Carta de Salvatore Mancuso dirigida al Dr. Giovanni Álvarez Santoyo, Fiscal de la Unidad de Justicia y Paz

Carta al Dr. Eduardo Montealegre Lynet, Fiscal General de la Nación

Bogotá, 23 de julio de 2015. 


DOCTOR
EDUARDO MONTEALEGRE LYNET 
FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN 
E.  S.  D. 



Asunto: Imposibilidad para continuar en justicia y paz  
Postulado: Salvatore Mancuso

Respetado doctor Montealegre: 

En mi calidad de defensor del postulado Salvatore Mancuso Gómez, de manera respetuosa, atendiendo las instrucciones claras y precisas dadas por él, y considerando las normas que regulan su actual  reclusión en la cárcel FCI GILMAR  en los Estados Unidos, me permito informarle que en las actuales circunstancias en las que se encuentra detenido el señor Mancuso Gómez, es imposible  que continúe cumpliendo con las obligaciones adquiridas dentro del marco legal de Justicia y Paz.

Antes de esbozar las razones por las cuales a Salvatore Mancuso se le hace imposible continuar actualmente en el proceso transicional, es necesario hacer las siguientes precisiones: 

1. Salvatore Mancuso Gómez por medio de la presente, reitera su compromiso con el proceso de paz de las extintas AUC, clama porque la etapa judicial en la que se encuentra pueda terminarse de forma oportuna. Esa voluntad mientras dependa de él es inquebrantable, el compromiso adquirido por él con las víctimas, las autoridades judiciales, su familia, la justicia y la sociedad en general,  es su prioridad. 

2. Salvatore Mancuso se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos, él respeta y acata las decisiones de las autoridades de dicho país. Hasta la fecha el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos con el proceso de paz con las AUC ha sido fundamental y sin dicho apoyo el proceso judicial sería un fracaso. 

3. Salvatore Mancuso y los postulados que están  involucrados en el proceso judicial transicional adelantado con las extintas AUC, reconocen el enorme esfuerzo de usted señor Fiscal General de la Nación y muy especialmente de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional y los Fiscales adscritos a la misma, para transformar el modelo investigativo y lograr una dinámica que ha permitido avanzar de forma mas ágil, en pro de los derechos de las víctimas.

No obstante lo anterior, Salvatore Mancuso se encuentra en la actualidad preso en la cárcel  FCI GILMAR, sitio de reclusión que tiene un reglamento que imposibilita de manera total que el postulado SALVATORE MANCUSO GOMEZ continué cumpliendo las obligaciones adquiridas en la ley 975 de 2005 y muy especialmente con las víctimas. Las condiciones son las siguientes: 

- No existen los medios tecnológicos para adelantar videoconferencias (ya se suspendió  una versión libre que se llevaría a cabo del 21 al 31 de julio).

- La comunicación con las autoridades colombianas  y las víctimas  es absolutamente nula. 

- Los abogados podemos ingresar al penal únicamente los días  lunes, martes y viernes. 

- Al ingresar los abogados solamente podemos hacerlo cinco hojas de papel y un lapicero, las mismas que debemos sacar al momento de retirarnos.

- Solamente puede hablar por teléfono durante 10 minutos cada día.    

- No tiene acceso a un computador para trabajar lo relacionado de forma exclusiva con temas de Justicia y paz, ni se lo facilitan  ni lo podemos ingresar. 

- Tiene acceso a un correo electrónico, que tiene una demora de tres días para ser efectivo, en otras palabras, envía un email y llega tres días después.

Como puede observar señor Fiscal General, en estas condiciones es improbable que Salvatore Mancuso pueda continuar en el proceso judicial transicional por causas ajenas a su voluntad, como tampoco puede hacerlo en ningún proceso de la justicia ordinaria.  Según cálculos de la misma Fiscalía General de la Nación son aproximadamente 70.000 hechos por los que debe responder por línea de mando Salvatore Mancuso y se le han imputado 5.000 hechos. Para este año según la priorización establecida debería quedar terminado judicialmente el Bloque Córdoba y el Resistencia Tayrona, sin embargo, con el paso de cada día se hace difícil alcanzar ese objetivo.  

Salvatore Mancuso se encuentra absolutamente preocupado y le envía un mensaje a las víctimas para que entiendan que no es por causa imputable a él,  la razón por la cual no se presente a las audiencias,  simplemente no puede hacerlo porque las normas del centro carcelario en el que se encuentra se lo impiden y que ruega para que estos impedimentos sean superados y pueda cumplir con todas las víctimas.

Acudimos a usted señor Fiscal General deprecando agote los trámites pertinentes ante las autoridades competentes de los Estados Unidos y solicite que el postulado Salvatore Mancuso sea trasladado de nuevo al  centro de reclusión NORTHERN NECK REGIONAL JAIL, en Warsaw, Estado de Virginia, donde se cuenta con todos los medios logísticos necesarios o a otro centro de reclusión que brinde las mismas garantías para avanzar con el proceso judicial transicional, de no ser posible, quiero manifestarle que por causas ajenas a la voluntad de Salvatore Mancuso no puede continuar en la etapa judicial del proceso de Justicia y Paz, como tampoco podrá declarar dentro de los proceso ordinarios.  

Le agradezco su atención y colaboración.

Cordialmente, 


JAIME ALBERTO PAERES JARAMILLO 
Abogado 
TP  100271 del C. S. de la J.

C.C. Tribunal Superior de Bogotá -  sala de Justicia y Paz 
Magistrados con Funciones de Control de Garantías 
Procurador General de la Nación 
Director de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional
Defensor del Pueblo
Presidente Sala Penal Corte Suprema de Justicia 
Embajador de los Estados Unidos en Colombia 
Agregado judicial de la Embajada de los Estados Unidos  
Doctor Giovani Alvarez Santoyo Fiscal 46 Justicia Transicional 
Medios de comunicación 

Esclarecer el paramilitarismo

Por: Piedad Córdoba Ruíz | septiembre 03, 2014
http://www.las2orillas.co/esclarecer-el-paramilitarismo/

Aunque sea difícil entablar un proceso de diálogo con todos los actores armados del conflicto al mismo tiempo, no se deben cerrar las puertas que posibiliten la entrada de todos. Es claro que el actual proceso se lleva a cabo con las Farc EP y que las otras insurgencias como el ELN y el EPL están buscando reales acercamientos, pero no se puede cerrar de tajo la posibilidad de entablar un proceso con  los paramilitares, y más ahora cuando en La Habana se constituyó  la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que lejos de querer endilgar rótulos de víctimas y de victimarios, lo que vendría siendo es una especie de catarsis para el entendimiento, sobre la base del esclarecimiento de los orígenes, las causas, los factores e impactos del conflicto.

Muchos se rasgarán las vestiduras afirmando que el proceso de diálogo ya se hizo con los paramilitares y que además se desmovilizaron más de 30.000. Pero la  realidad dista mucho sobre el fin de estos grupos, pues el rearme, al que eufemísticamente le han llamado bandas criminales está latente y sigue actuando en el territorio colombiano bajo el mismo modus operandi de las anteriores AUC, hoy con nombres como los urabeños, los rastrojos, las Águilas Negras, la Oficina de Envigado, La Empresa, etc.

La Ley de Justicia y Paz que en su momento fue mostrada como el paradigma de la justicia transicional no tuvo, ni tiene la capacidad, de abordar el universo jurídico y político que representan los procesos judiciales de los paramilitares postulados a la misma ley. Muestra de esto es que de casi 4.643  postulados, solo participan en el proceso 2.800 y a la fecha solo se han proferido 15 sentencias condenatorias, de las cuales solo 9 han sido confirmadas. Además, la Fiscalía General de la Nación, en el 2012,  reportó 12.869 compulsas de copias, de las cuales, según el informe  de gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (2012), 1.124 son en contra de políticos; 1.023 en contra de la Fuerzas Armadas, 393 en contra de otros servidores públicos y 10.329 en contra de terceras personas; y, sin embargo, el ente acusador al día de hoy no ha abierto las investigaciones pertinentes.

El espinoso fenómeno del paramilitarismo aún se encuentra en su encrucijada. Tanto es que excombatientes de la talla de Mancuso se han expresado no solo a favor del actual proceso de conversaciones, sino además, de la necesidad imperativa de que el Estado colombiano reconozca que dicho fenómeno es parte de una política estatal que tiene mucho que ver en el conflicto. Y que por eso es necesario que en un proceso de terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se les tenga en cuenta. No hacerlo significaría la perpetuación de la guerra, pues no se puede olvidar, no solo el rearme que viene desde el 2008, sino las libertades que la Fiscalía tendrá  que otorgar sobre las 47 solicitudes de libertad de 161 casos de excombatientes que ya cumplieron el tope máximo de sus penas y que además, de esas 47 solicitudes, 11 son de varios  excomandantes de las AUC, como alias  Diego Vecino, Botalón, el Alemán¸ Monoleche, Ernesto Báez, entre otros, que posiblemente saldrán a hacer parte de las estructuras paramilitares que ya operan en el territorio.

La oportunidad de tener en cuenta el fenómeno del paramilitarismo no es una oportunidad para los exparamilitares, es para el país, para las víctimas, que requieren conocer la verdad cercenada  tanto por la extradición de muchos excomandantes, como por la falla en los mecanismos de esclarecimiento de la verdad establecidos por la ley de Justicia y Paz. Porque vale la pena decir que muchos de los que quedarán libres ni siquiera han dicho la verdad ya que cumplen con el primer requisito de la ley que es haber estado en la cárcel 8 años; pero por otro lado, los que estaban aportando a la verdad se los llevaron extraditados. Por eso el Estado tiene una deuda con la verdad, y el momento de pagarla es ahora en medio de un proceso de diálogo que busca terminar el conflicto.

Es necesario que el país tenga la oportunidad de esclarecer el largo y oscuro capítulo del paramilitarismo teniendo en cuenta a sus principales protagonistas, muchos de los cuales ya han expresado el interés de hacer parte y aportar su experiencia. Es hora de escuchar a todos los actores del conflicto para allanar el arduo camino de la verdad y la reconciliación que seguramente nos llevaran a puerto final: la paz.

Carta de Mancuso. El Meridiano de Córdoba

Bogotá, Colprensa. Críticas por falta de proyectos que faciliten la reincorporación de los combatientes a la vida civil hizo el líder de las AUC, Salvatore Mancuso al Gobierno, en carta enviada al senador Carlos Moreno de Caro. Pidió que la ley de verdad, justicia y reparación no sea limitada a preceptos penales y tenga ingredientes más políticos que faciliten la negociación con los grupos alzados en armas.

El Gobierno Nacional aseguró que mañana estará lista la ponencia del proyecto de Justicia y Paz y la otra semana se iniciará la votación en el Congreso.

Mancuso habla del marco jurídico

Mancuso en carta fechada el primero de marzo de 2005 incluso propone que el título del proyecto se cambie de "Verdad, Justicia y Reparación" por "Arrepentimiento, Perdón y Reconciliación".

"Porque el principio ético del arrepentimiento y el perdón, y el más político de la reconciliación, serían el cauce para el reencuentro de los actores armados con la sociedad. Encontraríamos por esa vía lo sustancial del desarme y convertiríamos en accesorio todo aquello que pueda convertirse en una talanquera ante la reunificación nacional. Y esto lo digo pensando en las Autodefensas y también en las guerrillas", explica Mancuso en la misiva.

Aclara que no pretenden eludir su responsabilidad penal, porque son conscientes de que es una etapa que se debe surtir, pero que también se debe decidir aquí en el país, por lo cual solicitan la comprensión de la comunidad internacional.

Una crítica fuerte al Gobierno contiene la carta de Salvatore Mancuso, quien sostiene que "para nadie es un secreto, que esta desmovilización de tan importantes y sobresalientes tropas de las Autodefensas imprime una dinámica irreversible a un proceso que hasta la fecha está plagado de gestos de nuestra parte, pero que del lado de la institucionalidad se presenta para nuestros hombres como un salto al vacío, pues no existe un marco legal para la reinserción".

También expresa el temor que tiene por la suerte de los reinsertados, pues asegura, "que supone que se diseñarían e implementarían rápido los programas de empleo, se diseñarían beneficios para los empleadores, se otorgarían becas de estudio, que se implementarían primero los programas colectivos de producción rural, las granjas, las cooperativas, los proyectos agroindustriales y seríamos invadidos por batallones de sociólogos. Pero no. Hasta ahora sólo vemos buena voluntad por parte del Gobierno y el inicio del diseño de programas a desarrollar".