Carta a los Honorables Congresistas de la República de Colombia

Warsaw, Virginia, 7 de diciembre de 2009.

Northern Neck Regional Jail.

Honorables

Congresistas de la República de Colombia

E.            S.            M.

Reciban un respetuoso saludo seguido por el éxito de sus importantes labores legislativas.

Agradezco la oportunidad que me brindan para hacer unos humildes aportes al propósito político común de alcanzar la paz y la reconciliación, que es de la mayor importancia para el presente y futuro de Colombia.

La ley de justicia y paz se creó con el propósito de reincorporar a la vida social a los grupos armados al margen de la ley que contribuyeran de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y como tal está concebida con el propósito de salvaguardar los derechos de las víctimas y de los desmovilizados, adoptando estándares internacionales de justicia transicional con unas exigencias mínimas en cuanto a verdad, justicia, reparación y no repetición, que le sirviera de cauce a la fase judicial de un proceso de negociación político de paz para ponerle término al conflicto social y armado que azota a Colombia hace 6 décadas.

Con nuestro decidido compromiso y valiosa participación, a pesar de todos los obstáculos que nos han colocado, la ley 975 de 2005 ha tenido su primera aplicación práctica, y gracias a ello ha mostrado sus bondades, pero también sus graves falencias que reclaman con urgencia reformas que se ajusten a las exigencias de las realidades actuales del proceso de paz, del conflicto, dentro del propósito político para el que fue creada, de los hechos y su contexto, para que cobijen todas las circunstancias, personas e instituciones involucradas en el conflicto armado, entre un Estado y una legislación que cumplan, que nos protejan, que hagan posible vivir  con plenas garantías de derechos humanos, jurídicos y políticos. Esta ley reclama con urgencia que sea rescatada del abandono en el que ha entrado, y en Ustedes honorables congresistas recae sobre sus hombros la responsabilidad de solucionar los problemas que aquejan a las poblaciones que los eligieron, especialmente cuando se trata de alcanzar la paz con justicia social tan esquiva para todos los desprotegidos de la nación, que son la mayoría, no pueden desconocer estas necesidades, y son los llamados en medio de esta gran polarización en que se encuentra Colombia, no solo a prorrogarla sino también, a hacer los ajustes y modificaciones a la ley 975, o a crear las condiciones que sean necesarias para alcanzar la paz y la reconciliación.

Son los llamados a crear los mecanismos flexibles pero muy precisos para que los altos tribunales y los operadores judiciales así como el gobierno y sus dependencias no le den una libre interpretación, algunas veces con intereses acomodados y malsanos, como mostraré más adelante, que han permitido lograr los vacíos que tiene la ley, que se evidenciaron desde su creación y se aumentaron al ser objeto de examen de constitucionalidad mediante sentencia C-370 de la Corte Constitucional, cuando declaró algunos artículos fundamentales inexequibles, o exequibles condicionalmente, más por cuestiones de forma que de fondo, y que se han hecho evidentes a través del tiempo con la aplicación de la ley, especialmente en mi caso y el de mis hombres por ser los que más hemos avanzado al estar más comprometidos, y que para subsanarlos han tratado de ser llenados con nueva jurisprudencia, que más que complementar la existente, lo que hace es entorpecerla, porque además de los intereses que motivan a esa jurisprudencia parecen pensadas para ser aplicadas a la criminalidad común de los Estados, y no a la derivada de un conflicto social armado, civil e irregular, lo que además genera desconfianza y no permite tener reglas claras de interlocución con las víctimas, con los actores del conflicto y especialmente con los desmovilizados que se debaten entre avanzar o retirarse del proceso de justicia y paz, ante tanta incertidumbre, ante tanta inseguridad jurídica, política, física, en medio de tanta violencia, de incumplimientos, traiciones, del genocidio que ha cobrado la vida de más de 2.000 desmovilizados y centenares de nuestros familiares para silenciarnos, del narcotráfico que el Estado no ha podido controlar, etc, etc, constatando con dolor que la oferta real política de paz de este gobierno, se ha convertido en más exclusión política, social, económica, aislamiento, cárcel quizás de por vida por las falencias de la ley, extradición o muerte.

Hasta hoy es incierto tanto para las víctimas como para los desmovilizados, el proceso de paz y la aplicación de la ley de justicia y paz que haga viable la impartición de justicia, el esclarecimiento de la verdad, la reconciliación, la reparación y la obtención de una pena alternativa de manera pronta, en un tiempo que no sea violatorio de nuestros derechos fundamentales y que no exceda el máximo tiempo de condena  de 8 años que otorga la ley como pena alternativa. Con la metodología de hoy no alcanzarán los años de este siglo para su aplicación. Por ahora, si comparamos, la justicia ordinaria se aplica en menor tiempo, es más rápida y sin tantos enredos metodológicos ni exigencias, y la condena máxima que otorga de 40 años [1] , se convierte realmente en una pena de 6 años [2] físicos de cárcel. Lo que además significa que si en justicia y paz nos dan una pena alternativa superior a 6 años, estaríamos recibiendo una condena mayor a la máxima pena que nos darían en justicia ordinaria si  aportamos toda la colaboración que estamos entregando en justicia y paz, lo que se ha convertido en otra de las causales que tiene al borde del fracaso el proceso de justicia y paz, que además impide el avance de otros actores del conflicto y que ha incidido fuertemente en el rearme al darse cuenta los desmovilizados que no existe un verdadero sacrificio de una buena dosis de justicia a cambio de aclimatar la paz, y por el contrario lo que ven es que no importa cuánto hayan colaborado sus ex compañeros, las condenas alternativas nunca llegan, ni siquiera en el caso de los que llevan más de 8 años presos. En pocas palabras, lo que hay es un incentivo perverso para que se silencie la verdad.

Al momento de la creación de la ley de justicia y paz había un desconocimiento casi total –excepto del gobierno Uribe al que le contamos- de la magnitud del entramado del conflicto armado Colombiano de sus implicaciones y derivaciones, pero hoy gracias al compromiso de muchos de nosotros los desmovilizados con el proceso de paz y entre ellos el de reconstruir la verdad necesaria para sanar las heridas y evitar la repetición de esta guerra fratricida que se viene reciclando hace décadas por la responsabilidad  del Estado y aun con su complicidad, ya se tiene gran parte del conocimiento necesario para hacer los ajustes y tomar los correctivos necesarios si en verdad no queremos seguir prolongando el conflicto, el narcotráfico, la corrupción, etc, etc, y generando más víctimas.

El panorama sigue siendo muy complejo mientras exista esta pugna de poderes, donde el gobierno ha impedido que se conozca la verdad para no asumir, entre otros, la mayor carga de responsabilidad que le corresponde a él y al Estado por tantos años de conflicto armado, promoviendo una ley que impide que las poblaciones que estuvieron desprotegidas por ellos y bajo el dominio y control de los diferentes actores de poder del conflicto armado, cuenten sus verdades, sin ser considerados delincuentes comunes, ni ser judicializados por contar los hechos en los que por obligación les tocó participar, ni ir a ser proscritos ni muertos civilmente o físicamente, en este caso, incluso por los nuevos actores que han retomado los territorios que entregamos al gobierno después de nuestra desmovilización donde viven o vivían, por la irresponsabilidad e indolencia de este gobierno. Como está diseñada la ley, ni permite ni promueve contar la verdad y por el contrario estas poblaciones deben ocultar o callar acerca de la verdadera realidad del conflicto que les tocó vivir y a mentir cuando son acusados por la justicia o indagados por la comisión de la verdad que creó el gobierno, es por esto que si las poblaciones y todos no participamos en la reconstrucción de la verdad, el gobierno y los jueces tratarán de establecer una verdad histórica sesgada, parcelada, reescribiéndola empujados por sus pleitos e intereses, egoísmos y retaliaciones desde el código penal y desde la comisión de la verdad que creó y maneja el gobierno a su acomodo, sin tener en cuenta las razones y causales políticas, sociales, culturales, sociológicas, económicas, de seguridad, legales, ilegales e históricas que originaron y siguen alimentando el conflicto interno colombiano,  por eso les impiden participar, porque con ello harían más evidente lo que ya es inocultable: el Estado es el mayor responsable de esta tragedia nacional, del conflicto social armado que hunden sus raíces y razones en la injusticia, la corrupción, en la violencia política impuesta por los partidos y las clases dominantes, en la exclusión política y social, etc, etc, o ¿ Acaso no fue la exclusión política, la falta de representación política de los intereses más necesitados de la población, iniciando por la SEGURIDAD cuando la guerrilla nos convertía en carne de cañón, por la omisión del Estado y de aquellos que decían representar estos intereses, lo que nos convirtió en víctimas y luego –como en este caso- reclutado por el estado, en actor del conflicto, donde generamos violencia y víctimas?   ¿Acaso el conflicto armado y los actores del mismo, no somos la consecuencia de la exclusión política del Estado, de cerrarle los espacios democráticos, de no brindar las garantías de seguridad necesarias a las poblaciones? ¿Acaso esa exclusión y la falta de representación política que ayude a solucionar las necesidades más apremiantes de la población y defienda sus intereses no es lo que sigue generando más víctimas, desplazados, violencia, pobreza, corrupción, narcotráfico y prolongando el conflicto?

¿Acaso el gobierno nacional no es el responsable y el garante de la seguridad y los derechos humanos de los colombianos?

¿Por qué se empeñan en negar las causas, satanizar a los alzados en armas señalando que se trata de delincuencia desprovista de carácter político y no aceptar la existencia del conflicto armado? Detrás de esta visión sesgada y maniquea anida el fantasma de la guerra perpetua, porque desconocer que fuimos un actor político del conflicto social y armado de Colombia, con un gran poder autónomo en lo político, social, militar, económico, que fue de lo local hasta lo nacional, en medio de un entramado legal e ilegal, privado y público, individual y colectivo del que participaron para poder establecernos y expandirnos, las fuerzas armadas, policiales y de seguridad del Estado, políticos, servidores públicos, ganaderos, gamonales, empresarios, profesores, estudiantes, campesinos, etc, etc, algunos -hoy judicializados- y que desde allí luchamos también por conseguir espacios directos de acceso al poder público para dar respuesta a las demandas no solo de seguridad para las poblaciones de todos los estratos de las regiones que controlábamos, sino también a las demandas sociales de las poblaciones marginales y más necesitadas.

Otro ejemplo de ello y de los graves vacios de la ley que se tratan de llenar con una libre interpretación, son algunas jurisprudencias emanadas de los más altos tribunales nacionales, decisiones que como ciudadano respeto pero que, con todo comedimiento considero no consultan las realidades del conflicto armado, y de esta forma se reescribe la historia acomodada a una visión que no se compadece con las verdades vividas, como sucedió con la sentencia que le reconoció a un miembro  de la autodefensa el delito político de sedición, reconociéndonos con ello como actores políticos de conflicto armado y en fallos subsecuentes lo hizo en forma contraria, desconociendo el delito político y de paso la realidad de lo vivido. Además anuló la única sentencia que un tribunal de justicia y paz dicto contra un desmovilizado y ordenó que no se pueden hacer imputaciones parciales, solo de forma extraordinaria, lo que impide hacer acumulación de procesos que se llevan por justicia ordinaria paralelos a los de justicia y paz, que en su mayoría se han iniciado por las copias que compulsan nuestros fiscales en un desgaste innecesario, violatorio de nuestros derechos fundamentales, también hemos encontrado que los diferentes operadores judiciales no han podido cambiar su paradigma y les ha sido difícil entender que la ley de justicia y paz corresponde a una ley de justicia transicional, enmarcada dentro de una política criminal del Estado colombiano que surge de la necesidad de esclarecer hechos punibles que con el mecanismo tradicional de la ley ordinaria no se habían podido esclarecer y conducían siempre a la impunidad, generando zozobra, inseguridad y violación al derecho a las víctimas, por lo que en su parte procedimental no debe aplicarse con tanta exégesis, porque de lo contrario nunca habrá justicia y reparación menos paz y reconciliación. La fiscalía general de la nación ha dictado unas resoluciones reglamentarias para la aplicación de una metodología que nos tomará esta vida y la otra para su aplicación. Los tribunales de justicia y paz aplican criterios diferentes a los de la fiscalía general de la nación que no permite armonizar los procedimientos.

El gobierno nacional además de tratar de llenar los graves vacíos de la ley con una libre interpretación a través de sus decretos reglamentarios también se abrogó cuando presentó el proyecto de ley de justicia y paz aprobado por el Congreso algunas facultades que habilitan de manera activa su participación en la aplicación de la ley a través de una serie de normas que hay que limitar, para que con ello no pueda controlar la dosis de verdad, justicia y reparación que debe darse, ni usurpe con ello la competencia de otras ramas del poder público, en este caso la judicial, ya que estas normas le dan las siguientes facultades, entre otras:

a.       Postular a quienes pueden ser destinatarios de la ley. Con esto el gobierno decide quién puede y quién no entrar a contar las verdades que exige la ley.

b.      Establecer a la agencia presidencial para la ACCION SOCIAL, como la encargada de recibir, administrar y decidir qué bienes de los entregados por los postulados tienen vocación de reparación. Esta agencia se ha negado sistemáticamente y sin justificación válida a recibir la casi totalidad de los bienes ofrecidos por los desmovilizados para reparar a las víctimas, para con esto amenazar con la pérdida de los beneficios de la ley a los jefes desmovilizados y así poder dosificar la verdad.

c.       La ley 975 estableció que los procesados y condenados por justicia y paz pagarían sus penas en sitios especiales conforme a la reglamentación existente. El gobierno no cumplió con ello y no ha permitido reunirnos a los antiguos combatientes de cada bloque de autodefensa en un solo sitio de reclusión para poder reconstruir las verdades con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que exige la ley, impidiéndolo a través del Ministerio del interior y justicia y del INPEC, su dependencia encargada del manejo carcelario.

d.      Decidir sobre la extradición, la cual condiciono a través de un acto administrativo donde estableció que no se produciría siempre que se cumpliera con los compromisos adquiridos en justicia y paz. Acudiendo a la vía de hecho el gobierno nacional incumplió la motivación de la resolución que impedía la extradición, ya que hasta el día de hoy no existe una sentencia judicial de autoridad competente en firme que demuestre que los miembros de las autodefensas extraditados, incumplieron con los compromisos de justicia y paz; aún más, el saliente fiscal general de la nación Mario Iguarán Arana aseveró en Mayo de este año que “La fiscalía no ha encontrado elementos que soportan la extradición de los desmovilizados de las AUC que están en justicia y paz”, lo que significa que el presidente con nuestra extradición violó el principio constitucional de confianza legítima y buena fe, el derecho a la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, nuestros derechos fundamentales y los de las víctimas y el principio esencial de la separación de poderes dentro del Estado social de derecho, lo que demuestra la ilegalidad de nuestra extradición para con ella silenciarnos.

Lo escrito hasta aquí pone de manifiesto algunos de los graves problemas que afrontamos y son ustedes como los representantes de las poblaciones afectadas por el conflicto, unos de los llamados a ayudarnos a solucionarlos, por ello me atrevo a hacerles algunas humildes recomendaciones:

1.- Hacer unas reformas sustanciales a la ley y al proceso de paz, de reconciliación articuladas y complementarias en lo político y social, con reglas claras muy precisas que se puedan cumplir ajustadas a las exigencias de las realidades que no fueron tenidas en cuenta desde el comienzo ni por el Gobierno ni por los legisladores ni por las cortes que no dimensionaron la magnitud del reto y que muestran con absoluta contundencia  su insuficiencia ante el propósito de alcanzar la paz con  verdad, justicia, reparación y no repetición.

2.- Crear un  grupo interdisciplinario conformado por las distintas ramas del poder público que se encargue de ejecutar el proceso de paz dentro del marco de la política criminal planteada dentro del mismo. Por ejemplo, desarrollar versiones libres colectivas y no individuales, implementando una metodología distinta a la actual que sea muy eficiente y coherente con las exigencias del proceso, con el objetivo de darle celeridad para no permitir que los procesos se vuelvan incumplibles e interminables, y evitar que con ello se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas y de los desmovilizados. 

3.-  Crear una comisión internacional de la verdad que permita la participación de las poblaciones en la reconstrucción de las realidades que vivieron y que aún viven, creando mecanismos que vayan más allá de lo estrictamente penal y de ser necesario, que se pueda aplicar un principio de oportunidad con la finalidad de hacer viable un diagnóstico real de la verdad que algunos tratan de ocultar y disfrazar utilizando todo tipo de estrategias y eufemismos, diagnóstico que sirva como punto de partida para encontrar fórmulas para alcanzar la paz y evite se siga repitiendo y reciclando el conflicto armado o se siga reescribiendo la historia acomodada  a intereses mezquinos. 

4.- Involucrar la responsabilidad del Estado en el conflicto armado, entre otras, para que no tenga pretexto de encontrarle una pronta solución y no se niegue a reconocer a las víctimas, asuma su reparación integral, eficaz, oportuna y justa sin discriminarles y evite que mañana se sigan presentando más víctimas.

5.- Replantear la política de reinserción que ha sido un fracaso y otras de las causas que han incidido en el rearme de muchos desmovilizados y el genocidio de más de 2.000 de ellos.

6.- Repatriar a los extraditados que estén dispuestos a avanzar en justicia y paz con el objetivo de esclarecer los delitos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado, porque los de narcotráfico ya los hemos esclarecido  a las autoridades de Estados Unidos y desde este país jamás nos darán las condiciones para cumplir con las exigencias de la Ley en Colombia y menos con las víctimas. Permitirnos participar del proceso a través de una videoconferencia resuelve el problema accesorio y no el fundamental para el que fue creada la ley.

7.- Implementar mecanismos eficaces con nuestra participación que permitan la erradicación del flagelo del narcotráfico, conozco por qué fallan las estrategias utilizadas hasta hoy, sé cómo ayudarles a reducir los cultivos en más de un 90% en un tiempo no mayor a dos años y a reactivar las economías lícitas que lo sustituyan.

8.- Los delitos de las guerrillas y autodefensas están enmarcados dentro de un contexto de guerra donde ejercieron control territorial, se sostuvieron en él, cobraron tributación, impusieron la ley, la justicia y la disciplina en nombre de una autoridad de facto, etc, etc, como actores políticos del conflicto social armado al que fuimos llevados por la exclusión política, social y económica a la que nos sometió el Estado, por lo que pedimos que se reconozca el delito de la autodefensa como lo que es: un delito político y a su vez la participación de quienes hayan pagado las penas en escenarios públicos y democráticos, para que no tengan que seguir expresando sus ideas políticas a través de las armas y la violencia, para que se puedan reinsertar a la sociedad con todos los derechos y se integren legítimamente a la vida democrática.

9.- Abordar el tema de la tierra dentro del conflicto armado y las reformas necesarias, ya que la inmensa mayoría de tierras usurpadas en esta guerra no están en poder nuestro, sino en poder de aquellos inversionistas que compraron cuando el conflicto estaba en su expresión más álgida y se beneficiaron de ello, con el grave perjuicio de los campesinos y colonos que quedaron en la mitad del fuego cruzado y de un Estado que los desprotegió y no contuvo este conflicto y su barbarie, que él mismo generó con su exclusión, y promovió con sus acciones u omisiones, generando miles de víctimas y millones de desplazados. 

El gobierno, ustedes como Congreso y la justicia deben asumir sus compromisos y responsabilidades para saldar la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la nación entera, al excluirnos de darnos los beneficios de la paz que nos deben y otros más, de los que solo unos pocos gozan, y de proteger y garantizar la vida y demás derechos que esa gran cantidad de colombianos no tienen como hacerlo.

Después de todo lo sucedido no se entendería que no se incluya también permitir nuestra colaboración después de la desmovilización. Permítanme por favor ayudarlos a Ustedes y a la sociedad a mejorar y llevar a buen puerto este primer proceso de paz enmarcado dentro de unos estándares de justicia transicional, soy el mejor ejemplo para que juntos lo logremos.

Con todo respeto,

SALVATORE MANCUSO GOMEZ

________________________________________

[1] Al momento de nuestra desmovilización estaba vigente la ley 600 que permite un máximo de 40 años de condena.

[2] Rebajas: Hasta del 50% por declararse culpable. Hasta del 25% por colaboración (por favorabilidad de la ley 906). De aquí, 3/5 partes  se hacen en la cárcel y a esto se le obtiene  una redención  de 1/3 parte por trabajo y/o estudio.

Carta al Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz

Bogotá DC. Septiembre 16 de 2009

Señores

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ

Ministerio del Interior y la Justicia

Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Procuraduría General de la Nación

Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. INPEC

Respetados Señores.

El Comité de Presos Políticos de las Autodefensas desmovilizadas, en nombre y representación de todos los Internos Postulados a la Ley 975 de 2005, recluidos en los diferentes pabellones creados para el procedimiento especial de Justicia Transicional, hacemos un llamado URGENTE para efectuar una reunión en el Establecimiento penitenciario y carcelario La Picota, con los Miembros del Comité de Presos Políticos, con el fin de tratar el cambio de procedimiento en la requisa que normalmente efectúan los grupos especiales de remisión, quienes por más de 4 años lo han venido realizando sin que hasta el momento se haya presentado anomalía alguna que amerite el cambio de la requisa regular por la llamada nivel 3, en donde el Postulado es desvestido en su totalidad, quedando solo en ropa interior, situación que atenta no solo contra nuestra dignidad sino la de cualquier ser humano, así se hallare privado de la libertad, como lo manifiesta la Honorable Corte Constitucional en varias de sus sentencias.

Esta determinación, aunada a una serie de decisiones que han venido modificando sistemáticamente el reglamento que inicialmente se acordó con el Gobierno Nacional para dar inicio al componente judicial dentro del marco del Proceso de Paz, Proceso que tiene como principal objetivo el fin primordial de lograr la Paz y la Reconciliación entre los Colombianos, tal como reza en la Constitución Nacional.

Por ello consideramos que determinaciones como esta se muestran totalmente contrarias a este fin, minan la moral de los Postulados que, como lo pueden corroborar las Instituciones que conforman el Comité Interinstitucional, vienen cumpliendo lo acordado al momento de su desmovilización voluntaria, con la VERDAD como principio reparador por excelencia y que es reconocido por otras instancias que ven en esta verdad el soporte del proceso y nuestro compromiso irrenunciable a la NO REPETICIÓN.

COMITÉ DE PRESOS POLITICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

C.C Misión de Apoyo al Proceso de Paz. MAPP – OEA

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. CNRR

Tribunal Superior del Distrito de Bogotá, Sala de Justicia y Paz.

Salvatore Mancuso dijo que el proceso de paz está en su etapa más crítica

La FM, de RCN, de Bogotá

En una entrevista a la Revista Semana, Salvatore Mancuso, dijo que no está dispuesto a volver a las armas si fracasa el proceso de paz con las AUC, pero aseguró que las negociaciones están en su etapa más crítica.

Bogotá, Colombia, 18 Abril (La FM) - Replicó al jefe político de las AUC, Ernesto Baez, quien dijo la semana pasada que si fracasa el proceso de paz los paramilitares volverán a las armas: "No hay que equivocarse, los comandantes de las AUC tienen voluntad de paz. Pero tenga la seguridad de que cuando dicen que si no se dan las condiciones adecuadas para la reinserción, van a volver al monte, no están cañando", señaló Mancuso.

Mancuso dijo que el riesgo de que los paramilitares sean solicitados por la Corte Penal Internacional "es una realidad con la que hay que contar y no es un asunto de poca monta".

También habló de sus intenciones políticas. Mancuso no descartó presentarse a futuras elecciones para el Congreso "en cuanto la ley lo permita".

"Cuando se viene de la guerra y se abandonan las armas sólo se puede continuar la defensa de los intereses de las regiones y poblaciones que desatendió el Estado, desde la política", explicó el líder paramilitar.

Mancuso, quien es reclamado por jueces de Estados Unidos, dijo que le teme a la extradición, pero "más a la falta de garantías jurídicas".

Salvatore Mancuso rompió su silencio. El Meridiano de Córdoba, de Montería

EN EXCLUSIVA

Mancuso, anterior comandante de las AUC y desde su condición de desmovilizado, ante la crisis que vive el proceso rompió su silencio e hizo consideraciones sobre diferentes situaciones que se plantean.

Salvatore Mancuso rompió su silencio

Salvatore Mancuso estuvo anoche en EL MERIDIANO de Córdoba concediendo una entrevista en exclusiva sobre la suerte del proceso de paz.

Montería. Salvatore Mancuso, desmovilizado comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se pronunció sobre la situación en la que se encuentra el proceso de paz, a raíz de la advertencia del vocero político del estado mayor negociador, Ernesto Báez De la Serna, de regresar al monte en caso tal de que el proyecto de Justicia y Paz, tal y como está contemplado, sea aprobado en su totalidad por el Congreso de la República.

Este martes, en una entrevista concedida a RCN Televisión, Báez ratificó su preocupación por la suerte de las negociaciones, las cuales según él dependen del Congreso; reconoció que la guerra irregular en la que se han visto inmersos por sus costos se tienen que financiar con dineros del narcotráfico y que el cese de hostilidades es casi imposible cumplirlo en su totalidad, mientras no están manejando de manera directa a sus hombres. En conclusión, según Báez, el proceso está agonizando y las AUC están dispuestas a volver al monte.

Salvatore Mancuso rompió su silencio para hablar sobre el futuro de las negociaciones y su papel como un desmovilizado que no quiere dar un paso atrás para regresar a empuñar las armas.

El siguiente es el texto de la entrevista en exclusiva concedida a EL MERIDIANO de Córdoba:

¿Qué opinión le merecen las declaraciones de Ernesto Báez sobre el 'regreso al monte' de las AUC si la ley de Justicia y Paz que propone el Gobierno se aprueba en el Congreso?

"Su voz es un grito de alerta. Un líder siempre tiene el olfato para detectar la gravedad del momento. Ernesto sabe que las AUC y el Gobierno caminan sobre el filo de la navaja pero el país político no lo quiere comprender así. Regresar a la guerra no resuelve nada ni para las AUC ni para Colombia. Y las AUC lo saben. No es tiempo de echarle más leña al fuego, sino de redoblar esfuerzos para sacar adelante la negociación de Paz. 'Regresar al monte' no es parte de la solución que Colombia está reclamando".

¿Sin embargo, la lectura que hace la opinión de las declaraciones de Báez es distinta. Como si las AUC ya hubieran tomado una decisión: "O se reforma el proyecto de Justicia y Paz en el Congreso, o regresamos al monte".?

" No comparto esa lectura ni esos términos de interpretación. Las AUC quieren, como todos los colombianos, que la Ley que apruebe el Congreso facilite la paz y la reconciliación, y no que agrave las cosas cerrando las puertas de la negociación política. Ernesto Báez quiere alertar al país sobre el riesgo que se corre si se aprueba una ley que es inútil tal como está planteada, porque definitivamente ni las Farc ni el Eln la van a aceptar. El proceso legislativo que hoy va adelantando el Congreso, hasta ahora, más que generar oportunidades de paz, propicia las condiciones para una escalada mayor del conflicto.

¿Si las AUC regresan al monte usted, Salvatore Mancuso, se va con ellas? Esta es la pregunta que se hace el país.

"Mi decisión de reincorporarme a la vida civil es irretractable. Nada me hará volver atrás en esta decisión. He dicho adios a las armas, no para retomarlas al día siguiente, o al año siguiente, o a los diez años. Me la juego por abrir caminos de paz y en ese empeño me mantendré mientras Dios me dé vida, hasta que la paz sea una realidad en Colombia.

¿Pero, entonces, usted está satisfecho con los términos de la Ley?

"No. No lo estoy. Pero he tomado una decisión de vida, y no habrá ley, por más imperfecta que sea, que me haga retroceder. He procedido de buena fe y con actitud patriótica, tengo que ser leal con mi propia conciencia y muy serio frente a las responsabilidades que asumí ante el país, cuando conduje a las AUC a la mesa de negociación política de Ralito y se produjo el hecho de paz más contundente de la historia del conflicto colombiano, al arrancarle a la guerra cuatro mil ochocientos hombres y mujeres, con todo su armamento, de un tajo".

¿Lo que dice es muy importante y puede entenderse como una ruptura en las AUC: unos regresan al monte y otros permanecen en la mesa?

"Permaneceré en la vida civil. Mi lugar ya no es la Mesa, porque estoy desmovilizado. Buscaré por todos los medios que quienes fueron mis compañeros de armas no tengan que volver al monte. Seguiré haciendo llamados públicos y privados para mantener vivas las negociaciones de Ralito. En mi carácter de desmovilizado no puedo tomar ninguna determinación con relación a los que quieran irse o permanecer en la mesa. Tampoco puedo evitar que algunos desmovilizados quieran regresar a la lucha armada. Lo que sí puedo, es seguir adelantando gestiones ante el Gobierno Nacional para que quienes se hayan desmovilizado y quieran seguir adelante con el proceso de reincorporación a la vida civil plena, tengan de mi parte toda la solidaridad y el empeño que siempre he puesto en mis responsabilidades. Nadie sabe lo difícil que ha sido iniciar las negociaciones y lo duro que ha sido mantenerlas en pie. No puedo tirar por la borda todo lo avanzado. 

¿Y su pedido de extradición pendiente?

"La Resolución 303 del Gobierno Nacional, del 16 de diciembre pasado, subordina la concesión del pedido de extradición de los EEUU a mi contribución a la paz, al abandono de actividades ilícitas y al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del proceso con las AUC. A ella me remito. He dado, estoy dando y seguiré dando demostraciones contundentes e inequívocas acerca de mi voluntad de paz. Pero eso también es un acto de fe en Colombia, uno muy personal, pues soy conciente de los riesgos que implica el tema. Mi solicitud de extradición obedece a una óptica política más que penal, cuento con que el gobierno colombiano lo considere bajo el mismo criterio".

¿Quizá un arreglo directo con los Estados Unidos, en el futuro, o uno colectivo si los demás autodefensas solicitados en extradición se reinsertaran? 

"Mire, le voy a contestar muy claramente: mi situación legal ante los Estados Unidos, o cualquier otro país, depende del Estado Colombiano. No tengo ni he tenido negociaciones por dentro o por fuera de la mesa con el Gobierno Nacional o con los Estados Unidos, con respecto a la extradición. De ninguna manera adelantaré una negociación individual que implicara someterme a unas exigencias que incluyeran traicionar mis convicciones del presente o del pasado. Ya el escenario hipotético de una negociación colectiva tendría que liderarlo el Gobierno Nacional y sólo sería posible como resultado de un proceso de paz exitoso y total. 

¿Cuál es su papel en este momento?

Sigo trabajando por los desmovilizados que como yo, han asumido con seriedad el reto que nos impone el tránsito a una nueva vida. Sigo trabajando en implementar proyectos económicos que garanticen la permanencia de miles de desmovilizados en la legalidad y la tranquilidad de sus hogares; estos proyectos productivos serán el inicio de una nueva vida para miles de reinsertados, desplazados y poblaciones afectadas por el conflicto y por años de abandono y miseria. Aquí estoy, trabajando por la paz, junto a todos aquellos que entre la paz y la guerra, le han dicho y le seguirán diciendo, sí, mil veces sí a la paz. Nunca más la guerra".

¿Cómo queda usted en su relación con las AUC si las negociaciones con el Gobierno se rompen? 

Tomen la decisión que tomen yo jamás claudicaré en el empeno de seguir construyendo con ellos, codo a codo, la misma paz que soñamos juntos. Los convoco sí, a meditar sobre todas las alternativas que existen, porque sé que no está dicha todavía la última palabra de parte de las AUC y falta involucrar demasiados sectores de la sociedad. Mi palabra, ante la tensión que se vive en Ralito y se transmite al país, es que ambas partes cedan, que haya prudencia, calma, reflexión y humildad; que así como las AUC le han pedido a Colombia una segunda oportunidad en la vida, no dejen de considerar la posibilidad de que, pase lo que pase en el Congreso, la organización tienen la potestad y autonomía para dar a Colombia todas las oportunidades de paz que merecen los colombianos. 

¿Salvatore Mancuso ha pensado en la alternativa de dedicarse a la actividad política?

"Durante estos años he buscado una salida pacífica al conflicto armado y me he dedicado a hacer viable la reinstitucionalización de vastas zonas del país. Me he ganado el derecho de hacer política en Colombia impulsando y defendiendo las comunidades. Pero voy más allá, considero que además de un derecho, es un deber de todo colombiano que sienta que puede coadyuvar a que nuestro país sea mejor, se desarrolle y se pacifique. No se le olvide que existe constancia escrita, histórica, que antes de emprender el proceso de autodefensa, agoté ante el Estado, todas, pero absolutamente todas, las instancias de súplica para no quedar encerrado en esta tragedia del conflicto armado. El 10 de diciembre pasado, en el Catatumbo pude salir con honor y dignidad del castigo que es la guerra; después de haber puesto a las AUC, en la recta final del Proceso de Paz.

¿Considera un obstáculo insalvable el que la ley de Justicia y Paz no le otorga finalmente status político a las AUC?

"Sería una insensatez, y una irresponsabilidad con el futuro de Colombia, que la ley cercene a los desmovilizados de las AUC, de las Farc y del ELN la posibilidad de que su reincorporación a la vida civil sea plena; es decir, con todos sus derechos políticos intactos y con el derecho de todo ciudadano a elegir y ser elegido. No creo que el status político de las organizaciones armadas ilegales que se desmovilicen como parte de un acuerdo de paz, deba necesariamente ser consignado en esta ley, pero sí estoy convencido que una ley que pretenda cimentar la paz, y no habilite a los desmovilizados de las AUC, de las Farc y del ELN a ejercer sus derechos políticos de manera plena, no tendría pies ni cabeza. Precisamente, se trata de que las ideas políticas de los ciudadanos no se apoyen en la violencia de las armas sino en el libre intercambio de las voluntades, dentro de las instituciones. El reconocimiento político debe ganarse o perderse en las urnas y ha de ser el pueblo quien determine si tal o cual persona es la indicada o no para ejercer un rol político de mayor o menor relevancia en la vida del país.

¿Qué juicio le merece el Congreso en relación con el desarrollo que ha tenido hasta el momento el trámite del proyecto de ley de Justicia y Paz?

He tomado nota de intervenciones realmente notables, algunas desde el oficialismo, otras desde la oposición. He observado un interés real por ahondar y perfeccionar el conocimiento que se tiene en el Congreso, sobre la enorme complejidad del conflicto. Complejidad que vuelve ininteligibles todos los aspectos que giran alrededor de éste, incluso para quienes hemos sido sus protagonistas. Sigo esperanzado en que el Congreso responda con grandeza, deponiendo prejuicios, que cada uno abandone el individualismo y el protagonismo, que piensen en el país y no en que la prensa los alabe y felicite por su intransigencia; que construyan una ley que cobije a todos los actores del conflicto, sin imponer retaliaciones ni venganzas, una ley equitativa, equilibrada, que sea un balance entre paz y justicia, creando las condiciones necesarias para la reconciliación total".

¿No siente el temor de que las regiones donde se han producido desmovilizaciones de las AUC estén hoy en la mira de otras organizaciones armadas ilegales, incluso de nuevas generaciones de autodefensas?

Concretamente, sobre Córdoba y el Catatumbo, hay medidas de prevención y seguridad que no pueden demorarse un solo día más. La posición del Gobierno en la mesa, fue la de asumir la responsabilidad total de la seguridad de esas poblaciones y sus economías regionales que las AUC habíamos protegido durante años. Sin embargo, creo que ese compromiso no alcanza. Todos sabemos que entre la voluntad que contiene la política de Seguridad Democrática y la realidad de los hechos, está la dramática evidencia de la escasez de recursos y de presupuesto. Ante esto, invito al Congreso a que escuche a las comunidades que representa, y atienda el clamor con urgencia de las regiones que las AUC arrebatamos a la crueldad y la desidia. En esas zonas se incuban ya nuevas tragedias, por eso la preocupación no debe girar solamente sobre la atención que merecen las víctimas que nos lega el pasado, sino también sobre aquellas labores de prevención que hay que desarrollar a partir de hoy mismo, para que en el futuro no tengamos víctimas de algunas formas aún inéditas de violencia.

¿Usted cree que el Congreso puede jugar un papel importante para evitar el regreso de las AUC al monte?

Considero que ese es su máximo deber en esta coyuntura tan complicada. Los invito a deponer esa noción equivocada de dignidad que no ayuda a sanar las heridas de Colombia y les impide encontrar legítimo el diálogo con las Autodefensas. Bajen del pedestal, escuchen los planteamientos de las AUC, vuelvan libremente a legislar, sopesen lo escuchado y procedan a conciencia por el bien de la patria.

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La hora de despejar dudas y consolidar el Proceso de Paz

Hemos percibido dudas, no solo entre los habitantes de las regiones con presencia de Autodefensas, sino en la opinión pública nacional e internacional, respecto al Proceso de Paz que adelantamos. Llama la atención la incertidumbre de mucha gente en cuanto a que termine el gobierno actual y las Autodefensas queden "semidesmontadas y semimontadas", para recoger la expresión de un dirigente regional del Urabá. Y es cierto que causa preocupación, sería algo así como si el Estado está y no está y quién sabe qué gobierno vendrá. Peor situación que la de hoy se avizora, entonces, si introducimos la incertidumbre de tal eventualidad.

Desde el punto de vista político se puede afirmar que el actual gobierno no dejará caer en el vacío el Proceso de Paz con las Autodefensas. Se percibe que esa es una decisión tomada y va a ser muy difícil que la echen para atrás.

Los colombianos prefieren que sean el Estado y sus instituciones quienes los protejan. La voluntad política que permitiría la recuperación de la institucionalidad es evidente. Hay comprensión de la sociedad colombiana. Ya el proceso de desmovilización ha encontrado un acompañamiento internacional de la OEA, representada en el doctor Sergio Caramagna. El Fiscal general Luis Camilo Osorio ha sido claro en decir que a las Autodefensas hay que darles el mismo tratamiento que a la guerrilla; igual lo dijo antes el mismo señor Presidente de la República.

Prestigiosos columnistas como Roberto Posada -D'Artagnan- afirman que el perdón es un sapo que hay que tragárselo en este proceso. Sabemos además que, tragarse sapos, resulta inevitable en cuestiones políticas. Y aunque suene desagradable, siempre ha sido así. Ya un día escuchamos idéntica expresión del honorable doctor Vladimiro Naranjo respecto al perdón a las Farc -en el fracasado proceso de negociación del Caguán- cuando presidió la Comisión de Notables que intentó rescatar ese proceso de su naufragio durante el gobierno del doctor Pastrana Arango.

El doctor Rafael Pardo escribe en El Tiempo del día lunes 8, que las Autodefensas tienen fundamento e intencionalidad política y da sus razones que lo mueven a pedir el retiro del proyecto de ley de Alternatividad. Asimismo propone previamente "un más amplio consenso y una alta legitimidad de una política y unos instrumentos que hoy no la tienen". Agrega, finalmente, el doctor Rafael Pardo, que "el Gobierno podría establecer un proceso de concertación política y social de la política de paz y en marzo próximo, como consecuencia de la concertación, podría presentarse un nuevo proyecto que sí recoja una amplia legitimidad".

El embajador de los EE.UU., doctor William Wood, dijo en una entrevista con Yamid Amat que el gobierno colombiano es autónomo y que aun en el caso de la extradición de miembros de las Autodefensas el asunto es materia que decide unilateralmente el gobierno colombiano.

Y, aunque no es fácil de creer que esta última declaración del señor Embajador de los Estados Unidos sea así tan llana y desprovista de peros, cuando ya antes los EE.UU. habían dicho que el no cumplimiento de Colombia con los acuerdos binacionales de justicia, podría "decepcionar" al gobierno Norteamericano, sí podríamos pensar que si mostramos con hechos irrefutables una sincera convicción de desmontar las Autodefensas y lo vamos haciendo con pasos precisos e indubitables, no solamente entregando aquí y allá algunos hombres y algunas armas, sino acabando toda la infraestructura y desenredando todos los ovillos, tal vez las palabras del señor embajador de los EE.UU. sean aceptadas por su gobierno y por la sociedad internacional, sin someter a Colombia a sanciones de ninguna índole.

Queremos creer entonces, que se ha abierto la posibilidad de un gran acuerdo político que le dé a los actores del conflicto colombiano, la misma connotación frente a las posibilidades de la Ley y la Constitución. Ese acuerdo tiene que ser para darles a guerrilla y autodefensas, y a cada uno de sus integrantes, una connotación política. Y si a eso se llega, será dentro del marco general de la Constitución que formalizaremos los acuerdos al finalizar el proceso. Será indispensable sí, trabajar con mucha seriedad, altruismo y toda la sinceridad necesaria para no dañar el rumbo realista y sensato que ha tomado la negociación.

El proceso con las AUC debe entrar en una nueva dinámica, formalizando acuerdos políticos dentro de la negociación, concertando el objetivo hacia donde debe avanzar, y estableciendo el alcance real que el Estado quiere darle al proceso. Y como respuesta de nuestra parte, dar pasos consistentes y concertados en el desmonte. Si no es así las cosas se pueden complicar, para el País ante todo.

Ya para terminar, queremos invitar al señor Gustavo Petro a que nos visite en compañía de los suyos, y así hablamos sinceramente y sin prejuicios de Verdad, Justicia y Reparación. Y de paso debatimos sus disparates sobre los inimaginables "seis mil millones de dólares y cinco millones de hectáreas en poder de las Autodefensas" que denuncia él.

Carlos Castaño

Salvatore Mancuso

Voceros Proceso AUC