Warsaw, Virginia, 25 de Agosto de 2009.
Northern Neck Regional
Jail.
Honorables Magistrados
Corte Suprema de Justicia de Colombia
Sala de Casación penal
E. S. D.
Ref: Proceso de Justicia y Paz –Postulado Salvatore
Mancuso Gómez-
Yo Salvatore Mancuso Gómez, identificado con la
cedula de ciudadanía 6.892.624 de Montería, me dirijo a Ustedes honorables
magistrados en mi calidad de desmovilizado de las extintas Autodefensas Unidas
de Colombia (AUC), hoy postulado a la Ley 975 de 2005, -marco jurídico de la
etapa judicial nacida de el proceso de negociación político – hoy incierto -
que adelantamos con el Gobierno Nacional de Colombia, en el cual fui designado
por éste como miembro representante y por mis antiguos compañeros de lucha como
Jefe del Estado Mayor Negociador-, para pedirles su intervención dentro del
ámbito de la competencia que les señala la Ley como última instancia en el
proceso de justicia y paz, e implorarles, que velen y aseguren que los
procedimientos que se desarrollan dentro, pero principalmente fuera de
Colombia, no sigan impidiendo y dificultando mi compromiso de paz y
reconciliación con las víctimas, con Colombia y con el mundo, de seguir
sirviendo con mi arrepentimiento por mis errores, mi pedido de perdón, mi
capacidad de rectificar y enmendar, pero principalmente con mi decidido
propósito de seguir contando la verdad a la que como actor del conflicto tuve
conocimiento, y de resarcir a las víctimas, para que los oscuros días que vivió
el país –y que aún vive- no vuelvan a repetirse.
También les escribo para dejar una constancia
histórica de todos estos hechos y situaciones que manifesté y expresé antes que
ocurrieran, y ruego a Dios al plasmarlos en esta carta, podamos encontrarle
solución y evitar que se sigan presentando. Entre las muchas cosas, les dije
que esa verdad que exigieron con la ley que crearon y que para el momento solo
estábamos obligados a decir nosotros no les iba a gustar, porque hace
referencia a todos los sectores de la sociedad involucrados con el fenómeno, y
no solamente la verdad de la confesión de los hechos que nos involucran a los
ex comandantes, que era la que pensó el establecimiento en exigir con el fin de
desaparecer sus culpas, limpiándolas con nosotros como chivos expiatorios de
toda la complejidad de este fenómeno violento; les dije también que si esas
verdades no las contábamos todos los que tuviésemos responsabilidades en el
conflicto todos los actores, las poblaciones y nuestras bases sociales que lo
padecieron y aun lo viven, nos iban a criminalizar, a estigmatizar, a
intimidar, nos atacarían y buscarían la manera de asesinarnos al igual que a
nuestras familias y amigos; y así fue, al día de hoy han asesinado a mas de
1.300 desmovilizados de la autodefensas – muchos envenenados y estrangulados en
las cárceles del país- al igual que a decenas de familiares de estos, porque
existen personas interesadas en que no se confiesen las verdades. Les dije que
ante las presiones esa verdad la exigirían en público y la temerían en privado.
Igualmente les dije que si no asumía con responsabilidad los compromisos
asumidos en el proceso de paz, si no cumplía con su compromiso de
reinstitucionalizar el estado en las zonas que les entregue llave en mano y no
se erradicaban completamente los cultivos ilícitos de coca, llegarían otros
actores o los mismos de antes de apropiarse y a financiarse de ellos, les dije
que si los desmovilizados no se vinculaban a trabajos psicosociales y proyectos
productivos que cree conjuntamente con el gobierno pero este abandono cuando
voluntariamente me recluí en una cárcel que les permitiera hacer el tránsito de
la guerra a la paz, estos hombre quedarían expuestos a presiones como mano de
obra entrenada para aquellos que quieren perpetuar el conflicto y viven de él.
Desde mucho antes de nacer, mi país ha sido azotado
por un conflicto armado que aún se mantiene sin resolver; dentro de este
contexto crecí siendo un buen niño, un buen hijo y un buen estudiante, dedicado
a las actividades propias del campo y de mi familia en mi natal Córdoba, luego
después de graduarme en la universidad me convertí en un ganadero y agricultor.
Crecí en mitad de todos los sobresaltos que nos originaban la falta de
protección del Estado y la permanente zozobra creada por las guerrillas.
Estando en mis oficios del campo como siempre lo he hecho y lo he querido
seguir haciendo, el Estado no me protegió cuando la guerrilla me extorsionaba y
amenazaba, como tampoco ha querido brindarle protección ahora a mi familia ni a
los diferentes pobladores de córdoba ni de Colombia, cuando estas mismas
guerrillas, los otros actores del conflicto y la delincuencia los siguen
amenazando en un departamento donde ante las incertidumbres e incumplimiento
generados por el gobierno en el proceso de negociación, la violencia ha
aumentado a índices jamás vistos, pasando de 173 muertes violentas en el 2005,
año de la desmovilización del bloque Córdoba, a 540 al año 2008 y aumentando
para este año. Ante esta constante creciente situación fui a pedirle protección
a las fuerzas militares y políticas de la nación y es aquí cuando resulté
reclutado por el Estado y posteriormente entrenado para enfrentar a las
guerrillas, convertido así por el Estado en actor del conflicto social armado y
político de Colombia, desembocando más tarde en las autodefensas campesinas de
Córdoba y Urabá, bajo el mando de los comandantes Carlos y Vicente Castaño.
Siendo un miembro de las autodefensas, años después por orden directa de mis
comandantes superiores y solamente con ocasión y durante mi pertenencia a este
grupo político armado, y dentro de una estrategia de guerra para quitarle la
principal fuente de financiación a las guerrillas que enfrentábamos, me vinculé
a un proceso de financiación a través del narcotráfico, no como narcotraficante
sino como actor del conflicto social armado y político dentro del cual ejercí
como estado de facto en algunas regiones de mi país, donde el estado social de
derecho legítimamente constituido dimitió de sus funciones. En amplias zonas
donde ejercí control territorial me sostuve en él, realicé operaciones
militares y políticas sostenidas, impulsé la ley y disciplina, impartí
justicia, cobré impuestos y controlé las economías lícitas e ilícitas en nombre
de una autoridad de facto; todo esto después de proponerle al gobierno
colombiano en 1997, sin que a éste le interesara, erradicar los cultivos de
coca en los territorios que entramos a controlar y que le arrebatamos a la
guerrilla, como también lo he propuesto y le he rogado al gobierno del
presidente Uribe, para que con mi conocimiento y experiencia erradicáramos
antes y también después de nuestra desmovilización estos cultivos ilícitos.
Mi historia personal y mi drama reflejan y ponen de
manifiesto la tragedia colectiva de un país al que siguen condenando nuestros
gobernantes de turno a su presente de guerra, e hipotecando su futuro por la
combinación perversa de la prolongación de la guerra fría en esta parte del
mundo, el advenimiento del narcotráfico en su fase de globalización y el cáncer
de la corrupción enquistado en todas las esferas de funcionamiento del Estado,
ante la mirada pasiva de todos aquellos que nos pueden ayudar dentro y fuera de
nuestra nación.
Yo he cumplido con todo lo que me ha exigido el
Gobierno y la Justicia colombiana dentro de los compromisos que adquirí en el
proceso de negociación y desmovilización que adelanté con el Gobierno Nacional,
donde lideré todo el proceso de negociación y me desmovilicé con mis hombres
sin la existencia de ley alguna que atendiera las circunstancias inéditas de mi
caso, para generar la necesidad de la creación de leyes y condiciones
necesarias para la Paz de Colombia y la reintegración a la vida civil de todos
los actores del conflicto, y además servirle de ejemplo a todos los otros
comandantes, combatientes y bloques de autodefensa. Luego de la desmovilización
el gobierno me concedió un salvoconducto especial para que trabajara como
gestor de paz y pudiera movilizarme y salir a convencer a todas las
autodefensas para que participaran del proceso y se desmovilizaran, logrando
desmovilizar casi el 100% de las autodefensas con más de 31.000 hombres y
entregando más de 18.000 armas, y también para que liderara y trabajara en la
erradicación de cultivos ilícitos, donde participe con gran éxito con más de
500 desmovilizados y conjuntamente con el gobierno erradicamos algunas miles de
hectáreas, además para que implementara y liderara proyectos productivos de
plantaciones agroindustriales y agroforestales con campesinos víctimas del
conflicto, desplazados y desmovilizados, y también liderara con el Gobierno la
implementación del trabajo psicosocial para la reintegración plena a la
sociedad de los desmovilizados. Estando en estas labores como gestor de paz, el
presidente Álvaro Uribe Vélez a través de los medios de comunicación nos pidió
que nos recluyéramos voluntariamente a una cárcel, a pesar de que los acuerdos
eran diferentes; y así lo hice, pero cuando empecé a contar las verdades tal
como me lo exigen la ley y mi conciencia, y éstas empezaron a tocar varios
intereses políticos y económicos de la vida nacional, me volví incómodo y por
todos los medios han tratado de deslegitimarme e impedirme que reconstruya la
verdad. Por eso el Gobierno de Colombia me ha impedido reunirme con TODOS los
que fueron mis hombres, a pesar que dentro de los acuerdos que hicimos y entre
los muchos que incumplió el Gobierno, estaba el de recluir juntos a comandantes
y combatientes que pertenecieron a un mismo bloque en colonias penales
agrícolas especialmente creadas para este efecto, para que entre otras cosas pudiéramos
reconstruir la verdad de tantos años de guerra en el conflicto interno
colombiano y lográramos especificar los hechos, los responsables y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Para el caso del bloque norte que
comandé, el Gobierno se comprometió a recluirme junto a todos los hombres que
estuvieron bajo mi mando en la colonia penal agrícola de Urrá, pero el Gobierno
no me cumplió y me mandó a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y a quienes
fueron mis hombres los diseminó por todas las diferentes cárceles del país a
pesar de que era un compromiso adquirido en las negociaciones y a que el fiscal
octavo de Justicia y Paz encargado de mi caso, y yo mismo, le solicitamos en
repetidas y reiteradas ocasiones al gobierno nacional y sus dependencias, que
así lo hiciera. Debido a este claro impedimento impuesto por el gobierno
colombiano con la intención de evitar que reconstruyera la verdad, me di a la
tarea de hablar y convencer a los pocos comandantes y compañeros que dejaron a
mi lado, de reconstruir los hechos y contar las verdades que nos exige la ley;
creé y envié un equipo de abogados a contactar en las diferentes cárceles del
país a quienes fueron mis hombres, llevándoles un mensaje claro para que
reconstruyeran las verdades y pudieran contarlas, convenciendo antiguos
comandantes que estuvieron bajo mi mando que dado el impedimento que el
Gobierno nos había impuesto, ellos en las diferentes cárceles lideraran este
proceso frente a sus antiguos compañeros; los instruí, les envié el número de teléfono
y correos electrónicos dónde contactarme y conseguí los mecanismos cómo
contactarlos a ellos, y así poco a poco había venido sorteando el veto impuesto
por el Gobierno. Entonces el Gobierno enfurecido y con la intención de callarme
me extraditó, y argumentó para justificar mi extradición que no había cumplido
con las exigencias de la ley de Justicia y Paz y que seguía delinquiendo desde
la cárcel.
Sin embargo, casi un año después de haber sido
extraditado el entonces Fiscal General de Colombia, Dr. Mario Iguarán Arana y
el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Dr. Luis González León, se reunieron en
Washington con el fiscal Robert Spelkee y el agente encargado de mi caso en
Estados Unidos y les dijeron que a pesar de la extradición por parte del Gobierno
Colombiano, ellos no conocían los motivos por los cuales se produjo esta
decisión y que no tenía pruebas de que hubiera delinquido luego de mi
desmovilización. Inclusive, luego de esto el mismo Fiscal Iguarán ratificó
públicamente y ante los medios de comunicación de Colombia que no existían
pruebas que me vincularan con actividades ilícitas luego de mi desmovilización,
colocándome permanentemente y de manera pública como ejemplo a seguir en el
cumplimiento con la ley de Justicia y Paz y con el proceso de paz y de
reconciliación. El fiscal octavo de Justicia y Paz que lleva mi caso y de
quienes fueron mis hombres, avanzó en el mismo sentido y en reunión que tuvo
con el fiscal de Estados Unidos Robert Spelkee y le dijo lo mismo.
El Gobierno Colombiano, ustedes y yo, sabemos que
bajo las condiciones actuales en las que me encuentro no voy a poder cumplir
cabalmente con las exigencias de la ley de Justicia y Paz, y espera aquel que
no pueda avanzar por pura incapacidad logística y física, para poder acusarme en
ese momento de incumplir las exigencias de la misma, y aprovechar y juzgar a
quien cargarle la responsabilidad del conflicto que existe desde antes de mi
nacimiento, ya que a influyentes y poderosas personas les interesa perpetuarlo
y sacarle el máximo provecho para sus mezquinos intereses, y querrán utilizarme
como chivo expiatorio criminalizándome y acusándome del incumplimiento para
luego cerrarme los pocos espacios de interlocución que me quedan y termine
aislado e incomunicado en una prisión de Estados Unidos.
La búsqueda de la paz y la reconciliación me la han
convertido en un largo, difícil y tortuoso camino y solo he encontrado que me
han ido cerrando todos los caminos y espacios posibles a mi anhelo de paz y
reconciliación para Colombia, a mi anhelo de volver al seno de mi familia de
donde me arrancó la guerra reclutado por el Estado, y a mi deseo de darle y
recibir el amor y dedicación a mis hijos, a mi esposa y a mi familia que el
conflicto y la vida me ha negado y que deseo con todas las fuerzas de mi alma y
de mi corazón; a mi firme compromiso de seguir convenciendo a los otros actores
del conflicto y a los desmovilizados que se miran en mi espejo, para que no
sigan transitando o volviendo a transitar el camino del conflicto que no nos
dejan desactivar, porque hasta ahora lo que hemos visto es que es más difícil
alcanzar la paz y la reconciliación que seguir en el conflicto.
Por razones políticas, el Gobierno Colombiano
reitera continuamente que la existencia de acuerdos de cooperación entre
Estados Unidos y Colombia, que aun no existen, garantiza el conocimiento de la
verdad del conflicto armado y que si tal conocimiento no se verifica es por la
ausencia de voluntad de cooperación mía y de los demás extraditados. Sin
embargo, la práctica ha demostrado que la sola comparecencia nuestra a las
audiencias virtuales de versiones libres y la creación del cargo de un
magistrado auxiliar de enlace para que coordine dichas audiencias, no garantiza
que podamos reconstruir las verdades de tantos años de conflicto y que para
poder reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de más de 10.000
hechos que se le atribuyen a los miles de hombres que tuve bajo mi mando y que
la Ley de Justicia y Paz me exige no solo reconstruirlos y verificarlos, sino
también, asumir la responsabilidad de ellos por cadena de mando bajo el
concepto jurídico de autor mediato, hoy no están dadas las condiciones y creo
nunca lo estará dentro de estos regímenes carcelarios.
Para lograr estos objetivos se requiere documentar
todos estos hechos con los responsables directos, con las víctimas y/o sus
representantes y estudiar, analizar y verificar miles de procesos judiciales
que existen en justicia ordinaria y también en Justicia y Paz, y en donde debo
ver y escuchar miles de horas de audiencias virtuales para verificar si los
hechos confesados por los miles de hombres que estuvieron bajo mi mando están
enmarcados dentro de las directrices generales que recibí de mis mandos
superiores y que en tal sentido les impartí a quienes fueron mis subalternos.
De igual manera la ley me exige reconstruir las circunstancias de tiempo, modo
y lugar de los hechos que aún no se conocen y que, menos aún, se encuentran
documentados o de los que se tiene algún conocimiento y no se conoce su
responsable. Tampoco dice el gobierno que confía en que mis condiciones de
reclusión en los Estados Unidos sigan siendo las que son y aun empeoren de tal
manera que no pueda de ninguna manera realizar una colaboración eficaz con la
fiscalía de Justicia y Paz. La lógica perversa consiste precisamente en
apoyarse en la aplicación de Justicia en los estrictos regímenes carcelarios de
los Estados Unidos para impedirme cumplir cabalmente con mi voluntad de
asegurar el esclarecimiento de la verdad a la que estoy comprometido en
conciencia y en razón de mis compromisos asumidos tanto con la Justicia
colombiana como con la de Estados Unidos.
En conclusión: El trabajo que permanentemente hice
mientras estuve en Colombia hasta antes de mi extradición con quienes fueron
mis hombres para reconstruir la verdad tal como me lo exige la ley, me ha
alcanzado para avanzar este tramo de tiempo durante el cual he estado
extraditado y privado de las condiciones necesarias para seguir
reconstruyéndola, y a pesar de toda la voluntad de seguir avanzando y del gran
conocimiento del entramado del conflicto que tengo, reconstruir estas verdades
con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, requiere de un espacio y de una
logística necesaria para hacerlo que las cárceles de este país no me ofrecen.
Para que todo esto no se me convierta en un imposible físico, logístico y
jurídico, para que no me trunquen mi compromiso a pesar de toda la voluntad y
de todo el deseo de cumplir con la reconstrucción de la verdad que la ley
colombiana y el acuerdo que firmé con los Estados Unidos me exige, y pueda con
ello contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia por la que tanto he
luchado y soñado, les ruego que entiendan todos estos obstáculos, dificultades,
impedimentos, incumplimientos, traiciones, bloqueos, ataques, exclusión,
venganza, retaliaciones, estigmatizaciones, extradición y aislamiento que he
recibido del Gobierno Colombiano y conmigo, la nación entera con la esperanza
de paz y reconciliación de millones de compatriotas. Prueba contundente que
este gobierno necesita dentro de sus planes estratégicos mantener y prolongar
el conflicto armado y el narcotráfico para que su política de seguridad
democrática se haga siempre necesaria. No quiere la paz y son elocuentes los
hechos que así lo confirman.
Por todo esto les pido su intervención, para
superar estos graves problemas y que me permitan cumplir con mi compromiso de
paz y reconciliación con Colombia y con las víctimas, seguir liderando y
participando el proceso de negociación político – hoy suspendido - que adelanté
con el gobierno y seguir avanzando con el cumplimiento de la etapa judicial de
este proceso de negociación, para lo cual es necesario disponer de medios de
comunicación permanente, eficientes y fluidos, tiempo amplio y suficiente para
trabajar horas extras y a marcha forzada, además de un lugar que me permita
reconstruir la historia de tantos años de conflicto donde pueda almacenar,
clasificar, analizar, estudiar y trabajar en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar con toda esta gran cantidad de información en medios físicos y
magnéticos, y donde pueda atender al múltiple equipo de abogados colombianos y
americanos comprometidos conmigo en esta ardua y difícil labor, sin la
restricción de horarios y espacios para trabajar a los que me he encontrado
sujeto dentro de las cárceles donde he estado en los Estados Unidos. Horarios
que varían de 1 a máximo 4 horas por día en el mejor de los casos, esto cuando
no son inadmitidos mis abogados por falta de personal disponible para mi
custodia durante la visita, sin contar el tiempo de espera a veces hasta de 5
horas para poder ingresar a verme.
Negarme estos espacios es permitir que la impunidad
que quieren pocos, pero poderosos e influyentes personajes en Colombia,
triunfe. Es darle un golpe de gracia a las víctimas y desconocer sus derechos a
la verdad y a la reparación, es impedir su derecho a la justicia y permitir que
continúe el conflicto social, armado y político que padece Colombia hace casi
60 años, es permitir que triunfe la corrupción y la impunidad. He mostrado con
honestidad y transparencia mi cumplimiento ante las exigencias que me han
hecho, y ante mi intención de construir la paz y la reconciliación no me he
quedado solamente en palabras, promesas o caminos a medio recorrer o
abandonados ante los primeros obstáculos, he aportado aproximadamente 40
millones de dólares en Colombia para reparación y restitución a las víctimas
sin que aun el principio de oportunidad se le haya concedido a los testaferros,
y a pesar que la honorable Corte Suprema de Justicia profirió un fallo hace dos
años en el que ordena al gobierno nacional y a las instituciones encargadas de recibir
los bienes ofrecidos en reparación, proceder a ello sin dilaciones, aun no me
los han recibido, argumentando todo tipo de pretextos; he dicho la verdad y
sigo comprometido en reconstruirla a pesar de todos los obstáculos, he
implementado proyectos productivos que benefician a las víctimas y les he
pedido perdón públicamente y en privado en todos los escenarios posibles.
Continúo firme con mis compromisos y mi lucha por
alcanzar la verdad, la paz y la reconciliación de Colombia sin condiciones,
pero con necesidades básicas para poder cumplir; firme en mi propósito de ser
un constructor de paz en mi país para que los sucesos trágicos de la historia
colombiana de los últimos sesenta años, el conflicto armado y sus secuelas de
narcotráfico y crimen organizado no se sigan reproduciendo, por lo que creo
plenamente que su intervención eficaz y oportuna, Honorables Magistrados, en
este caso y por ser yo quien encarna de manera directa el fenómeno del
paramilitarismo y la autodefensa, es crucial para que la verdad del conflicto
armado colombiano se conozca, de tal manera que de este conocimiento se derive
la propuesta de alternativas que combinen la aplicación de estricta justicia
con la implementación de medidas políticas que propicien la construcción de paz
en Colombia, al tiempo con el diseño de un Estado y una democracia que derroten
el crimen y la corrupción que alimentan la exclusión, la inequidad y la
injusticia social.
De los señores magistrados,
SALVATORE MANCUSO GOMEZ
C.C. Dr. Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación
Dr. Leonardo Cabana Fonseca
Fiscal 8 de Justicia y Paz
Dr. Luis Moreno Ocampo
Fiscal CPI
Dr. Baltazar Garzón
Juez CPI
CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)
Dr. Iván Cepeda Vargas
Presidente MOVICE
Victimas
Bloques Catatumbo y Cordoba
