Nación, para evitar que continúe el deterioro de este patrimonio que, reitero, es de las víctimas.

Así las cosas, no entendemos por qué Acción Social desconoce ahora toda esta situación, y se niega de manera sistemática a cumplir con lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia en providencia del 23 de agosto de 2007, en el sentido de recibir los bienes ofrecidos en reparación, cuando están más que dadas las condiciones legales para ello.

2.- PREDIO PAZ VERDE

Tal como se explicó en las reuniones sostenidas en su despacho, sobre este bien el postulado Salvatore Mancuso no hizo entrega de la propiedad sino de la posesión; por tal razón resulta absurdo exigir por parte de Acción Social el saneamiento de la titularidad del dominio. La posesión si bien no es un derecho, sí constituye un hecho material y jurídico que puede ser –cumplidas ciertas condiciones- generador del derecho real de dominio; de tal suerte que por sí solo hace parte del tráfico jurídico y puede ser objeto de transacciones como la compraventa, cesión y medidas cautelares. Por lo anterior, el saneamiento exigido por Acción Social no resulta de recibo para recibir formalmente el bien.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si bien el ciudadano ELIODORO ACOSTA pretende alegar mejor derecho sobre este predio, lo cierto es que esta situación tampoco afectaría el recibo y administración del predio por parte de Acción Social, pues en el evento de prosperar las pretensiones del señor ACOSTA la entidad administradora (Acción Social) debe limitarse a entregar el bien conforme a lo que dispongan las autoridades competentes, en ese caso el Tribunal de Justicia y Paz, previo reconocimiento como víctima de este ciudadano. Amén de lo anterior, recordemos que en la reunión sostenida en su despacho el 26 de enero anterior, se hizo presente esta persona y se arribó a la conclusión que no existe claridad sobre la identificación y alinderamiento del predio que está reclamando, y que no coincide con el ofrecido por Mancuso, por lo que se comprometió a aportar los planos respectivos que estuvieran en su poder, para hacer el proceso de georeferenciación con el apoyo del personal del CTI.

3.- PREDIOS VIZCAYA Y PROVIDENCIA

Pese a las menciones que realiza Acción Social sobre la situación de estos inmuebles, lo cierto es que ya fueron recibidos materialmente por dicha entidad, tal como constan en las actas de entrega Nos. 51 y 52 del 8 y 13 de octubre de 2008, respectivamente, razón por la cual no sería menester hacer pronunciamiento alguno. Sin embargo, ante las manifestaciones realizadas por Acción Social, consideramos importante tener en cuenta lo siguiente:

El postulado Salvatore Mancuso Gómez siempre ha sido claro y preciso en señalar y reconocer que en algunos de los predios junto con el gobierno nacional se adelantaron varios proyectos productivos, pero también fue claro y preciso al afirmar que él tenía siembras de su propiedad y así se le informó a la Fiscalía y a los funcionarios de ACCION SOCIAL.

El señor Mancuso indicó con precisión en cuales predios existían siembras propias y en cuales existen siembras en asocio con el Estado colombiano, por ejemplo, en el sector de Vizcaya, hay sembrados de varias especies, tales como:

Una primera plantación de ACACIA MANGIUM WILD, en una extensión de 30 hectáreas, que tiene una edad promedio de 2.5 años, (pueden leer el informe del Ingeniero Forestal ALVARO E. BERNAL ROZO de AICA).

Esta plantación tiene un valor estimado de MIL SESENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS.

Una segunda plantación de CEIBA ROJA, en una extensión de 25 hectáreas, que tiene una edad promedio de 6 años, (pueden leer el informe del Ingeniero Forestal ALVARO E. BERNAL ROZO de AICA).

Una tercera plantación de ACACIA MANGIUM WILD, en una extensión de 405 hectáreas, que tiene una edad promedio de 5, 4, 2 años, (pueden leer el informe del Ingeniero Forestal ALVARO E. BERNAL ROZO de AICA).

Esta plantación tiene un valor estimado de CINCO MIL QUINIENTOS ONCE MILLONES DOCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS VEINTISEIS PESOS.

De esta última plantación hay 134 hectáreas sembradas con el apoyo del Gobierno Nacional y la asociación Agroempresarial de Tierralta Córdoba, conformada por desmovilizados, desplazados y campesinos, las cuales se han adelantado con un apoyo económico por parte de Estado equivalente a una tercera parte, es decir, que el señor Mancuso aportó aproximadamente las otras dos terceras partes del dinero invertido allí.

Planteada la situación y los documentos aportados por quienes están reclamando, quedan algunas dudas respecto de la actitud asumida por ACCION SOCIAL:

El postulado Salvatore Mancuso jamás ha desconocido que ASOATCO es copropietario y propietario de algunas siembras.

Si solo hay 135 hectáreas sembradas con el apoyo del gobierno nacional y que son de copropiedad de ASOATCO, que pasa con las otras 326 hectáreas de sembrados que fueron entregadas para reparar y que fueron de propiedad exclusiva de SALVATORE MANCUSO, hoy de las víctimas.

Jurídicamente los bienes no tienen gravamen ni limitación alguna, el estado colombiano debe implementar los medios para entregar a cada parte lo justo y en especial para salvaguardar la vida e integridad de las personas y el patrimonio entregado en reparación. Las situaciones planteadas según ACCION SOCIAL NO son impedimento para recibir los inmuebles, esa es la verdadera razón para implementar una verdadera y efectiva administración de los bienes entregados en reparación, basada en el conocimiento, dialogo y entendimiento, haciendo posible que los bienes sean protegidos de manera efectiva y que las partes involucradas obtengan lo que les corresponde efectivamente, es decir, lo justo, obviamente obteniendo el mayor provecho para todos, en especial para las víctimas.

4.- PREDIO LA GLORIA

Sobre este predio aplica lo ya expresado en el punto 2, en el sentido de que lo ofrecido y entregado es la posesión, no el derecho de dominio, de manera que no es viable realizar el saneamiento exigido por Acción Social. No obstante, debe decirse que el postulado realizó gestiones por intermedio de algunos apoderados para levantar la medida cautelar que pesaba inicialmente sobre el inmueble, lo cual se logró efectivamente, pero debido a que no se dio cumplimiento a la medida cautelar ordenada sobre el mismo por la H. Corte Suprema, se registro otro embargo posterior.

5.- PREDIOS CUMBIA 3, POLLO FIAO Y MI REFUGIO

Al igual que en el caso anterior, se trata de posesiones, por lo que la documentación entregada por el postulado desde el 17 de mayo de 2007 es más que suficiente para proceder al recibo de los mismos por parte de Acción Social.

6.- PREDIO EL CORTIJO

Este predio jamás fue ofrecido y/o entregado en reparación por parte del postulado Mancuso Gómez. Por lo tanto debe excluirse de esta relación. En efecto, la mención que hace el postulado en su versión del 17 de mayo de 2007 sobre este bien es la siguiente:

“…hay un predio que se llama El Cortijo en Montería que no me pertenece a mi, es de mi padre y lo pusieron en cabeza mía cuando cumplí 18 años, algo así no recuerdo el cual el tiene en disputa y le hago entrega de esto también, pero eso no se entrega, perdón, entregamos la situación jurídica para demostrar que él es el poseedor de esto, pero no me pertenece mi…”
De tal manera que jamás se ofreció en reparación y por ende mal puede ser objeto de medidas cautelares o de entrega a Acción Social.

7.- PREDIO EL BONGO

Su despacho fijó el día 11 de febrero del año que curso como fecha para el recibo de este bien. Por lo tanto estamos a la espera de del resultado de la diligencia. No obstante, tal como se había informado en su despacho, la situación a que alude Acción Social en el sentido que hay una invasión de personas, ya fue superada, y tampoco constituye óbice para que esa entidad administre el bien.
Sin embargo, no debe pasarse por alto que la invasión alegada por Acción Social como obstáculo para no recibir, es consecuencia de su tozuda posición de no querer cumplir con su labor de verdadero administrador, pues de haberla ejercido en su momento, jamás se hubiera presentado esta situación.

8.- SOCIEDADES INCUSOL Y L´ENOTECA

Estos bienes fueron objeto de medidas de extinción de dominio por parte de la Fiscalía 25 de la Unidad de Extinción de Lavado de Activos y Extinción de Dominio, dentro del radicado 6609, por cuenta de la investigación iniciada contra el señor Mancuso por sus relaciones comerciales con Giorgio Sale. Sin embargo y pese a las medidas adoptadas dentro de la justicia ordinaria contra estos bienes, mi representado, en cumplimiento de su compromiso de contar la verdad de su actuar en las AUC, ante su juez natural, justicia y paz, informó en detalle sobre los negocios que sostuvo con Giorgio Sale y explicó cómo adquirió L ´ENOTECA y cómo tuvo que ver de manera indirecta con la sociedad INCUSOL; todo con el ánimo de salvaguardar los intereses de las víctimas.

No entendemos cómo a estas alturas luego de que la Dirección Nacional de Estupefacientes tiene jurídica y materialmente un bien, no puede entregarlo a Acción Social, o mejor, como es que Acción Social se niega a recibirlo del mismo Estado. Esta es la prueba reina de la ineficacia de esta entidad y cómo lo que pretende es evadir su responsabilidad de administrar los bienes que deben destinarse a la reparación.

9.- PREDIOS CARARE, LAS PAMPAS, CHIMBORAZO, VILLA AMALIA y SAN JOSE DEL GUAMO

Su despacho fijó el día 11 de febrero del año que curso como fecha para el recibo de este bien. Por lo tanto estamos a la espera de del resultado de la diligencia.
En los anteriores términos esta defensa se refiere a los requerimientos de Acción Social, y esperamos que las precisiones aquí realizadas sean incluidas en el acta de la reunión que se está elaborando por parte de su despacho.


Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO SUAREZ ROJAS