La
Cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, ha sido elocuente en manifestar que
el conflicto armado es un grave y prolongado problema que Colombia tiene que
resolver sin intromisión ni interferencias del exterior pero sin renunciar al
buen uso de la facilitación de los Países Amigos y la Comunidad internacional
en consuno con el Estado colombiano y buscando generar compromisos y acuerdos
entre las partes.
Los miembros representantes de las ex AUC y las autodefensas desmovilizadas
compartimos el sentido humanitario de urgencia y atención políticas que
ameritan los temas tratados en Santo Domingo y nos pronunciamos desde la
realidad de nuestro proceso de paz y reconciliación en curso dispuestos a
participar, desde la condición de actores que hemos sido del conflicto armado,
en la búsqueda de acuerdos y soluciones que hagan posible el complejo tránsito
del conflicto al post conflicto entre todas las partes involucradas.
Somos conscientes que el éxito del proceso de paz y reconciliación, del cual
somos protagonistas junto con el Gobierno nacional, y bajo la atenta
participación de la OEA, requiere ganar credibilidad y generar respeto nacional
e internacional si quiere alcanzar sus metas humanitarias y políticas.
Las críticas son bienvenidas en la medida que retroalimentan el proceso
informándonos de aspectos negativos que pudieran estar afectándolo por
actuaciones que no son correctas, o que aun siéndolo no son debidamente
presentadas ante la Opinión pública, o por errores que requieren autocrítica y rectificación
de nuestra parte o de las autoridades.
El Proceso de Paz no puede entenderse como un proceso que solamente adelantan
las dos partes sentadas en la Mesa, sino que involucra en sus diferentes etapas
a representantes de amplios sectores, en los cuales no pueden estar ausentes la
sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas, los gremios, los
sindicatos, los hombres y mujeres de la cultura, la religión y la academia. Por
el lado del Estado comprobamos a diario cuán decisiva es la participación en
este proceso inédito en Colombia y en el mundo de las distintas instancias de
las diferentes ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. A
nadie escapa tampoco, para el éxito integral del proceso, los efectos positivos
derivados de la interacción de sus actores con la Comunidad internacional y con
los diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros.
El 15 de julio próximo se cumplirán cinco años de la firma del Acuerdo para la
Paz de Colombia de Santa Fe de Ralito. La ocasión hace propicio abrir un debate
público sobre los distintos logros, avances, retrocesos y frustraciones del
proceso de paz, centrado hoy en la aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz.
Es sumamente importante que los debates cuenten con la participación amplia de
todos los sectores.
El ejercicio permitirá la evaluación aun pendiente de los desarrollos del
proceso y del valioso camino avanzado, e igualmente plantear los complejos
escenarios futuros y el largo camino por recorrer.
Como preámbulo al debate propuesto y en el marco de las recientes discusiones
en el Consejo Permanente de la OEA en Washington y Declaración del Grupo de Río
en Santo Domingo firmamos y planteamos a la opinión pública este documento.
1. La notoria contradicción entre los compromisos asumidos por el Gobierno
nacional con los negociadores de las ex AUC y su realización efectiva,
particularmente el tratamiento que los desmovilizados hemos recibido a partir
de agosto 16 de 2006, ha provocado serios tropiezos al proceso de paz con
detrimento de la confianza y credibilidad que son pilares fundamentales de toda
negociación de paz.
2. La privación o la limitación de los instrumentos básicos para la
construcción de la verdad integral constituyen una privación o limitación al
derecho de las víctimas y un impedimento insalvable para cumplir con los
mandatos de la ley de Justicia y Paz. La colaboración plena con la justicia
parte del hecho indispensable del otorgamiento de instrumentos, garantías y
condiciones que permitan la construcción de la memoria histórica y procesal. En
las actuales circunstancias y principalmente con motivo de los hechos que son
de conocimiento público acaecidos el pasado 13 de febrero y sobre los cuales ni
nosotros y menos el país conocemos el resultado de las investigaciones que
nosotros mismos hemos solicitado, se nos ha cercenado de manera grave la
comunicación con aquellas personas y organizaciones, nacionales y extranjeras,
que son interlocutores naturales del proceso de paz y reconciliación que
adelantamos y la reconstrucción de la verdad.
3. La incomunicación e inmovilidad que nos ha sido impuesta por el INPEC desde
antes del 13 de febrero -pero en especial a partir de esta fecha- con todos
aquellos ex integrantes de nuestros bloques y frentes que son fuente de
información imprescindible para el cumplimiento del requisito de Verdad en las
presentaciones ante Justicia y Paz, afecta de manera gravísima las versiones
libres ante la Fiscalía constituyéndose en un bloqueo burdo e injusto de las
expectativas generadas entre las víctimas que ven torpedeados desde el INPEC
sus legítimos derechos a conocer la Verdad con la mayor premura y precisión.
4. Hemos dirigido y seguiremos dirigiendo cartas y ejerciendo el derecho de
petición ante el Ministerio del Interior y Justicia, y el INPEC, y estamos
dispuestos a llegar a las máximas instancias del País e Internacionales,
alertando sobre esta lamentable situación que agrava el estado insatisfactorio
y supremamente preocupante del curso del Proceso de Paz y Reconciliación
mencionado en el punto primero.
Nos hemos limitado en este Comunicado a destacar los hechos más salientes de
una serie de contratiempos que atentan contra el éxito del Proceso de Paz y
Reconciliación en la convicción que el mismo no puede quedar sumido en la
indefinición y la falta de comunicación y entendimiento entre las partes, y
entre los distintos estamentos del Estado, y sin mantener debidamente informada
a la Opinión sobre la marcha de las negociaciones y el cumplimiento de las
metas y compromisos de las partes.
Las
Autodefensas fuimos invitadas en su momento, en 2002, de manera pública, al
igual que los demás actores armados ilegales, por el Gobierno nacional, a
iniciar un Proceso de Paz con todas las garantías prometidas por el Estado que
nos permitirían a cambio del desarme y desmovilización, abandonar el uso de las
armas y abrazar la lucha política democrática dentro de la Ley y la
Constitución.
Estamos muy lejos de
poder decir ante la Opinión Pública que las autodefensas desmovilizadas nos
sentimos satisfechas en cuanto al resultado efectivo de las negociaciones. Esta
preocupación nos asalta de manera grave cuando pasamos revista a los aspectos y
determinaciones tomados por el INPEC y las analizamos en el contexto del estado
actual del diálogo prácticamente nulo que adelantamos con el Gobierno nacional,
quien hace ya unos cuantos meses se ha desentendido de la Mesa de encuentro sin
darnos ninguna explicación que podamos considerar válida y suficiente.
Si esto nos preocupa
desde la situación que conocemos directamente, imagínese y saque sus propias
conclusiones la Opinión Pública sobre cuánto nos preocupan las noticias que nos
llegan desde fuera del establecimiento carcelario, donde a diario se destaca el
inquietante fenómeno de constitución de las así llamadas ´bandas emergentes’,
algunas de las cuales han sido objeto de manifestación pública de la Oficina en
Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
quien al presentar su informe anual sobre la situación del país expresa
textualmente: “algunos de los nuevos grupos armados ilegales están fuertemente
armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de
capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares
contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del
conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil”.
La acumulación de
todas las circunstancias mencionadas en este Comunicado más otras que omitimos
aquí en aras de la brevedad la consideramos una ‘bomba de tiempo’ que urge
desactivar en beneficio de las grandes expectativas de Paz y Reconciliación que
abrió en el Pueblo colombiano el proceso de desarme y desmovilización de más de
30.000 integrantes de las Autodefensas.
Sin
herramientas y garantías no es posible que se respeten los derechos de las
victimas que son la parte fundamental de un proceso de paz y reconciliación. Y
si no hay respeto a los derechos de las víctimas, imagínense lo que nos espera
a nosotros.
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