Comunicado Público

COMUNICADO PUBLICO

“Damos a conocer a la opinión pública Nacional e Internacional, el texto de la carta enviada al Sr. Presidente de la Republica de Colombia a raíz de las dificultades por las que atraviesa el Proceso de Paz con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia.”

Bogotá, Diciembre 2 de 2010

Doctor

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

Presidente de la Republica de Colombia

Ciudad.

Excelentísimo Señor Presidente.

Los Miembros Representantes y desmovilizados de las extintas Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia recluidos en el pabellón de Justicia y Paz de la Penitenciaria la Picota con sede en Bogotá, al Honorable Señor Presidente presentamos un respetuoso saludo convencidos que su gestión como primer mandatario junto con su excelso equipo de Gobierno, sembrará la bandera de la Reconciliación, la Paz y Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano.

No podemos soslayar el momento crucial por el que atraviesa el proceso de paz, en el que hemos comprometido nuestra palabra juntamente con la institucionalidad, además de todo nuestro empeño y voluntad en sacarlo adelante, compromiso reiterado por su gobierno al que brindamos nuestro apoyo exhortándole a la adopción de una política transicional que del conflicto se llegue a la paz, privilegiando lo político sobre lo jurídico, apoyado en modelos adoptados por otros países que han superado con éxito el conflicto interno.

Cobijados por la rectoría de la ley 975 de 2005, marco creado por el legislador para encaminar a Colombia a la paz, hemos de avizorar como lo han hecho ya muchas instancias públicas, privadas, nacionales e internacionales, en fallos, foros, comentarios y escritos que, en Colombia sin duda alguna se “está frente a un conflicto interno”, escenario que merece una decisión política de fondo, pues la “ley transicional” al ser examinada e interpretada minimizó su aplicabilidad, sumado a la inseguridad jurídica, o limbo jurídico en el que nos encontramos los postulados a esta ley, a la falta de mensaje esperanzador a los actores del conflicto, quienes deseamos sea su Gobierno junto a la decisión Legislativa e Institucional, salvaguarda de la vida dentro de un marco de paz, para la convivencia pacífica de nuestra patria.

A nuestros compañeros desmovilizados por fortuna en libertad inmersos en los programas del Gobierno Nacional, un saludo con abrazo de unidad, los instamos a proseguir el camino de la Paz, pues ello conlleva afrontar situaciones como la que estamos sorteando, pero la “palabra empeñada” no tiene escalón de reversa, más si, el convencimiento que con un nuevo marco político-jurídico se construirá el camino al puerto seguro de la reconciliación y reinserción alcanzándose el fin primordial de la paz.

Recogemos con beneplácito las Palabras del Señor Presidente, la diligencia de su Gobierno en producir un nuevo marco político y jurídico para resguardar a los desmovilizados en libertad, pero grande será si abordamos el proceso de paz buscando desde el contexto histórico del conflicto, abrir la puerta al diálogo Nacional con todos los actores del mismo, donde sin exclusión aportemos bases para un gran acuerdo que haga olvidar la horrible noche de la guerra y traiga la luz de la esperanza, amparados en decisiones democráticas que las sustraigan de retaliaciones externas o interpretaciones subjetivas, acompañados de una justicia restaurativa y por ningún motivo vindicativa.

Dando cumplimiento al artículo 22 de la Constitución Política, reclamando el Derecho Fundamental de la Paz y con el deber de alcanzarla, reiteramos nuestro compromiso para ello, tomando este tiempo de vacío normativo para esperar cual debe ser la decisión del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para brindar a los Colombianos la aplicación del artículo 2º inciso 2º de la Carta Fundamental al decir que: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Con nuestro más profundo respeto,

EDWAR COBOS TÉLLEZ

MANUEL DE JESUS PIRABAN 

RAMON MARIA ISAZA A.

LUIS EDUARDO CIFUENTES

LUIS EDUARDO ZULUAGA

JOSE BALDOMERO LINARES

OLIVERIO ISAZA GOMEZ

WALTER OCHOA GUISAO

JHON FREDY GALLO B.

Miembros Representantes Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas

Pabellón de Justicia y Paz Penitenciaria la Picota

Comunicado de Prensa

Northen Neck Regional Jail,

Warsaw, Virginia, EUU, 22 de octubre de 2010.

COMUNICADO DE PRENSA

SALVATORE MANCUSO GOMEZ, teniendo en cuenta las imprecisas y delicadas informaciones que circulan en los medios de comunicación con ocasión de la muerte del doctor Manuel Bernal, me permito dar a conocer a la opinión pública colombiana, lo siguiente:

1) Es cierto que el doctor Manuel Bernal adelantó algunos trabajos para mi familia y para el suscrito, fue contratado por las altísimas calidades humanas y profesionales que lo distinguieron. Lo que no es cierto, es que haya sido mi contador de confianza como lo han hecho aparecer en los medios de comunicación, básicamente adelantaba un trabajo de supervisión tributaria y verificación de documentos, información que en su gran mayoría tiene conocimiento la Fiscalía General de la Nación, por estar relacionada con los bienes inmuebles entregados para la reparación de las víctimas.

2) No es cierto, que el señor Manuel Bernal tuviera una lista con más de 120 bienes inmuebles que supuestamente van a ser entregados al Fondo Nacional de Reparación; dicha lista es inexistente.

3) No tenía ni tengo conocimiento respecto a las actividades profesionales que adelantaba el señor Bernal con otras personas naturales o jurídicas, conocí de su relación con la Federación Colombiana de Futbol hace pocos días, debido a la información publicada en los medios de comunicación luego de su lamentable homicidio.

4) No tengo ni he tenido ninguna clase de relación con la Federación Colombiana de Futbol, ni con ningún equipo de futbol profesional de Colombia.

5) La esposa del doctor Bernal se acercó a la Fiscalía General de la Nación para pedir protección, pero lamentablemente a los pocos días su declaración ya estaba filtrada y tergiversada en los medios de comunicación.

6) La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones pertinentes para dar con los responsables del vil homicidio del doctor Bernal, cualquier información proporcionada por una persona diferente a dicha autoridad, no deja de ser especulación.

7) He recurrido a todas las instancias judiciales y gubernativas solicitando protección para mi familia y colaboradores y no ha sido posible obtener ninguna clase de protección; Pocos días antes de la muerte del doctor Bernal, en audiencia pública adelantada en el proceso de Jorge Iván Laverde, solicite de manera directa la protección de mi familia y colaboradores, pero ya todos conocen el funesto resultado. Además es de público conocimiento que ya asesinaron un testaferro, al otro lo encarcelaron y la Fiscalía no ha ofrecido ninguna opción de seguridad física ni jurídica para estas personas.

8) Es deplorable la falta de compromiso del Estado Colombiano con quienes participamos en el proceso de desmovilización, a la fecha han asesinado más de 2000 desmovilizados, cientos de víctimas, defensores de víctimas que se presentaron ante las autoridades a pedir protección o denunciaron amenazas y muchísimos de sus familiares, en una campaña sistemática para silenciar la verdad, que incluyó nuestra injustificada extradición a los Estados Unidos.

Nuevamente reiteramos nuestra voluntad de cumplir con Dios, las víctimas, nuestras familias, la sociedad Colombiana y la comunidad internacional los compromisos establecidos en la ley de justicia y paz. En este sentido demandamos del Estado Colombiano el cumplimiento de sus obligaciones en el marco de dicha ley, al igual que el compromiso asumido de garantizar la seguridad física y jurídica, como condición necesaria para consolidar un verdadero proceso de paz, permanente y duradero.

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

C.C. # 6.992.624 de Montería

Carta a los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal

Warsaw,  29 de septiembre de 2010.

HONORABLES MAGISTRADOS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

MAGISTRADOS SALA PENAL

BOGOTÁ D.C.

C/C

Comisión Interamericana de Derechos Humanos - OEA

Corte Interamericana de Derechos Humanos – OEA

Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Corte Penal Internacional – Fiscal Jefe Luis Moreno Ocampo

  

Honorables y respetados Magistrados:

Reciban un cordial saludo:

Reitero en esta carta, respetuosamente otra vez más, mi determinación de continuar con voluntad y decisión inquebrantables en el proceso de Justicia y Paz que se adelanta en Colombia con fundamento en la ley 975 de 2005, al tiempo que para la superación de los escollos que expondré más abajo me veo en la obligación de insistir y redoblar el énfasis con mi vehemente y propositiva crítica ante los obstáculos, hasta hoy insalvables y totalmente ajenos a mi voluntad, que se interponen tozudamente en el camino de la impostergable necesidad y urgencia de perfeccionar y dotar de eficacia y seguridad procesal y jurídica al cumplimiento de mi largamente evidenciada colaboración con las autoridades judiciales.

Dentro de este espíritu de colaboración con la Justicia y de compromiso con la paz y reconciliación debo hacerles hoy partícipes de una decisión que no puedo eludir ni postergar porque mi comportamiento estaría avalando en los hechos aquello que mi conciencia no puede aceptar y que Colombia debe conocer porque de lo contrario estaría propiciando un simulacro de Justicia y una farsa que los colombianos y las víctimas del conflicto armado ciertamente no merecen ni aprueban, tampoco quienes le hemos apostado con honestidad a este proceso.

Las autoridades judiciales, al efecto de hacer Justicia completa y pronta, tal como Colombia exige con razón e impaciencia y las víctimas merecen de pleno derecho, requieren de mi aporte sin limitaciones ni cortapisas para el esclarecimiento de los hechos ocurridos y relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, Bloques Catatumbo y Córdoba, dentro del marco legal establecido por el Estado Colombiano, entiéndase, Gobierno Nacional, Congreso de la República y Rama judicial.

En consonancia con lo arriba manifestado y obrando en mi nombre y representación, en mi calidad de desmovilizado, postulado  y miembro negociador del Estado Mayor de las AUC, y en mi calidad de gestor y partícipe del Proceso de Paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Estado Colombiano, me veo ante el imperativo personal, en conciencia moral y  por responsabilidad ética de manifestarles que, al extraditarme injustamente, el Estado me ha colocado en unas condiciones que han empeorado día a día, en las que me es humanamente imposible cumplir con las exigencias de la Ley 975 y otras, por lo que me veo obligado a tomar LA DECISIÒN DE SUSPENDER TODA INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS ORDINARIOS JUDICIALES Y TAMBIÉN EN LAS VERSIONES LIBRES –DE HECHO SUSPENDIDAS DESDE EL 30/9/2009 Y QUE CONTINUARÁN SUSPENDIDAS- QUE CURSAN EN COLOMBIA ACTUALMENTE, ya sea en calidad de sindicado y/o como testigo, por los siguientes motivos y hasta que los mismos no hayan sido resueltos favorablemente a los principios insoslayables de verdad, justicia y reparación que hoy se hallan obstruidos y privados de medios y canales de realización suficientes y propicios:

El proceso de negociación con las Autodefensas y el desarrollo del proceso de Justicia y Paz, se enmarca dentro de lo que se denomina asunto de INTERÉS GENERAL, entendido, NO desde un enfoque cuantitativo sino desde un enfoque cualitativo, esto es, concebir la búsqueda de la Paz, como un asunto que integra el “COMÚN DENOMINADOR DE TODOS LOS INTERESES”  y ello fue lo que motivo a que el Congreso de Colombia, y la sociedad colombiana en general, aceptara y acogiera un marco jurídico que permitiera y facilitara el proceso de desmovilización y colaboración con la justicia de los grupos de autodefensas que operaban en amplios escenarios de la geografía colombiana, sacrificando en parte el principio retributivo de la pena, por las exigencias de verdad, reparación, justicia, no repetición y reconciliación, caminos necesarios para un transito a una situación de paz.

A la luz de la doctrina internacional y de la propia voluntad del constituyente colombiano, un proceso de paz, se desarrolla como una POLÍTICA DE ESTADO, no solo, de Gobierno, que compromete a las tres ramas del Poder público y que exige un compromiso serio y verdadero con el mismo. La realidad del proceso de Paz, con las AUC, deja mucho que decir frente al compromiso del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, en la medida que los términos legales,  las condiciones materiales, de recursos técnicos y las garantías y seguridades judiciales, se ven cada vez mas menguadas en detrimento no solo de las víctimas, sino incluso de los propios desmovilizados, quienes cada vez vemos mas lejana la posibilidad de justicia, verdad y reparación y para el caso de los desmovilizados, sentimos una frustración al no encontrar eco en las instituciones que nos permita reconstruir y contar la verdad, reparar y acceder a la justicia en las condiciones señaladas por la ley 975.

Desde el año 1997, cuando se iniciaron los primeros acercamientos con el Gobierno Colombiano, con miras a lograr un acuerdo de Paz entre las AUC y el Estado, he asumido una actitud de plena confianza y total colaboración con las autoridades nacionales e internacionales, con el fin de lograr la verdad sobre el fenómeno paramilitar, el resarcimiento moral y patrimonial a las victimas del accionar armado, y la justicia como pilar fundamental del proceso, con miras a lograr el perdón de las víctimas y de la sociedad en general, y la reinserción social a la vida civil. 

Pese a la voluntad de cooperación, el proceso judicial en Colombia en el marco de la ley de Justicia y Paz, se ha obstruido por causas NO imputables al suscrito ni a los demás desmovilizados y postulados y que se traducen en los siguientes aspectos:

-              La decisión gubernamental  de extraditarme hacia los Estados Unidos de Norteamérica, junto con otros lideres de las AUC desmovilizados y postulados dentro del Proceso de Justicia y Paz,  para que respondamos por el presunto delito de Narcotráfico, ha sido  un golpe mortal al proceso de justicia y paz, pues ha imposibilitado la reconstrucción de la verdad en las condiciones exigidas por la ley de justicia y paz y esperada por la Sociedad colombiana, al aislarnos de los demás miembros desmovilizados, de las víctimas y la sociedad comprometida con el conflicto armado.

-              La inexistencia de acuerdos entre el Gobierno Colombiano y de los EEUU para facilitar el Proceso de Justicia y Paz en Colombia dentro del marco de la ley 975, a pesar, que autoridades del gobierno central colombiano aseveraron públicamente lo contrario, lo cual ha dilatado de forma grave el proceso de Justicia y Paz, teniendo en cuenta las limitaciones en las que nos encontramos y con que se realizan las audiencias.

-              El no acceso a las fuentes, la información y documentación necesaria para garantizar la verdad contraría los establecido en los artículos 17 y 29 de la ley 975 de 2005, y desnaturaliza su espíritu, en cuanto a que, según los citados artículos, la verdad debe brillar en las diligencias judiciales y en la confesión de los hechos que conduzcan a clarificar lo ocurrido durante los años de lucha de las Autodefensas. La Corte Constitucional en la sentencia C-370 de 2006, señaló que la colaboración con la justicia, debe ser completa, veraz y eficaz, so pena de ser excluido de los beneficios a que alude la ley, en especial el gozo a disfrutar de la pena alternativa.

A pesar de los obstáculos puestos por el Estado Colombiano, hasta la fecha he cumplido en debida forma las exigencias de la ley y del proceso de Paz hasta donde me lo han permitido, demostrando total voluntad de contar la verdad sobre los distintos hechos que se investigan, entregando bienes que supera la suma de cincuenta mil millones de pesos colombianos, para resarcir a las victimas, cumpliendo de forma fiel mi compromiso con el país y la humanidad de no volver a delinquir y colaborando con las autoridades judiciales en las distintas diligencias.

No obstante lo anterior, la situación particular en la cual me encuentro en los EEUU como consecuencia de una decisión unilateral del Gobierno Colombiano, aunado a otros factores constitutivos de incumplimiento por parte del Estado Colombiano, entre ellos, la no recepción oportuna de los bienes dispuestos para las reparaciones de victimas y la campaña mediática de justificación de la extradición, de deslegitimación, la no aplicación del principio de oportunidad, el lentísimo ritmo en la celebración de las audiencias y la poca evolución del proceso de justicia y paz, la falta de seguridad jurídica para los postulados, desmovilizados y víctimas, la falta de seguridad física para los desmovilizados, las víctimas, sus familias  (a la fecha van mas de 2000 personas vinculadas con las desmovilizadas AUC asesinadas y más de 2500 desmovilizados que han pedido protección al Estado Colombiano) y para otras personas, verbi gracia apoderados judiciales, asesores, contadores, la falta de recursos humanos, técnicos, documentales para reconstruir la verdad, y la imposibilidad física de contacto con los desmovilizados y las victimas, entre otras, impiden seguir cumpliendo las exigencias del proceso.

Es de público conocimiento, que la extradición intempestiva e inexplicable fue disculpada el mismo día que se produjo ante la opinión pública por el Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez en alocución presidencial  afirmando que había tomado la decisión de extraditarlos porque “algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia   y todos incumplían con la reparación de las victimas…”.

No fue suficiente con extraditarnos de manera intempestiva e inexplicable a los Estados Unidos, sino también, que dicha decisión fue objeto de una campaña mediática engañosa por parte de algunos funcionarios del gobierno de ese entonces y por más de dos años, basada en afirmaciones contrarias a la verdad, prueba de ello, es el contenido de la respuesta al derecho de petición enviado al señor Presidente de la República, Doctor Alvaro Uribe Vélez, y contestado por el Viceministro del Interior y Justicia por expresa remisión, afirmado, que el fundamento de la decisión de extraditar a Salvatore Mancuso Gómez, no obedeció a que él continuara delinquiendo, aduce razones de seguridad Nacional y discrecionalidad como verdaderos motivos para entregar en extradición al señor Mancuso Gómez.

Sumado a lo anterior, funcionarios de ACCION SOCIAL y del FONDO NACIONAL PARA LA REPARACIÓN en forma paralela, emprendieron también una campaña mediática para deslegitimar la entrega de los bienes efectuada por el suscrito para reparar a las víctimas, llenaron los medios de comunicación con aseveraciones como: “MANCUSO MIENTE”,  LA ENTREGA DE BIENES POR PARTE DE MANCUSO ES MEDIATICA” MANCUSO NO HA ENTREGADO BIENES, MANCUSO ESTA ENGAÑANDO A LAS VICTIMAS, LOS BIENES ENTREGADOS ESTÁN EN MAL ESTADO, LOS BIENES ESTÁN EMBARGADOS Y DEBEN ALTAS SUMAS DE DINERO POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, entre otros, afirmaciones desmentidas en su totalidad, inclusive, por el mismo doctor EDUARDO PIZARRO LEONGOMEZ, Director del FONDO NACIONAL PARA LA REPARACIÓN, que, ante los evidentes resultados de las acciones judiciales adelantas por mis abogados, tuvo que resignar sus posturas en contra del suscrito y aceptar que efectivamente, SALVATORE MANCUSO GÓMEZ si había entregado bienes valiosos para reparar a la víctimas, y los funcionarios de ACCION SOCIAL, reconocieron de manera clara y expresa en plena audiencia pública de conciliación y juzgamiento del desmovilizado JORGE IVAN LAVERDE ZAPATA, que todos los bienes anunciados y entregados por el suscrito, existen y que los mismos los recibieron no por su voluntad, si no, como consecuencia de las acciones jurídicas adelantas por mis abogados. 

Honorables Magistrados, en una carta que les envié hace un año, el 30 de septiembre de 2009, les informé que suspendía mi participación en la fase de versiones libres del proceso de justicia y paz debido a que las condiciones en las que me encontraba y a la falta de garantías y seguridades jurídicas y físicas, entre otras. NO OBSTANTE  continué colaborando con algunas diligencias judiciales  para demostrar mi voluntad inquebrantable de seguir cumpliendo mis compromisos, lo que he hecho, insisto, hasta y como el Estado Colombiano me lo ha permitido; esperamos que se tomaran las decisiones pertinentes para lograr las condiciones y garantías necesarias para retomar de nuevo los compromisos, un año después, no se subsanaron los problemas ni se mejoraron las condiciones, por el contrario, se desmejoraron; recurrí a todas las instancias para intentar solucionar las dificultades, inclusive ante la Honorable Corte Suprema De Justicia mediante una Acción de Tutela, pero solo fue posible parcialmente, puesto que la única decisión obtenida positivamente, fue la proferida por el Magistrado con Función de Control de Garantías que obligó a Acción Social a recibir los bienes; respecto a las demás violaciones de mis derechos fundamentales, garantías y condiciones nada se pudo hacer, mi familia y apoderados  siguen sin protección, amenazados, perseguidos, han asesinado el contador, atentado contra mi hijo de 11 años, no se ha aplicado aún el principio de oportunidad, sigo en Estados Unidos sin las condiciones necesarias para reconstruir la verdad, tal cual me lo exige la ley, entre otras cosas. 

En los Estados Unidos, reitero, no se me permite tener las condiciones necesarias para reconstruir la verdad con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que la ley exige, pues, NO se tiene acceso a la información en sus diferentes medios (contacto telefónico y personal con otros excombatientes, victimas, autoridades judiciales colombianas, medios técnicos permanentes, entre otras), que ayuden a reconstruir los hechos, acceder a los documentos que permitan recordar y explicar las diferentes condiciones de ocurrencia de determinadas acciones y solo se me permite presentarme en una videoconferencia, sin recursos (informativos, documentales, testimoniales y otros) que ayuden a rehacer con fidelidad lo acontecido y ejecutado durante los largos años de lucha armada en contra de la insurgencia colombiana, en las condiciones materiales y formales, exigidas por la ley 975 de 2005.

El proceso judicial de la ley de Justicia y Paz como tal, está diseñado para durar un término aproximado de 100 días, entre el momento de la postulación, las audiencias preliminar, de imputación,  de  aceptación de cargos y sentencia e individualización de la pena. No obstante han transcurrido cinco años de entrada en vigencia la ley y a la fecha no existe una sola sentencia en firme, por cuenta de Justicia y Paz.

Los procesos judiciales en el marco de la ley de Justicia y Paz, en Colombia, NO se han desarrollado con la agilidad y efectividad exigida por la ley 975 de 2005. Ello se  debe a que la estructura y los recursos destinados para operativizar la ley, fueron insuficientes frente a la realidad de la estructura social de las autodefensas y al alto numero de desmovilizados, la mayoría de ellos en un limbo jurídico-político y todos sin seguridad jurídica, pues se habla de aproximadamente treinta y siete mil (37000) hombres.

Las dilaciones injustificadas del Proceso de Justicia y Paz, enmarcado dentro de estándares internacionales de Justicia Transicional y Restaurativa, genera serias dudas sobre lo que vendrá una vez se cumplan los términos y plazos definidos en la ley 975 de 2005, esto es, una vez superados los ocho (8) años de la máxima pena alternativa, sin que se hubiese investigado y fallado los procesos judiciales adelantados por hechos delictivos ejecutados en el tiempo de  pertenencia a un grupo armado desmovilizado, pese al cumplimiento de los desmovilizados y postulados, para brindar la colaboración requerida y la voluntad de continuar cumpliendo  fielmente las exigencias legales; esto para no hablar que la etapa investigativa y las condenas totales deberían haberse dado antes de que se cumplan los 5 años, tiempo mínimo de la pena alternativa.

La anterior afirmación encuentra eco, en decisiones institucionales como la asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Proceso Nº 34170, con Ponencia del Magistrado Yesid Ramírez Bastidas, mediante providencia de junio 24 de 2010, en la cual se CONFIRMO la decisión adoptada por una Magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, por medio de la cual negó una solicitud de libertad provisional presentada por la defensa del postulado Alonso de Jesús Monsalve Vanegas, bajo el argumento que La Ley 975 es clara en  “señalar que cuando un postulado ha rendido versión libre y se encuentra privado de la libertad a consecuencia de medida de aseguramiento proferida en otro proceso, continuará en esa situación por cuenta de la autoridad judicial que ordenó la medida cautelar (…) “Que es  a  partir  de  la  AUDIENCIA  DE  FORMULACIÓN  DE  CARGOS -siempre y cuando en ella (i) se incluyan los hechos materia del otro proceso, (ii) estos se relacionen con conductas punibles cometidas durante y con ocasión de la pertenencia del desmovilizado al grupo armado organizado al margen de la ley, y (iii) se profiera en contra del postulado medida de aseguramiento por parte del Magistrado de garantías-, que la privación de libertad del postulado corre por cuenta de la jurisdicción transicional”.

Esta interpretación es racional en un marco operativo que dé cumplimiento a los términos legales por parte de las autoridades publicas, pero en una situación de extrema paquidermia institucional, donde la morosidad, la negligencia y la desidia del Estado Colombiano, son las constantes, resulta esta interpretación una herida de muerte al proceso de Justicia y Paz, pues prácticamente los desmovilizados y sometidos a la justicia colombiana, hemos quedado en las manos de la justicia ordinaria y el marco transicional ha sido una burla del Estado, no solo a los desmovilizados, sino también a toda la comunidad nacional, internacional y en especial a las victimas. 

A la fecha, todos mis abogados han renunciado, y solo queda uno, que también me ha renunciado, el cual solo me acompañara en los compromisos de las diligencias de medida de aseguramiento, imputación, audiencia de conciliación y juzgamiento sobre los hechos ya declarados, ellos analizan y concluyen, que como se ha desarrollado el proceso de justicia y paz, la falta de recursos humanos, técnicos y financieros de la Fiscalía General de la Nación, Magistrados y demás autoridades competentes, la falta de compromiso, lentitud y desidia del Estado Colombiano, harán que ésta oportunidad de búsqueda de la reconciliación Nacional, paz y   justicia, terminará siendo una burla para las víctimas, la sociedad, las autoridades  y  los desmovilizados, a tal punto, por ejemplo, que muchos excombatientes que hoy en día no han sido postulados, prefieren que ya no lo sean, pues están a punto de cumplir sus condenas por justicia ordinaria, sin ni siquiera haber  comenzado legalmente su proceso de sometimiento a la ley de justicia y paz, u otros que vinculados a Justicia y Paz, no se les ha imputado ni un solo delito o no se les ha impuesto la primera medida de aseguramiento y están detenidos hace mas de 10 años. 

El incumplimiento de los acuerdos suscritos con las AUC para propiciar la desmovilización y sometimiento a la justicia, al igual que la sistemática y reiterativa violación a los términos legales definidos en la ley de Justicia y Paz, no solo comprometen los derechos fundamentales de los desmovilizados, sino que también afectan la credibilidad en el Estado Colombiano para cumplir sus compromisos, al igual que la legalidad, elemento este axiomático en el Estado de Derecho. También afecta los derechos de las víctimas a ser reparadas y no ser nuevamente revictimizadas y a la sociedad colombiana que tiene el derecho inalienable a la paz.

El estado Colombiano está generando impunidad y el Debido Proceso, ha sido sistemáticamente vulnerado y ello representa una gravísima violación a un derecho fundamental, el desconocimiento antijurídico de unos compromisos institucionales del Estado Colombiano, y una transgresión al Estado de Derecho y al Principio de Legalidad, y a los Tratados Internacionales sobre derechos humanos, suscritos por Colombia,  máxime que estamos frente a una persona que se desmovilizó, se sometió a la justicia y se encuentra bajo la tutela y el cuidado del Estado Colombiano, en amparo del Derecho Internacional Humanitario, los convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, entre otros. 

Honorables Magistrados, cada vez que una autoridad Colombiana, Americana o Extranjera me han citado para declarar, lo he hecho a cabalidad, al punto, que he declarado en el mismo proceso y sobre un mismo hecho tres, cuatro, cinco y hasta seis veces, quedando  demostrada mi voluntad, deseo,  compromiso y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en el marco legal del proceso de justicia y paz,  con las víctimas, la sociedad, las autoridades Colombianas, las autoridades Americanas y Extranjeras, todo ello, a pesar de las pésimas garantías y condiciones  en las que me colocó el Estado Colombiano, lo he hecho, como y hasta donde me lo han permitido.

Cuando me contaron que el Presidente Juan Manuel Santos,  aseguró en presencia de sus Ministros, de los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, congresistas, medios de comunicación y muy especialmente ante las víctimas, que LA LEY  DE VÍCTIMAS ES UN ASUNTO DE ESTADO, cosa que me alegró muchísimo, pero me sorprende que el primer paso necesario para reparar efectivamente a las víctimas y cumplir con el loable propósito, no sea el que las víctimas conozcan la verdad como mecanismo principal y paralelo al de la reparación material, a la justicia, a la no repetición y la reconciliación, nada de esto se ha tenido en cuenta, como tampoco,  que para hacerlo, es necesario fortalecer el proceso de justicia y  paz, brindar todas las condiciones y garantías para que los desmovilizados - postulados podamos reconstruir y contar la verdad y consecuentemente reparar de forma integral a las víctimas.

Mi compromiso de avanzar y sacar adelante este proceso de paz, incluida la importante etapa judicial y las otras que de aquí se derivan, es total. Mi arrepentimiento, mi pedido de perdón y búsqueda de la reconciliación y paz con todas las víctimas, Colombia, el mundo y mi familia, es un compromiso de vida. Por ello les ruego nos ayuden a encontrar  soluciones como nuestra máxima instancia judicial que son, y un compromiso serio y evidente por parte del Estado Colombiano de ajustarse a las exigencias legales y respetar las garantías sustanciales del debido proceso contenidas en la ley,  mientras no se brinden las garantías y seguridades judiciales necesarias para cumplir y hacer cumplir los presupuestos formales y materiales de la ley transicional de Justicia y Paz, y mientras no se brinden las condiciones de seguridad  física requeridas, para nuestras familias, desmovilizados,  testigos, simuladores y demás personas que corren peligro como consecuencia del proceso judicial de las AUC, suspendo por condiciones ajenas a mí que me hacen humanamente imposible continuar participando y cumplir con las exigencias de las diligencias judiciales de Justicia y Paz y Justicia Ordinaria, excepto, las diligencias de medida de aseguramiento, imputación y audiencia de conciliación y juzgamiento sobre los hechos ya declarados.

El Estado Colombiano me ha colocado en unas condiciones particulares que cada día se empeoran más, con el único fin de imposibilitarme, maniatarme, impedirme cumplir con las exigencias de la ley de Justicia y Paz y asi me es humanamente imposible cumplir y continuar participando de las diligencias judiciales.

Reitero mi  compromiso con DIOS, las víctimas, mi familia, la sociedad, con la verdad, la justicia, la reparación, la no repetición, la reconciliación, y la paz, y mi voluntad inquebrantable de continuar en el proceso de Justicia y Paz que se adelanta en Colombia con fundamento en la ley  975 de 2005, marco legal de Justicia Transicional establecido por el Estado Colombiano, entiéndase, Gobierno Nacional, Congreso de la República y Rama judicial, y la colaboración con las autoridades judiciales que requieran de mi aporte en el esclarecimiento de los hechos ocurridos y relacionados con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia,  Bloques Catatumbo y Córdoba, las cuales retomaré en forma inmediata, una vez se brinden las condiciones, garantías y seguridades necesarias para poder cumplir con los requisitos exigidos en la ley 975 de 2005.

Cordialmente,

Salvatore Mancuso Gómez

Carta de ex comandantes paramilitares recluidos en Itagüí dirigida a la Presidenta de la Comisión de paz

Cárcel de Itagüí, septiembre 6 de 2010

Doctora

PIEDAD CORDOBA RUIZ

Presidenta de la Comisión de Paz del Senado de la República

Bogotá

Respetuoso saludo

En días pasados con motivo de la visita a la cárcel de Itagüí de la Comisión encabezada por Usted y el doctor IVAN CEPEDA, tuvimos la oportunidad de darles a conocer, entre otros asuntos, nuestra visión sobre la trascendencia de los proyectos relacionados con la temática cardinal de la ley de víctimas y de la ley de tierras, próximos a ser debatidos en el Congreso de la República.

Asimismo hicimos ante Ustedes una exposición sucinta de las falencias y vacíos del proceso de paz con las extintas Autodefensas Campesinas, abandonado por el Gobierno a mitad del camino, y de las graves inconsistencias, incertidumbres, inseguridad jurídica, incoherencia y extemporaneidad de la ley de Justicia y Paz, como instrumento idóneo para la pacificación del país.

Sea propicia la ocasión para que a través de la Comisión de Paz presidida por Usted, los suscritos, en nombre de los desmovilizados del país formalicemos ante el Congreso de la República, como representante de la nación nuestra firme voluntad de coadyuvar y aportar en todo en cuanto pueda fortalecer desde nuestra experiencia y conocimientos, el proceso de sustentación argumental de los importantes proyectos mencionados, y de aquellos que contemplen reformas que doten de eficacia real el marco jurídico para el logro de la paz.

Nuestra intención se enmarca exclusivamente dentro de un sano propósito en favor de la paz, como predicado supremo de la nación y deber de todos los colombianos

Para efectos de concretar los términos de ésta manifestación de voluntad solicitamos a la honorable Senadora, Presidenta de la Comisión de Paz, considerar una visita de dicha Comisión al Pabellón de Justicia y Paz de la Cárcel de Itagüí

Respetuosamente,

FREDDY RENDON HERRERA

TD.2923

RODRIGO PEREZ ALZATE

TD. 2920

ARNUBIO TRIANA MAHECHA

TD. 2934

IVAN ROBERTO DUQUE GAVIRIA

TD. 2920

RAUL HAZBUN MENDOZA

TD.3484

JORGE IVAN LAVERDE

TD. 742

Carta al Dr José Miguel Insulza

Penitenciaria la Picota de Bogotá, Agosto 25 de 2010

Doctor

JOSÉ MIGUEL INSULZA

Secretario General de la OEA

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

De nuestra mayor estima:

Nos congratulamos por su presencia en Colombia y encontramos propicia la ocasión para agradecer públicamente en su persona el valioso aporte que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) con las Autodefensas Campesinas ha venido brindando, desde enero de 2004, al tránsito de la guerra a la civilidad que más de 30.000 ex combatientes de las autodefensas estamos protagonizando en pos de afirmar los caminos de la Paz y la Reconciliación Nacional.

Nos dirigimos a Usted en nombre de todos los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas y especialmente de quienes estamos recluidos avanzando en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tanto aquí en Colombia como en los EEUU, manifestándole que nuestra voluntad inquebrantable sigue siendo la de continuar avanzando en el Proceso de Paz y respondiendo rigurosamente los requerimientos de la Ley.

Valoramos positivamente y compartimos con la MAPP-OEA las preocupaciones que revelan sus sucesivos Informes acerca de los inconvenientes y riesgos que se han derivado de tan arduo intento pacificador como el que el Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas han asumido desde 2002 en las diferentes fases de Exploración, Negociación, Desmovilización, Reinserción y presentación ante los Tribunales de Justicia y Paz.

Punto sensible de extrema importancia es el asunto del sometimiento a la Ley 975, de Justicia y Paz, pionera en materia de Justicia Transicional y Restaurativa, que ha evidenciado durante su aplicación que exige ser perfeccionada, modificada en su articulado y simplificada en sus procedimientos , así como disponer de una mayor dotación de recursos humanos, económicos y logísticos, para convertirse en el instrumento legal que responda con celeridad y garantías del debido proceso, a quienes estamos en el país o fueron extraditados por causa de nuestra participación en el conflicto armado interno en situaciones tan intrincadas y vastas, inéditas en la historia de la Justicia en nuestro país. Esta adecuación de la Ley a la materia juzgada se requiere con carácter de urgencia para que no se esterilice en un laberinto sin fin, que vuelva imposible su cumplimiento.

Las características irregulares del conflicto armado, con sus variables múltiples y entrelazadas y sus conexiones sociales, políticas y económicas, nacionales e internacionales, tan complejas de desentrañar conspiran contra la eficacia del instrumento legal, y amenazan seriamente el conocimiento de la Verdad, la Reparación de las víctimas, la aplicación de la Justicia dentro de los tiempos previstos, y con ello la seguridad jurídica de todos los involucrados se vuelve inexistente. A grandes males, grandes remedios, y si habrá que llegar a cambios en la Constitución, incluso una Constituyente, Colombia deberá afrontar la misión de hacer posible la Paz no solo con quienes ya nos hemos desmovilizado sino con todos aquellos que permanecen alzados en armas y están dispuestos a seguir nuestro camino de regreso a la civilidad.

Si somos firmes en dar a conocer los obstáculos que se atraviesan en el camino de quienes hemos decidido y protagonizado nuestra desmovilización para sumarnos desde la civilidad a una democracia más inclusiva, más justa y representativa, es porque somos conscientes que detrás nuestro hay miles de colombianos queriendo salir de las fauces de la guerra pero han perdido la confianza en la palabra de los gobiernos pasados, desconfían de las instituciones y recelan de las garantías que el Estado les ofrece.

Por lo anterior, nos sentimos en la obligación moral de insistir ante quien corresponda, y lo hacemos hoy ante la OEA, ante Usted, en su carácter de Secretario General, sobre aquello que principalmente se interpone entre nuestra voluntad inquebrantable de cumplirle a Colombia y la necesidad de ambientar en nuestro País un clima social y político que haga posible un Gran Acuerdo Nacional de Paz con todos los alzados en armas y entre todos los Colombianos.

Urge la validación histórica que dé cumplimiento a los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas, de los cuales la MAPP-OEA es testigo y garante de primera mano, así como la necesidad impostergable de reformar la Ley 975, de Justicia y Paz, para que ofrezca seguridad jurídica a los postulados, garantías de satisfacción y Reparación a las víctimas, y conocimiento de la Verdad a Colombia y el mundo.

Quedamos a su entera disposición y cuenta la MAPP-OEA con nuestro testimonio permanente y solidaridad con su labor.

Con todo nuestro respeto y consideración,

COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS, PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ PENITENCIARÍA LA PICOTA DE BOGOTÁ

Carta a Gustavo Petro Urrego e Iván Cepeda Castro

Colombia, 6 de julio de 2010

Doctores

Gustavo Petro Urrego

Senador de la República

Iván Cepeda Castro

Representante a la Cámara Electo

Bogotá

Respetados doctores:

Los ex comandantes desmovilizados de las autodefensas campesinas, actualmente acogidos al régimen de justicia transicional contemplado en la ley 975 de 2005, respetuosamente nos dirigimos a usted con el fin de formular algunas comedidas reflexiones, a propósito de su propuesta al presidente electo doctor Juan Manuel Santos, encaminada a considerar, entre otros, la temática de víctimas y tierras, como componente del gran Acuerdo de Unidad Nacional.

Comenzamos por reiterar, en cuanto a las víctimas del conflicto interno respecta, que ninguna posición o aporte nuevo que pudiera considerarse, podrán ser ajenos a los referentes de la verdad y la reparación, obligaciones que hemos asumido como condiciones sustantivas de la justicia conmutativa, de la cual fue oferente el Estado en representación de la nación, como el instrumento de superación de la violencia desatada por los aparatos armados organizados, tanto en el interior del fenómeno paramilitar cuanto en el seno del movimiento guerrillero.

Para hablar sólo de lo que a nosotros concierne, significamos con lo expresado en las últimas líneas, que el aparato armado –inmerso dentro del fenómeno macro del paramilitarismo- constituye la punta del iceberg de este fenómeno cuya magnitud, aún no se ha exhibido ante los ojos del país en su real dimensión. Mientras tal circunstancia perviva, el paramilitarismo, hijo de la impunidad consentida, reproducirá en el tiempo y en el espacio, como la hidra de Lerna, su brazo armado.

Creemos, a modo de ejemplo, que cuando el Dr. Petro plantea ante el país la existencia en abstracto de 4 millones de hectáreas de tierra del más alto valor comercial, en manos del paramilitarismo y de lo que denomina las mafias del poder, no podrá estar refiriéndose al reducido número de dos docenas de ex comandantes de las extintas autodefensas, sometidos voluntariamente a la Justicia, como dueños en la sombra de semejantes extensiones. Pensando que sus cálculos, acaso discretos, abarcan la cobertura del fenómeno paramilitar en pleno, donde campean políticos, empresarios, funcionarios de alto nivel, grandes contratistas, inversionistas extranjeros y miembros de la fuerza pública. Todos ellos, ojalá, tan próximos a los beneficios de la Justicia de transición, como lo tendría que ser ante la sociedad su honesto compromiso con la verdad y la reparación, expuesta y jurada en los mismo escenarios judiciales, adonde concurrimos hoy nosotros bajo igual consigna y desde luego con la promesa irreversible del NUNCA MÁS.

Si ciertamente la opinión pública miró con beneplácito los alcances del inconcluso y controvertido proceso de paz, entre el Gobierno Nacional y las autodefensas campesinas, en cuanto a la real desactivación de las estructurar armadas, que eran la fuerza de choque del fenómeno paramilitar; tampoco resulta menos cierto que el país continúa evidentemente insatisfecho, y confía que la ley de Justicia y Paz, enfocada hoy principalmente a los ex combatientes, sea sometida a los ajustes que aconsejan las circunstancias actuales, para que realmente se convierta en el instrumento idóneo que le ponga fin al fenómeno paramilitar, el cual no estuvo en el orden del día de la mesa de negociación ni interesó al proceso de paz aludido.

Estamos atentos y muy interesados en participar y aportar, por los medios que se nos facilite, en el debate que insinúa la propuesta al nuevo gobierno. Nos parece que el problema concreto del acaparamiento de la tierra, la usurpación y concentración de la propiedad agraria, la violencia y el desplazamiento en el campo, y la consiguiente injusticia social contra el campesino, temáticas en las que con tanto empeño han persistido Uds., atienden y comportan situaciones no conocidas, las cuales por esta razón tampoco han sido abordadas dentro del contexto de la llamada verdad verdadera… aquella que nosotros conocimos, vivimos y protagonizamos durante más de 25 años de permanencia en los escenarios del conflicto.

De nada valdrá la desmovilización y desarme de las estructuras de autodefensas; de nada valdrá la comparecencia de los ex combatientes a la Justicia; de nada valdrá la aplicación del beneficio punitivo de la pena alternativa; en fin, de nada valdrá la verdad y la justicia a medias si quienes personifican el fenómeno paramilitar desde los distintos estadios de la sociedad y el Estado continúen agazapados detrás de los parapetos del poder político y económico, evadiendo a cualquier precio, la responsabilidad que están llamados a asumir.

Es incuestionable que la paz se construye a partir de los presupuestos básicos de Justicia, Verdad y Reparación. Pero no es dable concebir que este compromiso sea únicamente deber de quienes materializaron la guerra. La para-política como la para-institucionalidad, la para-economía, entre otros, tienen su puesto en el banquillo de los acusados, como hoy lo tenemos en las cárceles quienes hartados de la guerra asumimos el gesto honesto de renunciar a la violencia, presentándonos ante Colombia con el único rostro que poseemos.

Con nuestros más sinceros deseos de aportar a la construcción de un mejor país.

Respetuosamente,

FREDY RENDÓN HERRERA

RAÚL EMILIO HASBÚN MENDOZA

RODRIGO PÉREZ ALZATE

ARNUBIO TRIANA MAHECHA

JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA

ÁLVARO SEPÚLVEDA QUINTERO

EDWAR COBOS TÉLLEZ

JESÚS IGNACIO ROLDÁN

Entrevista de Salvatore Mancuso concedida al periódico El Colombiano

12 de mayo de 2010

Entrevista por Carlos Alberto Giraldo

El Colombiano, de Medellín

DESDE PRISIÓN, EN Virginia, E.U., el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso habla de su situación y del proceso con las Auc. Dice que es imposible esclarecer la verdad con un Gobierno que silencia las "alianzas macabras" que alentaron el poder.

A dos años de su extradición a Estados Unidos, al lado de la mayor parte de los jefes de la cúpula paramilitar, Salvatore Mancuso acusa al Gobierno de impedir sistemáticamente que avance la reconstrucción de la verdad sobre los crímenes y las relaciones de las autodefensas con poderes militares, económicos y políticos "que se lucran con la guerra".

Mancuso responde un cuestionario que este diario hizo llegar a su celda en la cárcel Northern Neck Regional, en Warsaw, Virginia, donde permanece desde agosto de 2009. Está absolutamente aislado del resto de los internos y no sabe si allí están presos otros ex jefes "paras".

En esa relación de poderes y de personajes con las Auc, Mancuso mencionó de nuevo al vicepresidente Francisco Santos y al hoy candidato a la presidencia Juan Manuel Santos, quienes han negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo o pacto con el ex jefe paramilitar y con las autodefensas, y quienes han pedido a la Fiscalía investigar sus actuaciones.

Tras dos años de su extradición, ¿qué reflexión e impresión tiene hoy de la negociación de las Auc con el Gobierno?

"El Gobierno me demostró que nunca tuvo real voluntad de privilegiar la construcción de paz, ni con las autodefensas ni con las guerrillas. El Gobierno le mintió al país y no cumplió su palabra ni su propia Resolución 303 de 2004 donde se comprometió a suspender mi extradición si yo cumplía unas condiciones las cuales cumplí en su totalidad. Hubo durante la era Bush un contexto político nacional e internacional que el Gobierno utilizó en beneficio propio, de su reelección y no de la paz de Colombia. El Gobierno lo pudo hacer con una alta dosis de maquiavelismo sin pagar un precio político proporcional a su gravedad pero al altísimo costo ético de una tragedia humanitaria para Colombia y sus víctimas, que exigirán cada día con mayor insistencia conocer no solo la verdad del conflicto armado sino también las verdades que permanecen ocultas sobre el azaroso desarrollo y estado actual del proceso de paz con las Auc".

Sabiendo lo que ocurrió, ¿negociaría una desmovilización hoy?

"Este Gobierno abusó de la favorabilidad tan generosa que le dispensó la opinión pública, y en nuestro caso defraudó la confianza que pusimos desde 2002 en su invitación a trabajar juntos para reinstitucionalizar el país y llevar el Estado social de derecho a las regiones que fueron de influencia de las autodefensas. Volvería a desmovilizarme pero lo haría con menos confianza y muchísima prevención ante las posibles maniobras y traiciones de este poder político gubernamental y con garantes que el gobierno evitó por todos los medios para poder hacer prevalecer sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación y poder incumplir lo pactado. Lo haría con veeduría de la sociedad civil, mediación de la Iglesia y presencia nacional e internacional de garantes que aseguren eficazmente con su imparcialidad que los acuerdos serán respetados dentro de un marco legal de riguroso cumplimiento para las partes. Insistir en la lucha armada es un gravísimo error de las guerrillas y las autodefensas rearmadas y una apuesta equivocada por parte de este Gobierno que espero remedie el próximo Presidente. Confío que a partir del 7 de agosto un gobierno distinto al actual le devuelva a Colombia la confianza en la legalidad y la democracia, y trabaje de la mano con la sociedad por la solución política, y no solo represiva, del conflicto armado".

Frente a las víctimas, ¿qué reflexión le merece estar preso y traer a su mente el recuerdo de las acciones de las Auc?

"Quienes predican la guerra es porque no la han conocido, o encarnan aquello de que los sueños de la razón engendran monstruos. Seguiré pidiendo perdón por las acciones abusivas y criminales de las Auc cuando excedieron toda proporcionalidad y razonabilidad de las acciones propias de una guerra, que de por sí siempre constituye un crimen contra la humanidad por mayor justicia que se quiera atribuir a sus causas. El dolor de todas las víctimas merece mi congoja, respeto y solidaridad, y compromete mi determinación de seguir adelante con Justicia y Paz, por la Verdad y la Reparación. No me cansaré de pedir perdón a las víctimas, el resto de mi vida ayudaré sin claudicaciones a alcanzar la reconciliación y la paz".

¿Será posible que el pueblo colombiano conozca alguna vez la verdad total de lo que pasó, de las relaciones de las Auc con sectores militares, políticos y económicos?

"Con este Gobierno ha sido imposible avanzar en la construcción de esa verdad porque nos lo ha impedido, ha preferido silenciar y ocultar las causas que mantienen vivo el conflicto armado y sirven como cortinas de humo que camuflan las corruptelas que alientan los nefastos poderes de turno. Solo el mea culpa del Estado, de los actores ilegales y la verdad sin eufemismos del gobierno y los actores involucrados en el conflicto nos liberarán de que hechos tan terribles se repitan.

La verdad que interesa al país y a las víctimas no se limita al brazo ejecutor sino que se alza río arriba y llega a quienes mueven los hilos del conflicto armado, quienes se lucran con la guerra, aquellos que establecen pactos, alianzas macabras que incluyen clases políticas, intereses empresarios, y altos mandos de las fuerzas de seguridad que alentaron el terrorismo de Estado. Sobre esta madeja criminal centré el desarrollo de mis versiones libres desde diciembre de 2006, y todo 2007, cuando mencioné incluso a personajes de tanto relieve como el vicepresidente Francisco Santos y el hoy candidato presidencial Juan Manuel Santos. No me limité a preparar con conciencia mis versiones libres sino que alenté a quienes habían sido mis hombres en la guerra a contar lo que sabían, incluso a mis ex compañeros comandantes los fui persuadiendo en el mismo sentido de no tenerle miedo a decir la verdad. Desde Itagüí envié más de diez cartas a las autoridades para que me facilitaran reunirme con mis ex subordinados para presentar la verdad ante Justicia y Paz del modo más completo posible con la información disponible. Pero aquel esfuerzo mío lejos de recibir el apoyo gubernamental aceleró en 2008 la decisión de extraditarme cuando al notar que no lograban silenciarme se confabularon todos los rabos de paja y verdaderos responsables de la tragedia que no quieren les caiga encima la responsabilidad que les cabe y prefieren criminalizar a unos pocos eludiendo responder ante la justicia, ante las víctimas y ante la historia".

¿Qué sabe de sus familiares, de la seguridad que tienen, de las garantías de protección que les ofrece el Gobierno, han tenido que salir del país?

"Mi preocupación es inmensa porque el Gobierno ha sido sordo a mis constantes reclamos, como si tanta angustia no solo mía sino de las víctimas actuales y las que debiera evitar el Estado le fuese totalmente indiferente; considero una perversidad que el Gobierno utilice esos temores para que no se conozcan las verdades".

¿Cómo se siente un hombre que tuvo tanto poder económico y hombres en armas y hoy está reducido a las paredes de una cárcel de máxima seguridad?

"Pertenecí a una organización armada ilegal que propuso al Gobierno desmovilizarse en el momento de su mayor poderío militar, económico, político y social. Me siento al igual que los desmovilizados de las Auc que actuamos de buena fe traicionados en nuestra buena fe por este Gobierno que subordinó el proceso de paz a su interés particular y estrategias de guerra. Traicionados también porque son ya 2.200 los desmovilizados asesinados y decenas de sus familiares muertos con el afán de silenciarlos y tender un manto de ignominia y calumnia sobre su destino atroz. Ante esta desgraciada realidad se suma la desazón personal de no tener hoy siquiera las condiciones y herramientas mínimas para trabajar con mejores y más prontos resultados por la paz y la reconciliación y el renacer próspero de una mejor Colombia como sigue siendo mi sueño y mi compromiso".

¿Qué piensa del conflicto armado colombiano hoy, de la guerrilla, de la corrupción y de los grandes problemas nacionales?

"La degradación del conflicto, la pobreza, la exclusión, el agravamiento del tema agrario, el narcotráfico, han seguido avanzando a pesar de nuestra desmovilización por la miopía guerrerista del Gobierno y sus oídos sordos al diálogo y los consensos. Veo con optimismo que en Colombia los ciudadanos se aprestan a votar mayoritariamente un mandato de legalidad y democracia por encima de cualquier mandato de guerra. Es un clamor popular que los actores del conflicto armado tendrán que tomar en cuenta, no solo las guerrillas y los demás ilegales sino también el nuevo Gobierno a partir del 7 de agosto. No veo contradicción entre seguridad y legalidad, más bien advierto que siendo conceptos centrales de toda democracia, es la seguridad la que debe subordinarse a la legalidad y no a la inversa. Los años no pasan en vano y las democracias maduran con su ejercicio y aprendizaje, no solo los ilegales, también los ciudadanos y los gobiernos deben entender que dentro de la Ley todo está permitido, y fuera de la Ley nada debe ser tolerado. Ese es el norte que me llevó a impulsar la desmovilización de las Auc, ojalá se convierta en el norte del nuevo Gobierno y Colombia apoye el esfuerzo. Veo que Colombia va en esa dirección cansada por tantos abusos, acciones ilegales, excesos y promesas incumplidas. Así lo manifiesta y manifestará en las elecciones presidenciales".

¿Tantos muertos, tanta violencia, tanto sufrimiento y dolor de un lado y de otro, para qué?

"El conflicto no lo originamos las autodefensas sino que la violencia nos arrastró, su difusión es responsabilidad primaria del Estado. Nadie pero mucho menos el Estado debiera permitirnos tomar la vida del prójimo o inducirnos u obligarnos a tomar esa vida en nuestras manos. Por eso urge hallar una solución al conflicto para que no se sigan acumulando víctimas, es el gran desafío del nuevo presidente porque el actual no pudo y se siguen produciendo víctimas. Si algún sentido puede encontrarse a la existencia del mal en el mundo es el de hacer que el bien se manifieste en contraste y remedio del mal. Las guerras no tienen otro sentido ni consecuencia que hacer desear la paz con más intensidad y así buscar los caminos del diálogo que conducen a ella. Colombia no puede demorar más la construcción de la paz, tengo eso muy claro desde cuando lideré el proceso de desmovilización y en ese camino sigo comprometido aunque este Gobierno haya pretendido silenciarme y extraditarme desterrándome de la solución de la tragedia colombiana".

De acuerdo con su proceso en E.U., ¿qué piensa de su suerte, ve posible salir de la cárcel, volver al país, hacer una nueva vida, o eso está lejos?

"Con Dios y la ayuda de su divina providencia todo es posible, sin ello cualquier intento es insuficiente. Mi vida es un acto de fe y lo seguirá siendo. Las personas merecemos una segunda oportunidad y para lograr ello las penas no deben ser ni pocas ni muchas, solo justas y deben servir para la resocialización y la reinserción por encima del castigo, la retaliación y la estigmatización".

¿De qué le sirvieron al país las Auc, para qué sirvieron sus acciones, su participación en la guerra interna?

"Por diversas razones que ya son historia, y no solo por la participación de las Auc en el conflicto armado, las guerrillas no pudieron imponer por medio de las armas su proyecto político. Las Auc fueron producto de una época aciaga de Colombia y del mundo, de la combinación de factores y formas de lucha, cuya responsabilidad recae sobre muchas naciones que hicieron que la guerra se generalizara y golpeara la puerta de quienes jamás debimos haber caído en sus tenebrosas redes".

¿Qué hace en prisión, cómo son sus horas y qué piensa de Colombia, hoy tan lejos, tan ajena?

"Lejos sí, pero ajena jamás. Mi cuerpo está en los E.U. pero mi corazón nunca se ausentó de Colombia. Allí están mis afectos y mi pasado, también mi futuro y razón de vivir, y tantísima gente a la cual le debo respeto y reconocimiento fraternal por su compromiso de paz y su incansable trabajo por la reconciliación nacional. Aquí las horas pasan lentas y la nostalgia es infinita, sin embargo, Dios sabe cómo hace las cosas, y con mis oraciones en Dios deposito mis culpas, mi arrepentimiento y también mis esperanzas. Lo que lamento ahora es que donde me debato en pos de verdad y reconciliación, solución política negociada y paz con justicia, haya quienes con malevolencia y prejuicio y porque se sienten afectados en sus intereses, incitan a ver resentimiento y mentira allí donde mis actuaciones ante la Justicia solo buscan el esclarecimiento de las verdades, y con ellas el fin de la cadena de mentiras y retaliaciones y el ingreso de Colombia al círculo virtuoso del perdón, la unidad nacional, la inclusión social y la pacificación de los espíritus".