A pesar de que el Alto Comisionado de Paz ha sido
reiterativo en expresar la posición del Gobierno, de no considerar la inclusión
de parte de los ex combatientes desmovilizados al sector público, nosotros
insistiremos en abrir el debate, en torno a la creación una suerte de organismo
oficial, encargado de la ejecución de algunas tareas muy específicas.
Cuando estamos próximos a iniciar la primera fase
del proceso de desmovilizaciones de nuestra Organización armada, nos parece
conveniente ante el país, hacer públicos algunos planteamientos sobre
alternativas viables para la reinserción de nuestros hombres a la sociedad y al
Estado Colombiano.
Es un hecho que la mayor expectativa de las tropas
a nuestro cargo, lo constituye las distintas opciones de vida digna que se les
pueda ofrecer, una vez hayan hecho formal retiro de las filas de las
Autodefensas Campesinas.
Comencemos por afirmar que una inmensa mayoría de
los miembros de los contingentes armados de la Organización no se encontrarían
en estado de interdicción penal, porque tengan en su contra investigaciones o
condenas derivadas de la comisión probada de delitos, distintos a los de
sedición, asociación para delinquir y porte ilegal de armas, en los términos en
que el código penal describe estas conductas punibles. Después de su
desmovilización, estos militantes de las Autodefensas Campesinas, quedarían sub
índice sólo por la sindicación que sobre los delitos mencionados, vendría aneja
con licenciamiento de las tropas en el marco del proceso de acuerdos con el
Gobierno Nacional.
Y es que lo anterior obedece sencillamente a la
circunstancia táctica, muy propia de las guerras irregulares, donde grandes
contingentes cumplen múltiples actividades ajenas a las áreas de combate, o
simplemente se mantienen al margen de cualesquiera acciones relacionadas con la
confrontación armada. En este orden de ideas están incluidos decenas de
centenares de hombres que operan como comisarios, personal de guardia y
custodia, estafetas, postas, operadores de comunicaciones, escoltas,
asistentes, rancheros, secretarios digitadores, conductores, mecánicos,
peluqueros, paramédicos, auxiliares de odontología, armeros, instructores,
contadores ecónomos, personal de enlace civil, cuerpos de los anillos de
seguridad, auxiliares de sastrería y zapatería, encargados de los medios de
divulgación, responsables financieros y en fin, todo los que conformen la red
de apoyo logístico de una Organización Armada.
Además, la naturaleza de las guerras no
convencionales, exige que posterior a la ocupación y copamiento de un
territorio, proceda su consolidación y posicionamiento a través de la
instalación y permanencia de grupos autóctonos, especializados en actividades
de vigilancia e inteligencia, los cuales operan mimetizados dentro de la
población civil, tanto en las áreas urbanas como rurales. Estas células son
vitales para las labores de infiltración e información, tan necesarias en las
planeaciones tácticas y estratégicas. Ninguno de los miembros de estos grupos
tiene responsabilidades en lo que respecta a la participación directa en las
operaciones armadas.
Pese a los esfuerzos oficiales, la experiencia de
Medellín es elocuente en mostrar la displicencia del sector privado, para
aportar a los programas de generación de empleo, que constituyen la espina
dorsal de los procesos de reinserción. En este sentido el concepto de
resocialización es delusivo, pues no comporta el ofrecimiento efectivo del
trabajo, como alternativa civilizadora que permita ocupar los brazos caídos, de
quienes abandonan voluntariamente el macabro empleo de la guerra. Cómo nos
gustaría escuchar propuestas sucedáneas de los labios, de quienes lanzan
excomuniones laicas contra todo aquel que pretenda reclamar del Estado su deber
empleador, a favor de aquellos que de buena voluntad deciden soltar las mismas
armas, que se vieron en la obligación de empuñar, cuando el Estado dimitió del
mandato colectivo de velar la vida, la libertad, los bienes y la paz.
Nos preguntamos qué convendrá más a la atormentada
sociedad colombiana: Ver a millares de muchachos ociosos, hundidos hasta el
fondo, sobreviviendo en medio de una ola terrible de violencia callejera,
similar a la que vive El Salvador de la posguerra interna, o en las garras
ansiosas y codiciosas de los ejércitos de los mercaderes de narcóticos, o
atrapados en los anillos constrictores de la guerrillas comunistas tan urgidas
de mano de obra. Para todas estas actividades, estos muchachos están perfectamente
capacitados pues vienen de la universidad de la guerra. O, a despecho de los
retóricos de la moral y de la ética pública, prefiere la sociedad ver a estos
muchachos desempeñando un oficio decente, en un organismo que el Estado
disponga crear, vigilar y administrar, para evitar que la violencia de estos
jóvenes vuelva por los campos de Colombia ¿Por qué no pensar que la dura
disciplina militar, aprendida para servir los intereses protervos de la guerra,
pueda revertirse a favor de los intereses que demanda custodiar la paz?
En este punto, es cuando proponemos que se cree una
entidad, que pudiera depender del Ministerio del Interior –no de Mindefensa–
cuyo objetivo sería el de cuidar, custodiar y proteger las obras civiles y la
infraestructura productiva localizadas en sitios muy distantes de los grandes
centros urbanos y consideradas por las autoridades, como objetivos estratégicos
de la guerrilla y la delincuencia común. Dentro de esta categoría se incluiría
los puentes, las torres de energía, las plantas y bocatomas de los acueductos,
las subestaciones eléctricas, las redes de oleoductos, poliductos y gasoductos,
las líneas férreas, los parques naturales entre otros.
No sabemos si alguno de los férreos opositores a
esta propuesta, se ha detenido a pensar, cuánto porcentaje de la Fuerza
Pública, que todos los colombianos sostienen con sus tributos y contribuciones,
está dedicado a cumplir tareas muy diversas, entre las cuales figura de manera
predominante la protección de las citadas instalaciones civiles. Según las
cifras del Ministerio de Defensa cerca del 60 por ciento o más de los miembros
activos de la Institución Militar, están ocupados en menesteres ajenos, a la
esencia y naturaleza de ese aparato del Estado. Es decir que sólo un reducido
número porcentual de los efectivos militares, enfrenta el desafío terrorista
planteado por las guerrillas comunistas contra la sociedad, las cuales sí ponen
al servicio de sus intereses criminales, toda la furia de la totalidad de su
máquina de guerra.
Es un hecho que nuestros hombres, futuros
excombatientes, están habituados, por su índole montaraz a convivir en medio de
situaciones muy hostiles, como las inclemencias del tiempo, la soledad, las
privaciones y la convivencia dentro de condiciones extremas. A nuestro juicio
estas exigentes circunstancias se asimilan a la ubicación y naturaleza física,
que caracteriza el entorno geográfico de las instalaciones civiles que
custodiarían y cuidarían los desmovilizados.
No quede duda que si no es primordialmente el Estado,
quién se apersone de la reubicación laboral de veinte mil. excombatientes, los
programas de reinserción exitosa a la sociedad, tendrán grandes tropiezos, un
círculo importante del sector empresarial privado, ha mostrado y demostrado un
interés patriótico con la paz, a través de propuestas muy audaces de proyectos
productivos, lo cual merece todo nuestro reconocimiento, pero seguiremos
insistiendo que el mayor empleador, en las actuales coyunturas políticas y
económicas, tendrá que ser el Estado, el mismo que en antes nos lanzó la guerra
y el que ahora nos rescata para la paz.
Santa Fe de Ralito. 26 de octubre de 2004
SALVATORE MANCUSO
ERNESTO BÁEZ DE LA SERNA
Dirección Política
Estado Mayor Negociador
Autodefensas Unidas de Colombia
Post
scriptum. Las Autodefensas Unidas de Colombia,
deslegitiman el anuncio reciente, aparecido en una circular volante distribuida
en el Valle del Cauca, en el cual se anuncia la creación de un supuesto grupo
de Autodefensas Campesinas, cuyos objetivos delincuenciales, distan de los
principios políticos e ideológicos de nuestra Organización Antisubversiva. De
paso rechazamos enérgicamente, la utilización abusiva de nuestra divisa de
"Autodefensas Campesinas".
