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ITAGUI, Colombia (AP) - Salvatore Mancuso ha
revelado más nombres de congresistas, generales y bananeras estadounidenses que
cualquier otro caudillo paramilitar, que supuestamente se beneficiaron del
sanguinario ascenso de las milicias de extrema derecha.
Eso lo ha puesto en aprietos. ¿Qué tanto puede el
que llegó a ser el más importante comandante de esos ejércitos privados delatar
a los que eran sus aliados sin hacerse asesinar por ello?
Muchos de aquellos, después de todo, son allegados
al presidente Alvaro Uribe, por quien Mancuso dice que sus fuerzas ordenaron
votar a la gente en las áreas que controlaban en las elecciones presidenciales
del 2002.
"He caminado todo el tiempo al filo de la
navaja", dijo Mancuso en una entrevista con The Associated Press desde la
cárcel en Itagüí, un suburbio de Medellín.
Dijo que intenta persuadir a reticentes subalternos
de la extinta confederación paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC), que desmovilizó a 30.000 hombres bajo un pacto de paz del 2003, a
confesar asesinatos e identificar fosas comunes. Estados Unidos catalogó en el
2001 a las AUC como una organización terrorista.
El testimonio de Mancuso, dicen fiscales, ha
ayudado las investigaciones que mandaron a prisión a 13 aliados de Uribe en el
Congreso, bajo cargos de conspiración por aliarse con las AUC en el creciente
escándalo de la "parapolítica".
Recientemente un tío segundo y antiguo aliado
político del presidente, Mario Uribe, renunció a su curul del Senado después de
que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo por el escándalo, basado
en parte en el testimonio de Mancuso.
Mancuso, descendiente de italianos y vinculado por
autoridades de ese país con la drangheta, como se llama a la poderosa mafia
calabresa, podría fácilmente incriminar a más prominentes colombianos, pero
anda con precaución extrema, por una cuestión de supervivencia.
El vacío de poder por la desmovilización
paramilitar ha desatado una guerra abierta entre remanentes de esas milicias y
ejércitos de narcotraficantes que ha cegado decenas de vidas.
Mancuso no se preocupa sólo de sí mismo
_encarcelado junto a medio centenar de la cúpula de paramilitares dentro del
ala de máxima seguridad de la prisión de Itagüí_, sino también de su familia.
El año pasado dijo que dos hombres intentaron matar
a su hijo de 11 años _tiene cuatro hijos de dos matrimonios_, pero que escapó
ileso porque el ataque fue repelido por los guardaespaldas del niño.
Mancuso, hijo de 43 años de un italiano inmigrado
de Salerno, Campania, quien poseía distribuidoras de vehículos y maquinaria
agrícola, se entregó en diciembre del 2004.
La élite empresarial y política que respaldó su
movimiento, que brutalmente contuvo las extorsiones y secuestros de la guerilla
en vastas regiones que largamente fueron descuidadas por el gobierno, ahora
reniegan haberlo hecho por temor a terminar compartiendo la prisión con
Mancuso, aseguró.
Aspiraba a una curul del senado, pero bajo la ley
de Justicia y Paz que reglamentó su desmovilización, no puede postularse a
cargos públicos. Eso no le impidió crear una página web con algunos anuncios y
recientemente se unió a la comunidad social en red de Facebook.
Como los otros caudillos paramilitares, Mancuso
tiene celular, computadora con internet, cocinero privado compartido y visitas
extendidas en su celda.
Bajo el acuerdo de paz, los jefes paramilitares
pagarán hasta ocho años de prisión si confiesan todos sus crímenes, cesan sus
actividades ilegales y reparan el daño ocasionado a sus víctimas.
Aun así, su cooperación con la justicia ha sido
lenta.
Uno de los compañeros de Mancuso, Carlos Jiménez,
fue transferido el mes pasado a una fragata de la Armada, acusado de seguir
traficando cocaína a los Estados Unidos, y se anticipa que será extraditado
allá para enjuiciarlo.
Los hombres de Mancuso produjeron 230 toneladas de
cocaína de 1997 al 2004, dijo, con un 70% de los ingresos de los paramilitares
dependiente del narcotráfico.
El resto de sus finanzas provenía de
"impuestos " pagados por hacendados, tenderos, transportistas,
embotelladoras de bebidas y casi todos los comerciantes, dijo Mancuso.
Eso abarcaba a los exportadores de bananas
colombianas, agregó, que les pagaban tres centavos de dólar por cada caja
embarcada. Chiquita Brands International Inc. admitió pagos regulares a la AUC
y se sometió a una multa de 25 millones de dólares fijada por el Departamento
de Justicia estadounidense. Otras bananeras estadounidenses niegan haber hecho
pagos.
El gobierno de Uribe ha congelado la extradición a
Estados Unidos de Mancuso, pedida en el 2002 por una acusación de tráfico de
drogas. Mientras cumpla con las condiciones del acuerdo de paz también evitaría
la sentencia de 40 años de prisión en Colombia por haber supervisado una
matanza de 15 campesinos asesinados a lo largo de tres días en 1997, que
Mancuso consideró "una operación militar ".
Mancuso afirmó a la AP que ordenó más de 300
muertes mientras los paramilitares establecieron mini-estados soberanos desde
fines de los años 90, mayormente a lo largo de la costa caribeña, de la que es
nativo.
Sus tropas condujeron a cientos más a la muerte. Un
ex subordinado, Jorge Iván Laverde, se atribuyó el mes pasado unos 2.000
homicidios, lo que haría languidecer las estimaciones del gobierno de 10.000
muertos en todo el país.
Mancuso insiste en que casi todos los muertos bajo
sus órdenes eran o guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, algo que
refutan grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y las
Naciones Unidas.
Sentado sin calcetines con mocasines informales,
una camisa a rayas amarillas y pantalones flojos color verde olivo durante la
entrevista, Mancuso consideró los testimonios de víctimas de atrocidades como
mentiras difundidas por simpatizantes de la guerrilla.
"Yo nunca di la orden a mis combatientes:
entierren a la gente, desaparezcan a la gente. Si a la gente se va a dar de
baja (matar), hay un motivo para darle de baja... nunca dije que
torturaran", sostuvo.
Sus ojos se humedecen cuando responde positivamente
a si personalmente mató gente, pero dijo que lo hizo en combate. "Me sigue
doliendo en el alma", expresó.
Respecto al presidente Uribe, quien niega haberse
reunido con paramilitares o buscado su apoyo, Mancuso dijo que nunca lo vio
cuando era paramilitar.
Cuando manifestó su interés de sacar a todos los
rebeldes del campo, Mancuso dijo que "no tengo conocimiento de si él
(Uribe) sabía o no sabía que nosotros lo estabamos apoyando".
Fue inequívoco, eso sí, en que las fuerzas armadas
colombianas siempre ayudaron a las AUC _un asunto delicado en el congreso de
Estados Unidos, en donde los demócratas buscan reducir los más de 600 millones
de dólares de ayuda militar destinada anualmente a Colombia_.
Dijo que soldados colombianos lo entrenaron a él
personalmente, mientras que oficiales les proveían a las unidades paramilitares
informes y frecuentemente montaban operaciones juntos contra la guerrilla.
"El proceso de colaboración de las fuerzas
militares, en todas las áreas donde nosotros fuimos un estado regional, se
dio", afirmó.
Así se explica que "hayamos podido mover
helicópteros del oriente al occidente por toda la costa norte de Colombia sin
tener problemas", manifestó.
Sobre sus bienes, Mancuso dijo que no tiene dinero
en los bancos ni oculto. Ha entregado más de 25 millones de dólares en
propiedades pero dice que no puede costear el resarcimiento de sus víctimas.
Pero le es posible pagar un abogado en Estados
Unidos para contactar a las autoridades judiciales allá, dijo.
Cuestionado sobre si eso significa que prefiere
declararse culpable y reducir un eventual termino de prisión en Estados Unidos
para cuando, en incertidumbre, salga de la cárcel en Colombia, ríe nervioso.
"No me haga responder eso".
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