Ante la versión periodística transmitida en la emisión de las 7 pm del
noticiero RCN del pasado 10 de octubre, en la cual se hace referencia a
gestiones de tipo legal realizadas ante la Justicia de los EEUU por miembros
representantes de las AUC, paralelas con el proceso de paz que se adelanta con
el Gobierno nacional, es preciso aclarar a la Opinión pública lo
siguiente:
En ningún momento he considerado renunciar al procedimiento establecido en la
Ley de Justicia y Paz, por el contrario, en desarrollo de mi compromiso y
determinación con la paz y reconciliación de nuestro país me acogí
voluntariamente a él y es mi propósito responder ante la justicia, no solo la
nacional sino cualquier otra que me esté requiriendo con ocasión de mi
pertenencia a las antiguas AUC, pues solamente de esta manera podré
reincorporarme plenamente a la vida civil.
En añadidura de lo anterior considero necesario manifestar lo siguiente:
1. No existe al día de hoy ninguna garantía constitucional ni manifestación
pública del Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, donde
se otorgue algún principio de solución ni mucho menos solución jurídica
definitiva a los problemas judiciales subsistentes con terceros países
derivados de mi pertenencia a las AUC en el marco del conflicto armado.
2. La Ley de Justicia y Paz constituye la adecuación del régimen legal
colombiano a los estándares internacionales vigentes. Lejos está de mi voluntad
y determinación renunciar a ser cobijado por tal instrumento legal promovido
por el Poder Ejecutivo, sancionado por el Congreso de la República y avalado
por la Corte Constitucional de manera que Colombia honra así sus compromisos
con la Comunidad internacional, compromisos que, como ciudadano colombiano,
también me obligan.
3. La desidia y el desinterés evidenciados por el Gobierno nacional, en todo lo
relacionado con promover los acercamientos de rigor entre terceros países y los
miembros representantes de las AUC, determina que debamos ser cada uno de
nosotros por nuestra cuenta quienes tomemos la iniciativa a través de nuestros
abogados, de actuar de manera responsable y consecuente también con la Justicia
de otros países, sin que ello para nada signifique renunciar a nuestro derecho,
voluntariamente asumido y sostenido, de ser juzgados en Colombia en los
términos de la Ley 975, de Justicia y Paz.
4. Colombia y la Comunidad internacional pueden estar seguros que los
integrantes de las ex AUC honraremos nuestros compromisos con Justicia y Paz
hasta donde el Estado nacional nos lo haga posible, y satisfaremos a la
Justicia de terceros países en los términos que corresponde.
5. El proceso de paz entre el Gobierno nacional y las Autodefensas sigue
vigente, así como continúa inconmovible nuestra decisión de honrar la palabra
empeñada y los compromisos asumidos en la Mesa de Negociación.
Aprovecho esta circunstancia para invitar al Gobierno nacional a relanzar el
proceso, retomar la hoja de ruta y hacer públicos y visibles todos los
esfuerzos que se han hecho y se siguen haciendo por consolidar el rumbo hacia
la exitosa reincorporación a la vida civil de los más de 32.000 desmovilizados
de las Autodefensas.
SALVATORE MANCUSO
Miembro Representante ex AUC
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