Mancuso: 'El paramilitarismo de Estado sigue vigente"

Por Fabio Medina Ramírez - Jota Ochoa / Terra Colombia

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Entrevista exclusiva. En esta primera entrega de la extensa entrevista que concedió Salvatore Mancuso a Terra Colombia, el ex jefe paramilitar pone en evidencia la crisis del proceso de paz, producto del incumplimiento de los acuerdos de la mesa de negociación. Hace una fuerte crítica al papel del Gobierno después de las desmovilizaciones, y lo acusa de ser el responsable del rearme de grupos violentos. Además, Mancuso afirma categóricamente que hay un esquema paramilitar dentro del Estado, que está vigente.

Usted usó la muerte como herramienta para implantar su idea de Estado. ¿Sigue pensando que es una ‘herramienta’ válida?

Yo no utilicé la muerte como una herramienta. Desafortunadamente, no tuve opción para defender mi vida y la de millares de personas de una población expuesta a los ataques de la guerrilla, que venían asesinándolos sistemáticamente. (Mire la historia del comunismo, la cantidad de muertos).

Y el abandono, la indiferencia y la insuficiencia estatal. En esa disyuntiva cuando estamos a merced de un enemigo que nos asesina, si no estamos ideológicamente de acuerdo con los preceptos que está implantando; un Estado al que le pedimos protección y no nos defiende, sino que nos incita a que nos defendamos y a que lo ayudemos a defender, no tienes otra opción diferente que defenderte. Y esa defensa, en la medida en que te están asesinando y que ese enemigo te enfrente militarmente con fusiles, no tienes otra opción diferente de enfrentarte a ellos enfusilado.

No puedes llegar a ellos con una Biblia, porque de todos los que enviábamos (pastores para que hablaran con ellos) la mayoría resultaban asesinados. Las Farc asesinaron a Monseñor Duarte Cancino en Cali, por ejemplo. Entonces, no tenía sentido enfrentar un fenómeno violento de una forma diferente, porque te iban a asesinar.

Usted dice que el Estado los incitó a que se defendieran y los armó. ¿Eso sigue funcionando o siguió funcionando después de la desmovilización?

El paramilitarismo de Estado sigue vigente. Ese paramilitarismo de Estado no se ha desmovilizado.

Es la respuesta que puedo dar con relación a eso.

Es decir que funciona desde adentro ¿son los coroneles, los generales, los altos mandos?

El paramilitarismo de Estado sigue vigente, no se ha desmovilizado porque no están dadas las condiciones, ni están las leyes que le permitan hacerlo. Quienes confiesen la participación en el proceso de fortalecimiento de las autodefensas o de los fenómenos violentos de paramilitares en una región, tienen una pena diferente, gravísima para ellos.

Esas penas no les va a permitir en este momento avanzar y salir a contar: ‘Yo fui o yo asumo’, por eso es que cada vez que acusan a un militar dice ‘yo no fui, yo no tuve responsabilidad’. Es mentira, es como cuando acusan a un político, él responde diciendo que 'es mentira, cómo le van a creer a un delincuente'.

Pareciera que esos militares son la mano siniestra detrás de la violencia en Colombia

Esa implementación del modelo de paramilitarismo de Estado como punta de lanza, viene como una política de Estado en alianza con los políticos y los gremios económicos. ¿Quién tiene el poder en el país? ¿Quién pone los políticos? ¿Quién tiene el poder económico?

Y ¿cómo se implementa aquella política marcada dentro de las directrices de la escuela de las Américas? (silencio).

Ahí tienen la respuesta.

La Escuela de las Américas fue fundada en 1946 en Panamá como una escuela de entrenamiento para militares Latinoamericanos. Se traslado a Fort Benning en 1984 después del tratado con Panamá sobre el Canal, durante esa época entrenaron a más de 60,000 militantes de 23 países en América Latina. Su misión principal era fomentar o servir como instrumento para preparar a las naciones latinoamericanas a cooperar con los Estados Unidos y mantener un equilibrio político, contrarrestando la influencia creciente de organizaciones populares de ideología marxista o movimientos sociales de corte izquierdista a través de la enseñanza de tácticas de combate, contrainsurgencia, estrategias de guerra y anti-narcóticos.

Para mucha gente es difícil de creer que no tenían una retaguardia, sobre todo en un proceso que no tenía muchas certezas...

Los orígenes del conflicto, las causas que dieron origen al conflicto, siguen vigentes. Si nosotros hubiésemos pensado que las causas seguirían vigentes jamás nos habríamos desmovilizado.

Nos desmovilizamos con una determinación unilateral, con una firme determinación en avanzar en un proceso que permitiera al Estado asumir su responsabilidad, que se fortaleciera y fortaleciera la democracia.

Nuestra presencia en el campo de batalla cada día debilitaba más las instituciones, la democracia y, además, estábamos a punto de entrar en una catástrofe humanitaria. Las guerras cuando, en especial como esta, son irregulares violan el Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos, toda guerra lo hace. La única forma de frenar esta situación es acabándola, para evitar una catástrofe humanitaria.

Varios presidentes pasaron durante nuestra presencia como actor armado y político del conflicto. E iniciamos acercamientos. El primer gobierno fue el del presidente Samper, luego el presidente Pastrana, pero el único que nos escuchó fue el del presidente Uribe.

Con el gobierno del presidente Uribe, en el año 2002, iniciamos acercamientos, una etapa exploratoria y el proceso de negociación en sí, que viene avanzando. Aún estamos en el componente judicial dentro de un proceso político, que, desafortunadamente, en este momento está a la deriva y un poco abandonado porque no se ha concretado el fin último que es ‘la desmovilización, la reinserción plena de desmovilizados -aceptándolos y recibiéndolos en la sociedad- y la responsabilidad asumida por el Estado en la seguridad de las zonas, el proceso de reinstitucionalización y la presencia de él’, en fin, solucionar las causas que dieron origen a esto que vivimos.

Entonces ¿no hay presencia del Estado en los lugares que ustedes dejaron?

En muchos lugares se fortaleció el Estado y la política de Seguridad democrática contribuyó a ello, pero en otros la situación es caótica. Le pongo el ejemplo del mismo departamento donde yo nací, donde me vinculé al proceso de autodefensas, que es Córdoba.

Si usted mira las estadísticas de este año, en el mes de enero se registraron 63 muertes violentas, en febrero otro tanto, ahora en marzo viene otro tanto. Existe en este momento un fenómeno violento mayor al que existió cuando estaba esta zona en poder del Eln y las Farc.

Cuando estuvo en poder nuestro asumimos el control territorial, la función de Estado de facto y fuimos, realmente, la autoridad en la zona y sacamos a la guerrilla de los territorios.

Hablando con el gobierno nacional durante la mesa de negociación, les dijimos, que debían comprometerse con el proceso de fortalecimiento de las instituciones, la erradicación de los cultivos ilícitos, el combate a los fenómenos delincuenciales y de guerrilla, ‘si quedan los cultivos en la zona siempre va a haber alguien dispuesto a arriesgar su vida'...

Eso explica la reciente publicación de la carta abierta a Sergio Caramagna en el 2006...

Precisamente, la carta a Caramagna, que le envié hace dos años, el 4 de marzo de 2006, y que hoy se ha cumplido tal cual como se la mandé; pero esta carta es producto de mi desespero, porque estaba cansado de decir lo que se venía produciendo en la zona en la mesa de negociaciones, al gobierno, al ministro del interior, al comisionado de paz, al mismo doctor Sergio Caramagna, representante de la OEA.

Pensaba: si me desmovilizo sin que el Estado asuma responsabilidades, sin que erradiquemos los cultivos ilícitos, se va a presentar un fenómeno de rearme, un fenómeno de disputa por los territorios, un fenómeno violento por disputa de toda esta serie de situaciones de control de poder económico, de cultivos ilícitos, de actividades ilícitas… y se dio. A tiempo les expresé mi preocupación, ‘miren, se rearmó un grupo, arrancaron con 20 hombres, ya tienen 20 hombres con fusiles, subió a 30 a 100 a 200, yo fui explicándoles, pero en la medida que no se le daba solución a este problema que cada momento se salía de las manos, no tuve una opción diferente que hacer pública mi preocupación y mi demanda al gobierno y a la OEA.

Esa carta la mandé el 4 de marzo del año 2006 y si usted lee este documento, esta carta abierta al doctor Sergio Caramagna, parece que fuese escrita hoy.

El hecho haber publicado la carta de Caramagna, en estos días, ¿es un indicio velado de que realmente hay un rearme paramilitar?

Si hay rearme. Y hay rearme básicamente porque, desafortunadamente, la política de reinstitucionalización del Estado en algunas regiones del país, no digo en todas, no ha funcionado como debe ser. Prueba de ello es esta región (Córdoba) y otras regiones más del país, donde la gente se está disputando los territorios.

Hay un rearme, hay una disputa entre bandas que se rearmaron y la guerrilla por el control de estos territorios. Además, están asesinando a los desmovilizados, los llaman para que hagan parte de esas bandas y los que no participan los asesinan y sumado a esto no hay una política de reinserción clara.

¿Por qué dice que no es clara?

Los proyectos productivos no funcionan, la aceptación de los reinsertados en el seno de la sociedad no ha sido muy clara, el trabajo sicosocial que había que hacer con la región, con las comunidades para que recibieran a los desmovilizados, no se hizo. El trabajo sicosocial que había que hacer con los desmovilizados antes de su desmovilización y después de la desmovilización, se inició un año después y tiene muchísimas falencias.

Pero desde la oficina de Frank Pearl y en los discursos del presidente Uribe el balance es muy positivo. Las cifras dicen que todo está muy bien en lo que respecta al proceso de paz.

El doctor Frank Pearl asumió su cargo un año largo después de nuestra desmovilización y empezó a implementar estos programas de acción sicosocial, velando por la reinserción de los hombres.

Pero, por ejemplo, le pongo el caso específico nuevamente de Córdoba (que es donde se ve con más intensidad la expresión violenta y el fenómeno de rearme): hoy no existe rastro, dicho por ellos mismos, de 600 desmovilizados, sólo en el departamento de Córdoba.

Hoy vemos que las posibilidades laborales y de reinserción plena a la sociedad es limitada, además la exclusión de la toma de poder de los desmovilizados es un hecho y un caso real: la participación en política no está permitida, cuando en los acuerdos que hicimos con el gobierno nacional decían claramente que íbamos a tener la posibilidad de una participación política y social plena, luego de purgar en las cárceles la condena correspondiente a la responsabilidad de nuestras acciones.

Yo me pregunto, cómo pueden avanzar las guerrillas en un proceso de negociación, si el poder que ostentan las guerrillas y los grupos al margen de la ley (producto de la irresponsabilidad o de la debilidad del Estado), se les va a quitar y además les quitan la posibilidad, el derecho, de participar en política.

Cuando yo tomé un fusil, lo hice por defender mis intereses y los de las comunidades que depositaron en mí la responsabilidad para que asumiera ese liderazgo para solucionar los problemas que se les presentaban.

Cuando avanzo en un proceso de desmovilización y guío a todos los hombres de las autodefensas en ese proceso, lo hago para fortalecer la democracia, las instituciones y poder desde allí (las instituciones y la democracia), seguir luchando y velando por los intereses que tenía descuidados el Estado en las diferentes regiones donde era comandante.

Si esa posibilidad se trunca a todos los desmovilizados, de guerrilla o de autodefensa, ¿Cómo podrían avanzar en un proceso de negociación?

Es bien difícil que lo hagan. Esto pone en peligro la reinserción a la vida civil y hace más atractiva la guerra si a los desmovilizados, repito de las AUC y de las guerrillas, no se les permiten esa participación política, porque el poco poder que ostentan estando afuera, aquí se les va a coartar completamente, se les va a encarcelar y van a perder los derechos políticos.

El proceso hay que reorientarlo, tanto a los desmovilizados de autodefensas como a los desmovilizados de la guerrilla, como sucedió con los desmovilizados de las guerrillas anteriormente. Hay que abrir la posibilidad de participar en el campo político, democráticamente, sin armas, básicamente ese es el aliciente de soltar los fusiles, queremos fortalecer la democracia, queremos participar en la toma de decisiones que afectan las regiones por las que luchamos, si esa opción no se da, no va a haber un aliciente para que las guerrillas entren en un proceso de negociación.

Y no va a haber un aliciente para negociar con los nuevos grupos que se han rearmado, que avanzan como un fenómeno delincuencial en un principio porque necesitan fortalecerse económicamente para crecer militarmente y luego empezar todas las acciones políticas que ya se nota que están haciendo. De hecho hace poco hubo un pronunciamiento del alto comisionado de Naciones Unidas, que afirma que algunos de esos grupos ya tienen estructura, control territorial y empezaron a ejercer funciones políticas dentro de algunas regiones.

¿Entonces sí hay Águilas Negras?

Los medios de comunicación han generalizado ese fenómeno al llamarlo Águilas negras. Pero es el rearme que se ha venido dando de muchos grupos de ex autodefensas que se han vuelto a rearmar y han asumido el control de los territorios donde quedaron focos de cultivos ilícitos y narcotráfico que la guerrilla o los mismos desmovilizados en alianza con narcotraficantes y delincuencia común llegaron a controlar y empezó una disputa por esos territorios entre el narcotráfico, la guerrilla, los mismos desmovilizados, la delincuencia, etc., es una mezcolanza enorme de cosas que pasan y que advertimos desde la mesa de negociaciones y posteriormente hice público en la carta del año 2006.

Pero quiero decir algo más allá, cuando yo me vinculé a la autodefensa, así como el grupo que lideraba el mayor Fratini, que yo heredé, existían en todo el territorio nacional centenares de grupos de paramilitares, al servicio de los militares -conformados y auspiciados por ellos- y toda la responsabilidad de estos pequeños grupos (de los cuales controlamos o absorbimos algunos), todas las acciones que desarrollaban, nos las endilgaban a las autodefensas.

Y qué sucede, una vez desarmadas las autodefensas, todos esos grupos, diseminados a todo lo largo del territorio nacional, que ya tenían una visión y experiencia en el manejo y lucha contra lo que representara un peligro para sus intereses, volvieron a surgir. Y lo hicieron porque falló el proceso de fortalecimiento de las instituciones y de la democracia en esas zonas y empezaron a nacer focos violentos: guerrilla retomando el territorio, conflictos por el control por los territorios y se degeneró nuevamente el fenómeno.

No hubo ese control de aquel comité multilateral que propusimos (en la mesa de negociación), para que informara de cualquier surgimiento de nuevos grupos, de focos violentos y del incumplimiento del Estado. Así se hubiera combatido la corrupción, la delincuencia, el narcotráfico, la guerrilla, la autodefensa, pero no se creó.

Es difícil de creer que no lo crearan, si con ese instrumento hacían que nosotros cumpliéramos al pie de la letra con los compromisos que teníamos con el gobierno nacional, pero el gobierno también tenía que cumplir.

¿Tal vez el proceso fue muy apresurado y no se desmontaron todas las organizaciones que se debieron haber desmontado?

No, se desmovilizó la gente. El problema es que se volvieron a rearmar y a establecer todos los satélites que funcionan alrededor de una organización (de apoyo, crecimiento). La gente se va a rearmar, van a surgir nuevos focos violentos, nuevamente infiltración de las instancias de poder políticas económicas, sociales y sigue el espiral de violencia, y la repetición de todos estos esquemas.

En el libro de Carlos Castaño decía que cuando había que matar a una persona, se le enviaba a través de un papel el nombre de la persona. En aras de reconstruir la verdad histórica ¿quiénes eran los que estaban detrás esto?

Eso nos lo contó el comandante Castaño, pero jamás nos dijo quiénes eran esas personas que participaban dentro de una situación.

Él decía que le llegaba y no sabía quién era. Pero tenía que saber quién le mandaba la información y seguramente no era en un papelito. Seguramente era una carta, un CD, un medio magnético o él mandaba algún representante a reunirse con ellos, o ellos enviaban a un representante y así le explicaban al comandante Castaño cuáles eran las visiones y las directrices en cuanto al manejo de las Autodefensas.

¿Pero quiénes eran esas personas que estaban detrás de eso?

Él siempre dijo que habían representantes del poder económico, del poder político, del poder militar y del poder eclesiástico, incluso.

(Fin de la primera parte de la entrevista)

Comunicado a la opinión pública - Sin herramientas, sin garantías y sin facilitaciones es imposible darle cumplimiento a la ley de justicia y paz, principalmente a los derechos de las víctimas

La Cumbre del Grupo de Río, en Santo Domingo, ha sido elocuente en manifestar que el conflicto armado es un grave y prolongado problema que Colombia tiene que resolver sin intromisión ni interferencias del exterior pero sin renunciar al buen uso de la facilitación de los Países Amigos y la Comunidad internacional en consuno con el Estado colombiano y buscando generar compromisos y acuerdos entre las partes.

Los miembros representantes de las ex AUC y las autodefensas desmovilizadas compartimos el sentido humanitario de urgencia y atención políticas que ameritan los temas tratados en Santo Domingo y nos pronunciamos desde la realidad de nuestro proceso de paz y reconciliación en curso dispuestos a participar, desde la condición de actores que hemos sido del conflicto armado, en la búsqueda de acuerdos y soluciones que hagan posible el complejo tránsito del conflicto al post conflicto entre todas las partes involucradas.

Somos conscientes que el éxito del proceso de paz y reconciliación, del cual somos protagonistas junto con el Gobierno nacional, y bajo la atenta participación de la OEA, requiere ganar credibilidad y generar respeto nacional e internacional si quiere alcanzar sus metas humanitarias y políticas.

Las críticas son bienvenidas en la medida que retroalimentan el proceso informándonos de aspectos negativos que pudieran estar afectándolo por actuaciones que no son correctas, o que aun siéndolo no son debidamente presentadas ante la Opinión pública, o por errores que requieren autocrítica y rectificación de nuestra parte o de las autoridades.

El Proceso de Paz no puede entenderse como un proceso que solamente adelantan las dos partes sentadas en la Mesa, sino que involucra en sus diferentes etapas a representantes de amplios sectores, en los cuales no pueden estar ausentes la sociedad civil, las organizaciones sociales y políticas, los gremios, los sindicatos, los hombres y mujeres de la cultura, la religión y la academia. Por el lado del Estado comprobamos a diario cuán decisiva es la participación en este proceso inédito en Colombia y en el mundo de las distintas instancias de las diferentes ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. A nadie escapa tampoco, para el éxito integral del proceso, los efectos positivos derivados de la interacción de sus actores con la Comunidad internacional y con los diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros.

El 15 de julio próximo se cumplirán cinco años de la firma del Acuerdo para la Paz de Colombia de Santa Fe de Ralito. La ocasión hace propicio abrir un debate público sobre los distintos logros, avances, retrocesos y frustraciones del proceso de paz, centrado hoy en la aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz. Es sumamente importante que los debates cuenten con la participación amplia de todos los sectores.

El ejercicio permitirá la evaluación aun pendiente de los desarrollos del proceso y del valioso camino avanzado, e igualmente plantear los complejos escenarios futuros y el largo camino por recorrer.

Como preámbulo al debate propuesto y en el marco de las recientes discusiones en el Consejo Permanente de la OEA en Washington y Declaración del Grupo de Río en Santo Domingo firmamos y planteamos a la opinión pública este documento.

1. La notoria contradicción entre los compromisos asumidos por el Gobierno nacional con los negociadores de las ex AUC y su realización efectiva, particularmente el tratamiento que los desmovilizados hemos recibido a partir de agosto 16 de 2006, ha provocado serios tropiezos al proceso de paz con detrimento de la confianza y credibilidad que son pilares fundamentales de toda negociación de paz.

2. La privación o la limitación de los instrumentos básicos para la construcción de la verdad integral constituyen una privación o limitación al derecho de las víctimas y un impedimento insalvable para cumplir con los mandatos de la ley de Justicia y Paz. La colaboración plena con la justicia parte del hecho indispensable del otorgamiento de instrumentos, garantías y condiciones que permitan la construcción de la memoria histórica y procesal. En las actuales circunstancias y principalmente con motivo de los hechos que son de conocimiento público acaecidos el pasado 13 de febrero y sobre los cuales ni nosotros y menos el país conocemos el resultado de las investigaciones que nosotros mismos hemos solicitado, se nos ha cercenado de manera grave la comunicación con aquellas personas y organizaciones, nacionales y extranjeras, que son interlocutores naturales del proceso de paz y reconciliación que adelantamos y la reconstrucción de la verdad.

3. La incomunicación e inmovilidad que nos ha sido impuesta por el INPEC desde antes del 13 de febrero -pero en especial a partir de esta fecha- con todos aquellos ex integrantes de nuestros bloques y frentes que son fuente de información imprescindible para el cumplimiento del requisito de Verdad en las presentaciones ante Justicia y Paz, afecta de manera gravísima las versiones libres ante la Fiscalía constituyéndose en un bloqueo burdo e injusto de las expectativas generadas entre las víctimas que ven torpedeados desde el INPEC sus legítimos derechos a conocer la Verdad con la mayor premura y precisión.

4. Hemos dirigido y seguiremos dirigiendo cartas y ejerciendo el derecho de petición ante el Ministerio del Interior y Justicia, y el INPEC, y estamos dispuestos a llegar a las máximas instancias del País e Internacionales, alertando sobre esta lamentable situación que agrava el estado insatisfactorio y supremamente preocupante del curso del Proceso de Paz y Reconciliación mencionado en el punto primero.

Nos hemos limitado en este Comunicado a destacar los hechos más salientes de una serie de contratiempos que atentan contra el éxito del Proceso de Paz y Reconciliación en la convicción que el mismo no puede quedar sumido en la indefinición y la falta de comunicación y entendimiento entre las partes, y entre los distintos estamentos del Estado, y sin mantener debidamente informada a la Opinión sobre la marcha de las negociaciones y el cumplimiento de las metas y compromisos de las partes.

Las Autodefensas fuimos invitadas en su momento, en 2002, de manera pública, al igual que los demás actores armados ilegales, por el Gobierno nacional, a iniciar un Proceso de Paz con todas las garantías prometidas por el Estado que nos permitirían a cambio del desarme y desmovilización, abandonar el uso de las armas y abrazar la lucha política democrática dentro de la Ley y la Constitución.

Estamos muy lejos de poder decir ante la Opinión Pública que las autodefensas desmovilizadas nos sentimos satisfechas en cuanto al resultado efectivo de las negociaciones. Esta preocupación nos asalta de manera grave cuando pasamos revista a los aspectos y determinaciones tomados por el INPEC y las analizamos en el contexto del estado actual del diálogo prácticamente nulo que adelantamos con el Gobierno nacional, quien hace ya unos cuantos meses se ha desentendido de la Mesa de encuentro sin darnos ninguna explicación que podamos considerar válida y suficiente.

Si esto nos preocupa desde la situación que conocemos directamente, imagínese y saque sus propias conclusiones la Opinión Pública sobre cuánto nos preocupan las noticias que nos llegan desde fuera del establecimiento carcelario, donde a diario se destaca el inquietante fenómeno de constitución de las así llamadas ´bandas emergentes’, algunas de las cuales han sido objeto de manifestación pública de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos quien al presentar su informe anual sobre la situación del país expresa textualmente: “algunos de los nuevos grupos armados ilegales están fuertemente armados, tienen organización militar y mandos responsables y disponen de capacidad para ejercer control territorial y adelantar acciones militares contra otros actores armados. Son un factor activo en la intensidad del conflicto armado, con consecuencias directas y graves para la población civil”.

La acumulación de todas las circunstancias mencionadas en este Comunicado más otras que omitimos aquí en aras de la brevedad la consideramos una ‘bomba de tiempo’ que urge desactivar en beneficio de las grandes expectativas de Paz y Reconciliación que abrió en el Pueblo colombiano el proceso de desarme y desmovilización de más de 30.000 integrantes de las Autodefensas.

Sin herramientas y garantías no es posible que se respeten los derechos de las victimas que son la parte fundamental de un proceso de paz y reconciliación. Y si no hay respeto a los derechos de las víctimas, imagínense lo que nos espera a nosotros.

¿Por qué apoyo la marcha en homenaje a las víctimas del conflicto?

Por Salvatore Mancuso Gómez

El Meridiano de Córdoba, de Montería

Hoy puedo en perspectiva analizar tantas vivencias, acumuladas en el fragor del conflicto.

Al padecer el momento histórico que vivía el país, nos vimos en la disyuntiva de escoger entre dos caminos: uno que nos llevaba a empuñar las armas para defender la vida, los bienes, el terruño y la libertad, alentados por el clamor generalizado de quienes compartían como nosotros, los problemas de inseguridad, abandono y desprotección estatal.

Otro camino era el que nos planteaba la opción de abandonar y entregar sin resistencia el hogar que nos había visto nacer y crecer, la tierra de nuestros ancestros, fundadores de pueblos, colonizadores que hicieron patria con el trabajo y la inventiva aplicados a la próspera región cordobesa de nuestros sueños.

La huida significaba entregar lo que era de todos para que algunos se apropiaran ilegítimamente y sin representatividad social del solar comunitario con el afán de derrocar el Estado y ponerlo al servicio de su ideología foránea.

Paradójicamente ambos contrincantes nos quejábamos del Estado, los unos de su ausencia, ambos de la injusticia del mismo y los otros de su ilegitimidad.

El camino de no rendirme, unos lo consideraron mezquino, otros inevitable y valeroso. Con el ejercicio de la legítima autodefensa, conseguimos ganar una lucha que disuadió a los grupos guerrilleros de establecer su modelo de Estado en las regiones en las que hicimos presencia.

Pese a que la victoria me trajo calma y reflexión, empezó a ser recurrente el cuestionamiento religioso, ético, moral, social y político, acerca de la guerra y la paz, la vida y la muerte de tantos compatriotas que se involucran voluntaria o involuntariamente en la guerra.

Vivir tantos años inmerso en la guerra, me hizo conocer de cerca el dolor que causan los enfrentamientos bélicos, sentir la desazón que afecta a todas las víctimas del conflicto sin distingo alguno; siendo tan grave la de los simples campesinos o ciudadanos que fueron perseguidos, secuestrados o asesinados por las guerrillas, lo mismo que nuestros compañeros de armas caídos en combate o fuera de él, o de nuestros simpatizantes; así como el dolor que les causamos a quienes fungían como los enemigos de Colombia y por ello nuestros enemigos, a las familias que les superviven y el que soportaron aquellos sobrevivientes que por estar en posición contraria a la nuestra, fueron objetivo de nuestras operaciones militares o desarraigados de sus hogares.

Surge la respuesta a ese cuestionamiento a favor de la vida humana y comenzamos a buscar fórmulas para cesar hostilidades y desactivar los mecanismos que ocasionaban daño y dolor.

No sólo entregamos armas y desmovilizamos ejércitos, sino que aceptamos comparecer ante Dios y nuestros compatriotas, en los tribunales de Justicia y Paz, para reconstruir la verdad histórica, manifestando hechos que cometimos y conocimos durante la guerra, que generaron dolor a tantas víctimas, a las cuales no me canso de pedir perdón por el daño causado como comandante de uno de los actores armados.

Nunca será suficiente pero siempre será necesario decirlo: La razón más decisiva de mi esfuerzo por desmovilizar las autodefensas fue la comprensión interior de que nada mejor podía hacer por Colombia que desarmar los ejércitos que comandé.

Cara a cara con las víctimas, se ha hecho carne en mí el dolor y la angustia de los sobrevivientes que lloran a sus seres queridos.

Estas dolorosas experiencias refuerzan mis convicciones acerca de la decisión tomada, cuando desarmé las tropas bajo mi mando y voluntariamente me sometí a la justicia. Sin embargo, el conflicto armado se extiende y ramifica sin que hayamos podido construir todavía la solución que nos permita vivir en paz. Regiones como Córdoba y otras, son muestra de ello -y lo digo con dolor- se las entregué al Gobierno después de tantos años de lucha, esfuerzo, dolor y sufrimiento, libres del flagelo de la violencia, pacíficas e insertadas a las economías productivas nacionales y este mismo Gobierno las está dejando perder, está perdiendo la guerra que nosotros ganamos.

Entonces, aliento las marchas como expresión pacífica, como clamor civilizado por soluciones a los males de nuestra sociedad. Invité a marchar el 4F, hoy hago lo mismo por el 6M. Apoyaré todas las iniciativas que condenen la violencia como método de acción política.

La paz en nuestro País se puede alcanzar, la podemos construir, primero visibilizando todas las víctimas, luego buscando soluciones políticas negociadas. Haber sido protagonista del conflicto me permite con conocimiento de causa rechazar la violencia, venga de donde viniere. Estar claramente comprometido en un proceso de paz, comparecer ante los tribunales, pedir perdón a las víctimas por el daño que les causé, muestran que tanto el proceso de Paz, como los postulados de Justicia, Verdad y Reparación, que con él se buscan, tienen una justificación mayúscula: El reconocimiento del dolor de las víctimas, su visibilización, el derecho a conocer la verdad –así como de la sociedad- de lo que sucedió, ser reparados y reivindicados con el fin último de la RECONCILIACIÓN de todos los colombianos, para poder poner punto final al enfrentamiento y que no se siga repitiendo la historia de violencia que ha azotado a nuestra Patria, desde el momento mismo de su creación por la indolencia e irresponsabilidad de nuestros gobernantes.

Reconozcamos en cada víctima un semejante, sin importar su ideología, religión, o raza. Por encima de la vida humana no puede prevalecer ningún otro valor.

Digámosle SÍ a la marcha del 6 de marzo como legítima expresión del dolor de las víctimas y caminemos en homenaje de todos los caídos, sin importar que hayan militado en un bando o en otro, porque el dolor humano no tiene color político ni tendencias ideológicas. Propongámonos como sociedad, evitar que en el futuro sigan cayendo otros compatriotas por cuenta de las razones que imponen las armas en medio de las diferencias y que hoy se pueden dirimir en torno a la unidad de sentirnos miembros de una sola Nación.

Los invito a incorporar a la agenda ciudadana y política la discusión plural y participativa sobre los siguientes puntos:

1. Necesidad del Gran Acuerdo Nacional sobre cero tolerancia con cualquier terrorismo, insurgencia armada, paramilitarismo y su combinación de todas las formas de lucha.

2. Solución política negociada de todos los conflictos armados con participación de todos los actores armados ilegales.

3. Acuerdo humanitario que ponga fin al secuestro.

4. Reconocer a las autodefensas desmovilizadas sus derechos humanos políticos como primer paso hacia el desmonte de todo paramilitarismo.