Washington,
D. C., Noviembre de 2008
Señor Don
LUIS MORENO OCAMPO
FISCAL
CORTE PENAL INTERNACIONAL
Suscribe la presente SALVATORE MANCUSO GÓMEZ, identificado con la cédula de
ciudadanía número 6.892.624 de la ciudad de Montería. Departamento de Córdoba,
Colombia.
Soy
un ciudadano colombo-italiano, hijo de un inmigrante italiano y de una mujer
campesina, oriunda del Departamento de Córdoba, ubicado en el norte de la
República de Colombia.
Conformé un hogar y me dediqué al trabajo del campo en
labores de agricultura y ganadería, con el fin de sacar adelante a mi familia.
Realizando este trabajo honesto y, al igual que muchos otros empresarios del
campo colombiano, a finales de la década de los ochenta fui víctima de la
extorsión y de las presiones de grupos de guerrilla que desde hace varias
décadas asolan los campos de mi patria.
A
raíz de esta situación, que no pretendo justificar ni excusar, y del total
desamparo por parte del Estado para quienes como yo nos dedicábamos a hacer
empresa, generando desarrollo para el campo colombiano y que quedamos a merced
de la actividad violenta de los grupos guerrilleros, me involucré en el
conflicto armado interno colombiano, primero de la mano de las Fuerzas Armadas
de Colombia, el ejército colombiano me entrenó, me armó y me ayudó a combatir
conjuntamente con él a la guerrilla. Posteriormente a través de una CONVIVIR
que me entregó el Estado colombiano continué con mi lucha antisubversiva
realizando las tareas bélicas que el Estado no cumplía, bien por pura desidia,
bien porque en toda guerra hay trabajo sucio que hacer y lo hacían a través de
nosotros.
Finalmente,
en ese avance de la guerra, terminé integrándome a grupos privados ilegales de
autodefensa hacia mediados de los noventa (Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá y Autodefensas Unidas de Colombia –AUC-), con el propósito de seguir
enfrentando a la guerrilla, ya no solamente defendiéndonos de esos grupos, sino
atacándolos en los territorios en donde hacían presencia histórica en la zona
norte de Colombia, de esa manera ayudé a extender la lucha de la autodefensa y
a suplir en los territorios en los cuales expulsábamos a la guerrilla, al
Estado colombiano que poco a poco dejaba en nuestras manos la ocupación de los
territorios que íbamos conquistando.
Llegué
a ser el máximo comandante de los bloques Norte en una época y posteriormente,
de los bloques Catatumbo y Córdoba de las autodefensas unidas de Colombia, que
controlaban los departamentos del Norte de Santander y Córdoba,
respectivamente, esta última la tierra que me vio nacer.
Sin
embargo, a finales de la década de los noventa y a principios del nuevo milenio
y después de largos años combatiendo desde la clandestinidad a los grupos de
guerrillas, alejado de mi familia, entendí que era necesario hacer un aporte a
la paz del país, aún a costa de grandes sacrificios personales. Se trataba de
hacer un aporte para detener la vorágine de guerra y sangre. Es así como inicié
conjuntamente con los comandantes Carlos y Vicente Castaño una labor de
convencimiento al interior de nuestra organización, sobre la necesidad de
negociar con el Gobierno colombiano el desarme de nuestros combatientes;
buscamos e implementamos canales de interlocución con los Gobiernos de los
doctores ERNESTO SAMPER PIZANO y ANDRES PASTRANA ARANGO hoy expresidentes de
Colombia y posteriormente, con el Gobierno del doctor ALVARO URIBE VELEZ.
Desde
cuando comencé a desandar los caminos de la guerra, entendí que debía responder
por mis acciones ante la sociedad colombiana y, en particular, ante las
víctimas de los actos de guerra que cometimos las autodefensas, más aún
entendiendo mi posición de comandante. En este contexto las negociaciones realizadas
con el Gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez, tuvieron desde un comienzo como
premisas la verdad y la reparación a las víctimas; a cambio de ese compromiso
de nuestra parte, el Estado nos ofrecía una sanción penal alternativa, más
benigna que la ordinaria, atendiendo a los estándares internacionales de
justicia transicional y sin que ello significara la adopción de mecanismos
jurídicos de “punto final”. Entendimos los negociadores de las autodefensas que
el nuevo orden mundial del derecho de la guerra, iniciado sobre las ruinas de
la Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, con los tribunales ad hoc y
consolidado en el Estatuto de Roma que le dio vida a la Corte Penal
Internacional, parte de garantizar las expectativas de las víctimas sobre verdad,
justicia y reparación, y que a la luz de estos postulados no son de recibo las
leyes de “perdón y olvido”. El nuestro es el primer proceso de negociación en
Colombia y tal vez en el mundo en que un grupo armado al margen de la ley se
somete a la justicia atendiendo a estos parámetros del derecho internacional.
El
camino de la negociación del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano fue
difícil, escabroso, con muchas piedras atravesadas. Sin embargo no claudiqué en
mi decisión de retornar a los cauces de la civilidad, no con palabras y
manifestaciones vacías, sino con hechos: Me confiné, junto con los demás
comandantes, sin armas, bajo la vigilancia de agentes estatales, en la zona
establecida por el Gobierno colombiano para los diálogos de paz, en un paraje
rural de mi natal Departamento de Córdoba, conocido como “Santa Fe de Ralito” y
que se denominó “Zona de Ubicación”. Allí se realizaron las negociaciones con
el Gobierno, que llevaron a la expedición, después de un difícil trámite
legislativo, de la Ley 975 de 2005, que hoy se conoce como “Ley de Justicia y
Paz”, como mecanismo jurídico que permitiera nuestra reincorporación a la
sociedad. Sin embargo, antes de la expedición de dicha Ley, en una muestra de
mi compromiso con el proceso de paz, que en aquél momento era apenas una
expectativa con múltiples escollos, desmovilicé el aparato militar del Bloque
Catatumbo que yo comandaba y que ejercía influencia en el Departamento de Norte
de Santander, fronterizo con la República Bolivariana de Venezuela. Fueron
alrededor de dos mil combatientes los que entregaron sus armas al Alto
Comisionado Para la Paz, en el Municipio de Tibú, en los albores del mes de
diciembre del año 2004. También antes de la expedición de la ley 975 y como
gesto de paz y compromiso real de avanzar en el desmantelamiento de las
autodefensas, desmovilicé los combatientes del ejército de autodefensa que
lideré en el Departamento de Córdoba, llamado Bloque Córdoba, con otros casi
dos mil combatientes que estaban bajo mi mando.
Posteriormente,
ya desarmado pero todavía como vocero de paz de las autodefensas, atendí el
llamado del señor Presidente de la República, que en el mes de agosto de 2006
nos solicitó a los comandantes desmovilizados de las autodefensas unidas de
Colombia recluirnos voluntariamente en un Centro de Reclusión en el Municipio
de La Ceja (Antioquia), de donde fui trasladado, en diciembre del mismo año, a
una prisión de máxima seguridad en Itagüí al occidente colombiano. Siempre supe
y fui consciente que una de las consecuencias de mi voluntad de paz y de
desarme es que debo afrontar ante los tribunales y ante la justicia de los
hombres el juzgamiento y castigo que se derivan de los hechos que cometí cuando
estuve en la guerra que un día decidí librar en contra de las guerrillas de
izquierda colombianas y así lo he venido asumiendo.
Una
vez promulgada la Ley 975 de 2005, que estableció el trámite administrativo y
judicial para la reincorporación a la vida civil de los integrantes de grupos
armados al margen de la ley, con los compromisos de verdad, justicia y
reparación, fui el primero de los antiguos comandantes de las Autodefensas
Unidas de Colombia que manifestó ante el Gobierno colombiano la decisión de
someterse a sus procedimientos. Y una vez iniciado el trámite judicial por
parte de la Fiscalía General de la Nación, comparecí a las diligencias de
versión libre, con el compromiso de decir toda la verdad sobre mis actividades
dentro de esta organización armada ilegal, incluyendo los vínculos que con la
misma tuvieron en el pasado miembros de la clase política, empresarios, agentes
estatales e integrantes de otros grupos de interés en las regiones en las
cuales ejercimos influencia como autodefensas y en las cuales incluso
reemplazamos las funciones de seguridad, impositivas y hasta de administración
de justicia que habían sido abandonadas por el Estado Central colombiano.
Mis
declaraciones ante el Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz han servido de base
para el inicio de causas criminales contra agentes estatales e integrantes del
Parlamento Colombiano, la mayoría de las cuales han terminado en sentencias
condenatorias. En una de las primeras audiencias, el día 15 de enero de 2007,
presenté ante el Fiscal un documento denominado “Pacto de Ralito”, el cual da
cuenta de una reunión realizada en ese paraje rural del Departamento de
Córdoba, en la cual se suscribió un compromiso político entre las Autodefensas
Unidas de Colombia y varios congresistas, alcaldes y líderes políticos del
Departamento de Córdoba. Por estos hechos han sido encausados criminalmente, y
algunos de ellos condenados, entre otras personas, Miguel Alfonso de la
Espriella; congresista del Departamento de Córdoba (condenado); Eleonora
Pineda, Representante a la Cámara del mismo Departamento (condenada); José María
López (Gobernador del Departamento de Córdoba); Salvador Arana (Gobernador del
Departamento de Sucre); Juan Manuel LópezCabrales, Senador de la República;
Reginaldo Montes Álvarez (Senador de la República; William Montes, Senador;
Rodrigo Bustos de la Espriella, Senador; Freddy Sánchez y Juan Carlos
Ordosgoitia, Representantes a la Cámara por Córdoba.
De
igual manera he admitido mi responsabilidad en varios hechos de sangre
atribuidos a las autodefensas, algunos de ellos en connivencia con agentes del
Estado colombiano. Las diligencias de versión libre avanzaron sin contratiempo
hasta el mes de febrero de 2008.
Como
es de público conocimiento, el día 13 de mayo del año 2008, junto con otros
antiguos comandantes de las autodefensas, fui entregado en extradición al
Gobierno de los Estados Unidos, para responder ante una Corte Federal
Norteamericana por delitos de narcotráfico. Desde ese día me encuentro recluido
en la Prisión Federal de la ciudad de Washington, sitio desde el cual suscribo
la presente. Inmediatamente fui confinado en la prisión americana, a través de
mis abogados le hice saber a las autoridades colombianas, a las víctimas y al
país en general, mi decisión inquebrantable de continuar dentro del Proceso de
Justicia y Paz, cumpliendo con los compromisos de verdad y reparación, pese a
la tristeza que me produjo mi intempestiva extradición. Desde aquí, a través de
mi equipo jurídico, he restituido a sus legítimos dueños, tierras que les
fueron arrebatadas por las autodefensas.
Sin
embargo las dificultades para reanudar las diligencias de versión libre han
sido muchas. No obstante, a través de la gestión de mis abogados se ha
conseguido la reanudación de la diligencia de versión libre, por medio de
teleconferencia, a partir del próximo 18 de Noviembre.
En
mi sitio de reclusión he conocido el interés de su Oficina en el seguimiento
del Proceso de Justicia y Paz de Colombia, que ha incluido su presencia, señor
Fiscal, en mi país, en la exhumación de restos de víctimas del conflicto
sepultados en fosas comunes y en otras actividades tendientes a la salvaguarda
de los derechos de las víctimas. Las condiciones en que se reanuda mi versión
libre pueden limitar la participación de las víctimas, necesaria para que
Colombia termine de conocer mi verdad en relación con mi participación en el
conflicto armado y se satisfaga la expectativa de quienes fueron afectados por
mis acciones como integrante de los grupos de autodefensa en Colombia. Es por
lo expuesto que le solicito respetuosamente, señor Fiscal, que su Oficina haga
presencia en estas diligencias judiciales y ejerza una labor de constatación
del respeto a las garantías procesales y a los derechos de las víctimas. Estoy
seguro que esta presencia dotará al proceso de la confianza y credibilidad hoy
socavadas por la percepción que tienen las víctimas, de que nuestra extradición
se va a llevar la verdad que ellos anhelan conocer, anhelo que desde mi
posición de victimario arrepentido, reivindico como legítima.
Del
señor Fiscal, con sentimientos de consideración.
