Comunicado a la opinión pública - Sin herramientas, sin garantías y sin facilitaciones es imposible darle cumplimiento a la ley de justicia y paz, principalmente a los derechos de las víctimas

La Cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, ha sido elocuente en manifestar que el conflicto armado es un grave y prolongado problema que Colombia tiene que resolver sin intromisión ni interferencias del exterior pero sin renunciar al buen uso de la facilitación de los Países Amigos y la Comunidad internacional en consuno con el Estado colombiano y buscando generar compromisos y acuerdos entre las partes.

Los miembros representantes de las ex AUC y las autodefensas desmovilizadas compartimos el sentido humanitario de urgencia y atención políticas que ameritan los temas tratados en Santo Domingo y nos pronunciamos desde la realidad de nuestro proceso de paz y reconciliación en curso dispuestos a participar, desde la condición de actores que hemos sido del conflicto armado, en la búsqueda de acuerdos y soluciones que hagan posible el complejo tránsito del conflicto al post conflicto entre todas las partes involucradas.

Somos conscientes que el éxito del proceso de paz y reconciliación, del cual somos protagonistas junto con el Gobierno nacional, y bajo la atenta participación de la OEA, requiere ganar credibilidad y generar respeto nacional e internacional si quiere alcanzar sus metas humanitarias y políticas.

Las críticas son bienvenidas en la medida que retroalimentan el proceso informándonos de aspectos negativos que pudieran estar afectándolo por actuaciones que no son correctas, o que aun siéndolo no son debidamente presentadas ante la Opinión pública, o por errores que requieren autocrítica y rectificación de nuestra parte o de las autoridades.

El Proceso de Paz no puede entenderse como un proceso que solamente adelantan las dos partes sentadas en la Mesa, sino que involucra en sus diferentes etapas a representantes de amplios sectores, en los cuales no pueden estar ausentes la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas, los gremios, los sindicatos, los hombres y mujeres de la cultura, la religión y la academia. Por el lado del Estado comprobamos a diario cuán decisiva es la participación en este proceso inédito en Colombia y en el mundo de las distintas instancias de las diferentes ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. A nadie escapa tampoco, para el éxito integral del proceso, los efectos positivos derivados de la interacción de sus actores con la Comunidad internacional y con los diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros.

El 15 de julio próximo se cumplirán cinco años de la firma del Acuerdo para la Paz de Colombia de Santa Fe de Ralito. La ocasión hace propicio abrir un debate público sobre los distintos logros, avances, retrocesos y frustraciones del proceso de paz, centrado hoy en la aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz. Es sumamente importante que los debates cuenten con la participación amplia de todos los sectores.

El ejercicio permitirá la evaluación aun pendiente de los desarrollos del proceso y del valioso camino avanzado, e igualmente plantear los complejos escenarios futuros y el largo camino por recorrer.

Como preámbulo al debate propuesto y en el marco de las recientes discusiones en el Consejo Permanente de la OEA en Washington y Declaración del Grupo de Río en Santo Domingo firmamos y planteamos a la opinión pública este documento.

1. La notoria contradicción entre los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los negociadores de las ex AUC y su realización efectiva, particularmente el tratamiento que los desmovilizados hemos recibido a partir de agosto 16 de 2006, ha provocado serios tropiezos al proceso de paz con detrimento de la confianza y credibilidad que son pilares fundamentales de toda negociación de paz.

2. La privación o la limitación de los instrumentos básicos para la construcción de la verdad integral constituyen una privación o limitación al derecho de las víctimas y un impedimento insalvable para cumplir con los mandatos de la ley de Justicia y Paz. La colaboración plena con la justicia parte del hecho indispensable del otorgamiento de instrumentos, garantías y condiciones que permitan la construcción de la memoria histórica y procesal. En las actuales circunstancias y principalmente con motivo de los hechos que son de conocimiento público acaecidos el pasado 13 de febrero y sobre los cuales ni nosotros y menos el país conocemos el resultado de las investigaciones que nosotros mismos hemos solicitado, se nos ha cercenado de manera grave la comunicación con aquellas personas y organizaciones, nacionales y extranjeras, que son interlocutores naturales del proceso de paz y reconciliación que adelantamos y la reconstrucción de la verdad.

3. La incomunicación e inmovilidad que nos ha sido impuesta por el INPEC desde antes del 13 de febrero -pero en especial a partir de esta fecha- con todos aquellos ex integrantes de nuestros bloques y frentes que son fuente de información imprescindible para el cumplimiento del requisito de Verdad en las presentaciones ante Justicia y Paz, afecta de manera gravísima las versiones libres ante la Fiscalía constituyéndose en un bloqueo burdo e injusto de las expectativas generadas entre las víctimas que ven torpedeados desde el INPEC sus legítimos derechos a conocer la Verdad con la mayor premura y precisión.

4. Hemos dirigido y seguiremos dirigiendo cartas y ejerciendo el derecho de petición ante el Ministerio del Interior y Justicia, y el INPEC, y estamos dispuestos a llegar a las máximas instancias del País e Internacionales, alertando sobre esta lamentable situación que agrava el estado insatisfactorio y supremamente preocupante del curso del Proceso de Paz y Reconciliación mencionado en el punto primero.

Nos hemos limitado en este Comunicado a destacar los hechos más salientes de una serie de contratiempos que atentan contra el éxito del Proceso de Paz y Reconciliación en la convicción que el mismo no puede quedar sumido en la indefinición y la falta de comunicación y entendimiento entre las partes, y entre los distintos estamentos del Estado, y sin mantener debidamente informada a la Opinión sobre la marcha de las negociaciones y el cumplimiento de las metas y compromisos de las partes.

Las Autodefensas fuimos invitadas en su momento, en 2002, de manera pública, al igual que los demás actores armados ilegales, por el Gobierno nacional, a iniciar un Proceso de Paz con todas las garantías prometidas por el Estado que nos permitirían a cambio del desarme y desmovilización, abandonar el uso de las armas y abrazar la lucha política democrática dentro de la Ley y la Constitución.

Estamos muy lejos de poder decir ante la Opinión Pública que las autodefensas desmovilizadas nos sentimos satisfechas en cuanto al resultado efectivo de las negociaciones. Esta preocupación nos asalta de manera grave cuando pasamos revista a los aspectos y determinaciones tomados por el INPEC y las analizamos en el contexto del estado actual del diálogo prácticamente nulo que adelantamos con el Gobierno nacional, quien hace ya unos cuantos meses se ha desentendido de la Mesa de encuentro sin darnos ninguna explicación que podamos considerar válida y suficiente.

Si esto nos preocupa desde la situación que conocemos directamente, imagínese y saque sus propias conclusiones la Opinión Pública sobre cuánto nos preocupan las noticias que nos llegan desde fuera del establecimiento carcelario, donde a diario se destaca el inquietante fenómeno de constitución de las así llamadas ´bandas emergentes’, algunas de las cuales han sido objeto de manifestación pública de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien al presentar su informe anual sobre la situación del país expresa textualmente: “algunos de los nuevos grupos armados ilegales están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil”.

La acumulación de todas las circunstancias mencionadas en este Comunicado más otras que omitimos aquí en aras de la brevedad la consideramos una ‘bomba de tiempo’ que urge desactivar en beneficio de las grandes expectativas de Paz y Reconciliación que abrió en el Pueblo colombiano el proceso de desarme y desmovilización de más de 30.000 integrantes de las Autodefensas.

Sin herramientas y garantías no es posible que se respeten los derechos de las victimas que son la parte fundamental de un proceso de paz y reconciliación. Y si no hay respeto a los derechos de las víctimas, imagínense lo que nos espera a nosotros.

¿Por qué apoyo la marcha en homenaje a las víctimas del conflicto?

Por Salvatore Mancuso Gómez

El Meridiano de Córdoba, de Montería

Hoy puedo en perspectiva analizar tantas vivencias, acumuladas en el fragor del conflicto.

Al padecer el momento histórico que vivía el país, nos vimos en la disyuntiva de escoger entre dos caminos: uno que nos llevaba a empuñar las armas para defender la vida, los bienes, el terruño y la libertad, alentados por el clamor generalizado de quienes compartían como nosotros, los problemas de inseguridad, abandono y desprotección estatal.

Otro camino era el que nos planteaba la opción de abandonar y entregar sin resistencia el hogar que nos había visto nacer y crecer, la tierra de nuestros ancestros, fundadores de pueblos, colonizadores que hicieron patria con el trabajo y la inventiva aplicados a la próspera región cordobesa de nuestros sueños.

La huida significaba entregar lo que era de todos para que algunos se apropiaran ilegítimamente y sin representatividad social del solar comunitario con el afán de derrocar el Estado y ponerlo al servicio de su ideología foránea.

Paradójicamente ambos contrincantes nos quejábamos del Estado, los unos de su ausencia, ambos de la injusticia del mismo y los otros de su ilegitimidad.

El camino de no rendirme, unos lo consideraron mezquino, otros inevitable y valeroso. Con el ejercicio de la legítima autodefensa, conseguimos ganar una lucha que disuadió a los grupos guerrilleros de establecer su modelo de Estado en las regiones en las que hicimos presencia.

Pese a que la victoria me trajo calma y reflexión, empezó a ser recurrente el cuestionamiento religioso, ético, moral, social y político, acerca de la guerra y la paz, la vida y la muerte de tantos compatriotas que se involucran voluntaria o involuntariamente en la guerra.

Vivir tantos años inmerso en la guerra, me hizo conocer de cerca el dolor que causan los enfrentamientos bélicos, sentir la desazón que afecta a todas las víctimas del conflicto sin distingo alguno; siendo tan grave la de los simples campesinos o ciudadanos que fueron perseguidos, secuestrados o asesinados por las guerrillas, lo mismo que nuestros compañeros de armas caídos en combate o fuera de él, o de nuestros simpatizantes; así como el dolor que les causamos a quienes fungían como los enemigos de Colombia y por ello nuestros enemigos, a las familias que les superviven y el que soportaron aquellos sobrevivientes que por estar en posición contraria a la nuestra, fueron objetivo de nuestras operaciones militares o desarraigados de sus hogares.

Surge la respuesta a ese cuestionamiento a favor de la vida humana y comenzamos a buscar fórmulas para cesar hostilidades y desactivar los mecanismos que ocasionaban daño y dolor.

No sólo entregamos armas y desmovilizamos ejércitos, sino que aceptamos comparecer ante Dios y nuestros compatriotas, en los tribunales de Justicia y Paz, para reconstruir la verdad histórica, manifestando hechos que cometimos y conocimos durante la guerra, que generaron dolor a tantas víctimas, a las cuales no me canso de pedir perdón por el daño causado como comandante de uno de los actores armados.

Nunca será suficiente pero siempre será necesario decirlo: La razón más decisiva de mi esfuerzo por desmovilizar las autodefensas fue la comprensión interior de que nada mejor podía hacer por Colombia que desarmar los ejércitos que comandé.

Cara a cara con las víctimas, se ha hecho carne en mí el dolor y la angustia de los sobrevivientes que lloran a sus seres queridos.

Estas dolorosas experiencias refuerzan mis convicciones acerca de la decisión tomada, cuando desarmé las tropas bajo mi mando y voluntariamente me sometí a la justicia. Sin embargo, el conflicto armado se extiende y ramifica sin que hayamos podido construir todavía la solución que nos permita vivir en paz. Regiones como Córdoba y otras, son muestra de ello -y lo digo con dolor- se las entregué al Gobierno después de tantos años de lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento, libres del flagelo de la violencia, pacíficas e insertadas a las economías productivas nacionales y este mismo Gobierno las está dejando perder, está perdiendo la guerra que nosotros ganamos.

Entonces, aliento las marchas como expresión pacífica, como clamor civilizado por soluciones a los males de nuestra sociedad. Invité a marchar el 4F, hoy hago lo mismo por el 6M. Apoyaré todas las iniciativas que condenen la violencia como método de acción política.

La paz en nuestro País se puede alcanzar, la podemos construir, primero visibilizando todas las víctimas, luego buscando soluciones políticas negociadas. Haber sido protagonista del conflicto me permite con conocimiento de causa rechazar la violencia, venga de donde viniere. Estar claramente comprometido en un proceso de paz, comparecer ante los tribunales, pedir perdón a las víctimas por el daño que les causé, muestran que tanto el proceso de Paz, como los postulados de Justicia, Verdad y Reparación, que con él se buscan, tienen una justificación mayúscula: El reconocimiento del dolor de las víctimas, su visibilización, el derecho a conocer la verdad –así como de la sociedad- de lo que sucedió, ser reparados y reivindicados con el fin último de la RECONCILIACIÓN de todos los colombianos, para poder poner punto final al enfrentamiento y que no se siga repitiendo la historia de violencia que ha azotado a nuestra Patria, desde el momento mismo de su creación por la indolencia e irresponsabilidad de nuestros gobernantes.

Reconozcamos en cada víctima un semejante, sin importar su ideología, religión, o raza. Por encima de la vida humana no puede prevalecer ningún otro valor.

Digámosle SÍ a la marcha del 6 de marzo como legítima expresión del dolor de las víctimas y caminemos en homenaje de todos los caídos, sin importar que hayan militado en un bando o en otro, porque el dolor humano no tiene color político ni tendencias ideológicas. Propongámonos como sociedad, evitar que en el futuro sigan cayendo otros compatriotas por cuenta de las razones que imponen las armas en medio de las diferencias y que hoy se pueden dirimir en torno a la unidad de sentirnos miembros de una sola Nación.

Los invito a incorporar a la agenda ciudadana y política la discusión plural y participativa sobre los siguientes puntos:

1. Necesidad del Gran Acuerdo Nacional sobre cero tolerancia con cualquier terrorismo, insurgencia armada, paramilitarismo y su combinación de todas las formas de lucha.

2. Solución política negociada de todos los conflictos armados con participación de todos los actores armados ilegales.

3. Acuerdo humanitario que ponga fin al secuestro.

4. Reconocer a las autodefensas desmovilizadas sus derechos humanos políticos como primer paso hacia el desmonte de todo paramilitarismo.