Carta a los Honorables Congresistas de la República de Colombia

Warsaw, Virginia, 7 de diciembre de 2009.

Northern Neck Regional Jail.

Honorables

Congresistas de la República de Colombia

E.            S.            M.

Reciban un respetuoso saludo seguido por el éxito de sus importantes labores legislativas.

Agradezco la oportunidad que me brindan para hacer unos humildes aportes al propósito político común de alcanzar la paz y la reconciliación, que es de la mayor importancia para el presente y futuro de Colombia.

La ley de justicia y paz se creó con el propósito de reincorporar a la vida social a los grupos armados al margen de la ley que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y como tal está concebida con el propósito de salvaguardar los derechos de las víctimas y de los desmovilizados, adoptando estándares internacionales de justicia transicional con unas exigencias mínimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, que le sirviera de cauce a la fase judicial de un proceso de negociación político de paz para ponerle término al conflicto social y armado que azota a Colombia hace 6 décadas.

Con nuestro decidido compromiso y valiosa participación, a pesar de todos los obstáculos que nos han colocado, la ley 975 de 2005 ha tenido su primera aplicación práctica, y gracias a ello ha mostrado sus bondades, pero también sus graves falencias que reclaman con urgencia reformas que se ajusten a las exigencias de las realidades actuales del proceso de paz, del conflicto, dentro del propósito político para el que fue creada, de los hechos y su contexto, para que cobijen todas las circunstancias, personas e instituciones involucradas en el conflicto armado, entre un Estado y una legislación que cumplan, que nos protejan, que hagan posible vivir  con plenas garantías de derechos humanos, jurídicos y políticos. Esta ley reclama con urgencia que sea rescatada del abandono en el que ha entrado, y en Ustedes honorables congresistas recae sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones que los eligieron, especialmente cuando se trata de alcanzar la paz con justicia social tan esquiva para todos los desprotegidos de la nación, que son la mayoría, no pueden desconocer estas necesidades, y son los llamados en medio de esta gran polarización en que se encuentra Colombia, no solo a prorrogarla sino también, a hacer los ajustes y modificaciones a la ley 975, o a crear las condiciones que sean necesarias para alcanzar la paz y la reconciliación.

Son los llamados a crear los mecanismos flexibles pero muy precisos para que los altos tribunales y los operadores judiciales así como el gobierno y sus dependencias no le den una libre interpretación, algunas veces con intereses acomodados y malsanos, como mostraré más adelante, que han permitido lograr los vacíos que tiene la ley, que se evidenciaron desde su creación y se aumentaron al ser objeto de examen de constitucionalidad mediante sentencia C-370 de la Corte Constitucional, cuando declaró algunos artículos fundamentales inexequibles, o exequibles condicionalmente, más por cuestiones de forma que de fondo, y que se han hecho evidentes a través del tiempo con la aplicación de la ley, especialmente en mi caso y el de mis hombres por ser los que más hemos avanzado al estar más comprometidos, y que para subsanarlos han tratado de ser llenados con nueva jurisprudencia, que más que complementar la existente, lo que hace es entorpecerla, porque además de los intereses que motivan a esa jurisprudencia parecen pensadas para ser aplicadas a la criminalidad común de los Estados, y no a la derivada de un conflicto social armado, civil e irregular, lo que además genera desconfianza y no permite tener reglas claras de interlocución con las víctimas, con los actores del conflicto y especialmente con los desmovilizados que se debaten entre avanzar o retirarse del proceso de justicia y paz, ante tanta incertidumbre, ante tanta inseguridad jurídica, política, física, en medio de tanta violencia, de incumplimientos, traiciones, del genocidio que ha cobrado la vida de más de 2.000 desmovilizados y centenares de nuestros familiares para silenciarnos, del narcotráfico que el Estado no ha podido controlar, etc, etc, constatando con dolor que la oferta real política de paz de este gobierno, se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel quizás de por vida por las falencias de la ley, extradición o muerte.

Hasta hoy es incierto tanto para las víctimas como para los desmovilizados, el proceso de paz y la aplicación de la ley de justicia y paz que haga viable la impartición de justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación y la obtención de una pena alternativa de manera pronta, en un tiempo que no sea violatorio de nuestros derechos fundamentales y que no exceda el máximo tiempo de condena  de 8 años que otorga la ley como pena alternativa. Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años [1] , se convierte realmente en una pena de 6 años [2] físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años, estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si  aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz, lo que se ha convertido en otra de las causales que tiene al borde del fracaso el proceso de justicia y paz, que además impide el avance de otros actores del conflicto y que ha incidido fuertemente en el rearme al darse cuenta los desmovilizados que no existe un verdadero sacrificio de una buena dosis de justicia a cambio de aclimatar la paz, y por el contrario lo que ven es que no importa cuánto hayan colaborado sus ex compañeros, las condenas alternativas nunca llegan, ni siquiera en el caso de los que llevan más de 8 años presos. En pocas palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la verdad.

Al momento de la creación de la ley de justicia y paz había un desconocimiento casi total –excepto del gobierno Uribe al que le contamos- de la magnitud del entramado del conflicto armado Colombiano de sus implicaciones y derivaciones, pero hoy gracias al compromiso de muchos de nosotros los desmovilizados con el proceso de paz y entre ellos el de reconstruir la verdad necesaria para sanar las heridas y evitar la repetición de esta guerra fratricida que se viene reciclando hace décadas por la responsabilidad  del Estado y aun con su complicidad, ya se tiene gran parte del conocimiento necesario para hacer los ajustes y tomar los correctivos necesarios si en verdad no queremos seguir prolongando el conflicto, el narcotráfico, la corrupción, etc, etc, y generando más víctimas.

El panorama sigue siendo muy complejo mientras exista esta pugna de poderes, donde el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir, entre otros, la mayor carga de responsabilidad que le corresponde a él y al Estado por tantos años de conflicto armado, promoviendo una ley que impide que las poblaciones que estuvieron desprotegidas por ellos y bajo el dominio y control de los diferentes actores de poder del conflicto armado, cuenten sus verdades, sin ser considerados delincuentes comunes, ni ser judicializados por contar los hechos en los que por obligación les tocó participar, ni ir a ser proscritos ni muertos civilmente o físicamente, en este caso, incluso por los nuevos actores que han retomado los territorios que entregamos al gobierno después de nuestra desmovilización donde viven o vivían, por la irresponsabilidad e indolencia de este gobierno. Como está diseñada la ley, ni permite ni promueve contar la verdad y por el contrario estas poblaciones deben ocultar o callar acerca de la verdadera realidad del conflicto que les tocó vivir y a mentir cuando son acusados por la justicia o indagados por la comisión de la verdad que creó el gobierno, es por esto que si las poblaciones y todos no participamos en la reconstrucción de la verdad, el gobierno y los jueces tratarán de establecer una verdad histórica sesgada, parcelada, reescribiéndola empujados por sus pleitos e intereses, egoísmos y retaliaciones desde el código penal y desde la comisión de la verdad que creó y maneja el gobierno a su acomodo, sin tener en cuenta las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto interno colombiano,  por eso les impiden participar, porque con ello harían más evidente lo que ya es inocultable: el Estado es el mayor responsable de esta tragedia nacional, del conflicto social armado que hunden sus raíces y razones en la injusticia, la corrupción, en la violencia política impuesta por los partidos y las clases dominantes, en la exclusión política y social, etc, etc, o ¿ Acaso no fue la exclusión política, la falta de representación política de los intereses más necesitados de la población, iniciando por la SEGURIDAD cuando la guerrilla nos convertía en carne de cañón, por la omisión del Estado y de aquellos que decían representar estos intereses, lo que nos convirtió en víctimas y luego –como en este caso- reclutado por el estado, en actor del conflicto, donde generamos violencia y víctimas?   ¿Acaso el conflicto armado y los actores del mismo, no somos la consecuencia de la exclusión política del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindar las garantías de seguridad necesarias a las poblaciones? ¿Acaso esa exclusión y la falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades más apremiantes de la población y defienda sus intereses no es lo que sigue generando más víctimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico y prolongando el conflicto?

¿Acaso el gobierno nacional no es el responsable y el garante de la seguridad y los derechos humanos de los colombianos?

¿Por qué se empeñan en negar las causas, satanizar a los alzados en armas señalando que se trata de delincuencia desprovista de carácter político y no aceptar la existencia del conflicto armado? Detrás de esta visión sesgada y maniquea anida el fantasma de la guerra perpetua, porque desconocer que fuimos un actor político del conflicto social y armado de Colombia, con un gran poder autónomo en lo político, social, militar, económico, que fue de lo local hasta lo nacional, en medio de un entramado legal e ilegal, privado y público, individual y colectivo del que participaron para poder establecernos y expandirnos, las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del Estado, políticos, servidores públicos, ganaderos, gamonales, empresarios, profesores, estudiantes, campesinos, etc, etc, algunos -hoy judicializados- y que desde allí luchamos también por conseguir espacios directos de acceso al poder público para dar respuesta a las demandas no solo de seguridad para las poblaciones de todos los estratos de las regiones que controlábamos, sino también a las demandas sociales de las poblaciones marginales y más necesitadas.

Otro ejemplo de ello y de los graves vacios de la ley que se tratan de llenar con una libre interpretación, son algunas jurisprudencias emanadas de los más altos tribunales nacionales, decisiones que como ciudadano respeto pero que, con todo comedimiento considero no consultan las realidades del conflicto armado, y de esta forma se reescribe la historia acomodada a una visión que no se compadece con las verdades vividas, como sucedió con la sentencia que le reconoció a un miembro  de la autodefensa el delito político de sedición, reconociéndonos con ello como actores políticos de conflicto armado y en fallos subsecuentes lo hizo en forma contraria, desconociendo el delito político y de paso la realidad de lo vivido. Además anuló la única sentencia que un tribunal de justicia y paz dicto contra un desmovilizado y ordenó que no se pueden hacer imputaciones parciales, solo de forma extraordinaria, lo que impide hacer acumulación de procesos que se llevan por justicia ordinaria paralelos a los de justicia y paz, que en su mayoría se han iniciado por las copias que compulsan nuestros fiscales en un desgaste innecesario, violatorio de nuestros derechos fundamentales, también hemos encontrado que los diferentes operadores judiciales no han podido cambiar su paradigma y les ha sido difícil entender que la ley de justicia y paz corresponde a una ley de justicia transicional, enmarcada dentro de una política criminal del Estado colombiano que surge de la necesidad de esclarecer hechos punibles que con el mecanismo tradicional de la ley ordinaria no se habían podido esclarecer y conducían siempre a la impunidad, generando zozobra, inseguridad y violación al derecho a las víctimas, por lo que en su parte procedimental no debe aplicarse con tanta exégesis, porque de lo contrario nunca habrá justicia y reparación menos paz y reconciliación. La fiscalía general de la nación ha dictado unas resoluciones reglamentarias para la aplicación de una metodología que nos tomará esta vida y la otra para su aplicación. Los tribunales de justicia y paz aplican criterios diferentes a los de la fiscalía general de la nación que no permite armonizar los procedimientos.

El gobierno nacional además de tratar de llenar los graves vacíos de la ley con una libre interpretación a través de sus decretos reglamentarios también se abrogó cuando presentó el proyecto de ley de justicia y paz aprobado por el Congreso algunas facultades que habilitan de manera activa su participación en la aplicación de la ley a través de una serie de normas que hay que limitar, para que con ello no pueda controlar la dosis de verdad, justicia y reparación que debe darse, ni usurpe con ello la competencia de otras ramas del poder público, en este caso la judicial, ya que estas normas le dan las siguientes facultades, entre otras:

a.       Postular a quienes pueden ser destinatarios de la ley. Con esto el gobierno decide quién puede y quién no entrar a contar las verdades que exige la ley.

b.      Establecer a la agencia presidencial para la ACCION SOCIAL, como la encargada de recibir, administrar y decidir qué bienes de los entregados por los postulados tienen vocación de reparación. Esta agencia se ha negado sistemáticamente y sin justificación válida a recibir la casi totalidad de los bienes ofrecidos por los desmovilizados para reparar a las víctimas, para con esto amenazar con la pérdida de los beneficios de la ley a los jefes desmovilizados y así poder dosificar la verdad.

c.       La ley 975 estableció que los procesados y condenados por justicia y paz pagarían sus penas en sitios especiales conforme a la reglamentación existente. El gobierno no cumplió con ello y no ha permitido reunirnos a los antiguos combatientes de cada bloque de autodefensa en un solo sitio de reclusión para poder reconstruir las verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que exige la ley, impidiéndolo a través del Ministerio del interior y justicia y del INPEC, su dependencia encargada del manejo carcelario.

d.      Decidir sobre la extradición, la cual condiciono a través de un acto administrativo donde estableció que no se produciría siempre que se cumpliera con los compromisos adquiridos en justicia y paz. Acudiendo a la vía de hecho el gobierno nacional incumplió la motivación de la resolución que impedía la extradición, ya que hasta el día de hoy no existe una sentencia judicial de autoridad competente en firme que demuestre que los miembros de las autodefensas extraditados, incumplieron con los compromisos de justicia y paz; aún más, el saliente fiscal general de la nación Mario Iguarán Arana aseveró en Mayo de este año que “La fiscalía no ha encontrado elementos que soportan la extradición de los desmovilizados de las AUC que están en justicia y paz”, lo que significa que el presidente con nuestra extradición violó el principio constitucional de confianza legítima y buena fe, el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, nuestros derechos fundamentales y los de las víctimas y el principio esencial de la separación de poderes dentro del Estado social de derecho, lo que demuestra la ilegalidad de nuestra extradición para con ella silenciarnos.

Lo escrito hasta aquí pone de manifiesto algunos de los graves problemas que afrontamos y son ustedes como los representantes de las poblaciones afectadas por el conflicto, unos de los llamados a ayudarnos a solucionarlos, por ello me atrevo a hacerles algunas humildes recomendaciones:

1.- Hacer unas reformas sustanciales a la ley y al proceso de paz, de reconciliación articuladas y complementarias en lo político y social, con reglas claras muy precisas que se puedan cumplir ajustadas a las exigencias de las realidades que no fueron tenidas en cuenta desde el comienzo ni por el Gobierno ni por los legisladores ni por las cortes que no dimensionaron la magnitud del reto y que muestran con absoluta contundencia  su insuficiencia ante el propósito de alcanzar la paz con  verdad, justicia, reparación y no repetición.

2.- Crear un  grupo interdisciplinario conformado por las distintas ramas del poder público que se encargue de ejecutar el proceso de paz dentro del marco de la política criminal planteada dentro del mismo. Por ejemplo, desarrollar versiones libres colectivas y no individuales, implementando una metodología distinta a la actual que sea muy eficiente y coherente con las exigencias del proceso, con el objetivo de darle celeridad para no permitir que los procesos se vuelvan incumplibles e interminables, y evitar que con ello se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de los desmovilizados. 

3.-  Crear una comisión internacional de la verdad que permita la participación de las poblaciones en la reconstrucción de las realidades que vivieron y que aún viven, creando mecanismos que vayan más allá de lo estrictamente penal y de ser necesario, que se pueda aplicar un principio de oportunidad con la finalidad de hacer viable un diagnóstico real de la verdad que algunos tratan de ocultar y disfrazar utilizando todo tipo de estrategias y eufemismos, diagnóstico que sirva como punto de partida para encontrar fórmulas para alcanzar la paz y evite se siga repitiendo y reciclando el conflicto armado o se siga reescribiendo la historia acomodada  a intereses mezquinos. 

4.- Involucrar la responsabilidad del Estado en el conflicto armado, entre otras, para que no tenga pretexto de encontrarle una pronta solución y no se niegue a reconocer a las víctimas, asuma su reparación integral, eficaz, oportuna y justa sin discriminarles y evite que mañana se sigan presentando más víctimas.

5.- Replantear la política de reinserción que ha sido un fracaso y otras de las causas que han incidido en el rearme de muchos desmovilizados y el genocidio de más de 2.000 de ellos.

6.- Repatriar a los extraditados que estén dispuestos a avanzar en justicia y paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado, porque los de narcotráfico ya los hemos esclarecido  a las autoridades de Estados Unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la Ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para el que fue creada la ley.

7.- Implementar mecanismos eficaces con nuestra participación que permitan la erradicación del flagelo del narcotráfico, conozco por qué fallan las estrategias utilizadas hasta hoy, sé cómo ayudarles a reducir los cultivos en más de un 90% en un tiempo no mayor a dos años y a reactivar las economías lícitas que lo sustituyan.

8.- Los delitos de las guerrillas y autodefensas están enmarcados dentro de un contexto de guerra donde ejercieron control territorial, se sostuvieron en él, cobraron tributación, impusieron la ley, la justicia y la disciplina en nombre de una autoridad de facto, etc, etc, como actores políticos del conflicto social armado al que fuimos llevados por la exclusión política, social y económica a la que nos sometió el Estado, por lo que pedimos que se reconozca el delito de la autodefensa como lo que es: un delito político y a su vez la participación de quienes hayan pagado las penas en escenarios públicos y democráticos, para que no tengan que seguir expresando sus ideas políticas a través de las armas y la violencia, para que se puedan reinsertar a la sociedad con todos los derechos y se integren legítimamente a la vida democrática.

9.- Abordar el tema de la tierra dentro del conflicto armado y las reformas necesarias, ya que la inmensa mayoría de tierras usurpadas en esta guerra no están en poder nuestro, sino en poder de aquellos inversionistas que compraron cuando el conflicto estaba en su expresión más álgida y se beneficiaron de ello, con el grave perjuicio de los campesinos y colonos que quedaron en la mitad del fuego cruzado y de un Estado que los desprotegió y no contuvo este conflicto y su barbarie, que él mismo generó con su exclusión, y promovió con sus acciones u omisiones, generando miles de víctimas y millones de desplazados. 

El gobierno, ustedes como Congreso y la justicia deben asumir sus compromisos y responsabilidades para saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la nación entera, al excluirnos de darnos los beneficios de la paz que nos deben y otros más, de los que solo unos pocos gozan, y de proteger y garantizar la vida y demás derechos que esa gran cantidad de colombianos no tienen como hacerlo.

Después de todo lo sucedido no se entendería que no se incluya también permitir nuestra colaboración después de la desmovilización. Permítanme por favor ayudarlos a Ustedes y a la sociedad a mejorar y llevar a buen puerto este primer proceso de paz enmarcado dentro de unos estándares de justicia transicional, soy el mejor ejemplo para que juntos lo logremos.

Con todo respeto,

SALVATORE MANCUSO GOMEZ

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[1] Al momento de nuestra desmovilización estaba vigente la ley 600 que permite un máximo de 40 años de condena.

[2] Rebajas: Hasta del 50% por declararse culpable. Hasta del 25% por colaboración (por favorabilidad de la ley 906). De aquí, 3/5 partes  se hacen en la cárcel y a esto se le obtiene  una redención  de 1/3 parte por trabajo y/o estudio.

Carta al Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz

Bogotá DC. Septiembre 16 de 2009

Señores

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Ministerio del Interior y la Justicia

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Procuraduría General de la Nación

Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. INPEC

Respetados Señores.

El Comité de Presos Políticos de las Autodefensas desmovilizadas, en nombre y representación de todos los Internos Postulados a la Ley 975 de 2005, recluidos en los diferentes pabellones creados para el procedimiento especial de Justicia Transicional, hacemos un llamado URGENTE para efectuar una reunión en el Establecimiento penitenciario y carcelario La Picota, con los Miembros del Comité de Presos Políticos, con el fin de tratar el cambio de procedimiento en la requisa que normalmente efectúan los grupos especiales de remisión, quienes por más de 4 años lo han venido realizando sin que hasta el momento se haya presentado anomalía alguna que amerite el cambio de la requisa regular por la llamada nivel 3, en donde el Postulado es desvestido en su totalidad, quedando solo en ropa interior, situación que atenta no solo contra nuestra dignidad sino la de cualquier ser humano, así se hallare privado de la libertad, como lo manifiesta la Honorable Corte Constitucional en varias de sus sentencias.

Esta determinación, aunada a una serie de decisiones que han venido modificando sistemáticamente el reglamento que inicialmente se acordó con el Gobierno Nacional para dar inicio al componente judicial dentro del marco del Proceso de Paz, Proceso que tiene como principal objetivo el fin primordial de lograr la Paz y la Reconciliación entre los Colombianos, tal como reza en la Constitución Nacional.

Por ello consideramos que determinaciones como esta se muestran totalmente contrarias a este fin, minan la moral de los Postulados que, como lo pueden corroborar las Instituciones que conforman el Comité Interinstitucional, vienen cumpliendo lo acordado al momento de su desmovilización voluntaria, con la VERDAD como principio reparador por excelencia y que es reconocido por otras instancias que ven en esta verdad el soporte del proceso y nuestro compromiso irrenunciable a la NO REPETICIÓN.

COMITÉ DE PRESOS POLITICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

C.C Misión de Apoyo al Proceso de Paz. MAPP – OEA

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. CNRR

Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.

Carta a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Colombia - Sala de Casación penal

Warsaw, Virginia, 25 de Agosto de 2009.

Northern Neck Regional Jail.

Honorables Magistrados

Corte Suprema de Justicia de Colombia

Sala de Casación penal

E. S. D.

Ref: Proceso de Justicia y Paz –Postulado Salvatore Mancuso Gómez-

Yo Salvatore Mancuso Gómez, identificado con la cedula de ciudadanía 6.892.624 de Montería, me dirijo a Ustedes honorables magistrados en mi calidad de desmovilizado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hoy postulado a la Ley 975 de 2005, -marco jurídico de la etapa judicial nacida de el proceso de negociación político – hoy incierto - que adelantamos con el Gobierno Nacional de Colombia, en el cual fui designado por éste como miembro representante y por mis antiguos compañeros de lucha como Jefe del Estado Mayor Negociador-, para pedirles su intervención dentro del ámbito de la competencia que les señala la Ley como última instancia en el proceso de justicia y paz, e implorarles, que velen y aseguren que los procedimientos que se desarrollan dentro, pero principalmente fuera de Colombia, no sigan impidiendo y dificultando mi compromiso de paz y reconciliación con las víctimas, con Colombia y con el mundo, de seguir sirviendo con mi arrepentimiento por mis errores, mi pedido de perdón, mi capacidad de rectificar y enmendar, pero principalmente con mi decidido propósito de seguir contando la verdad a la que como actor del conflicto tuve conocimiento, y de resarcir a las víctimas, para que los oscuros días que vivió el país –y que aún vive- no vuelvan a repetirse.

También les escribo para dejar una constancia histórica de todos estos hechos y situaciones que manifesté y expresé antes que ocurrieran, y ruego a Dios al plasmarlos en esta carta, podamos encontrarle solución y evitar que se sigan presentando. Entre las muchas cosas, les dije que esa verdad que exigieron con la ley que crearon y que para el momento solo estábamos obligados a decir nosotros no les iba a gustar, porque hace referencia a todos los sectores de la sociedad involucrados con el fenómeno, y no solamente la verdad de la confesión de los hechos que nos involucran a los ex comandantes, que era la que pensó el establecimiento en exigir con el fin de desaparecer sus culpas, limpiándolas con nosotros como chivos expiatorios de toda la complejidad de este fenómeno violento; les dije también que si esas verdades no las contábamos todos los que tuviésemos responsabilidades en el conflicto todos los actores, las poblaciones y nuestras bases sociales que lo padecieron y aun lo viven, nos iban a criminalizar, a estigmatizar, a intimidar, nos atacarían y buscarían la manera de asesinarnos al igual que a nuestras familias y amigos; y así fue, al día de hoy han asesinado a mas de 1.300 desmovilizados de la autodefensas – muchos envenenados y estrangulados en las cárceles del país- al igual que a decenas de familiares de estos, porque existen personas interesadas en que no se confiesen las verdades. Les dije que ante las presiones esa verdad la exigirían en público y la temerían en privado. Igualmente les dije que si no asumía con responsabilidad los compromisos asumidos en el proceso de paz, si no cumplía con su compromiso de reinstitucionalizar el estado en las zonas que les entregue llave en mano y no se erradicaban completamente los cultivos ilícitos de coca, llegarían otros actores o los mismos de antes de apropiarse y a financiarse de ellos, les dije que si los desmovilizados no se vinculaban a trabajos psicosociales y proyectos productivos que cree conjuntamente con el gobierno pero este abandono cuando voluntariamente me recluí en una cárcel que les permitiera hacer el tránsito de la guerra a la paz, estos hombre quedarían expuestos a presiones como mano de obra entrenada para aquellos que quieren perpetuar el conflicto y viven de él.

Desde mucho antes de nacer, mi país ha sido azotado por un conflicto armado que aún se mantiene sin resolver; dentro de este contexto crecí siendo un buen niño, un buen hijo y un buen estudiante, dedicado a las actividades propias del campo y de mi familia en mi natal Córdoba, luego después de graduarme en la universidad me convertí en un ganadero y agricultor. Crecí en mitad de todos los sobresaltos que nos originaban la falta de protección del Estado y la permanente zozobra creada por las guerrillas. Estando en mis oficios del campo como siempre lo he hecho y lo he querido seguir haciendo, el Estado no me protegió cuando la guerrilla me extorsionaba y amenazaba, como tampoco ha querido brindarle protección ahora a mi familia ni a los diferentes pobladores de córdoba ni de Colombia, cuando estas mismas guerrillas, los otros actores del conflicto y la delincuencia los siguen amenazando en un departamento donde ante las incertidumbres e incumplimiento generados por el gobierno en el proceso de negociación, la violencia ha aumentado a índices jamás vistos, pasando de 173 muertes violentas en el 2005, año de la desmovilización del bloque Córdoba, a 540 al año 2008 y aumentando para este año. Ante esta constante creciente situación fui a pedirle protección a las fuerzas militares y políticas de la nación y es aquí cuando resulté reclutado por el Estado y posteriormente entrenado para enfrentar a las guerrillas, convertido así por el Estado en actor del conflicto social armado y político de Colombia, desembocando más tarde en las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, bajo el mando de los comandantes Carlos y Vicente Castaño. Siendo un miembro de las autodefensas, años después por orden directa de mis comandantes superiores y solamente con ocasión y durante mi pertenencia a este grupo político armado, y dentro de una estrategia de guerra para quitarle la principal fuente de financiación a las guerrillas que enfrentábamos, me vinculé a un proceso de financiación a través del narcotráfico, no como narcotraficante sino como actor del conflicto social armado y político dentro del cual ejercí como estado de facto en algunas regiones de mi país, donde el estado social de derecho legítimamente constituido dimitió de sus funciones. En amplias zonas donde ejercí control territorial me sostuve en él, realicé operaciones militares y políticas sostenidas, impulsé la ley y disciplina, impartí justicia, cobré impuestos y controlé las economías lícitas e ilícitas en nombre de una autoridad de facto; todo esto después de proponerle al gobierno colombiano en 1997, sin que a éste le interesara, erradicar los cultivos de coca en los territorios que entramos a controlar y que le arrebatamos a la guerrilla, como también lo he propuesto y le he rogado al gobierno del presidente Uribe, para que con mi conocimiento y experiencia erradicáramos antes y también después de nuestra desmovilización estos cultivos ilícitos.

Mi historia personal y mi drama reflejan y ponen de manifiesto la tragedia colectiva de un país al que siguen condenando nuestros gobernantes de turno a su presente de guerra, e hipotecando su futuro por la combinación perversa de la prolongación de la guerra fría en esta parte del mundo, el advenimiento del narcotráfico en su fase de globalización y el cáncer de la corrupción enquistado en todas las esferas de funcionamiento del Estado, ante la mirada pasiva de todos aquellos que nos pueden ayudar dentro y fuera de nuestra nación.

Yo he cumplido con todo lo que me ha exigido el Gobierno y la Justicia colombiana dentro de los compromisos que adquirí en el proceso de negociación y desmovilización que adelanté con el Gobierno Nacional, donde lideré todo el proceso de negociación y me desmovilicé con mis hombres sin la existencia de ley alguna que atendiera las circunstancias inéditas de mi caso, para generar la necesidad de la creación de leyes y condiciones necesarias para la Paz de Colombia y la reintegración a la vida civil de todos los actores del conflicto, y además servirle de ejemplo a todos los otros comandantes, combatientes y bloques de autodefensa. Luego de la desmovilización el gobierno me concedió un salvoconducto especial para que trabajara como gestor de paz y pudiera movilizarme y salir a convencer a todas las autodefensas para que participaran del proceso y se desmovilizaran, logrando desmovilizar casi el 100% de las autodefensas con más de 31.000 hombres y entregando más de 18.000 armas, y también para que liderara y trabajara en la erradicación de cultivos ilícitos, donde participe con gran éxito con más de 500 desmovilizados y conjuntamente con el gobierno erradicamos algunas miles de hectáreas, además para que implementara y liderara proyectos productivos de plantaciones agroindustriales y agroforestales con campesinos víctimas del conflicto, desplazados y desmovilizados, y también liderara con el Gobierno la implementación del trabajo psicosocial para la reintegración plena a la sociedad de los desmovilizados. Estando en estas labores como gestor de paz, el presidente Álvaro Uribe Vélez a través de los medios de comunicación nos pidió que nos recluyéramos voluntariamente a una cárcel, a pesar de que los acuerdos eran diferentes; y así lo hice, pero cuando empecé a contar las verdades tal como me lo exigen la ley y mi conciencia, y éstas empezaron a tocar varios intereses políticos y económicos de la vida nacional, me volví incómodo y por todos los medios han tratado de deslegitimarme e impedirme que reconstruya la verdad. Por eso el Gobierno de Colombia me ha impedido reunirme con TODOS los que fueron mis hombres, a pesar que dentro de los acuerdos que hicimos y entre los muchos que incumplió el Gobierno, estaba el de recluir juntos a comandantes y combatientes que pertenecieron a un mismo bloque en colonias penales agrícolas especialmente creadas para este efecto, para que entre otras cosas pudiéramos reconstruir la verdad de tantos años de guerra en el conflicto interno colombiano y lográramos especificar los hechos, los responsables y las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

Para el caso del bloque norte que comandé, el Gobierno se comprometió a recluirme junto a todos los hombres que estuvieron bajo mi mando en la colonia penal agrícola de Urrá, pero el Gobierno no me cumplió y me mandó a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, y a quienes fueron mis hombres los diseminó por todas las diferentes cárceles del país a pesar de que era un compromiso adquirido en las negociaciones y a que el fiscal octavo de Justicia y Paz encargado de mi caso, y yo mismo, le solicitamos en repetidas y reiteradas ocasiones al gobierno nacional y sus dependencias, que así lo hiciera. Debido a este claro impedimento impuesto por el gobierno colombiano con la intención de evitar que reconstruyera la verdad, me di a la tarea de hablar y convencer a los pocos comandantes y compañeros que dejaron a mi lado, de reconstruir los hechos y contar las verdades que nos exige la ley; creé y envié un equipo de abogados a contactar en las diferentes cárceles del país a quienes fueron mis hombres, llevándoles un mensaje claro para que reconstruyeran las verdades y pudieran contarlas, convenciendo antiguos comandantes que estuvieron bajo mi mando que dado el impedimento que el Gobierno nos había impuesto, ellos en las diferentes cárceles lideraran este proceso frente a sus antiguos compañeros; los instruí, les envié el número de teléfono y correos electrónicos dónde contactarme y conseguí los mecanismos cómo contactarlos a ellos, y así poco a poco había venido sorteando el veto impuesto por el Gobierno. Entonces el Gobierno enfurecido y con la intención de callarme me extraditó, y argumentó para justificar mi extradición que no había cumplido con las exigencias de la ley de Justicia y Paz y que seguía delinquiendo desde la cárcel.

Sin embargo, casi un año después de haber sido extraditado el entonces Fiscal General de Colombia, Dr. Mario Iguarán Arana y el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Dr. Luis González León, se reunieron en Washington con el fiscal Robert Spelkee y el agente encargado de mi caso en Estados Unidos y les dijeron que a pesar de la extradición por parte del Gobierno Colombiano, ellos no conocían los motivos por los cuales se produjo esta decisión y que no tenía pruebas de que hubiera delinquido luego de mi desmovilización. Inclusive, luego de esto el mismo Fiscal Iguarán ratificó públicamente y ante los medios de comunicación de Colombia que no existían pruebas que me vincularan con actividades ilícitas luego de mi desmovilización, colocándome permanentemente y de manera pública como ejemplo a seguir en el cumplimiento con la ley de Justicia y Paz y con el proceso de paz y de reconciliación. El fiscal octavo de Justicia y Paz que lleva mi caso y de quienes fueron mis hombres, avanzó en el mismo sentido y en reunión que tuvo con el fiscal de Estados Unidos Robert Spelkee y le dijo lo mismo.

El Gobierno Colombiano, ustedes y yo, sabemos que bajo las condiciones actuales en las que me encuentro no voy a poder cumplir cabalmente con las exigencias de la ley de Justicia y Paz, y espera aquel que no pueda avanzar por pura incapacidad logística y física, para poder acusarme en ese momento de incumplir las exigencias de la misma, y aprovechar y juzgar a quien cargarle la responsabilidad del conflicto que existe desde antes de mi nacimiento, ya que a influyentes y poderosas personas les interesa perpetuarlo y sacarle el máximo provecho para sus mezquinos intereses, y querrán utilizarme como chivo expiatorio criminalizándome y acusándome del incumplimiento para luego cerrarme los pocos espacios de interlocución que me quedan y termine aislado e incomunicado en una prisión de Estados Unidos.

La búsqueda de la paz y la reconciliación me la han convertido en un largo, difícil y tortuoso camino y solo he encontrado que me han ido cerrando todos los caminos y espacios posibles a mi anhelo de paz y reconciliación para Colombia, a mi anhelo de volver al seno de mi familia de donde me arrancó la guerra reclutado por el Estado, y a mi deseo de darle y recibir el amor y dedicación a mis hijos, a mi esposa y a mi familia que el conflicto y la vida me ha negado y que deseo con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón; a mi firme compromiso de seguir convenciendo a los otros actores del conflicto y a los desmovilizados que se miran en mi espejo, para que no sigan transitando o volviendo a transitar el camino del conflicto que no nos dejan desactivar, porque hasta ahora lo que hemos visto es que es más difícil alcanzar la paz y la reconciliación que seguir en el conflicto.

Por razones políticas, el Gobierno Colombiano reitera continuamente que la existencia de acuerdos de cooperación entre Estados Unidos y Colombia, que aun no existen, garantiza el conocimiento de la verdad del conflicto armado y que si tal conocimiento no se verifica es por la ausencia de voluntad de cooperación mía y de los demás extraditados. Sin embargo, la práctica ha demostrado que la sola comparecencia nuestra a las audiencias virtuales de versiones libres y la creación del cargo de un magistrado auxiliar de enlace para que coordine dichas audiencias, no garantiza que podamos reconstruir las verdades de tantos años de conflicto y que para poder reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de más de 10.000 hechos que se le atribuyen a los miles de hombres que tuve bajo mi mando y que la Ley de Justicia y Paz me exige no solo reconstruirlos y verificarlos, sino también, asumir la responsabilidad de ellos por cadena de mando bajo el concepto jurídico de autor mediato, hoy no están dadas las condiciones y creo nunca lo estará dentro de estos regímenes carcelarios.

Para lograr estos objetivos se requiere documentar todos estos hechos con los responsables directos, con las víctimas y/o sus representantes y estudiar, analizar y verificar miles de procesos judiciales que existen en justicia ordinaria y también en Justicia y Paz, y en donde debo ver y escuchar miles de horas de audiencias virtuales para verificar si los hechos confesados por los miles de hombres que estuvieron bajo mi mando están enmarcados dentro de las directrices generales que recibí de mis mandos superiores y que en tal sentido les impartí a quienes fueron mis subalternos. De igual manera la ley me exige reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que aún no se conocen y que, menos aún, se encuentran documentados o de los que se tiene algún conocimiento y no se conoce su responsable. Tampoco dice el gobierno que confía en que mis condiciones de reclusión en los Estados Unidos sigan siendo las que son y aun empeoren de tal manera que no pueda de ninguna manera realizar una colaboración eficaz con la fiscalía de Justicia y Paz. La lógica perversa consiste precisamente en apoyarse en la aplicación de Justicia en los estrictos regímenes carcelarios de los Estados Unidos para impedirme cumplir cabalmente con mi voluntad de asegurar el esclarecimiento de la verdad a la que estoy comprometido en conciencia y en razón de mis compromisos asumidos tanto con la Justicia colombiana como con la de Estados Unidos.

En conclusión: El trabajo que permanentemente hice mientras estuve en Colombia hasta antes de mi extradición con quienes fueron mis hombres para reconstruir la verdad tal como me lo exige la ley, me ha alcanzado para avanzar este tramo de tiempo durante el cual he estado extraditado y privado de las condiciones necesarias para seguir reconstruyéndola, y a pesar de toda la voluntad de seguir avanzando y del gran conocimiento del entramado del conflicto que tengo, reconstruir estas verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, requiere de un espacio y de una logística necesaria para hacerlo que las cárceles de este país no me ofrecen. Para que todo esto no se me convierta en un imposible físico, logístico y jurídico, para que no me trunquen mi compromiso a pesar de toda la voluntad y de todo el deseo de cumplir con la reconstrucción de la verdad que la ley colombiana y el acuerdo que firmé con los Estados Unidos me exige, y pueda con ello contribuir a la paz y a la reconciliación de Colombia por la que tanto he luchado y soñado, les ruego que entiendan todos estos obstáculos, dificultades, impedimentos, incumplimientos, traiciones, bloqueos, ataques, exclusión, venganza, retaliaciones, estigmatizaciones, extradición y aislamiento que he recibido del Gobierno Colombiano y conmigo, la nación entera con la esperanza de paz y reconciliación de millones de compatriotas. Prueba contundente que este gobierno necesita dentro de sus planes estratégicos mantener y prolongar el conflicto armado y el narcotráfico para que su política de seguridad democrática se haga siempre necesaria. No quiere la paz y son elocuentes los hechos que así lo confirman.

Por todo esto les pido su intervención, para superar estos graves problemas y que me permitan cumplir con mi compromiso de paz y reconciliación con Colombia y con las víctimas, seguir liderando y participando el proceso de negociación político – hoy suspendido - que adelanté con el gobierno y seguir avanzando con el cumplimiento de la etapa judicial de este proceso de negociación, para lo cual es necesario disponer de medios de comunicación permanente, eficientes y fluidos, tiempo amplio y suficiente para trabajar horas extras y a marcha forzada, además de un lugar que me permita reconstruir la historia de tantos años de conflicto donde pueda almacenar, clasificar, analizar, estudiar y trabajar en las circunstancias de tiempo, modo y lugar con toda esta gran cantidad de información en medios físicos y magnéticos, y donde pueda atender al múltiple equipo de abogados colombianos y americanos comprometidos conmigo en esta ardua y difícil labor, sin la restricción de horarios y espacios para trabajar a los que me he encontrado sujeto dentro de las cárceles donde he estado en los Estados Unidos. Horarios que varían de 1 a máximo 4 horas por día en el mejor de los casos, esto cuando no son inadmitidos mis abogados por falta de personal disponible para mi custodia durante la visita, sin contar el tiempo de espera a veces hasta de 5 horas para poder ingresar a verme.

Negarme estos espacios es permitir que la impunidad que quieren pocos, pero poderosos e influyentes personajes en Colombia, triunfe. Es darle un golpe de gracia a las víctimas y desconocer sus derechos a la verdad y a la reparación, es impedir su derecho a la justicia y permitir que continúe el conflicto social, armado y político que padece Colombia hace casi 60 años, es permitir que triunfe la corrupción y la impunidad. He mostrado con honestidad y transparencia mi cumplimiento ante las exigencias que me han hecho, y ante mi intención de construir la paz y la reconciliación no me he quedado solamente en palabras, promesas o caminos a medio recorrer o abandonados ante los primeros obstáculos, he aportado aproximadamente 40 millones de dólares en Colombia para reparación y restitución a las víctimas sin que aun el principio de oportunidad se le haya concedido a los testaferros, y a pesar que la honorable Corte Suprema de Justicia profirió un fallo hace dos años en el que ordena al gobierno nacional y a las instituciones encargadas de recibir los bienes ofrecidos en reparación, proceder a ello sin dilaciones, aun no me los han recibido, argumentando todo tipo de pretextos; he dicho la verdad y sigo comprometido en reconstruirla a pesar de todos los obstáculos, he implementado proyectos productivos que benefician a las víctimas y les he pedido perdón públicamente y en privado en todos los escenarios posibles.

Continúo firme con mis compromisos y mi lucha por alcanzar la verdad, la paz y la reconciliación de Colombia sin condiciones, pero con necesidades básicas para poder cumplir; firme en mi propósito de ser un constructor de paz en mi país para que los sucesos trágicos de la historia colombiana de los últimos sesenta años, el conflicto armado y sus secuelas de narcotráfico y crimen organizado no se sigan reproduciendo, por lo que creo plenamente que su intervención eficaz y oportuna, Honorables Magistrados, en este caso y por ser yo quien encarna de manera directa el fenómeno del paramilitarismo y la autodefensa, es crucial para que la verdad del conflicto armado colombiano se conozca, de tal manera que de este conocimiento se derive la propuesta de alternativas que combinen la aplicación de estricta justicia con la implementación de medidas políticas que propicien la construcción de paz en Colombia, al tiempo con el diseño de un Estado y una democracia que derroten el crimen y la corrupción que alimentan la exclusión, la inequidad y la injusticia social.

De los señores magistrados,

SALVATORE MANCUSO GOMEZ

C.C. Dr. Guillermo Mendoza Diago

Fiscal General de la Nación

Dr. Leonardo Cabana Fonseca

Fiscal 8 de Justicia y Paz

Dr. Luis Moreno Ocampo

Fiscal CPI

Dr. Baltazar Garzón

Juez CPI

CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos)

Dr. Iván Cepeda Vargas

Presidente MOVICE

Victimas Bloques Catatumbo y Cordoba

Texto carta de Salvatore Mancuso a Piedad Córdoba

Texto publicado en www.verdadabierta.com

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Washington, D.C., Marzo de 2009

Honorable Senadora

PIEDAD CÓRDOBA

E. S. D.

Respetada Senadora:

En mi sitio de reclusión he conocido de las gestiones que usted, en compañía de otros Congresistas colombianos ha adelantado en la ciudad de Washington, indagando por el estado del proceso de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia y de las preocupaciones que ha expresado por el futuro de este proceso, en particular en lo relacionado con la reparación a las víctimas, que cada vez pareciera más lejana por la extradición de quienes fuimos los máximos comandantes de las AUC y los tropiezos que desde entonces se vienen presentado para la reanudación de las diligencias en el marco de la Ley 975 de 2005.

Permítame expresarle Senadora, que comparto su preocupación, que sé que es la de las víctimas de nuestro accionar armado, por el cual he pedido perdón en varias ocasiones; y acepte mi agradecimiento por su preocupación por el futuro del proceso de paz.

Como consta en los expedientes adelantados por las autoridades judiciales de Justicia y Paz y en la memoria histórica del país, fui el primero de los comandantes de las autodefensas en desmovilizar las estructuras armadas bajo mi mando, cuando no se contaba siquiera con un instrumento jurídico que nos garantizara seguridad en las condiciones ofrecidas por el Gobierno Nacional para la desarticulación de nuestro aparato militar. También fui el primero en atender el llamado del señor Presidente de la República a recluirme en el Establecimiento Carcelario de la Ceja (Antioquia), desde donde posteriormente fui trasladado a la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, junto con los demás comandantes.

Mi voluntad de renunciar de manera definitiva a las armas y contribuir a la paz de Colombia, expresada desde hace ya casi un lustro, sigue siendo hoy la misma, pese a las dificultades que no solo yo, sino también mi familia, hemos tenido que afrontar desde entonces. Mi decisión inquebrantable de contar toda la verdad, no solo de nuestro accionar militar sino de la infiltración de las estructuras institucionales, políticas, económicas, militares y sociales en las zonas donde tuvimos influencia, ha sido evidente desde el inicio de las versiones libres ante la Unidad de Fiscalía Delegada para la Justicia y la Paz y en mis testimonios ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, así como evidentes han sido los resultados: la iniciación de innumerables procesos judiciales por vínculos de políticos, funcionarios públicos, líderes gremiales y personas representativas de las regiones con los grupos de autodefensa y la apertura de un debate ético sobre estas relaciones que fueron la constante en muchas regiones del país durante más de una década. Desde mi acogimiento a Justicia y Paz, a través de mis abogados, he venido realizando las gestiones pertinentes para entregar al Estado los bienes sobre los cuales ejercía el dominio o posesión, con fines de reparación económica a las víctimas.

Estos actos de verdad y reparación han sufrido grandes tropiezos a raíz de mi extradición. Las dificultades logísticas para la realización de audiencias y diligencias de versión libre desde los Estados Unidos están causando una dilación importante al trámite de los procesos, tanto en el desarrollo de las versiones libres, como en los trámites de entrega de bienes para reparación a las víctimas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, mi propósito de cumplir con los compromisos de verdad y reparación a las víctimas sigue incólume.

Senadora: La situación que se suscitó a partir de nuestra extradición, ha generado un estado de indefensión, tanto para las víctimas, como para nosotros los postulados, que además de vernos impedidos para continuar los trámites judiciales de la Ley de Justicia y Paz con la misma dinámica que se venían adelantando cuando estábamos recluidos en cárceles colombianas y sin poder hacer mucho al respecto, observamos con preocupación e impotencia cómo nuestras familias son amenazadas, e incluso objeto de atentados, por parte de sectores que no quieren que sigamos contando la verdad. Entiendo que usted conoce estas dificultades y las ha transmitido a la opinión pública.

Estoy seguro, doctora Piedad, que usted puede jugar un papel importante y hacer un aporte trascendental, como el que ha realizado con éxito en otros escenarios del conflicto armado colombiano, para que el proceso de paz con las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia no se frustre y con ello se sepulten las legítimas expectativas de verdad y reparación de las víctimas y del país en general. Por ello y conocedor de su genuino interés en evitar que esto pase, me permito invitarla a que se reúna conmigo y con los demás excomandantes de las AUC detenidos en cárceles norteamericanas, que, estoy seguro, comparten el mismo interés, con el fin

de buscar puntos de encuentro y, de ser posible, acordar propuestas tendientes a evitar el estancamiento y virtual muerte de este proceso.

Agradezco de antemano su atención.

Cordialmente,

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

Fiscal General se reunió con Mancuso y 'Jorge 40'

Elpais.com.co - Colprensa 

Entregar los nombres de los testaferros en Colombia del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso, y el compromiso de continuar en el proceso de Justicia y Paz por parte de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; hacen parte de los logros alcanzados por el Fiscal General, Mario Iguarán, en su viaje a Estados Unidos. 

“Han sido unos encuentros muy fructíferos. Es una preocupación para nosotros y para la comunidad internacional sacar adelante Justicia y Paz. Por eso, venimos acá para tomar nota de las inquietudes que tienen los mismos postulados extraditados para poder retomar ese proceso y saber donde están las fosas y que regresen a contar la verdad”, indicó el jefe del ente investigador en diálogo con la W radio. 

Durante la reunión con Mancuso, el ex cabecilla de las AUC le presentó a la Fiscalía una propuesta para que sus bienes sean administrados por el Gobierno Estadounidense y no por Acción Social. 

“Hay proyectos productivos con recursos de esta persona, que no se han podido realizar porque Acción Social no ha querido o no ha podido recibir los bienes por problemas jurídicos”, explicó. 

Iguarán manifestó que Mancuso se comprometió a entregar una buena cantidad de millones de dólares incluso en efectivo para reparar a los afectados por el accionar del bloque paramilitar que comandó. 

El Fiscal General explicó que el ex cabecilla también entregará información para poder ubicar a sus testaferros. “Son un buen número de personas. A quienes podemos ofrecerles el principio de oportunidad para recuperar los bienes y destinarlos a la reparación de las víctimas". 

Sobre la reunión con Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', el Fiscal General explicó que el ex jefe de la AUC se comprometió a continuar en Justicia y Paz, paralelamente a los procesos que tiene ante la Justicia americana. “Él quiere primero agotar los requerimientos de Estados Unidos y luego si reanudará su proceso en Justicia y Paz”, explicó. 

Se espera que antes de regresar a Colombia, el próximo domingo, Iguarán viaje a New York y se reúna con Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna.

mancuso reitera vínculos de ex sub director del das con auc

www.fiscalía.gov.co

Justicia y Paz

En la continuación de su versión libre ante el fiscal 8º de Justicia y Paz, el desmovilizado cabecilla del Bloque Catatumbo de las autodefensas, Salvatore Mancuso Gómez, alias ‘Santander Lozada', aseguró que José Miguel Narváez, ex sub director del DAS, visitó campamentos paramilitares para dar charlas de lucha anticomunista en Colombia.

Según Mancuso Gómez, la ‘cátedra' se llamó ‘¿Por qué es lícito matar comunistas?' y se realizó en las fincas La 15 y la 21, propiedad de la familia Castaño Gil, en el Urabá antioqueño, entre los años 1998 y 2002. Allí se estigmatizó de manera reiterada al senador del Polo Democrático Wilson Borja, señaló.

Incursión de helicópteros venezolanos

El postulado también se refirió a un enfrentamiento en la región del Catatumbo en el que intervinieron militares venezolanos y guerrilleros colombianos del frente 33 de las Farc, que descendieron de helicópteros provenientes del vecino país.

En dicho combate –señaló-, se apropiaron de un computador en el que aparecían algunas referencias del ex ministro del Interior de Venezuela, Ramón Emilio Rodríguez Chacin

Vínculos con Giorgio Sale

Mancuso Gómez enfatizó en las relaciones que tuvo con el narcotraficante italiano Giorgio Sale, a quien conoció entre 2002 y 2003, y dijo que invirtió tres millones de dólares para la construcción del restaurante La Enoteca en la capital del Atlántico, sin embargo aclaró que la negociación se hizo verbalmente y que nunca recibió utilidades del mismo.

“Yo le pedí el favor a Celso Alfredo Salazar (hombre de confianza de Mancuso) para que verificara que estaba sucediendo con el restaurante, por qué estaban invirtiendo más dinero del que había dicho Sale y por quéél no había entregado ningún tipo de utilidades. Y le dije a Giorgio que vendiera el restaurante y que nos devolviera el dinero con el porcentaje mensual de utilidades que sería del 4 o 5 por ciento”, manifestó Mancuso.

Igualmente aseguró que Sale le pidió que vinculara a Cristian, su hijo, al negocio del narcotráfico; por tal motivo lo contactó con Gerson Álvarez, paramilitar de Norte de Santander quien lo recibió en 2004 y negoció con él la venta de 200 kilos de clorhidrato de cocaína en una zona cercana a la frontera que al final no fueron recibidos por el implicado.

En las conversaciones que mantuvo con Sale –señaló Mancuso-, el narcotraficante italiano “se puso a sus órdenes para cualquier favor que necesitara con personajes de la política y del poder judicial de quienes era muy amigo”, sin embargo, según él, nunca utilizó a su favor ninguno de esos contactos.

Muerte a políticos

Alias ‘Santander Lozada' se refirió a una lista de personas que fue entregada por Carlos Castaño Gil en la que figuraban el ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán, los congresistas Wilson Borja, Gustavo Petro y Piedad Córdoba, así como un ex parlamentario de Arauca de quien no precisó el nombre.

No obstante, advirtió Mancuso, la orden de asesinar a esos personajes impartida entre 2001 y 2002, posteriormente fue reversada por el mismo Castaño Gil.

Entrega de bienes

A comienzos de semana, en la diligencia judicial, Mancuso Gómez propuso que la justicia norteamericana reciba y administre los bienes que pretende entregar a las víctimas para su reparación debido a algunas dificultades que ha tenido en Colombia.

Sobre este aspecto, el ex cabecilla del bloque 'Catatumbo' se reunió hoy con el fiscal general, Mario Iguarán Arana, y el jefe de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, Luis González León.

Bienes de víctimas de Mancuso serían administrados por EE.UU.

Elpais.com.co | Colprensa

El ex jefe paramilitar extraditado Salvatore Mancuso, anunció este martes que buscará coordinar la entrega de sus bienes para la reparación a las víctimas en Colombia a través del Gobierno estadounidense. 

“Acción Social y el Fondo de Reparación de víctimas me han puesto muchísimas trabas para recibir los bienes, yo prefiero hacerlo coordinando la entrega a través del Gobierno de Estados Unidos”, indicó el ex comandante del Bloque Catatumbo de las AUC desde Washington, donde reanudó sus versiones libres ante un fiscal de Justicia y Paz. 

De acuerdo con Mancuso, “no quiere tener más problemas con Acción Social, que ha señalado que no está entregando sus propiedades para reparar a los afectados por su grupo”. 

Según el ex paramilitar, más de 21 predios que entregó a la Agencia Presidencial y que están avaluados en más de 30 millones de dólares aproximadamente, se están deteriorando por falta de mantenimiento. 

La propuesta de Mancuso sería presentada este viernes 27 de febrero al fiscal general de la Nación, Mario Iguarán Arana, y al jefe de la unidad de Justicia y Paz, Luis González León, quien ya se encuentra en Estados Unidos adelantado las gestiones para que otros ex jefes ‘paras’ reanuden su proceso. 

El ex combatiente aseguró que abogados inescrupulosos son los que han asesorado a los habitantes del Guamo (Tolima) donde se encuentran algunas de sus propiedades para que no las entreguen para la reparación. 

“Cuando yo dispuse que las propiedades ubicadas en el Guamo (Tolima) fueran entregadas a las víctimas, muchas personas asesoradas por abogados inescrupulosos le han dicho a estos habitantes que se presenten como víctimas, que digan que fueron amenazadas o desplazadas de la región o compradas a un bajo precio las fincas”, indicó.

Carta abierta al doctor Eduardo Pizarro Leon Gómez, presidente de la comisión nacional de reparación y reconciliación

22 de febrero de 2009 

TEXTO AUTENTICADO y VERIFICADO POR SU AUTOR 

He leído con detenimiento su entrevista concedida al periódico El País, el pasado 5 de febrero, y me es imposible quedarme callado como ex combatiente de la confederación de autodefensas y como ciudadano que le apostó a la paz del país, pues ésta me ha causado indignación, tristeza y dolor, ante todo, como colombiano. 

Indignación porque veo que, como bien lo dice el periodista Steven Dudley en su libro “Armas y Urnas”, “Trabajar en el tema de los derechos humanos es una labor peligrosa, en parte porque los absorbe la política”, y considero que en su entrevista todavía se percibe dolor politico por no haber podido concretar el sueño de rebelde de tomarse el poder en Colombia, por medio de las armas como lo planifico el comunismo para jugar a la dictadura. Sin embargo, ahora se presenta usted como juez, condenando a una parte de los actores del conflicto y excusando a los otros, poniendo de manifiesto su interés en que se les perdone y mostrando su dolor de humanista a favor solo de una parte de las víctimas del conflicto. Con esa actitud usted deja de ser garante de reconciliación y se convirtió en juez y parte, lo que lo lleva a dejar para la historia como memoria solo sus intereses. 

Tristeza, porque, por una nostalgia política, lo vemos más incitando a continuar ese círculo vicioso de violencia que no encuentra fin en nuestro país, al presentar el conflicto como la lucha entre buenos y malos, entre ángeles y diablos o, peor aún, entre soñadores revolucionarios y bandidos narcotraficantes. 

Y dolor, pues con esa entrevista desfigura las verdades de los actores y del conflicto mismo, a favor de sus intereses políticos, aprovechando la coyuntura de no permitirnos a los demás los mismos escenarios para defendernos de sus verdades a medias. Con actitudes como ésta no se logra cosa diferente que perpetuar el mismo espiral de violencia en que ambos participamos directa o indirectamente, desde orillas opuestas. De pronto, ese es su real interés político: que nos sigamos matando entre colombianos, como ha sido nuestra interminable historia de guerras civiles fratricidas. 

Desde esta celda fría, y encadenado como estoy, quisiera responderle con las mismas armas políticas con que usted ataca en su entrevista, a quienes por convicción, por miedo al secuestro, por miedo a la muerte violenta y por miedo a la imposición de un modelo de Estado totalitario, ideológicamente comunista opusimos resistencia armada a través de la conformación de grupos de autodefensa. Valga mencionar aquí que, el secuestro lo conocimos en mi sociedad y en mi pueblo con el caso del doctor Guillermo Castro Castro, un médico del estrato alto provincial, al servicio del pueblo; secuestro realizado por el M-19. 

Nosotros hicimos uso de nuestro legítimo derecho a la defensa individual y colectiva, para proteger nuestra vidas, nuestras libertades y nuestro sueño de Estado ideal, como única alternativa después de haberse cerrado las vías políticas y roto el último contrato social al que nos sometimos como ciudadanos, representado en la Constitución del 1991. Mientras tanto, su hermano Carlos y sus socios de banda, -a los que perdoné haciendo parte de la sociedad colombiana como ciudadano ejemplar de entonces, empresario y soñador de mejores tiempos para todos- se asociaban con Pablo Escobar, para hacer pedazos el sistema de justicia y acabar con la extradición por la vía violenta, sin importarles que con ello acababan no sólo con la poca institucionalidad que quedaba sino con la vida de miles de colombianos de bien. El y sus gozones de la revolución, doctor Pizarro, sí estuvieron al servicio del narcotráfico, él comportamiento de esa banda sí era de mercenarios, pues mostraron que actuaban sin ninguna moral de combate diferente a la plata. Hablemos con la verdad de todos, incluyendo la de los suyos. Hasta por mercenarios y narcotraficantes, yo como miembro de la sociedad de bien de entonces, perdoné a los suyos. 

Yo podría, doctor Pizarro, debatirle mucho sus argumentos políticos de rebeldía, pues no se entiende que hijos del que defendiera desde la institucionalidad armada lo que presenta nuestra historia como Frente Nacional, es decir, como la solución escogida para ocultar premeditadamente los hechos más bárbaros de guerra civil ocurridos durante el período denominado La Violencia, lideraran el discurso presentado políticamente como la respuesta armada a la exclusión de su participación en el poder. 

Impulsados por el partido comunista Colombiano se organizaron las diferentes bandas armadas con que se dio inicio al mayor ataque contra una sociedad de ricos, de medio-ricos y sobre todo, de muchos pobres. Entre, ellas el movimiento 19-Abril- banda a la que usted desde la distancia aplaudió-, y que me llevaron a mí y a los hombres bajo mi mando a enfrentarlas en todas sus estructuras para evitar la destrucción total de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras empresas, de nuestras sociedades y del país mismo. Lo trágico de todo esto es que los métodos hayan sido los mismos que les aprendimos a quienes fueron los verdaderos profesores de cómo accionar política y militarmente en una guerra civil irregular: la izquierda radical armada amante de la combinación de todas las formas de lucha. Y si es por las obras sociales le aseguro que yo sí desde la comunidad en la que vivía, antes que me atacaran y nos atacaran los que pensaban o piensan como usted, trabajé al lado de mi familia sin importarnos el detrimento de nuestro propio patrimonio económico, en ayudar a mejorar las condiciones de vida de muchos desplazados que llegaron a nuestro pueblo, huyendo de los ataques violentos producidos, por las bandas armadas del comunismo y que eran pobres, muy pobres. Por eso no entendíamos y nos preguntábamos ¿Cuál será entonces el pueblo que dicen defender? 

Pero, ¿sabe doctor Pizarro? desde esta fría celda, quiero seguir pensando, que nosotros concretamos el más grande hecho de paz que ha habido en el mundo – porque el gobierno no hizo nada para ello y esa es otra verdad que por interés político se le cuenta a medias al país y al mundo -, donde una organización política armada civil e irregular con todos sus defectos, errores y degradaciones, pero en su momento de mayor poder, victoriosa política y militarmente, de manera unilateral depuso voluntariamente las armas a favor del gran clamor de los colombianos: no más violencia. 

Algún día la historia terminará reconociendo que, por lo menos la confederación de autodefensas, tuvo coherencia política ante el sentir nacional, así hoy estemos pagando un alto costo por defender nuestras convicciones, incluyendo nuestro sueño de paz, que fue en últimas lo que nos llevó a las armas. Las cadenas con que hoy se me ata para movilizarme, son una dignidad que no se merece la ruidosa victoria que se arroga el Gobierno nacional, en los diferentes escenarios donde se presenta, usando nuestra voluntad política de paz como mérito propio sin permitirnos desmentirlo. 

Un ex miembro del M-19 dijo, “el hecho que uno tenga que coger las armas, no significa que uno tenga que adorarlas y que no haya un momento en el que toque dejarlas”. Qué fácil fue para quienes entonces pensábamos como una verdadera sociedad civil en una Colombia de todos y sin violencia, entenderlos y perdonarlos, cuando estaban derrotados política y militarmente y qué tan difícil ha sido para usted y para quienes no pudieron tomarse el poder por la vía armada entender que nosotros, victoriosos desde la resistencia armada, encontramos el momento políticamente correcto para dejarlas a sabiendas de que no era el momento militarmente correcto, pues la lucha continuaba ya que nuestros enemigos políticos persistían en la lucha armada y sabíamos que desde el gobierno y la regularidad jamás se les derrotaría. 

¿Por qué les ha sido tan difícil entender ese gran gesto de paz en beneficio de la Colombia que en su mayoría piensa diferente a ustedes? ¿Será que insisten en su ideal de llegar al poder por cualquier vía y han tomado nuestro gesto de paz y el hecho que el gobierno nos silenció después de haberle entregado las armas para vengarse de quienes responsabilizan de haberles truncado sus sueños de rebeldes de tomarse el poder así fuera por la vía armada? 

Doctor Pizarro, mi sueño de lucha por una mejor Colombia y en convivencia, hoy es más fuerte que ayer, mi concepción compartida por muchos compatriotas de ver a Colombia convertida en un país de regiones, sigue intacta, mis convicciones siguen hoy más fuertes que ayer, reconozco y pido perdón por haber utilizado las armas como vía política. Hoy estoy convencido de que es la más estéril y dolorosa para solucionar los verdaderos problemas que aquejan al pueblo colombiano y en particular el pueblo Caribeño, que ha sido el más olvidado por todos. 

La vía armada, solo ha servido como cortina de humo para que los dirigentes la utilicen como discurso para evadir sus responsabilidades, mientras la corrupción todos la volvimos nuestra amiga inseparable. Se lo dije a usted en su cara en la primera reunión que tuvimos ya desarmados y desmovilizados con la Comisión que usted preside: si la verdad no la asumimos todos aquellos a los que nos cabe responsabilidad, empezando por que se conozca la verdad pero empecemos por el principio reciente que no se quiere olvidar y sigue motivando discursos y violencia, como fue la conformación del Frente Nacional y quienes lo defendieron, allí encontraremos los verdaderos responsables del magnicidio de Gaitán- y el asesinato de cientos de miles de Colombianos- y lo podremos enterrar y ahí si, que descanse en paz. Que se conozca quienes fueron los responsables desde el comunismo, de la creación de las diferentes bandas armadas que organizaron para poner en la práctica la teoría Marxista-Leninista de la combinación de todas las formas de lucha con la intención de tomarse el poder para instaurar su dictadura del proletariado. Así empezamos Dr. Pizarro a resolver el verdadero nudo que enseñaron a amarrar ellos entre políticos y generadores de violencia, que al no ser señalados ni judicializados llevó a la repetición sirviendo de ejemplo hasta nuestros días, así algunos posteriormente hayan tomado distancia y se apartaran, hoy no los eximen de su responsabilidad histórica y legal al lado de quienes persistieron. 

Que se conozca quienes permitieron que naciera, creciera y se reprodujera en el tiempo hasta hoy, el fenómeno del narcotráfico con el que llevamos medio siglo y que termino alimentando la violencia venga de donde venga y degradando nuestros principios, valores y costumbres como sociedad. Que se conozca como, cuando, donde y porque se inició en nuestro país, las expresiones de resistencia civil armada, como herramienta de la necesidad de autodefensa, y sus gestores. Que se conozca cuando, por quien y con que finalidad se organizo y constituyo el partido político de la Unión Patriótica y quienes lo lideraron, así sabremos quienes engañaron a muchos soñadores de cambios para que asuman su responsabilidad que compartirán con los responsables de las muertes de quienes solo soñaban. 

Que se conozca cual fue la realidad hasta individualizar los responsables del secuestro y posterior asesinato del importantísimo líder sindical José Raquel Mercado, pues ellos se inventaron el ataque a los sindicalistas como medio de lucha. Que se conozca la verdad de adonde, como, cuando, quienes y porque se conforma las primeras expresiones del paramilitarismo y como termina el M-19 haciendo un acuerdo de no agresión con el. 

Que se conozca quienes participaron en representación del narcotráfico y del M-19 en la planificación de la toma del Palacio de Justicia y quienes fueron sus colaboradores. Que se conozca de una vez la verdadera historia de la toma del Palacio de Justicia. Que se conozca la verdad de los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán Sarmiento, Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Pizarro Leóngomez. 

Que se conozca la verdad de la alianza entre el gobierno Colombiano, la fiscalía general de la nación de entonces, el cartel de Cali en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela, las agencias de sicarios del narcotráfico, las autodefensas del Magdalena medio y las de los hermanos Castaño y agencias de gobiernos extranjeros, para la constitución de un frente común para acabar con Pablo Escobar, ensenándole a los Colombianos que el “fin justifica los medios”, dándole inicio a un comportamiento que ha servido de ejemplo para la repetición hasta nuestros días. Que se conozca la verdad de quienes quedaron por fuera siendo responsables de la infiltración de dineros del narcotráfico en campañas políticas de todo nivel incluyendo presidenciales, y como a afectado esta situación los niveles de corrupción tanto en el sector publico como en el sector privado. Que se conozca la verdad sobre la alianza entre la institucionalidad y el narcotráfico para la liberación del hermano del entonces secretario general de la Organización de Estados Americanos. 

Que se conozca la verdad de porque termino la constituyente del 91 prohibiendo la extradición de Colombianos para encontrar los vicios de nulidad que ella tiene. Igualmente porque el Congreso de la Republica aprobó en el año de 1997 nuevamente la extradición, sin retroactividad. Que se conozca toda la verdad del accionar político, militar, económico, social, cultural, y espiritual de las autodefensas de mi generación, incluyendo las que conformé y comandé y el porque se está repitiendo nuevamente el fenómeno, para poder culminar con la verdad verdadera del conflicto Colombiano en estos últimos 50 años que ha sido el mismo y no podemos conformar la verdad solo con la verdad de los últimos en llegar y participar en el. Que se conozca la verdad de todo lo que se hablo y los acuerdos a los que se llegaron en la negociación política entre el Gobierno Nacional y las autodefensas Colombianas. 

Se lo dije Dr. Pizarro; si no abordamos esa verdad no habrá verdad en Colombia, y las medias verdades solo sirven para alimentar discursos que invitan a la violencia, pues seguiremos mirando siempre con el retrovisor y recordando el pasado de acuerdo a los intereses de turno, es eso lo que no nos deja pasar la pagina de nuestra violencia, perdonarnos, reconciliarnos y poder por fin mirar hacia adelante construir las bases de la paz y trabajar por sostenerla en el tiempo para poder soñar con un futuro diferente para todos. No pido cárcel para nadie que contribuya con la verdad, pido perdón para todos y la verdad verdadera como instrumento reparador y reconciliador por excelencia. Solo así el pasado lo dejaremos como una pesadilla que no se puede olvidar para no volverlo a repetir pero igualmente para que el pasado no siga siendo escusa para mantenernos en el y no avanzar en la construcción de un mejor mañana. 

Ahora comprendo porqué a usted no le llamó la atención nuestra posición, tiene usted su propia historia familiar, tanto desde el establecimiento como desde la opresión armada y sus intereses tampoco le permiten decirla. Con su verdad Dr. Pizarro, solo habrá pequeñas verdades dentro del colectivo universal de la verdad del conflicto. 

Yo sé por qué, pero lo invito a que sea usted, a quien tanto le ha impactado la verdad que ha aflorado en nuestro proceso, que fue uno de nuestro compromiso con Colombia, a que, como conocedor del tema nos impacte con su verdad. Somos muchos los que por décadas, y después de perdonarlos, hemos estado esperando esa verdad como gesto reparador y reconciliador. 

Necesitamos que nos cuente quiénes fueron los encargados, desde el comunismo de motivar, fomentar, organizar, respaldar, ayudar, crear, participar y dirigir las diferentes bandas armadas para llevar a cabo su sueño de llegar al poder por la vía armada. Parecería que a la justicia colombiana le da temor judicializar a quienes fueron sus gestores políticos, militares, económicos, sociales, culturales y hasta espirituales pues al parecer hacen parte de lo que mal llaman hoy la intelectualidad, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los soñadores de paz, los generadores de opinión, los colectivos y sin colectivos, a quienes a diferencia de nosotros, nunca se les cerraron las vías para defender sus propias convicciones o intereses políticos, militares, económicos y sociales. 

Igualmente, como conocedor del tema -y miembro de una familia que ha estado presente en todos los escenarios de la violencia colombiana desde todas las orillas, aunque ahora sólo quiera mostrarse a favor de unas víctimas, como si todos no hubiéramos sido víctimas, cuando los suyos eran los victimarios y usted los aplaudía en la distancia- pedimos que nos impacte también contándonos quiénes fueron los responsables de la violencia partidista que generó tantas víctimas hoy olvidadas, también por usted, y que son responsables de la violencia que reinició, entre otros, Carlos Pizarro. Eso también es interés político. Si nos impacta doctor Pizarro contándonos esa verdad que usted conoce, le creeré que de verdad quiere luchar desde su posición personal para representar a la gran mayoría de nuestros compatriotas. De lo contrario la verdadera verdad histórica escrita por quienes usted contrató y dirige de lo ocurrido en el ultimo conflicto civil vivido por los Colombianos, será un simple libro mas para hacer política en beneficio propio por parte de quienes no lograron culminar sus sueños de rebelde y hoy se han victimizado para generar lastima, en vez de utilizar su condición, su experiencia y conocimiento para evitar la repetición y construir país. 

El lenguaje utilizado para hablar del conflicto no puede ser manipulado: la violencia no puede ser buena si viene desde la opresión armada y mala si viene desde la resistencia armada, la violencia ante todo es mala para todos. Las víctimas no pueden catalogarse como tales por solo ser parte del estrato económico menos favorecido y dejar de ser víctimas si pertenecen a un estrato económico trabajador. Los desplazados no pueden ser catalogados como tales solo si pertenecen a un sector cuyas condiciones de indignidad lo hacen inhumano y hoy los mostramos como pobres campesinos como si esa no fuera su condición de antaño. 

Recuerde que muchos de ellos vendieron sus predios por haberse cansado de estar solo administrando su propia miseria sin que nadie le extendiera la mano –esa es otra verdad contada a medias y que hoy utilizan personas como usted para bandolerizarnos-. ¿Qué pasará cuando Colombia sepa que parte de esos desplazados vendieron y recibieron dinero por lo suyo? No las regalaron, las vendieron al precio desvalorizado que llegó a tener la tierra por culpa del comunismo y sus diferentes bandas armadas. ¿Qué pensará Colombia cuando se demuestre que algunos de esos desplazados de hoy, ayer motivados desde una organización social acompañaron a muchos compañeros de rebeldía a matar, robar y desplazar a quienes trabajaban honestamente desde su posición empresarial de hombres de campo? Qué bueno que usted abra ese debate de cara al país, pero por favor ténganos en cuenta y permítanos tener el derecho que jamás le quitamos al M-19 y demás bandas armadas del comunismo que se desmovilizaron en el pasado de defenderse en los mismos escenarios que lo hacen quienes atacan en favor de sus intereses políticos. 

Cuanto quisiera seguir contestando su entrevista, pero tendría que utilizar palabras que podrían alborotar más su ira contra nosotros. Mis hombres y yo nada tuvimos que ver con la muerte de sus hermanos ni con sus heridas; sin embargo, nos sumamos al ex comandante Mancuso, cuando en esa primera reunión con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, a nombre de la ex confederación de autodefensas, le pidió perdón, así nada tuviéramos que ver con ella los presentes y nuestros representados y todavía dudo que haya sido una acción de las autodefensas y no del verdadero paramilitarismo de Estado que emana del Establecimiento y ese jamás se ha querido tocar, buscando siempre entre otros los chivos expiatorios que paguen. Parece que el perdón de ese día fue fingido para demostrar que usted como presidente de la Comisión era el primer colombiano en perdonar. Al M-19 yo si los perdoné desde el año 1989, como ciudadano integrante de la sociedad civil, cuando avalamos en un gesto de grandeza la amnistía e indulto que les permitió recuperar sus derechos civiles y políticos que habían perdido en la guerra, con el sueño de que dejaran tranquila a Colombia. Todavía recuerdo esa primera reunión con la Comisión, cuando el 90% de sus miembros llegó con la tintura en el dedo derecho muestra de que el día anterior habían participado en las elecciones internas realizadas por el Polo Democrático, incluyéndolo a usted. Ese día dije que estábamos perdidos, pues el gobierno después de nuestro gesto de paz con Colombia, nos tiró en manos de nuestros contradictores políticos, militares, económicos, sociales, culturales y hasta espirituales, para que se saciaran con nuestro proceso y bandolerizaran a su lado nuestra convicción de haberle apostado a la paz del país. Ese día también dije: ahora sí nos quedamos solos y perdimos si no se nos permite defendernos en los mismos escenarios desde donde se nos atacará. Su entrevista me ratifica hoy lo que dije en aquel entonces, pero seguiré adelante. 

Doctor Pizarro, yo estoy acá defendiéndome por una acusación de la cual no tengo responsabilidad sin desconocer y aceptar mis reales responsabilidades, hablo a nombre propio y de los hombres y mujeres que estuvieron bajo mi mando, no de más nadie. Estoy seguro de que nosotros hicimos políticamente lo correcto, al abandonar la vía armada como medio de lucha. Hoy ratifico que esa determinación política fue la correcta, así muchos de mis ex subalternos hoy presos y otros en la calle esperando la tan prometida reinserción laboral no lo entendieran en su momento y hoy sigan teniendo dudas, cuando tienen que volver a clamar por su seguridad y por la defensa de sus derechos naturales. 

Ojalá los brazos armados que organizó el comunismo y que hoy persiste en la vía armada como medio de lucha, entiendan, como lo dije en mi discurso de desmovilización, que llegó la hora de participar todos en la restauración moral del país, como invitaba Gaitán hace 60 años y hoy su invitación está tan vigente como entonces sin exclusión y con el aporte de todos, pues ellos con su concepción política también hacen parte fundamental para la Colombia de todos, eso sí, sin armas. 

Ojalá que quienes optaron nuevamente por la vía armada como medio político, desde las autodefensas gaitanistas de Colombia y las diferentes confederaciones de autodefensas entiendan que así el gobierno nos haya traicionado e incumplido y puedan tener todos los argumentos políticos para haber vuelto a las armas, la vía política armada no le sirve a Colombia para solucionar los problemas que la asfixian. 

No confundan los tiempos políticos como también no los quiso enseñar el comunismo por medio de algunas de sus bandas armadas, afortunadamente fue lo único que no le quisimos copiar. No puede ser que desde las autodefensas se le quite nuevamente al país el sueño de vivir sin violencia. Que ese costo político lo asuma el Gobierno que no ganará la guerra y que le quedó grande la paz. Hoy seguimos viviendo la misma horrible noche que desde hace 60 años y ustedes están siendo satanizados al igual que nos han satanizados a nosotros después de desarmarnos, solo podemos callarlos con hechos de paz, y el nuestro es único e inocultable, así persistan los ciegos, los mudos y los sordos que nos criminalizan a favor de sus intereses políticos, individuales o colectivos y en beneficio de lograr un mejor trato para sus compañeros de lucha. 

Ojalá que el narcotráfico entienda que ha hecho parte de la descomposición política, militar, judicial, económica, social, cultural y espiritual en que hemos caído y vivido los colombianos desde su aparición hace 40 años y ha sido motor para incrementar la violencia. Es hora de que piensen en ayudar a sacar a Colombia y al mundo de ese espiral de violencia y de degeneración. Los colombianos debemos de estar conscientes y el mundo también, de que es hora de dejar a un lado la doble moral. 

Hoy, lo digo con conocimiento de causa, sin temores sobre lo que se piense de mí, pues viví y conocí los efectos de su realidad y sus consecuencias. En el año 2002 invité al Gobierno americano para que me ayudara a combatir y a acabar con el narcotráfico, cuando por primera vez llegue a una zona donde encontré esta economía ilícita establecida con complacencia de los gobiernos de turnos y sus instituciones, nunca obtuve respuesta a mi invitación pública y la violencia se recrudeció en ese sector y los montos que esta actividad canceló como impuestos de guerra, ayudó a ello. 

No se trata de entregarle el Estado a los bandidos como lo he escuchado en muchos discursos politiqueros, se trata de ser realistas y recuperar el Estado en favor de todos los colombianos para dejar de ser los parias del mundo y poder suscribir, por fin, un nuevo contrato social que nos obligue a todos a acatarlo, a cumplirlo y a respetarlo. 

Ojalá que los colombianos entendamos y nos cercioremos qué es lo que queremos y si es la paz, empecemos por admitir que hay que hacerla con todos los que generan violencia, pues parcelarla también lleva a la repetición, y como dice usted Dr. Pizarro, y estamos de acuerdo, preparémonos para hacerle mayores concesiones a los brazos armados del comunismo de hoy FARC y ELN, pues ellos sí tiene ventrílocuos que no se avergüenzan de hablar en beneficio de su lucha y de una mejor salida del conflicto de acuerdo a sus intereses. De lo contrario su voluntad nunca será consecuente con el clamor nacional y no hay, hubo y habrá comisionado de paz para ello. Lo muestra la historia ayer y hoy. 

Ojalá el gobierno de turno se convenza de que la victoria militar desde la regularidad, jamás será posible si enfrenta un enemigo civil e irregular. Podrá diezmarlo, podrá quitarle movilidad, podrá quitarle acompañamiento y territorios, pero si no ha podido ni siquiera consolidar su política de seguridad en los territorios entregados por las autodefensas en su desmovilización. La paz no es de un gobierno, es de la nación entera y si la queremos nos toca a todos luchar por su 

consecución, es nuestro compromiso, nuestro deber y obligación, gústele o no, a los verdaderos enemigos de la paz. 

Doctor Pizarro, el silencio no me hará cómplice de lo que no fui y el miedo a responderle no me hará como ayer, pensar que definitivamente la única salida son las armas para responderle a quien nos ataca solo por satisfacer sus propios intereses. No, hoy soy un hombre que cree en la paz como única posibilidad de vida y lucharé por ella, así sea con las cadenas puestas como hoy las tengo. Lo invito a que desarme su corazón y de verdad ayudé a Colombia, para ver si por fin logramos que algún colombiano en el tiempo pueda contarle a alguna generación lo que se siente vivir sin estar día y noche acompañado de la violencia. Usted puede hacerlo y los suyos también si lo que realmente quieren son mejores tiempos para todos los colombianos. Por último, será mucho pedirle que su lenguaje, su discurso, sus actuaciones y el cumplimiento de sus funciones legales, coincidan con la responsabilidad que hoy usted ostenta como máxima figura de la reconciliación, que es el anhelo nacional. Ojala que si, si no renuncie o que Dios se apiade de Colombia. 

Rodrigo Tovar Pupo