Penitenciaria la Picota de Bogotá, Agosto 25 de 2010
Doctor
JOSÉ MIGUEL INSULZA
Secretario General de la OEA
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS
De nuestra mayor estima:
Nos congratulamos por su presencia en Colombia y encontramos propicia la ocasión para agradecer públicamente en su persona el valioso aporte que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) con las Autodefensas Campesinas ha venido brindando, desde enero de 2004, al tránsito de la guerra a la civilidad que más de 30.000 ex combatientes de las autodefensas estamos protagonizando en pos de afirmar los caminos de la Paz y la Reconciliación Nacional.
Nos dirigimos a Usted en nombre de todos los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas y especialmente de quienes estamos recluidos avanzando en el marco de la Ley de Justicia y Paz, tanto aquí en Colombia como en los EEUU, manifestándole que nuestra voluntad inquebrantable sigue siendo la de continuar avanzando en el Proceso de Paz y respondiendo rigurosamente los requerimientos de la Ley.
Valoramos positivamente y compartimos con la MAPP-OEA las preocupaciones que revelan sus sucesivos Informes acerca de los inconvenientes y riesgos que se han derivado de tan arduo intento pacificador como el que el Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas han asumido desde 2002 en las diferentes fases de Exploración, Negociación, Desmovilización, Reinserción y presentación ante los Tribunales de Justicia y Paz.
Punto sensible de extrema importancia es el asunto del sometimiento a la Ley 975, de Justicia y Paz, pionera en materia de Justicia Transicional y Restaurativa, que ha evidenciado durante su aplicación que exige ser perfeccionada, modificada en su articulado y simplificada en sus procedimientos , así como disponer de una mayor dotación de recursos humanos, económicos y logísticos, para convertirse en el instrumento legal que responda con celeridad y garantías del debido proceso, a quienes estamos en el país o fueron extraditados por causa de nuestra participación en el conflicto armado interno en situaciones tan intrincadas y vastas, inéditas en la historia de la Justicia en nuestro país. Esta adecuación de la Ley a la materia juzgada se requiere con carácter de urgencia para que no se esterilice en un laberinto sin fin, que vuelva imposible su cumplimiento.
Las características irregulares del conflicto armado, con sus variables múltiples y entrelazadas y sus conexiones sociales, políticas y económicas, nacionales e internacionales, tan complejas de desentrañar conspiran contra la eficacia del instrumento legal, y amenazan seriamente el conocimiento de la Verdad, la Reparación de las víctimas, la aplicación de la Justicia dentro de los tiempos previstos, y con ello la seguridad jurídica de todos los involucrados se vuelve inexistente. A grandes males, grandes remedios, y si habrá que llegar a cambios en la Constitución, incluso una Constituyente, Colombia deberá afrontar la misión de hacer posible la Paz no solo con quienes ya nos hemos desmovilizado sino con todos aquellos que permanecen alzados en armas y están dispuestos a seguir nuestro camino de regreso a la civilidad.
Si somos firmes en dar a conocer los obstáculos que se atraviesan en el camino de quienes hemos decidido y protagonizado nuestra desmovilización para sumarnos desde la civilidad a una democracia más inclusiva, más justa y representativa, es porque somos conscientes que detrás nuestro hay miles de colombianos queriendo salir de las fauces de la guerra pero han perdido la confianza en la palabra de los gobiernos pasados, desconfían de las instituciones y recelan de las garantías que el Estado les ofrece.
Por lo anterior, nos sentimos en la obligación moral de insistir ante quien corresponda, y lo hacemos hoy ante la OEA, ante Usted, en su carácter de Secretario General, sobre aquello que principalmente se interpone entre nuestra voluntad inquebrantable de cumplirle a Colombia y la necesidad de ambientar en nuestro País un clima social y político que haga posible un Gran Acuerdo Nacional de Paz con todos los alzados en armas y entre todos los Colombianos.
Urge la validación histórica que dé cumplimiento a los acuerdos pactados entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Campesinas, de los cuales la MAPP-OEA es testigo y garante de primera mano, así como la necesidad impostergable de reformar la Ley 975, de Justicia y Paz, para que ofrezca seguridad jurídica a los postulados, garantías de satisfacción y Reparación a las víctimas, y conocimiento de la Verdad a Colombia y el mundo.
Quedamos a su entera disposición y cuenta la MAPP-OEA con nuestro testimonio permanente y solidaridad con su labor.
Con todo nuestro respeto y consideración,
COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS, PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ PENITENCIARÍA LA PICOTA DE BOGOTÁ
