Señor:
Dr. CARLOS HOLGUIN SARDI
Ministro del Interior y de Justicia
Señor:
Dr. MARIO IGUARAN
Fiscal General de la Nación
Señor:
Dr. LUIS CARLOS RESTREPO R.
Alto Comisionado de Paz
El pleno mayoritario del Movimiento Nacional de
Desmovilizados, a la cabeza de la dirigencia recluida en los pabellones de
Justicia y Paz de las cárceles de Itagüí, La Picota, Urrá y demás centros de
reclusión, ha tomado la decisión de suspender indefinidamente la presentación a
las diligencias judiciales, enmarcadas en los procedimientos de la ley de
Justicia y Paz, por el flagrante incumplimiento del Estado Colombiano, a los
compromisos acordados en el marco de la negociación con la organización de
Autodefensas Campesinas, y la violación a las garantías del debido proceso.
A la actitud del desentendimiento del Alto
Comisionado frente al proceso de paz con las Autodefensas; a las deficiencias
enormes de la fase de reinserción, ya denunciada por la Organización de Estados
Americanos OEA, como principal factor del creciente fenómeno de rearme; a la
consiguiente proliferación de grupos irregulares, subestimada por varios
sectores del Gobierno; a la aberrante inseguridad jurídica de los
desmovilizados; a las circunstancias de negación de Justicia para los presos
políticos de las Autodefensas; al incumplimiento de reinstitucionalización
pública en las zonas azotadas por la violencia y ausencia de Estado y la
carencia de seguridad en las regiones; se agrega finalmente ahora los efectos
de la gravosa sentencia 26.945 proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia
el pasado 11 de julio, la cual no sólo desconoció de tajo y sorpresivamente el
espíritu que inspiró el marco jurídico del proceso de paz, sino que impuso
sobre la marcha de nuestros procesos judiciales, nuevas y onerosas
consideraciones. Todo esto ignorado deliberadamente por el Gobierno Nacional.
Los eventos reseñados constituyen, entre otros,
motivos suficientes de desconfianza en la Justicia, y razones contundentes para
denunciar públicamente que el proceso de paz, después de la desmovilización y
entrega de las armas, ha sido burlado tanto en el cumplimiento de los
compromisos del Gobierno en la mesa, como en el respeto a las garantías y
derechos del debido proceso, de quienes hemos sido judicializados.
Lo menos que podemos exigir, ahora cuando el
proceso de paz fue abandonado en la mitad del camino, es que se nos respete la
condición de actores del conflicto armado, a la luz de las prescripciones
contenidas en los convenios y protocolos de Ginebra. Que se nos brinde
seguridad jurídica, a partir de la restitución y reconocimiento de las
condiciones, garantías del debido proceso, y que se reconozcan los derechos
adquiridos por más de 31.000 desmovilizados, que se acogieron a los beneficios
de la ley 782, atraídos por la oferta de paz del Gobierno Nacional.
En el marco de la anunciada celebración oficial de
los dos años de la ley de Justicia y Paz, deploramos la congelación indefinida
de las diligencias judiciales, el entorpecimiento grave del proceso de
construcción de la verdad histórica, la suspensión de la información sobre
fosas y desaparecidos, y la parálisis del proceso de entrega de bienes
destinados a la reparación de las víctimas.
Urge la convocatoria a un debate nacional
incluyente, sobre el origen, naturaleza, actores y reconocimiento de la
existencia del conflicto armado, la abolición de la violencia como instrumento
de lucha política, y la superación de la guerra, como presupuestos
fundamentales para la reconciliación del país.
FREDY RENDON HERRERA
EDWAR COBOS TELLEZ
RODRIGO PEREZ ALZATE
CARLOS MARIO JIMÉNEZ N.
SALVATORE MANCUSO G.
DIEGO RUIZ ARROYAVE
FRANCISCO J. ZULUAGA L.
ARNUBIO TRIANA M.
DIEGO FERNANDO MURILLO
RAMIRO VANOY MURILLO
IVAN ROBERTO DUQUE G.
JUAN CARLOS SIERRA R.
GUILLERMO PEREZ ALZATE
HERNAN GIRALDO SERNA
JORGE IVAN LAVERDE
RODRIGO TOVAR PUPO
JESUS IGNACIO ROLDAN
LUIS EDUARDO CIFUENTES
RAMON ISAZA ARANGO
JHON FREDY GALLO
JOSE BALDOMERO LINARES
DIEGO MARTINEZ G.
MANUEL PIRABAN
JUAN FRANCISCO PRADA
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