Prensa Nacional, de Bogotá
Seguidamente transcribimos apartes de la versión libre rendida ayer martes por Salvatore Mancuso ante el fiscal de Justicia y Paz en la ciudad de Medellín.
La declaración de Mancuso, que se publica a continuación, pone en el contexto de la doctrina de la seguridad nacional el fenómeno social y militar de las primeras autodefensas, y su propio ingreso en el conflicto armado a mediados de los noventa, citando documentos, manuales y reglamentos de las Fuerzas Armadas, así como declaraciones de destacados integrantes de las mismas en el período 1960-1993.
El énfasis lo pone el ex jefe de las Autodefensas en el carácter de política de Estado colombiano y el origen geopolítico trasnacional que ha tenido en Colombia el desarrollo del paramilitarismo de Estado y las autodefensas civiles, génesis de lo que derivaría años después en las Autodefensas desmovilizadas entre 2003 y 2006, hoy en curso de presentación ante los tribunales de Justicia y Paz en virtud de su sometimiento a la Ley 975 y a la justicia transicional allí establecida y refrendada por la Corte Constitucional en 2006.
Paramilitarismo de Estado
En el desarrollo de esta versión libre me corresponde honrar la verdad. Debo decirle que al hacerlo satisfago una convicción personal y cumplo lo dispuesto en la Ley de Justicia y Paz. No me mueve ante esta circunstancia ningún propósito distinto del de abrir el camino que nos ha de llevar al fin del conflicto armado y la no repetición de ideologías y estrategias que, de lado y lado, han producido tantas víctimas en nuestra Patria. Si manifestar la Verdad es una exigencia de la Ley de Justicia y Paz y además una convicción personal muy íntima no quiero que se interprete lo que he dicho y lo que voy a decir durante el proceso legal como el ejercicio de algo que tenga que ver con el revanchismo, el resentimiento o la vana politiquería, que muy a mi pesar, han rodeado y siguen rodeando el proceso de paz con las Autodefensas.
Dicho lo anterior, quiero decirle ahora que durante esta versión libre me limitaré a lo que resulta esencial al proceso, extremando la necesaria ponderación entre los hechos y los contextos en que estos hechos tuvieron lugar. No es este el escenario para una exposición académica, tampoco para una detallada enumeración de datos históricos. No quiero que se interprete mi voluntad de ponerle claridad a las cosas como todo lo contrario a lo que pretendo. Espero que usted me entienda, y que Colombia también me entienda. Lo cierto es que los hechos de guerra, así como los hechos políticos, no se producen en el vacío ni aislados de las coyunturas históricas. Existe un entramado de vivencias personales y colectivas que vincula el pasado con el presente, y el pasado reciente con el pasado más lejano. Procuraré entonces ser breve allí donde la brevedad no pueda ser vista como una forma de omisión. Y en cambio, me extenderé un poco más allí donde la extensión no pueda ser vista como un modo de tender cortinas de humo, o de enredar las cosas.
Mis comportamientos al interior de las Autodefensas que hoy están siendo juzgados son producto de decisiones personales, claro que sí, pero esas decisiones personales se tomaron por causas que nacieron también del contexto que yo estaba viviendo, y padeciendo, por un cúmulo de hechos no solamente ajeno a mi voluntad sino totalmente inmanejable en la mayoría de los casos. La Autodefensa ya constituía un fenómeno social cuando yo era solamente un niño. Y es más, era un fenómeno que se iría volviendo cultural y sociológico mientras yo transitaba mi adolescencia, y lejos estaba de mis intenciones y de mi auténtica vocación inmiscuirme en los asuntos de la guerra y sus derivaciones.
A estas alturas de mi vida, con los conocimientos y las experiencias que dan los años, veo en retrospectiva, con la claridad que no podía tener diez o quince años atrás, que la guerra de la que participé no solo comenzó mucho antes que yo hubiera nacido sino que también comenzó a gestarse a miles de kilómetros de distancia de mi Córdoba natal y tan amada.
La ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’, la definición del ‘enemigo interno’, la ‘lucha anticomunista’ y la estrategia política y militar de vincular al Pueblo con las Fuerzas Militares en el desarrollo de la ´guerra antisubversiva’ han sido moneda corriente desde comienzos de los años ’60, no solo en Colombia, en toda América Latina, con el auspicio determinante de los EEUU y así consta en numerosos estudios y publicaciones que no es el caso enumerar aquí porque existen suficientes y cualificados textos que describen la situación, en su génesis y en su desarrollo, hasta su culminación, como componentes de la Guerra Fría que se vivió entre 1945 y 1990, y que enfrentó en todo el mundo a los EEUU y Europa Occidental contra la Unión Soviética y sus países satélites.
Digo esto porque si en el curso de mi versión libre aparecen algunos nombres de altos oficiales de las Fuerzas Militares, vinculados a la guerra contrainsurgente, ello no debe extrañar a nadie porque la formación ideológica y militar que recibieron en los años de su formación ponía precisamente el énfasis sobre el enemigo interno, más que en el externo, y dentro del enemigo interno cabía siempre la caracterización del enemigo algunas veces con camuflado guerrillero y otras veces, las más de las veces, en el enemigo interno vestido de civil, viviendo como civil sin contacto directo alguno con las armas y las tácticas militares. Esto choca hoy, con razón y afortunadamente, a quienes han nacido y crecido bajo el influjo de la Doctrina de los Derechos Humanos, e incluso del DIH, pero el conflicto armado en Colombia nació con otras reglas bien distintas, dentro del marco de una guerra irregular, donde sí se practicaba aquello de que “el mejor enemigo es el enemigo muerto”, esto tanto para guerrilleros como para contraguerrilleros, legales o ilegales, civiles o militares, autodefensas o ideólogos de uno u otro bando.
De allí venimos, de esa lacra perversa y despreciable de la guerra irregular, adoctrinados unos desde los EEUU, otros desde la Unión Soviética y Cuba, unos desde su pasado de guerrilleros liberales, otros nacidos de las entrañas de las bandas parapoliciales de los conservadores. No han servido para detener esta guerra, ni para evitar su degradación, ni las mediaciones políticas ni de la Iglesia. No han servido ni el Frente Nacional ni los Estatutos Antiterroristas, ni los Estados de Sitio ni las Juntas de Autodefensa, auspiciadas en los reglamentos castrenses del Estado colombiano. No han servido ni las Autodefensas campesinas legales que alentaba el presidente Guillermo León Valencia a mediados de los ’60, ni las Convivir que estableció César Gaviria a principios de los ’90. No digo ninguna novedad si digo que, en términos de acabar con la guerra, no ha servido la Constitución del ´91 ni han servido de nada la desmovilización del EPL y del M-19. Y me atrevo a decir que ni la desmovilización de las Autodefensas, ni la misma Doctrina de la Seguridad Democrática, servirán de nada si se insiste en la estigmatización de quienes hemos hecho la paz, la pequeña paz que estaba en nuestras manos hacer, y que, a cambio de ello no hemos recibido sino retaliaciones de todo calibre, a diario en la prensa, a diario en la clase política y a diario en aquellos que no ven más allá de sus intereses gremiales y de clase social privilegiada y ajena a los dolores y estragos que produce la guerra y la miseria en millones de colombianos, que han visto pasar gobierno tras gobierno sin solución al conflicto armado y sin respuesta a sus urgencias sociales.
La guerra no ha sido entre unos y otros solamente por cuestiones políticas y militares. Este conflicto armado es antes que cualquier otra cosa, una guerra por el ingreso nacional, por su distribución, por dónde y con quién generar la riqueza de los colombianos, por la preeminencia del Estado o la de los ciudadanos, por el pensamiento único o por la libertad de expresión, por el Estado dictatorial o por las libertades públicas. Si no se entiende esto no se entenderá porqué en el desarrollo de mi versión libre mencionaré a integrantes del poder económico y político, personas que desde la defensa de sus intereses y sus ideologías encontraron en las Autodefensas, no un cómplice sino un aliado para la consecución de sus fines y la concreción de sus ideales de País. Seguramente, desde una visión distinta y hasta opuesta en muchos casos, las FARC y el ELN no difieren de esta expresión que estoy haciendo aquí. Sólo para los despistados o los que quieren sembrar la confusión con bastardos intereses las guerrillas y las autodefensas se armaron y combatieron por intereses de enriquecimiento personal, o por simple deseo de acumular poder sin ideología o visión de patria. No es así, y mientras así lo quieran seguir viendo algunos colombianos el país no tendrá más futuro que más guerra y más víctimas, y ninguna solución a nuestros males.
Cuando digo todas estas cosas percibo que estamos lejos como Nación independiente de haber logrado algo más que una Nación en el papel y en los mapas, y un Estado en gestación. Y de Nación independiente solo podemos hablar como proyecto, como una ilusión que se niega a morir pero que está lejos, muy lejos, de ser una realidad.
Si algo no quiero con la Verdad que aflore de Justicia y Paz es sembrar el desánimo y la resignación pesimista en mis compatriotas. Si no creyera en el futuro de Colombia y en la dignidad que merece y debe alcanzar como Nación y como Pueblo no tendría sentido ni haber protagonizado la desmovilización de las Autodefensas ni estar hoy hablando con la verdad, con toda la verdad, con todo el poder sanador y vivificante de la verdad.
Sé que ningún colombiano de bien y con fe democrática dejará de creer –tras el conocimiento de la verdad de las Autodefensas- en las virtudes intactas y el corazón sin mella de los Trabajadores y Empresarios colombianos, de sus intelectuales, académicos y científicos, de las Fuerzas Armadas, militares y policiales, y en general de todos los ciudadanos respetuosos del orden constitucional. Todos los colombianos debemos aspirar a salir fortalecidos en nuestro amor por Colombia, y hermanados en el sentimiento generoso de la reconciliación, tras la verdad que vayamos conociendo y comience a fluir entre todos nosotros, como el afluente de un río caudaloso, cuyo curso habrá de confluir más temprano que tarde con otros ríos que desde otras fuentes distintas a las Autodefensas terminen confluyendo todos en el necesario y sincero abrazo nacional que no pudimos lograr en el siglo XX pero que bien podemos proponernos alcanzar bajo la forma de un Gran Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación en estos albores del siglo XXI.
En su edición número 859, del 19 de octubre de 1998, la Revista Semana, de Bogotá, publicó con el título de DOCUMENTO, Las raíces del mal, algunos apartes del libro Fabricantes de miseria, escrito por los doctores Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa.
He considerado importante para contextualizar el tema del ‘paramilitarismo de Estado’ y su vinculación histórica con el fenómeno cultural, social, político, económico y militar de las Autodefensas transcribir íntegramente a continuación el documento publicado en la Revista Semana al que hago referencia. Recuerdo para su ilustración, que este artículo se publicó apenas 90 días después de producido el Acuerdo del Nudo de Paramillo, firmado entre las Autodefensas y distinguidos representantes de la sociedad civil, el cual sería dejado absolutamente de lado por el gobierno del presidente Pastrana con las consecuencias nefastas en términos de pacificación a los que en otro tramo de esta versión libre hago referencia.
Seguidamente, el texto publicado en Revista Semana, el 19 de octubre de 1998.
DOCUMENTO
Las raíces del mal
¿Por qué la guerrilla se hizo tan fuerte en Colombia?
Apartes del último libro de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa
“Colombia vive lo que ha dado en llamarse una guerra irregular. No es una guerra civil; ella no divide a la Nación; solamente la horroriza. Y no obstante su impopularidad, dicha guerra, conducida por las FARC y el ELN, al lado de otras organizaciones de menos importancia, crece y se extiende como un cáncer a lo largo y ancho del territorio colombiano dejando suspendida una grave amenaza sobre el futuro inmediato del país, sobre su orden jurídico y sus instituciones democráticas. ¿Cómo explicarlo? ¿Por qué en Colombia lo que en otros países fue un intenso pero efímero sarampión revolucionario de los años ’60 echa raíces tan profundas? Tres razones lo explican.
“La primera es de carácter histórico. A diferencia de lo ocurrido en otros países latinoamericanos, las guerrillas colombianas no fueron exclusivamente una empresa revolucionaria inspirada en la experiencia cubana. Tuvieron en realidad, un origen más profundo y antiguo: la situación de violencia vivida por el país en la década de 1947 a 1957. Dicha violencia, que sacudió con su barbarie el mundo rural del país provocando cerca de 300.000 muertos y el éxodo de millares de campesinos a las ciudades, fue una prolongación, en plena mitad del siglo XX, de las sangrientas guerras que a lo largo del siglo anterior enfrentaron a conservadores y liberales. Dueños del gobierno en 1946, merced a una división del Partido Liberal, los primeros quisieron evitar el regreso al poder de los segundos mediante la represión y la violencia, una violencia que llegó a su punto más dramático con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, ocasionando una de las más tremendas revueltas populares que se hayan conocido en el continente: el famoso ‘Bogotazo’. La desigual guerra civil que siguió a esta revuelta empujó a muchos liberales a los llanos y a las montañas. Surgieron así en Colombia las primeras guerrillas, como réplica a una feroz represión realizada por los gobiernos conservadores y por la dictadura militar de Rojas Pinilla, mucho antes de que se tuviera noticia de los barbudos de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Convertidas más tarde en autodefensas, catequizadas por el Partido Comunista, fueron la semilla de las FARC. El ELN, en cambio, aparecido a mediados de los años ’60, fue en su origen un movimiento guerrillero organizado por estudiantes entrenados en La Habana. Pero una y otra organización contaron con el apoyo de una base campesina forjada de tiempo atrás en la lucha armada y para la cual el Ejército y Policía eran ya sus enemigos naturales. Y este es un rasgo muy particular y distintivo de la guerrilla colombiana, sus raíces en una infortunada tradición nacional.
“La segunda razón que explica el alcance logrado en cuatro décadas por la subversión colombiana es el hecho de haber trazado una exitosa estrategia, que es a la vez militar, política y económica. La primera busca el control efectivo y gradual del territorio mediante la táctica, inspirada en el ejemplo del Vietcong, de fragmentar las fuerzas militares dispersándolas y colocándolas en una posición defensiva, mientras la guerrilla conserva toda su movilidad y la iniciativa y la sorpresa en sus ataques e incursiones. De hecho el crecimiento militar de la guerrilla ha venido cumpliéndose conforme a las metas que sus dirigentes se propusieron desde el comienzo mismo de la lucha armada. Así, los 15 frentes con 1.200 hombres que tenían las FARC en 1978, 20 años después llegan a 60 y el número de sus integrantes se calcula entre 12.000 y 15.000. De su lado, el ELN, que solo disponía en aquel entonces de cuatro frentes con 230 hombres en armas, hoy tiene 32 frentes con cerca de 5.000 hombres.
“La estrategia política, muy hábil, busca debilitar al Estado arrebatándole poderes y herramientas en la lucha antisubversiva, para lo cual mueve sus alfiles en el Congreso e infiltra la Justicia y órganos neurálgicos como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. También toma posiciones claves en el establecimiento sindical y aun en las organizaciones de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la subversión en Colombia ha logrado la toma sistemática y progresiva de la administración municipal mediante el terror, al punto que más de 500 municipios (la mitad de los que existen en el país) se encuentran bajo su poder de intimidación. Los comandantes guerrilleros colocan gente suya en los cargos públicos, obtienen contratos, retienen porcentajes de sueldos e imponen condiciones a quien quiera hacer campaña política en estas zonas.
“La tercera estrategia, también triunfante, se propone dotar al movimiento insurreccional de un considerable poder económico con base en los ingresos obtenidos del narcotráfico, los secuestros, los asaltos y el impuesto forzado a agricultores y ganaderos. Estas acciones combinadas han tenido un efecto desastroso sobre la economía y, por ello mismo constituyen un factor primordial de empobrecimiento. Narcotráfico y guerrilla se retroalimentan. Se trata de un verdadero matrimonio de conveniencia. La permanencia y auge del primero requiere la capacidad armada de la segunda, que protege los cultivos de coca y los laboratorios donde la pasta de coca se procesa y los aeropuertos clandestinos donde aterrizan y despegan las avionetas utilizadas para el transporte de estupefacientes. A su turno, la continuidad y desarrollo del proceso guerrillero no existiría sin los ingresos provenientes del narcotráfico. Gracias a esta colaboración estrecha, los cultivos de coca han pasado en solo siete años de 40.000 hectáreas a 80.000 y los cultivos de amapola de 0 a 10.000, pese a las fumigaciones. Las FARC son dueñas hoy, según el Ministerio de Defensa Nacional, de 13.765 hectáreas de coca (fuera de las 12.000 que protegen) y de 1.271 pistas de aterrizaje. La guerrilla colombiana, una de las más temibles, anacrónicas y despiadadas del mundo, ha puesto al servicio de sus objetivos estratégicos una verdadera y bien organizada empresa capitalista. Sus ingresos han sido oficialmente calculados en algo más de 2 millones de dólares diarios (la DEA norteamericana habla de 1.000 millones de dólares anuales), la mitad de los cuales proviene del narcotráfico y la otra mitad de los secuestros y las extorsiones a hacendados y ganaderos. No es sorprendente pues, que contando con recursos tan gigantescos esté mejor equipada que el Ejército: dispone de modernos equipos de telecomunicaciones, de una flotilla de aviones y de un sofisticado armamento que incluye misiles y lanzacohetes.
“La tercera razón que justifica su amenazador avance corre por cuenta del propio Estado colombiano, que ha sido débil y corrupto y sin voluntad ni estrategia para enfrentarla. Desde 1982, cada nuevo presidente solo tiene en su menú de gobierno un plan de paz que la guerrilla, consciente de su poder y de lo que dicho poder basado en la guerra le reporta, no tarda en desdeñar. Mal preparadas, mal equipadas, las Fuerzas Armadas colombianas solo disponen de 120.000 hombres, efectivos insuficientes para un país en guerra y con un accidentado y vasto territorio de 1.147.000 kilómetros cuadrados. Buena parte de estos efectivos cumplen funciones policiales de protección de la infraestructura vial, petrolera y de comunicaciones, de suerte que solo están disponibles para el combate un número no superior a 30.000 hombres, la mayor parte de ellos reclutas sin mayor experiencia y conocimiento del terreno. Por otra parte, los militares en Colombia han sido despojados de las herramientas legales que tenían en otro tiempo y que todavía tienen las Fuerzas Armadas de países vecinos para enfrentar la insurrección o el terrorismo: la justicia penal militar no puede investigar, interrogar o juzgar rebeldes, el fuero militar ha sido desmantelado y la justicia civil, intimidada o infiltrada, se muestra inepta para cumplir estas tareas. Sobre la legislación colombiana pesa un fantasma histórico, común a todo el continente: el temor al despotismo o autoritarismo militar, tan presente en el pasado latinoamericano. Hasta el punto que, hasta 1998, se mantuvo vigente en el Código Penal un estrambótico artículo según el cual “los delitos cometidos por los sediciosos en combate no son punibles”. En Colombia, el romanticismo legalista, muy arraigado en la tradición del país, deja a la Nación desamparada frente al triple flagelo del narcotráfico, la guerrilla y los llamados grupos paramilitares.
“El costo de la guerra en este país es enorme: se calcula en 5.000 millones de dólares por año; es decir, una quinta parte de la deuda externa colombiana. Y su efecto se hace sentir sobre todo en los estratos más bajos de la población. Los ingresos anuales de las FARC y del ELN equivalen al 0,58 por ciento del Producto Bruto Interno. El ingreso per cápita de la guerrilla es 62 veces más alto que el ingreso de un colombiano que vive dentro de la ley. Los ingresos obtenidos solo por las FARC con el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, calculados en 685 millones de dólares anuales, son mayores que las utilidades representadas por el grupo empresarial Bavaria, el mayor del país (670 millones).
“Los mayores costos que ocasiona la guerrilla provienen de los atentados contra los oleoductos y las torres de transmisión de energía. Entre 1986 y 1997 la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), de propiedad estatal, fue objeto de 699 atentados. Cada uno de estos ataques representa tres graves perjuicios a la economía colombiana.
“El primero es el costo ecológico por la contaminación de las aguas, por culpa de la cual disminuyen o desaparecen los recursos naturales que aprovechan los moradores de vastas zonas campesinas para la pesca o riego de tierras. El segundo es el costo económico que representa el crudo derramado. El tercero es el costo de las reparaciones y el del crudo, que mientras estas se efectúan, se deja de producir.
“Igualmente ruinosos son los daños infligidos al sector agrícola por culpa de las extorsiones y sobre todo de los secuestros. Solo estos dos delitos han reportado a las guerrillas, desde 1991, 1.700 millones de dólares. En ese lapso, 2.668 personas –comerciantes, ganaderos y agricultores- fueron secuestradas. Debido a esta situación, la producción agrícola ha registrado un dramático descenso y la desocupación ocasionada por tal crisis ha empujado a millares de campesinos, que antes vivían de los cultivos de algodón, café y otros productos, a emigrar hacia las zonas selváticas, en el sur del país, para trabajar en los cultivos ilícitos de coca y amapola, auspiciados por la guerrilla y el narcotráfico.
“Otra parte importante de los costos de la violencia en Colombia tiene relación directa con los gastos militares. En promedio, América Latina utilizó en 1995, el 1.7 por ciento de su Producto Bruto Interno en defensa, mientras que Colombia destinó a este rubro el 2.6 por ciento en el mismo año. Expertos internacionales, al analizar la situación colombiana, hablan con razón del “exceso de gasto militar”, al tiempo que fundándose en la dramática situación del país y, por desgracia, también con fundamento, los mandos militares lo consideran insuficiente. Como sea, el hecho evidente es que la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado, el millón de desempleados por la guerra interna, el debilitamiento en los mecanismos de la Justicia (el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad) y la dificultad para consolidar en algunas regiones del país las políticas macroeconómicas, afectaron gravemente la capacidad productiva y la competitividad del país en los mercados internacionales. Los efectos sociales de tal situación, cuyo vórtice explosivo es la guerrilla, son inocultables: desempleo, pobreza, inseguridad. Y las primeras víctimas de las guerrillas han sido precisamente los pobres que pretendía redimir.”
Hasta aquí el texto de los doctores Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa, con apartes de su libro Fabricantes de miseria, publicado en 1998.
Interpretar las claves que yacen deshilvanadas en las desordenadas madejas de pasado no ha de constituir en mí un ejercicio de transferencia de culpa sino apenas el esbozo, la puesta en evidencia de aquello que debe ser conocido y asimilado, siquiera mínimamente, para entender cómo y por qué caminos hemos llegado al trágico presente sobre el que no evado mis responsabilidades pero respecto del cual no puedo en aras de la verdad soslayar la influencia decisiva e inevitable de circunstancias históricas sobre las cuales no he tenido ninguna injerencia.
El ‘paramilitarismo de Estado’ podemos situarlo históricamente como fruto de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Con el advenimiento a la presidencia de los Estados Unidos de América, de John F. Kennedy, las doctrinas de contrainsurgencia constituirán el eje de la política de seguridad en América Latina. “La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad aunque de antiguo origen… Cuando debemos contrarrestar este tipo de guerra, estamos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente, lo que requiere una preparación y adiestramiento militar nuevos y distintos” concluiría en 1962 el presidente Kennedy en un discurso en la academia militar de West Point (JARAMILLO, Isabel. El conflicto de baja intensidad –modelo para armar. Fondo Editorial Suramérica, Bogotá, 1988)
Grupos de justicia privada, escuadrones de la muerte, autodefensas, paramilitares, ejércitos privados y bandas de sicarios son algunos de los términos frecuentemente utilizados para señalar la acción violenta de grupos de hombres de civil y armados en diferentes regiones y ciudades colombianos. Se llegaron a conocer, a mediados de los ´90, más de 250 nombres de estos grupos.
El uso indiscriminado de estos diversos términos creó en su momento una gran confusión sobre la verdadera identidad y naturaleza de estos grupos y sobre la responsabilidad del Estado colombiano. La siguiente fue la explicación que dio al fenómeno en 1988 el director del DAS, general Maza Márquez: Se trata de ganaderos y hacendados, quienes exacerbados por el impuesto revolucionario exigido por la guerrilla y por las extorsiones de delincuentes comunes, crearon sus propios ejércitos privados. Según la Dirección General de la Policía estos grupos eran ejércitos creados por narcotraficantes. Los medios de comunicación emplearon entonces el término ´narcoparamilitares´.
Ciertamente que las exacciones y abusos de las guerrillas generaron una situación favorable para que campesinos medios y pequeños notables locales, bajo los auspicios de autoridades civiles y militares, se organizaran en grupos de autodefensa en algunas regiones. Sin embargo, estas realidades, por sí solas, no alcanzan a explicarlo todo. Para entender el fenómeno de estas primitivas autodefensas hay que introducirse en lo que ha sido la estrategia paramilitar de las Fuerzas Armadas y las operaciones encubiertas de los servicios de inteligencia del Estado.
El ´paramilitarismo de Estado´ y las operaciones encubiertas no fueron el producto de algunas mentes enfermizas o de ovejas negras del Ejército o de la Policía. Tampoco resultaron de la reacción fanatizada de algunos oficiales. Lo que interesa aquí resaltar es que tales acciones ilegales fueron el resultado directo de la aplicación de una concepción y una ideología que se enseñaba en las academias militares, que se pusieron en práctica en las estructuras del Ejército y se difundieron entre los llamados ´sectores dirigentes´ del campo político y económico.
Esta realidad del pasado no se puede ocultar si queremos entender como el fenómeno fue reproduciéndose y mutando, desde aquellas épocas hasta el nacimiento de las Autodefensas que hoy se presentan ante los tribunales de Justicia y Paz. No ha sido un proceso lineal y debidamente estudiado, quedan aun mucho cabos sueltos y no es mi propósito, como fue dicho, profundizar en estas materias, en esta oportunidad, sino en la medida que ello sirve de sustento para que se entienda mejor el contexto histórico y su evolución en el tiempo y en la geografía, hasta llegar a los hechos que me corresponde revelar en Justicia y Paz.
La Contrainsurgencia, según las fuerzas militares norteamericanas, son “aquellas medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas adoptadas por un gobierno con el fin de derrotar una insurrección subversiva”. (Definición del Dictionary of United States Military Terms for Joint Usage, citado en KLARE, Michael, en La guerra sin fin, Ed.Noguer, Barcelona, 1974). Esta definición será retomada en los distintos manuales de contrainsurgencia del Ejército colombiano, algunos de los cuales mencionaré en esta versión libre.
Dentro de los elementos de la doctrina norteamericana de contrainsurgencia, ocupa un lugar preponderante lo que los militares británicos, al racionalizar su experiencia bélica en Malasia (1952-1959) llamaron “ganar los corazones y las mentes de los pueblos”; o sea la acción cívico-miltar (WATSON, Peter, Guerra, persona y destrucción – usos militares de la psiquiatría y de la psicología, Ed. Nueva Imagen, México, 1982) Se trata de invertir el principio de la lucha de la guerrilla formulado por Mao Tse-Tung, según el cual los insurgentes deben moverse dentro del pueblo como el pez en el agua. El objetivo es entonces, mejorar la imagen de las fuerzas militares, controlar grupos de población, y construir un apoyo popular al esfuerzo bélico desplegado para alcanzar los objetivos de seguridad y defensa.
Uno de los elementos fundamentales es el control de la población. Este comporta dos aspectos: por un lado desarticular la infraestructura real o potencial de apoyo a la insurgencia y por otro, encuadrar la población para involucrarla en el esfuerzo bélico de las fuerzas militares. Así aparece la noción de autodefensas. Estas tienen antecedentes en Malasia y Kenia, donde el Ejército británico creó los “home guards”. En Vietnam del Sur, los boinas verdes del Ejército norteamericano crearon grupos de autodefensa dentro de la estrategia de la guerra irregular. En Centroamérica, igualmente fue desarrollado este aspecto. En Guatemala fueron creadas las Patrullas de Autodefensa Civil, PAC. En este contexto, en Colombia se crearon las juntas de autodefensas.
Íntimamente ligadas a las operaciones de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, así como a las operaciones clandestinas o encubiertas, las operaciones de “guerra psicológica” tenían como fin “conquistar la voluntad” para lograr la cooperación de la población civil o al menos para desarticular y revertir el apoyo dado a la insurgencia. La utilización de la amenaza y el terror constituían el fundamento de estas operaciones.
En Vietnam, el ejército norteamericano empezó a experimentar esta modalidad. Bajo el nombre de ‘operación ojo negro’, los norteamericanos crearon escuadrones clandestinos, con soldados survietnamitas previamente entrenados y seleccionados. Su misión era infiltrar las aldeas, identificar los líderes de la guerrilla norvietnamita y eliminarlos en sus propias viviendas. Sobre los cuerpos de las víctimas era dejado un papel con un ojo humano estampado. Posteriormente, el ejército norteamericano imprimió 50.000 ejemplares de estos papeles con el ojo estampado, y estos fueron clavados a la entrada de viviendas de numerosísimas personas a modo de amenaza (WATSON, obra ya citada) Esta técnica lograba generar desgaste y desorganización en el adversario.
La visión de un mundo bipolar enfrentado irreconciliablemente, fundamento ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional, ha estado presente entre los años ’60 y comienzos de los ’90 en los manuales del Ejército colombiano y los distintos estudios y análisis realizados por militares. El sociólogo Armando Borrero, nombrado posteriormente Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional en 1994, afirmaba: “El fundamento político del actuar de las Fuerzas Armadas ha sido el anticomunismo. El conflicto Este-Oeste, en su versión de teoría conspirativa de la historia, es el soporte de las apreciaciones estratégicas” (BORRERO, Armando, Militares, políticos y sociedad, Ed. Tercer Mundo, Bogotá, 1990)
Así definía en 1987, el general Álvaro Valencia Tovar, la guerra revolucionaria o insurgencia armada: “Un nuevo tipo de conflicto ha ido cobrando forma y se halla en proceso en varios países y regiones del mundo. En contraste con la noción tradicional de un choque horizontal entre ejércitos enemigos, este nuevo concepto sigue una dirección vertical, insurgiendo las bases de sociedades inestables para ascender a la cúpula de la estructura del poder… Este tipo de conflictos se desarrolla hoy en Perú, Colombia y Centroamérica, ya que son escenarios ideales para la subversión ideológica, en razón de sus dificultades económicas y sociales” (VALENCIA TOVAR, Alvaro, Sur América: un concepto geoestratégico, en Revista de las Fuerzas Armadas, cuarto trimestre de 1987, Bogotá)
El “Manual de Combate contra bandoleros y guerrilleros” editado por Ejército de Colombia, y publicado en 1983, explica: “Para el enemigo, que utiliza el recurso de la subversión a través de modalidades de guerrillas, complementadas con terrorismo selectivo, el objetivo es el poder político. Se trata de imponer gobiernos títeres, los cuales una vez instaurados deben facilitar la continuación y prolongación, a otros países de la estrategia anotada con miras a obtener, paulatinamente, el control político, económico y geográfico en zonas importantes del mundo para colocarlas a disposición de los intereses de potencias totalitarias… Hay que preparar y entrenar de modo integral a las Fuerzas Armadas para defender la nación agredida por la amenaza subversiva”.
En 1993, el entonces comandante de la II División del Ejército, mayor general Harold Bedoya declaraba: “Necesitamos que todos los colombianos nos sintamos mancornas con el Ejército” (EL TIEMPO, 10 de enero de 1993, Bogotá)
El general Luis Carlos Camacho Leyva, que había sido ministro de Defensa en 1978, afirmaba en 1986 que “la defensa nacional interna y externa en el sentido moderno no es simplemente una obligación del gobierno y de sus Fuerzas Militares, sino que ello requiere el concurso decidido de todos los ciudadanos de buena voluntad” (REVISTA SEMANA, número 207, 28 de abril de 1986, Bogotá). La organización de la sociedad para realizar este esfuerzo se convirtió en una prioridad, pero sobre todo, en una obligación de la nación. El general Landazábal Reyes, en una entrevista concedida en 1989, al órgano de prensa Resumen Gráfico sustentaba que “las legítimas autodefensas campesinas” se sustentaban en la idea de que “El pueblo forma parte del Ejército, es el que lo nutre… yo no entiendo porqué trata de establecerse una dicotomía entre Ejército y Pueblo… El Pueblo tiene que defenderse de quienes están tratando de socavar el poder constitucional…” (RESUMEN GRÁFICO, 16 de junio de 1989). En la frase citada aparece nítido el sustento ideológico del paramilitarismo, con el cual han sido formados e instruidos los oficiales de las Fuerzas Militares y esto no puede ignorarse a la hora de evaluar la situación vivida durante la actuación político-militar de las Autodefensas antes de su desmovilización.
El coronel Orlando Zafra Galvis escribía en 1985: “Los agentes clandestinos y los agitadores se infiltran en las organizaciones sociales y estatales, se apoderan de los cargos directivos y generan planes de debilitamiento de las estructuras con miras a crear el caos y el derrumbamiento final del Estado. No existe instituto, organización o grupo social, político o religioso, sobre el cual no tengan interés de penetrarlo y dominarlo. Todas estas actividades constituyen lo que se denomina la guerra política, que es la parte más peligrosa para la vida de las democracias” (Comentarios sobre inteligencia – la organización, en Revista de las Fuerzas Armadas, cuarto trimestre de 1985) El mismo oficial afirmaba en 1987 que “La guerrilla es apenas un apéndice de la subversión y tiene una importancia menor de la que generalmente se le atribuye; el peligro, en un proceso subversivo, lo constituye lo que los insurgentes han denominado la guerra política o sicológica. Este tipo de guerra está encaminada a tomar el control de los núcleos humanos, a fanatizar al pueblo con ideologías extremistas, a conformar organismos que se encarguen de manipular las masas” (Conceptos sobre inteligencia en la guerra subversiva, en Revista de las Fuerzas Armadas, primer trimestre de 1987)
Algunos textos del Ejército como el que citaré a continuación llevan al extremo la definición de “enemigo interno”, de tal modo que la frontera entre amigos y enemigos es incierta. “En la guerra moderna es enemigo es difícil de definir… el límite entre amigos y enemigos está en el seno mismo de la nación, en una misma ciudad, y algunas veces, dentro de la misma familia… Todo individuo que de una u otra manera favorezca las intenciones del enemigo, debe ser considerado como traidor y tratado como tal” prescribe un manual del Ejército colombiano (LA GUERRA MODERNA, Ejército de Colombia, Biblioteca del Ejército, Bogotá, 1963)
Otro manual del Ejército, editado por el Comando General en 1987, divide a las fuerzas subversivas en dos: “población civil insurgente y grupo armado” (REGLAMENTO DE COMBATE DE CONTRAGUERRILLAS – EJC 3-10, Reservado, Comando del Ejército, Imprenta de las Fuerzas Militares, Bogotá, 1987)
En el mismo Reglamento se expresa: “La población civil insurgente se define como la masa heterogénea conformada por elementos provenientes de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad sicológica… La población civil insurgente se encuentra en los movimientos sindicales, estudiantiles, campesinos, políticos… Tiene por misión ejecutar acciones de tipo civil dentro de las estructuras formales de la sociedad para desgastar, desmoralizar, dislocar y finalmente eliminar las instituciones fundamentales de la Nación”. Sobre esta premisa al Reglamento plantea que para lograr la eliminación de las fuerzas insurgentes o quebrar su voluntad de lucha, las Fuerzas Militares deben apuntar al “aislamiento entre población e insurgentes” pues “el éxito de un movimiento guerrillero está en relación directa con el crecimiento de su poder de combate y el apoyo que logre de un amplio sector de la población civil… Sin la población civil la guerrilla queda a merced de la suerte y reducida peligrosamente a sus vulnerables medios militares que no representan amenaza militar de consideración”.
En 1987, el general Álvaro Valencia Tovar afirmaba que “el Ejército demanda de la sociedad actitudes solidarias cuando trata de defenderla de sus enemigos… interesa lograr una plena simbiosis entre los instrumentos armados de la nación y el pueblo que los nutre con sus hombres, los apoya con su solidaridad y debe integrarse con ellos para formar un frente sólido, identificado ante la amenaza… la solidaridad civil-militar debe conseguirse con la amplitud requerida para rechazar la agresión donde se haga evidente y preparar defensas adecuadas en los sectores más vulnerables” (VALENCIA TOVAR, Ejército y sociedad, en Revista del Ejército, Bogotá, 1987)
En el mes de julio de 1987, a raíz del debate suscitado en la Cámara de Representantes sobre los grupos de autodefensa, el general Rafael Samudio Molina, entonces Ministro de Defensa, afirmó que “el derecho de autodefensa es un principio natural. Cada cual puede apelar al legítimo derecho de defensa y, si las comunidades se organizan, hay que mirarlo desde el punto de vista que lo hacen para proteger sus bienes y sus vidas” (EL MUNDO, Medellín, 25 de julio de 1987) El general Samudio Molina reconocería que estos grupos poseían armas amparadas por salvoconductos otorgados por las unidades militares. Varios generales en retiro –Bernardo Lema Henao, Fernando Landazábal Reyes y Álvaro Valencia Tovar- se sumarían al debate afirmando que los grupos de autodefensa eran la legítima respuesta de la población ante el insuficiente pie de fuerza del Ejército para controlar todo el territorio nacional.
Las instrucciones del Alto Mando Militar han sido claras. En 1989, el teniente coronel Luis Arcesio Bohórquez Montoya fue llamado a calificar servicios. En ese momento Bohórquez Montoya hizo pública una carta que el enviaba al Ministro de Defensa en la cual revelaba la existencia en el seno de las Fuerzas Militares de una verdadera política de creación, dirección y fomento de grupos paramilitares. En su carta, el oficial retirado afirmaba que las autodefensas “fueron creadas en forma activa y constitucional por el insigne presidente Guillermo León Valencia, quien con los generales Alberto Ruiz Novoa y Gabriel Rebeiz Pizarro logró reportarle purísima paz a la nación, en parte principal gracias a dicha organización… No tuve necesidad de crear grupos de autodefensa, porque ya existían, muy bien organizados y con resultados admirables, en los municipios del área del batallón Bárbula… y como la política del Ejército Nacional, dirigida por usted, señor general Botero Restrepo, señala al Ejército Nacional con el apoyo de las autodefensas, para preservar el orden y para devolver la tranquilidad a las regiones afectadas, desarrollé mi actividad de mando, conforme a dicha estrategia y mediante las tácticas correspondientes” (Apartes de la carta dirigida por el teniente coronel (r) Luis Arcesio Bohórquez Montoya al Ministro de Defensa, general Oscar Botero Restrepo, fechada 20 de septiembre de 1989, reproducidos en La Prensa, del 15 de octubre de 1989) El 24 de junio de 1991, Bohórquez Montoya fue asesinado en plena vía pública de Bogotá. Poco antes de su muerte había declarado que revelaría pruebas de los vínculos entre el grupo de Yair Klein y altos oficiales del Ejército.
En 1989, el capitán retirado León Guillermo Tarazona Correa se presentaba como el jefe de las autodefensas del Magdalena Medio bajo el nombre de Luis Eduardo Ramírez. El oficial retirado afirmaría en un reportaje: “Los campesinos de las autodefensas nos limitamos a proteger nuestras familias, propiedades e identidad democrática, razón por la cual en casi 25 años de existencia (desde 1965), el gobierno nacional, el ejército, la policía y demás autoridades nos han apoyado de manera irrestricta” (LA PRENSA, de Bogotá, 15 de octubre de 1989). Este militar, Tarazona Correa, había estado casi diez años en el Ejército, durante los cuales había pertenecido a unidades militares altamente implicadas en actividades paramilitares.
Para completar esta parte de la versión libre donde el acento lo estoy poniendo en los antecedentes políticos y militares que pusieron a funcionar lo que aquí denomino ‘paramilitarismo de Estado’ para diferenciarlo de lo que constituirán en el campo civil a partir de mediados de los ’90 las ACCU (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá) y posteriormente, a partir de 1997, las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia, haré una breve referencia a la vigencia, en su momento, de algunos manuales y reglamentos específicos de las Fuerzas Militares en lo que se relacionan con los instructivos respecto de la participación de la población junto a las fuerzas del Estado para enfrentar activamente el fenómeno de la lucha antisubversiva y contraguerrillera. No es de mi conocimiento si tales manuales y reglamentos han sufrido modificaciones al día de hoy, probablemente sí. Sin embargo, para nadie es un secreto que, en materia de instrucción militar, modificar los reglamentos es más sencillo que transformar los hábitos adquiridos, de la misma manera que resulta más fácil cambiar los textos que determinar modificaciones en la práctica de las tácticas y estrategias, sobre todo si, como en este caso el enemigo guerrillero sigue asolando la nación y las debilidades del Estado para garantizar su presencia en la totalidad del territorio siguen siendo ostensibles.
Quiero referirme a continuación de manera muy sintética a los siguientes manuales y reglamentos: Reglamento EJC 3-10, Reservado, de 1969; Manual de Contraguerrillas de 1979; Manual EJC 3-101 de 1982 y Reglamento de Combate de 1987.
Reglamento EJC 3-10, Reservado, de 1969
El Reglamento de combate de contraguerrillas aprobado por la disposición No. 005 del 9 de abril de 1969 por el Comando General de las Fuerzas Militares, de obligatoria enseñanza en las escuelas y academias castrenses, contiene una sección sobre “Operaciones de organización de la población civil”. El objetivo de esas operaciones del Ejército es “organizar en forma militar a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. Para estos efectos, el Reglamento ordena organizar a la población civil en dos niveles: las juntas de autodefensa y la defensa civil. “Las Juntas de Autodefensa constituyen una organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros que aparezcan en el área o para operar en coordinación con tropas en acciones de combate”. La creación de estas juntas de autodefensas también está prevista en las zonas de no combate para “prevenir la formación de grupos armados”. El Reglamento establece que estas Juntas deben estar integradas por reservistas del Ejército y que sus “comandantes” deben ser los “líderes naturales de la región”. Los miembros de las juntas de autodefensas deben ser entrenados en “técnicas de combate”, “táctica de defensa de la región” y “adoctrinamiento sicológico”.
Las unidades militares deben entregar a las juntas de autodefensa el armamento necesario y ampararlo con salvoconductos. Aunque en principio las armas deben ser compradas al Ejército por las juntas de autodefensas, el Reglamento prevé que en “algunos casos pueden dotarse gratuitamente”. Igualmente, las juntas de autodefensa pueden ser dotadas de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares para la realización de “operaciones de control, registro y destrucción”.
En cuanto a las misiones de las juntas de autodefensas, el Reglamento establece que, además de su labor básica de “rechazo violento de las acciones guerrilleras en la región”, estas organizaciones deben realizar misiones de patrullaje y reconocimiento, de inteligencia, de control y registro de personas y de destrucción de blancos”.
El Manual de contra-guerrillas de 1979
El manual de Instrucciones generales para operaciones de contra-guerrillas de 1979, del Comando General del Ejército, está dirigido a las compañías de fusileros tipo “arpón”. Estas últimas son unidades menores compuestas por 5 oficiales, 21 suboficiales y 160 soldados bajo el mando de un capitán. Estas compañías de fusileros tienen como misión “conducir las operaciones de tipo irregular para localizar, capturar o destruir grupos subversivos armados… desarrollar inteligencia para ubicar grupos armados en áreas rurales… (y) combatir con el empleo de guerra irregular” (62). El manual está dirigido a los capitanes comandantes de estas unidades.
En ese marco, el manual imparte específicamente consignas sobre grupos paramilitares. “La organización de grupos de autodefensa a nivel de caseríos y veredas con el fin de que los habitantes del área contribuyan en forma activa en la lucha” es recomendada a los comandantes de las compañías de fusileros. Igualmente, ordena realizar una serie de actividades tendientes a ejercer un máximo control sobre la población y la región: realización de censos de población y viviendas; inventario del ganado existente; restricciones a la libertad de circulación e imposición de salvoconductos para transitar por la región; identificación de los habitantes mayores de 15 años por medio de “carnets militares”; control sobre el flujo de alimentos y medicamentos, etc…”
El manual recomienda la creación de “Comités Cívico-Militares” como cuerpos auxiliares del Ejército para la ejecución de los planes de acción cívico militar. Igualmente en una clara referencia a los paramilitares, el manual hace expresa mención al involucramiento de civiles en operaciones de contra-guerrilla. El texto de instrucción habla de “auxiliadores” de las Fuerzas Militares, del reclutamiento y entrenamiento de “informantes” y de la incorporación de desertores de la guerrilla como “guías”.
El Manual EJC 3-101 de 1982
El 25 de junio de 1982, el Comandante del Ejército, mayor general Bernardo Lema Henao, y el Director de Instrucción y Entrenamiento del Ejército, brigadier general Nelson Mejía Henao, firmaron la disposición 0014 mediante la cual adoptaban el Manual EJC 3-101, también conocido como “Manual de combate contra bandoleros y guerrilleros”.
El texto afirma que él “complementa y ayuda a consolidar la filosofía de la lucha de las Fuerzas Armadas contra la subversión contenida en otros Manuales y Publicaciones sobre Operaciones irregulares”.
En cuanto a las juntas de autodefensas, el Manual de combate contra bandoleros y guerrilleros prescribe expresamente que “organizarlas, instruirlas y apoyarlas debe ser un objetivo permanente de la Fuerza Militar donde la población es leal y se manifiesta decidida contra el enemigo”.
Según el Manual las juntas de autodefensas deben cumplir diversas misiones: proporcionar información; negar al enemigo el acceso al área; suministrar guías para las operaciones militares; patrullar el área; realizar “misiones de inteligencia y contrainteligencia”; colaborar con el transporte y abastecimiento de las tropas y, asesorar y participar en la evacuación del área.
El texto prescribe igualmente que “su colaboración y esfuerzos se deben retribuir con munición para revólver y escopeta, dinamita, salvoconductos, patrullaje militar esporádico de protección en sus regiones, drogas, un mejor trato y aceptación a sus iniciativas”.
Finalmente, concluye el Manual, las juntas de autodefensa deben estar bajo la estrecha dirección del mando militar.
El Reglamento de Combate de 1987
A finales de 1987, el Comandante General de las Fuerzas Militares, mayor general Oscar Botero Restrepo, aprobó el Manual EJC-3-10 (restringido), más conocido como “Reglamento de combate de Contraguerrillas”. Allí se afirma que en la guerra de contra-insurgencia las Fuerzas Militares “obligan… a la sociedad civil a apoyarlos en la lucha contra los alzados en armas”.
El Reglamento de combate de Contraguerrillas asevera que: “La conquista de la mente del hombre, el control de sus actividades, el mejoramiento de su nivel de vida y su organización para defenderse contra amenazas, sin respectivamente los objetivos de las operaciones sicológicas, de control, de acción cívica, y de organización, que se desarrollan a través de todas las fases de contraguerrilla. La población civil, por lo tanto, es uno de los objetivos fundamentales de las unidades del ejército y se materializan por agrupaciones humanas perfectamente definidas dentro del área de operaciones”. Encuadrar paramilitarmente a la población resulta entonces uno de los “objetivos tácticos” del Ejército.
En este manual, el Comando General de las Fuerzas Militares promueve la importancia del rol de las estructuras paramilitares. “La guerra de contrainsurgencia, llamada también contrarrevolucionaria o antisubversiva, es aquella que lleva a cabo el gobierno apoyado por una gran porción de la población civil de un país empleando acciones políticas, económicas, sicológicas, militares y paramilitares contra las fuerzas insurgentes para prevenir o eliminar el proceso revolucionario y garantizar que no vuelva a presentarse”.
El Manual prescribe que, para alentar esa guerra de contrainsurgencia, las fuerzas de contraguerrilla se dividen en tres grupos: “los elementos de combate”, o sea las Fuerzas Militares, “los elementos de apoyo de combate” y, “los elementos de apoyo de servicios para el combate”.
Los “elementos de apoyo de combate” tienen como “función principal la de apoyar a las fuerzas de combate cuerpo a cuerpo para acrecentar su poder y aumentar las posibilidades de éxito”. Dentro de estas fuerzas de apoyo al combate se encuentran, según el Manual, la Policía Nacional y las Juntas de Autodefensa.
Este Manual prescribe “organizar militarmente a la población civil, para que se proteja contra la acción de las guerrillas y apoye la ejecución de operaciones de combate”. Surgen entonces las Juntas de Autodefensa.
Otra de las modalidades empleadas “puede ser” la Defensa Civil. Las características y funciones que le atribuye este manual a la Defensa Civil, la convierten en una auténtica estructura paramilitar, con funciones tanto defensivas como ofensivas en el plano militar, de ocupación de territorio y, control y registro de la población (76). El texto prescribe que los grupos de Defensa Civil deben estar dotados de armamento y operar en “coordinación con la Policía, el Servicio de Seguridad y la Guerra Militar”.
Proselitismo paramilitar
Si los diversos manuales militares antes referenciados, que han regido la vida de las Fuerzas Militares a partir de los años ’60, contienen abundantes instrucciones y literatura en materia de paramilitarismo, resultan igualmente reveladoras las diversas intervenciones en público hechas por altos oficiales reivindicando a las autodefensas.
El 1986, el comandante de la V Brigada, brigadier general Daniel García Echeverry, en un discurso pronunciado durante la segunda semana de abril, hacía un “fervoroso llamado a los sentimientos nacionalistas de los colombianos para pasar de la inacción a la legítima defensa, a la acción defensiva para hacer frente a la actividad terrorista” (REVISTA SEMANA, No. 207, del 28 de abril de 1986). Estas declaraciones precedían la aparición en 1987 de numerosos grupos paramilitares en la jurisdicción de la V Brigada.
El coronel González Rozo en un Consejo Regional de Seguridad, realizado en 1991, habría afirmado que “ante situaciones anormales… los ciudadanos organizados pueden coadyuvar para buscar la seguridad… en el proceso estratégico para buscar la paz todo es legal” (Periódico VOZ, del 12 de diciembre de 1991). El coronel González, había sido miembro de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Superior de Defensa Nacional en 1988.
Según el diario El Espectador, el mayor general Harold Bedoya, comandante de la II División, en un discurso pronunciado el 25 de febrero de 1992, en la población de San Vicente de Chucurí (Santander), instó a la población “una vez más a que se defienda, como todo colombiano tiene derecho a hacerlo, su vida, honra y bienes, y que no huyan ni se dejen asustar por montajes como el de que son ‘masetos’ o paramilitares simplemente porque están defendiendo lo que legítimamente les pertenece” (EL ESPECTADOR, 2 de febrero de 1992). Meses más tarde, el oficial Harold Bedoya Pizarro afirmaba públicamente sobre los grupos paramilitares: “es puro invento de la subversión… Sé que hay campesinos que se tienen que defender contra la agresión de grupos subversivos y ese es un derecho que tiene todo colombiano, de defenderse contra los grupos violentos. A nadie se le ha prohibido en Colombia que legalmente porte un arma… esa historia de paramilitares es la misma historia que la guerrilla se ha inventado en Arauca, en el Magdalena Medio y en Antioquia” (VANGUARDIA LIBERAL, 1 de septiembre de 1992). En estas declaraciones, particularmente en la última frase, se aprecia la nueva tendencia al interior del Estado colombiano, enfatizada a partir de la presidencia de César Gaviria, de avanzar hacia la permisiva ‘privatización’ de la guerra antisubversiva negando la subsistencia del aquí llamado ‘paramilitarismo de Estado’ cuyo influjo sobre el conflicto armado, aunque mermado, estaba lejos de haber desaparecido a finales del siglo XX y aun al inicio de las conversaciones de paz con las Autodefensas en 2002. Sin embargo, de este desmonte del paramilitarismo de Estado, depende en verdad el éxito del proceso de paz en curso con las Autodefensas, del cual este período de sometimiento a la ley 975, de Justicia y Paz, es apenas un momento, importante sí, pero insuficiente para legitimar totalmente el Estado colombiano en su lucha contra la subversión. El desmonte del ‘paramilitarismo de Estado’ constituye un aspecto esencial de mi visión de la política colombiana de los próximos años y hacia allí desarrollaremos nuestra acción política como autodefensas desmovilizados en este tránsito que hemos producido de lo político militar ilegal a lo esencialmente social y político con plenos derechos civiles y políticos amparados por la Constitución y la Ley.
Es dentro del espíritu y el texto de la ley 975, de Justicia y Paz, que en el desarrollo de mi versión libre haré referencia a personas del ámbito civil y castrense que mantuvieron algún tipo de encuentro o relación conmigo susceptible de caber dentro de los comportamientos previstos por esta Ley en sus exigencias de Verdad. Como ya fue dicho por mí antes considero necesario reiterar aquí que la enumeración de estas personas y la descripción que realice acerca de su vinculación conmigo no significa de mi parte ninguna calificación peyorativa en los casos que no haga expresa mención de esa calificación de mi parte. Tampoco es este el escenario para calificar de altruistas o patrióticos tales comportamientos de las personas mencionadas en esta versión libre, lo cual procederé a hacer o no, en cada caso, en función de mi apreciación estrictamente política o personal, lo cual cabe esperarse se produzca en el futuro –por fuera del ámbito judicial de Justicia y Paz- dado el carácter indudablemente político de mi participación en el conflicto armado, conflicto que sigo juzgando como producto de diferencias hasta hoy insalvables entre los distintos actores armados ilegales, y respecto del Estado, con componentes ideológicos, sociales, políticos y económicos que lo sustentan y prolongan por décadas ya, durante el tiempo en que se produjo mi participación en el conflicto armado hasta el momento de mi desmovilización.
