domingo, 28 de octubre de 2007

Entrevista de Associated Press (AP) a Salvatore Mancuso

www.univision.com

ITAGUI, Colombia (AP) - Salvatore Mancuso ha revelado más nombres de congresistas, generales y bananeras estadounidenses que cualquier otro caudillo paramilitar, que supuestamente se beneficiaron del sanguinario ascenso de las milicias de extrema derecha.

Eso lo ha puesto en aprietos. ¿Qué tanto puede el que llegó a ser el más importante comandante de esos ejércitos privados delatar a los que eran sus aliados sin hacerse asesinar por ello?
Muchos de aquellos, después de todo, son allegados al presidente Alvaro Uribe, por quien Mancuso dice que sus fuerzas ordenaron votar a la gente en las áreas que controlaban en las elecciones presidenciales del 2002.

"He caminado todo el tiempo al filo de la navaja", dijo Mancuso en una entrevista con The Associated Press desde la cárcel en Itagüí, un suburbio de Medellín.

Dijo que intenta persuadir a reticentes subalternos de la extinta confederación paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizó a 30.000 hombres bajo un pacto de paz del 2003, a confesar asesinatos e identificar fosas comunes. Estados Unidos catalogó en el 2001 a las AUC como una organización terrorista.

El testimonio de Mancuso, dicen fiscales, ha ayudado las investigaciones que mandaron a prisión a 13 aliados de Uribe en el Congreso, bajo cargos de conspiración por aliarse con las AUC en el creciente escándalo de la "parapolítica".

Recientemente un tío segundo y antiguo aliado político del presidente, Mario Uribe, renunció a su curul del Senado después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo por el escándalo, basado en parte en el testimonio de Mancuso.

Mancuso, descendiente de italianos y vinculado por autoridades de ese país con la drangheta, como se llama a la poderosa mafia calabresa, podría fácilmente incriminar a más prominentes colombianos, pero anda con precaución extrema, por una cuestión de supervivencia.

El vacío de poder por la desmovilización paramilitar ha desatado una guerra abierta entre remanentes de esas milicias y ejércitos de narcotraficantes que ha cegado decenas de vidas.

Mancuso no se preocupa sólo de sí mismo _encarcelado junto a medio centenar de la cúpula de paramilitares dentro del ala de máxima seguridad de la prisión de Itagüí_, sino también de su familia.
El año pasado dijo que dos hombres intentaron matar a su hijo de 11 años _tiene cuatro hijos de dos matrimonios_, pero que escapó ileso porque el ataque fue repelido por los guardaespaldas del niño.
Mancuso, hijo de 43 años de un italiano inmigrado de Salerno, Campania, quien poseía distribuidoras de vehículos y maquinaria agrícola, se entregó en diciembre del 2004.

La élite empresarial y política que respaldó su movimiento, que brutalmente contuvo las extorsiones y secuestros de la guerilla en vastas regiones que largamente fueron descuidadas por el gobierno, ahora reniegan haberlo hecho por temor a terminar compartiendo la prisión con Mancuso, aseguró.

Aspiraba a una curul del senado, pero bajo la ley de Justicia y Paz que reglamentó su desmovilización, no puede postularse a cargos públicos. Eso no le impidió crear una página web con algunos anuncios y recientemente se unió a la comunidad social en red de Facebook.

Como los otros caudillos paramilitares, Mancuso tiene celular, computadora con internet, cocinero privado compartido y visitas extendidas en su celda.

Bajo el acuerdo de paz, los jefes paramilitares pagarán hasta ocho años de prisión si confiesan todos sus crímenes, cesan sus actividades ilegales y reparan el daño ocasionado a sus víctimas.
Aun así, su cooperación con la justicia ha sido lenta.

Uno de los compañeros de Mancuso, Carlos Jiménez, fue transferido el mes pasado a una fragata de la Armada, acusado de seguir traficando cocaína a los Estados Unidos, y se anticipa que será extraditado allá para enjuiciarlo.

Los hombres de Mancuso produjeron 230 toneladas de cocaína de 1997 al 2004, dijo, con un 70% de los ingresos de los paramilitares dependiente del narcotráfico.

El resto de sus finanzas provenía de "impuestos " pagados por hacendados, tenderos, transportistas, embotelladoras de bebidas y casi todos los comerciantes, dijo Mancuso.

Eso abarcaba a los exportadores de bananas colombianas, agregó, que les pagaban tres centavos de dólar por cada caja embarcada. Chiquita Brands International Inc. admitió pagos regulares a la AUC y se sometió a una multa de 25 millones de dólares fijada por el Departamento de Justicia estadounidense. Otras bananeras estadounidenses niegan haber hecho pagos.

El gobierno de Uribe ha congelado la extradición a Estados Unidos de Mancuso, pedida en el 2002 por una acusación de tráfico de drogas. Mientras cumpla con las condiciones del acuerdo de paz también evitaría la sentencia de 40 años de prisión en Colombia por haber supervisado una matanza de 15 campesinos asesinados a lo largo de tres días en 1997, que Mancuso consideró "una operación militar ".

Mancuso afirmó a la AP que ordenó más de 300 muertes mientras los paramilitares establecieron mini-estados soberanos desde fines de los años 90, mayormente a lo largo de la costa caribeña, de la que es nativo.

Sus tropas condujeron a cientos más a la muerte. Un ex subordinado, Jorge Iván Laverde, se atribuyó el mes pasado unos 2.000 homicidios, lo que haría languidecer las estimaciones del gobierno de 10.000 muertos en todo el país.

Mancuso insiste en que casi todos los muertos bajo sus órdenes eran o guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, algo que refutan grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Sentado sin calcetines con mocasines informales, una camisa a rayas amarillas y pantalones flojos color verde olivo durante la entrevista, Mancuso consideró los testimonios de víctimas de atrocidades como mentiras difundidas por simpatizantes de la guerrilla.

"Yo nunca di la orden a mis combatientes: entierren a la gente, desaparezcan a la gente. Si a la gente se va a dar de baja (matar), hay un motivo para darle de baja... nunca dije que torturaran", sostuvo.
Sus ojos se humedecen cuando responde positivamente a si personalmente mató gente, pero dijo que lo hizo en combate. "Me sigue doliendo en el alma", expresó.

Respecto al presidente Uribe, quien niega haberse reunido con paramilitares o buscado su apoyo, Mancuso dijo que nunca lo vio cuando era paramilitar.

Cuando manifestó su interés de sacar a todos los rebeldes del campo, Mancuso dijo que "no tengo conocimiento de si él (Uribe) sabía o no sabía que nosotros lo estabamos apoyando".

Fue inequívoco, eso sí, en que las fuerzas armadas colombianas siempre ayudaron a las AUC _un asunto delicado en el congreso de Estados Unidos, en donde los demócratas buscan reducir los más de 600 millones de dólares de ayuda militar destinada anualmente a Colombia_.

Dijo que soldados colombianos lo entrenaron a él personalmente, mientras que oficiales les proveían a las unidades paramilitares informes y frecuentemente montaban operaciones juntos contra la guerrilla.
"El proceso de colaboración de las fuerzas militares, en todas las áreas donde nosotros fuimos un estado regional, se dio", afirmó.

Así se explica que "hayamos podido mover helicópteros del oriente al occidente por toda la costa norte de Colombia sin tener problemas", manifestó.

Sobre sus bienes, Mancuso dijo que no tiene dinero en los bancos ni oculto. Ha entregado más de 25 millones de dólares en propiedades pero dice que no puede costear el resarcimiento de sus víctimas.
Pero le es posible pagar un abogado en Estados Unidos para contactar a las autoridades judiciales allá, dijo.

Cuestionado sobre si eso significa que prefiere declararse culpable y reducir un eventual termino de prisión en Estados Unidos para cuando, en incertidumbre, salga de la cárcel en Colombia, ríe nervioso.


"No me haga responder eso".

sábado, 20 de octubre de 2007

Ex AUC: fase judicial del Proceso de Paz - Secuelas Nacionales e Internacionales

Ante la versión periodística transmitida en la emisión de las 7 pm del noticiero RCN del pasado 10 de octubre, en la cual se hace referencia a gestiones de tipo legal realizadas ante la Justicia de los EEUU por miembros representantes de las AUC, paralelas con el proceso de paz que se adelanta con el Gobierno nacional, es preciso aclarar a la Opinión pública lo siguiente: 

En ningún momento he considerado renunciar al procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz, por el contrario, en desarrollo de mi compromiso y determinación con la paz y reconciliación de nuestro país me acogí voluntariamente a él y es mi propósito responder ante la justicia, no solo la nacional sino cualquier otra que me esté requiriendo con ocasión de mi pertenencia a las antiguas AUC, pues solamente de esta manera podré reincorporarme plenamente a la vida civil. 

En añadidura de lo anterior considero necesario manifestar lo siguiente: 

1. No existe al día de hoy ninguna garantía constitucional ni manifestación pública del Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, donde se otorgue algún principio de solución ni mucho menos solución jurídica definitiva a los problemas judiciales subsistentes con terceros países derivados de mi pertenencia a las AUC en el marco del conflicto armado. 

2. La Ley de Justicia y Paz constituye la adecuación del régimen legal colombiano a los estándares internacionales vigentes. Lejos está de mi voluntad y determinación renunciar a ser cobijado por tal instrumento legal promovido por el Poder Ejecutivo, sancionado por el Congreso de la República y avalado por la Corte Constitucional de manera que Colombia honra así sus compromisos con la Comunidad internacional, compromisos que, como ciudadano colombiano, también me obligan. 

3. La desidia y el desinterés evidenciados por el Gobierno nacional, en todo lo relacionado con promover los acercamientos de rigor entre terceros países y los miembros representantes de las AUC, determina que debamos ser cada uno de nosotros por nuestra cuenta quienes tomemos la iniciativa a través de nuestros abogados, de actuar de manera responsable y consecuente también con la Justicia de otros países, sin que ello para nada signifique renunciar a nuestro derecho, voluntariamente asumido y sostenido, de ser juzgados en Colombia en los términos de la Ley 975, de Justicia y Paz. 

4. Colombia y la Comunidad internacional pueden estar seguros que los integrantes de las ex AUC honraremos nuestros compromisos con Justicia y Paz hasta donde el Estado nacional nos lo haga posible, y satisfaremos a la Justicia de terceros países en los términos que corresponde. 

5. El proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Autodefensas sigue vigente, así como continúa inconmovible nuestra decisión de honrar la palabra empeñada y los compromisos asumidos en la Mesa de Negociación. 

Aprovecho esta circunstancia para invitar al Gobierno nacional a relanzar el proceso, retomar la hoja de ruta y hacer públicos y visibles todos los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por consolidar el rumbo hacia la exitosa reincorporación a la vida civil de los más de 32.000 desmovilizados de las Autodefensas. 



SALVATORE MANCUSO 
Miembro Representante ex AUC

lunes, 15 de octubre de 2007

Ex AUC: fase judicial del Proceso de Paz - Secuelas Nacionales e Internacionales



Ante la versión periodística transmitida en la emisión de las 7 pm del noticiero RCN del pasado 10 de octubre, en la cual se hace referencia a gestiones de tipo legal realizadas ante la Justicia de los EEUU por miembros representantes de las AUC, paralelas con el proceso de paz que se adelanta con el Gobierno nacional, es preciso aclarar a la Opinión pública lo siguiente: 

En ningún momento he considerado renunciar al procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz, por el contrario, en desarrollo de mi compromiso y determinación con la paz y reconciliación de nuestro país me acogí voluntariamente a él y es mi propósito responder ante la justicia, no solo la nacional sino cualquier otra que me esté requiriendo con ocasión de mi pertenencia a las antiguas AUC, pues solamente de esta manera podré reincorporarme plenamente a la vida civil. 

En añadidura de lo anterior considero necesario manifestar lo siguiente: 

1. No existe al día de hoy ninguna garantía constitucional ni manifestación pública del Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, donde se otorgue algún principio de solución ni mucho menos solución jurídica definitiva a los problemas judiciales subsistentes con terceros países derivados de mi pertenencia a las AUC en el marco del conflicto armado. 

2. La Ley de Justicia y Paz constituye la adecuación del régimen legal colombiano a los estándares internacionales vigentes. Lejos está de mi voluntad y determinación renunciar a ser cobijado por tal instrumento legal promovido por el Poder Ejecutivo, sancionado por el Congreso de la República y avalado por la Corte Constitucional de manera que Colombia honra así sus compromisos con la Comunidad internacional, compromisos que, como ciudadano colombiano, también me obligan. 

3. La desidia y el desinterés evidenciados por el Gobierno nacional, en todo lo relacionado con promover los acercamientos de rigor entre terceros países y los miembros representantes de las AUC, determina que debamos ser cada uno de nosotros por nuestra cuenta quienes tomemos la iniciativa a través de nuestros abogados, de actuar de manera responsable y consecuente también con la Justicia de otros países, sin que ello para nada signifique renunciar a nuestro derecho, voluntariamente asumido y sostenido, de ser juzgados en Colombia en los términos de la Ley 975, de Justicia y Paz. 

4. Colombia y la Comunidad internacional pueden estar seguros que los integrantes de las ex AUC honraremos nuestros compromisos con Justicia y Paz hasta donde el Estado nacional nos lo haga posible, y satisfaremos a la Justicia de terceros países en los términos que corresponde. 

5. El proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Autodefensas sigue vigente, así como continúa inconmovible nuestra decisión de honrar la palabra empeñada y los compromisos asumidos en la Mesa de Negociación. 

Aprovecho esta circunstancia para invitar al Gobierno nacional a relanzar el proceso, retomar la hoja de ruta y hacer públicos y visibles todos los esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por consolidar el rumbo hacia la exitosa reincorporación a la vida civil de los más de 32.000 desmovilizados de las Autodefensas. 



SALVATORE MANCUSO 
Miembro Representante ex AUC