Esclarecer el paramilitarismo

Por: Piedad Córdoba Ruíz | septiembre 03, 2014
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Aunque sea difícil entablar un proceso de diálogo con todos los actores armados del conflicto al mismo tiempo, no se deben cerrar las puertas que posibiliten la entrada de todos. Es claro que el actual proceso se lleva a cabo con las Farc EP y que las otras insurgencias como el ELN y el EPL están buscando reales acercamientos, pero no se puede cerrar de tajo la posibilidad de entablar un proceso con  los paramilitares, y más ahora cuando en La Habana se constituyó  la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que lejos de querer endilgar rótulos de víctimas y de victimarios, lo que vendría siendo es una especie de catarsis para el entendimiento, sobre la base del esclarecimiento de los orígenes, las causas, los factores e impactos del conflicto.

Muchos se rasgarán las vestiduras afirmando que el proceso de diálogo ya se hizo con los paramilitares y que además se desmovilizaron más de 30.000. Pero la  realidad dista mucho sobre el fin de estos grupos, pues el rearme, al que eufemísticamente le han llamado bandas criminales está latente y sigue actuando en el territorio colombiano bajo el mismo modus operandi de las anteriores AUC, hoy con nombres como los urabeños, los rastrojos, las Águilas Negras, la Oficina de Envigado, La Empresa, etc.

La Ley de Justicia y Paz que en su momento fue mostrada como el paradigma de la justicia transicional no tuvo, ni tiene la capacidad, de abordar el universo jurídico y político que representan los procesos judiciales de los paramilitares postulados a la misma ley. Muestra de esto es que de casi 4.643  postulados, solo participan en el proceso 2.800 y a la fecha solo se han proferido 15 sentencias condenatorias, de las cuales solo 9 han sido confirmadas. Además, la Fiscalía General de la Nación, en el 2012,  reportó 12.869 compulsas de copias, de las cuales, según el informe  de gestión de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz (2012), 1.124 son en contra de políticos; 1.023 en contra de la Fuerzas Armadas, 393 en contra de otros servidores públicos y 10.329 en contra de terceras personas; y, sin embargo, el ente acusador al día de hoy no ha abierto las investigaciones pertinentes.

El espinoso fenómeno del paramilitarismo aún se encuentra en su encrucijada. Tanto es que excombatientes de la talla de Mancuso se han expresado no solo a favor del actual proceso de conversaciones, sino además, de la necesidad imperativa de que el Estado colombiano reconozca que dicho fenómeno es parte de una política estatal que tiene mucho que ver en el conflicto. Y que por eso es necesario que en un proceso de terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se les tenga en cuenta. No hacerlo significaría la perpetuación de la guerra, pues no se puede olvidar, no solo el rearme que viene desde el 2008, sino las libertades que la Fiscalía tendrá  que otorgar sobre las 47 solicitudes de libertad de 161 casos de excombatientes que ya cumplieron el tope máximo de sus penas y que además, de esas 47 solicitudes, 11 son de varios  excomandantes de las AUC, como alias  Diego Vecino, Botalón, el Alemán¸ Monoleche, Ernesto Báez, entre otros, que posiblemente saldrán a hacer parte de las estructuras paramilitares que ya operan en el territorio.

La oportunidad de tener en cuenta el fenómeno del paramilitarismo no es una oportunidad para los exparamilitares, es para el país, para las víctimas, que requieren conocer la verdad cercenada  tanto por la extradición de muchos excomandantes, como por la falla en los mecanismos de esclarecimiento de la verdad establecidos por la ley de Justicia y Paz. Porque vale la pena decir que muchos de los que quedarán libres ni siquiera han dicho la verdad ya que cumplen con el primer requisito de la ley que es haber estado en la cárcel 8 años; pero por otro lado, los que estaban aportando a la verdad se los llevaron extraditados. Por eso el Estado tiene una deuda con la verdad, y el momento de pagarla es ahora en medio de un proceso de diálogo que busca terminar el conflicto.

Es necesario que el país tenga la oportunidad de esclarecer el largo y oscuro capítulo del paramilitarismo teniendo en cuenta a sus principales protagonistas, muchos de los cuales ya han expresado el interés de hacer parte y aportar su experiencia. Es hora de escuchar a todos los actores del conflicto para allanar el arduo camino de la verdad y la reconciliación que seguramente nos llevaran a puerto final: la paz.

Carta al Director del Semanario "El Espectador"

Itagüí, 18 de septiembre de 2007

Señor Fidel Cano Correa

Director Semanario El Espectador

Señor director:

Con el fin de poder ejercer el derecho de réplica y en aras que sean respetados los derechos a la verdad periodística, solicito muy comedidamente que sea publicada en su prestigioso semanario, la siguiente respuesta a las afirmaciones realizadas por el columnista FELIPE ZULETA, aparecida en su edición del pasado 15 de septiembre.

La verdad periodística se ha visto vulnerada por el comentario falso y salido de tono que el columnista Felipe Zuleta realiza en su columna semanal aparecida en su semanario el 15 de septiembre de los corrientes; la afirmación que hace el señor ZULETA en el sentido de que me he convertido en el informante de palacio, no solamente es falaz, sino que el comentario según el cual gracias a mis informes, el señor Presidente de la República ha tomado decisiones en contra de los ex comandantes Diego Fernando Murillo y Carlos Mario Jiménez, es un engaño a los lectores, un insulto al Señor Presidente y un fallido intento por enfrentarnos a quienes le apostamos todo en nuestras vidas a jugarnos por la paz como salida al conflicto armado que desangra a nuestro País.

Flaco favor le hace el columnista a la búsqueda de la reconciliación que iniciamos desde hace unos años, tanto los entonces comandantes como yo, junto a los demás ex comandantes que hemos dado verdaderas muestras de seriedad en nuestros compromisos con la Patria.

Quiero reiterarle al País entero, que estas falsas afirmaciones no minarán mi determinación de seguir adelante con el camino que inicié entre diciembre de 2004 y enero de 2005, cuando desmovilicé los ejércitos que comandaba, en el Catatumbo y Córdoba, decisión que tomé antes de que existiera siquiera una norma que reglamentara cuál iría a ser nuestro futuro en la civilidad, como una muestra de que nuestro compromiso con la paz era real y tangible, como sigue siendo hoy. En ése momento, con 2.359 combatientes desmovilizados, protagonicé el mayor desarme que se había realizado en la historia de Colombia y que abriría el camino para que al final se silenciaran más de dieciocho mil armas, de las cuales 14.000 largas, que empuñábamos en ese entonces las AUC en el combate antisubversivo.

Ese camino me condujo a recluirme voluntariamente en prisión cuando así me lo pidió el Señor Presidente de la República, posteriormente fui el primero de los ex comandantes que se acogió también voluntariamente a la ley 975, igualmente abrí el camino de contar la verdad del conflicto y de mis actos en la guerra dentro de la versión libre que estoy rindiendo ante la Fiscalía General de la Nación, a la que he acompañado en la entrega de bienes por más de 50 mil millones de pesos con destino a las víctimas del conflicto, a quienes no me canso de pedir perdón porque mi compromiso con Colombia es el de poder llegar a la reconciliación, independientemente de las causas que dieron origen al conflicto, meta que no derrumbarán columnistas mal intencionados que tal vez querrían saberme muerto como única fórmula de torpedear mi testaruda intención de trabajar para buscar la paz en nuestro País. Así no se construye sociedad, los chismes en temas tan sensibles son tan violentos como cualquier acción bélica, el compromiso con la verdad también debe aplicarse a los generadores de opinión, quienes amparados en el poder de las palabras deberían cambiar la maledicencia quién sabe con qué objetivos –como la comentada-, por el trabajo de construir una opinión social tendiente al desarme físico, pero también del corazón y de las palabras que dañan.

No necesito ser informante secreto de Palacio, mi colaboración con la institucionalidad, desde que me desmovilicé, dejó de ser clandestina, ahora la realizo abiertamente y con comunicados a las autoridades y a la opinión pública a través de documentos igualmente públicos y de mi página de internetwww.salvatoremancuso.com; motivo por el cual la afirmación de Zuleta, no solamente es falsa, sino que desdice de la ética periodística y por supuesto se encuentra signada por el prurito de seguir dejando a nuestro País sumido en la guerra y atacando lo que seguirá siendo motivo de mi vida hasta que Dios me tenga con ella: LA RECONCILIACIÓN DE LOS COLOMBIANOS.

Cordialmente,

SALVATORE MANCUSO GÓMEZ

Acuerdo del Nudo del Paramillo de Córdoba

HACIENDO MEMORIA

Acuerdo del Nudo de Paramillo o de Córdoba

El martes 17 de mayo la Comisión de Conciliación Nacional, encabezada por el doctor Augusto Ramírez Ocampo, visitó al Estado Mayor Negociador de las AUC en Santa Fe de Ralito. También asistió a tan importante reunión el ex Comandante Salvatore Mancuso especialmente invitado.

La ocasión fue propicia para el intercambio de opiniones y el diálogo provechoso que cabe a todos quienes se sienten consustanciados con el magno propósito de abrir los caminos de la Paz de Colombia.

Cabe recordar entonces lo que en su momento se llamó el Acuerdo del Nudo de Paramillo o de Córdoba y que fue el producto de la reunión de representantes del Consejo Nacional de Paz, con miembros de la sociedad civil y las Autodefensas Unidas de Colombia, celebrada el día 26 de julio de 1998.

Finalmente, el gobierno del presidente Andrés Pastrana que asumió el 7 de agosto de 1998, pocos días después de la firma del Acuerdo del Paramillo, escogió otros caminos diferentes que los de la negociación política con las Autodefensas Unidas de Colombia.

ACUERDO DEL NUDO DE PARAMILLO O DE CORDOBA

LA REUNIÓN DE REPRESENTANTES DEL CONSEJO NACIONAL DE PAZ, CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS AUTODEFENSAS UNIDAD DE COLOMBIA, CELEBRADA EL DÍA 26 DE JULIO DE 1998:

CONSIDERANDO:

Que la confrontación armada que vive el país, requiere de una solución política negociada al conflicto, donde los compromisos de las partes deben centrarse en el reconocimiento de la dignidad humana como único camino civilizado.

Que el logro de la paz no es la simple negociación de la confrontación armada, sino también el desarrollo de un conjunto de medidas económicas, políticas y culturales con las que se logre la justicia social y se supere el sentido de la violencia en la solución de los conflictos internos.

Que la búsqueda de la paz en un proceso en el que se irán manifestando avances parciales entre los distintos actores, que se concertará en mesas de negociación, sin ventajas para ninguno, con actuaciones bajo una confidencialidad convenida entre las partes. Mesas en las que, una vez iniciado el diálogo, nadie se levante de ellas ni se produzcan o propicien rompimientos innecesarios.

Que el proceso de paz seguirá más allá de la negociación de la confrontación armada hasta que la convivencia política sea una realidad amplia y profunda en el país.

Que rechazamos la destrucción de la infraestructura pública y privada de la nación, asá como el secuestro, la extorsión, las desapariciones forzosas y toda forma de violencia para transformar el país o solucionar los conflictos.

Que es indispensable preservar a toda costa la Unidad Nacional:

DECLARAMOS:

PRIMERO.- Se inicia el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC.

SEGUNDO.- Nos comprometemos a buscar caminos de acercamiento, avance y construcción de escenarios posibles, para lo cual estamos dispuestos a desarrollar las siguientes actividades:

A.- Los representantes del Consejo Nacional de Paz y de la sociedad civil, ejercerán sus buenos oficios tendientes a que el Gobierno Nacional, como representación política del Estado, respalde los compromisos aquí consignados.

B.- Promover en la sociedad radicada en las áreas de influencia directa de las Autodefensas y en la sociedad en general, el criterio que la convivencia nacional y la reconstrucción social del país, se logra con la construcción de una política basada en el respeto a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario, a la solidaridad y a la tolerancia.

C.- Apoyar en forma directa todos los procesos que restablezcan la convivencia social y nacional, por lo que consideramos altamente favorable la realización de todo tipo de acciones individuales o colectivas en las que se exprese la construcción de la voluntad de paz y por ningún motivo desconocerán la realización de reuniones, foros, talleres o seminarios de paz.

D.- Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a realizar las tareas necesarias tendientes a que todos los grupos de autodefensas del país, respalden y asuman los compromisos que aquí se llegan.

TERCERO.- La sociedad civil y el Consejo Nacional de Paz apoyan que se inicien negociaciones de paz entre el gobierno nacional y las AUC en una mesa independiente y simultánea con otros procesos, para concluir en un verdadero acuerdo de paz que involucre a todos los actores de la guerra.

Los participantes en esta reunión consideran válido que el desarrollo del diálogo y la negociación, de los distintos procesos de paz, culmine en propuestas de decisiones administrativas, legales o constitucionales, que conduzcan a las reformas que demanda la nación.

CUARTO.- En la búsqueda de aliviar las consecuencias que la confrontación armada produce en la población civil, los asistentes ratifican su convicción de que el Derecho Internacional Humanitario es el mínimo ?tico que deben respetar los actores armados, que se puede expresar en diferentes formas de acuerdos humanitarios de vigencia inmediata.

Las Autodefensas Unidas de Colombia, se comprometen a:

A.- Impartir órdenes e instrucciones militares a todos sus miembros, a fin de que se adopten todas las medidas de precaución necesarias en orden a evitar involucrar a la población civil en la confrontación armada.

B.- A partir de la fecha, no reclutar menores de 18 años a sus filas, ni a utilizarlos en actividades de inteligencia o vigilancia.

C.- Respetar la vida y dignidad personal de quienes quedan fuera de combate y prestarles la asistencia médica necesaria.

D.- Reiterar su voluntad de permitir, en zonas de enfrentamiento, el suministro y tránsito de alimentos y bienes indispensables exclusivamente para la población civil; respetar los centros médicos, las unidades médicas humanitarias, los dispensarios, los centros de acopio de alimentos o cosechas y así mismo no utilizar como cuartel o centro de reclutamiento o instalación militar transitoria o definitiva, los bienes culturales, las escuelas, los hogares infantiles, los centros religiosos o de cultos, como tampoco las unidades deportivas.

Igualmente reiteran la prohibición de los ataques o amenazas de destrucción a los bienes civiles.

E.- Realizar las siguientes medidas de precaución:

- En caso de ataques, tomar las medidas indispensables para evitar el desplazamiento forzado de la población civil.

- No hostigar a la población para que se enrole en las filas de las tropas.

- No almacenar armamento o pertrechos o cualquier objeto de guerra, en los sitios donde habita la población desplazada.

- En caso extremo, que se produzca el desplazamiento, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, acudirán a la Defensoría del Pueblo o a un organismo de socorro nacional o humanitario internacional, para que acompañe a la población desplazada hasta un sitio seguro de cualquier ataque militar.

F.- Tomar las siguientes medidas de seguridad:

- Respetar a las comunidades de paz y los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario.

- Respetar la autonomía, creencias, cultura y derecho a la neutralidad de los pueblos indígenas o las comunidades afrocolombianas en sus territorios.

- No realizar ningún tipo de actividad que afecte ríos, lagunas, depósitos de agua o fuentes de abastecimiento de energía eléctrica que son utilizadas por la población civil.

QUINTO.- Los representantes de la sociedad civil y los miembros del Consejo Nacional de paz, propiciarán ante la sociedad, que la agenda mínima de negociación de paz que debe adelantar el gobierno nacional con las Autodefensas Unidas de Colombia, debe dar respuesta a problemas como:

- Democracia y reforma política

- Modelo de desarrollo económico

- Reforma social, económica y judicial

- La fuerza pública en el estado social de derecho

- El ordenamiento territorial y la descentralización

- El medio ambiente y el desarrollo sostenible

- Los hidrocarburos y la política petrolera

SEXTO.- Con el fin de facilitar las acciones humanitarias en los territorios de influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia, éstas se comprometen a respetar los emblemas de los organismos humanitarios internacionales y/o nacionales, así como reconocer el papel humanitario y neutral que en la confrontación armada ejerce la Defensoría del Pueblo.

SEPTIMO.- Las Autodefensas Unidas de Colombia y los representantes de la Sociedad Civil y del Consejo Nacional de Paz, iniciaron acciones para establecer una verificación adecuada a las acciones aquí comprometidas.

Celebramos las gestiones de paz que ha adelantado el señor presidente electo, Andrés Pastrana Arango y nos comprometemos a participar en los procesos necesarios, con discreción, seriedad y responsabilidad, tal como él lo ha expresado.

Firman,

Por las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC:

Por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU:

Carlos Castaño

César Marín

Santander Lozada

José Alfredo Berrio

Por las Autodefensas de Puerto Boyacá:

Votalón

César Salazar.

Por las Autodefensas de Ramón Isaza

Ramón Isaza

Teniente González

Por las Autodefensas de los Llanos Orientales:

Clodomiro Agames

Eulises Mendoza

Por las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar:

Camilo Aurelio Morantes

Francisco Tabares

Por las Autodefensas de Casanare:

Daniel Santos

Carlos Castro

Por las Autodefensas de Cundinamarca:

Pedro Tulio Moreno

Luis Fernando Cifuentes

Por el Consejo Nacional de Paz y los miembros de la sociedad Civil:

Castro Caicedo, José Fernando

Garzón, Luis Eduardo

Hernández, Hernando

Marulanda Gámez, Eugenio

Moreno Rojas, Samuel

Pretelt de la Vega, Sabas

Ramírez Ocampo, Augusto

Vargas, Alejo

Visbal, Jorge

Secretarios Ad-Hoc:

Caicedo Rodríguez, Nelson

García Hoyos, Álvaro.