viernes, 15 de febrero de 2008

Comunicado Público

LOS INTERNOS DEL PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ DE LA CÁRCEL DE ITAGÜÍ, ANTE LA INFORMACIÓN QUE SE HA DADO A CONOCER A LA OPINIÓN , CON RESPECTO AL RECIENTE OPERATIVO DE REGISTRO, PRECISAMOS:

1- Que el operativo en mención se llevó a cabo simultáneamente en el pabellón de Justicia y Paz, en el patio dos de alta seguridad y en los anexos uno y dos de la Cárcel.

2- Consideramos tendencioso que la publicación del video del operativo realizado en nuestro pabellón, incluya escenas de decomiso de estupefacientes y armas blancas, encontrados en el patio de máxima seguridad, contiguo al pabellón de Justicia y Paz, donde hay cerca de un centenar de reclusos entre guerrilleros, delincuencia común y autodefensas. A la opinión pública, en ningún momento, se le aclaró que en el Pabellón de Justicia y Paz, no se hallaron elementos de esta naturaleza.

3- El arma y la granada no fueron encontrados en el pabellón de Justicia y Paz. Estos elementos se descubrieron abandonados en un área denominada ‘’ La Guayana ’’ que limita con nuestro pabellón y a la cual se tiene acceso directo por el denominado anexo uno, ocupado también por guerrilleros y delincuentes comunes. Igualmente desde el patio de Máxima Seguridad, separado por una pared del pabellón de Justicia y Paz, hay permanente tránsito hacia nuestro pabellón con un mínimo control de seguridad por parte del INPEC. El día del operativo, había en nuestro pabellón varios reclusos del denominado patio dos. Y los registros de los reseñadores así lo pueden comprobar.

4- De una forma muy inexplicable y suspicaz, previo al operativo interno, no se acordonaron las áreas periféricas limítrofes con el pabellón de Justicia y Paz, entre ellas la denominada ‘’ La Guayana ’’ que es la zona más vulnerable para desprenderse de objetos ilícitos. Por razón de ésta deplorable falla, ningún miembro del experimentado grupo del INPEC, pudo observar desde cuál celda fueron supuestamente lanzados los objetos ilegales. Además tampoco hay registros por parte de la completa red de cámaras instaladas en esta zona del Penal, ni el reporte de los encargados de las garitas, desde las cuales se domina totalmente el área en la que fueron hallados los objetos. Nos preocupa que éstos hechos no hayan sido divulgados al público.

5- Desde nuestra llegada a la cárcel de Itagüí, renunciamos a la alimentación y servicio médico, ofrecido por el INPEC. Para suplir estas necesidades y derechos básicos, se nos autorizó proveerlos por nuestra cuenta, para lo cual se organizó un fondo común, con el aporte de los internos del pabellón de Justicia y Paz. Los dineros encontrados forman parte del mencionado fondo, todo lo cual está probado con documentos, vales, registros de consignaciones bancarias, etc.

6- Ante las autoridades que investigan estos graves hechos, hemos aportado reveladoras pruebas de voluntad, para contribuir con su esclarecimiento.

Por último, deseamos reafirmar nuestra firme voluntad de alcanzar la Paz en Colombia. Nos duele que, a pesar de tantos hechos de paz y reconciliación que hemos mostrado al mundo, nos sigan buscando satanizar y criminalizar.

Desmovilizados del Pabellón de Justicia y Paz
Febrero 15 de 2008.

Cárcel de Itagüí.

lunes, 11 de febrero de 2008

Marcha del 6 de marzo: entre la revancha y el oportunismo



Comité Editorial de Paz y Progreso, en www.salvatoremancuso.com

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En primera instancia, queremos resaltar la marcha que se llevó a cabo en Colombia y en los lugares más insospechados del mundo el pasado lunes 4 de febrero.

En Bogotá, en Cali, en Medellín, a lo largo y ancho de la geografía nacional, incluidos municipios duramente castigados por la guerrilla, como San Vicente del Caguán, Florencia, incluso en Neiva, la condena al accionar demencial de las FARC fue unánime. En la historia del país nunca ha habido una manifestación de estas características, un clamor mundial en contra de la ignominia a la que someten las FARC a tantos seres humanos, una condena a la violación de las más elementales normas del Derecho Internacional Humanitario.

La magnitud de las marchas fue tal, que no ha sido posible establecer la cantidad de caminantes, pero posiblemente fueron unos diez millones de colombianos y simpatizantes del objetivo del evento: un rechazo frontal a las FARC. Fue un gran grito del pueblo, pidiendo poner fin a la barbarie, a la infamia, a las torturas. Los críticos de las marchas ofenden a quienes en ellas participaron, al considerarlos minusválidos mentales, ya que dicen que fueron manipulados. ¡Por Dios! ¿Tantos millones son borregos de los medios de comunicación? Otra característica que debe resaltarse fue la participación generalizada de colombianos de todas las clases sociales, condiciones y edades, pero sobresaliendo la siempre fresca presencia de las juventudes.

Creemos que una expresión de estas características tiene mayor significación para la comunidad internacional que para el país. Las FARC se han caracterizado por su posición autista ante las demandas que se las han hecho reiteradamente para que alivien el sufrimiento de tantos colombianos, mostrando una inflexibilidad digna de mejor causa. Pero en Europa especialmente, persisten grupos de apoyo que ignoran las realidades del drama colombiano, y a los que actos como los del 4F pueden abrirles los ojos.

De todos modos no faltan los sectores que siguen simpatizando con las guerrillas y por ende, tratando de justificar lo indefendible. Algunos integrantes del sindicalismo decimonónico y de la izquierda recalcitrante, fueron vacilantes, dubitativos, ambiguos.

Ahora, hemos sido sorprendidos con una marcha que se propone supuestamente a favor de las víctimas, y que se realizaría el próximo seis de marzo. Su instigador es el señor Iván Cepeda, justamente quien no ha condenado con energía que uno de los frentes mas criminales de las FARC lleven el nombre de su padre Manuel Cepeda. Esta solo circunstancia ya siembra dudas sobre los reales intereses de quienes están orquestando tras bambalinas esta nueva marcha.

En realidad, de lo que se trata es de deslegitimar de alguna manera el abrumador rechazo que la inmensa mayoría de los colombianos hicieron de las FARC, desdibujando la contundencia de la expresión mayoritaria, con otros propósitos que se proponen ahora.

Toda la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia fue desmantelada cuando se produjeron las desmovilizaciones. Entregamos más de 18.000 armas que ya fueron fundidas, y desactivamos un ejército de más de 30.000 hombres y mujeres. Realizar una marcha en contra nuestra es tan insólito como si ahora convocáramos a una movilización en contra del M-19, o del EPL, o del Quintín Lame, que dejaron las armas a comienzos de los noventa. Es más, debemos recordar que el de las AUC es el primer proceso de paz en el mundo en donde la dirigencia de quienes toman la decisión de abandonar la lucha armada está encarcelada, pese a lo cual hemos seguido honrando nuestros compromisos con la sociedad colombiana.

En todos los procesos de desarme en el mundo, y por muy diversas razones, un porcentaje de quienes integraban el grupo armado reinciden e incumplen los pactos acordados. Las Autodefensas no somos la excepción. En múltiples ocasiones hemos llamado la atención sobre situaciones objetivas que propician el regreso de quienes integrábamos las AUC a la ilegalidad, por lo que no vamos a insistir en el tema. Pero el hecho de que haya grupos emergentes conformados por desmovilizados, no deslegitima al grueso de ex-combatientes que persistimos en los cauces institucionales para reintegrarnos a la sociedad.

Recordemos el pasado reciente de Colombia, en donde el M-19 tuvo una disidencia importante, con un grupo en el Valle del Cauca, denominado “Frente Jaime Bateman Cayón” que persistió varios años en su accionar en la zona. Igualmente, el EPL tuvo disidencias en el Urabá y uno de sus máximos dirigentes, el señor Francisco Caraballo, estuvo también un tiempo importante en la ilegalidad, hasta ser capturado. Podemos citar más ejemplos, pero el punto central es que la actitud individual o de pequeños grupos no dio al traste con los procesos que se llevaron a cabo con estas formaciones guerrilleras.

Los Comandantes de las Autodefensas se acogieron al marco determinado por la ley de justicia y paz, y están contando su verdad al país, por estremecedora que ella pueda ser. Tenemos que ser capaz de mirarnos en el espejo de nuestras realidades, para poder superarlas. Pero los hechos que se están confesando y los que se reconocerán, pertenecen al pasado. Hemos manifestado nuestro arrepentimiento a la sociedad, y nuestros propósitos de no repetición. Estamos dispuestos a cumplir con las penas que se nos asignen, a pesar de que no fuimos vencidos en el campo de batalla.
Igualmente, hemos dicho que los desmovilizados que incurran en conductas delictivas deben asumir las responsabilidades legales que les competan, y que la condición de desmovilizado impone un comportamiento ejemplar, y de ninguna manera es una patente de corso.

Son estas razones las que nos impulsan a decir que la marcha programada para el 6 de marzo obedece quién sabe a qué oscuros intereses, y estamos con estas glosas alertando a la gente desprevenida, que puede pensar en la buena voluntad de sus organizadores.

El denominado Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado parte de supuestos que no son ciertos, como el hecho de que las Autodefensas éramos unos apéndices del Estado, lo cual sería un despropósito elemental, sino fuera porque es la misma tesis que ha esgrimido la guerrilla de las FARC de forma reiterada. Son esas coincidencias las que nos parecen sospechosas. Los lectores sin prejuicios sacarán sus propias conclusiones.

“La ambigüedad es el mal de los cobardes”

MOVIMIENTO NACIONAL DE AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS
Colombia, febrero 11 de 2008

domingo, 28 de octubre de 2007

Entrevista de Associated Press (AP) a Salvatore Mancuso

www.univision.com

ITAGUI, Colombia (AP) - Salvatore Mancuso ha revelado más nombres de congresistas, generales y bananeras estadounidenses que cualquier otro caudillo paramilitar, que supuestamente se beneficiaron del sanguinario ascenso de las milicias de extrema derecha.

Eso lo ha puesto en aprietos. ¿Qué tanto puede el que llegó a ser el más importante comandante de esos ejércitos privados delatar a los que eran sus aliados sin hacerse asesinar por ello?
Muchos de aquellos, después de todo, son allegados al presidente Alvaro Uribe, por quien Mancuso dice que sus fuerzas ordenaron votar a la gente en las áreas que controlaban en las elecciones presidenciales del 2002.

"He caminado todo el tiempo al filo de la navaja", dijo Mancuso en una entrevista con The Associated Press desde la cárcel en Itagüí, un suburbio de Medellín.

Dijo que intenta persuadir a reticentes subalternos de la extinta confederación paramilitar de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que desmovilizó a 30.000 hombres bajo un pacto de paz del 2003, a confesar asesinatos e identificar fosas comunes. Estados Unidos catalogó en el 2001 a las AUC como una organización terrorista.

El testimonio de Mancuso, dicen fiscales, ha ayudado las investigaciones que mandaron a prisión a 13 aliados de Uribe en el Congreso, bajo cargos de conspiración por aliarse con las AUC en el creciente escándalo de la "parapolítica".

Recientemente un tío segundo y antiguo aliado político del presidente, Mario Uribe, renunció a su curul del Senado después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó investigarlo por el escándalo, basado en parte en el testimonio de Mancuso.

Mancuso, descendiente de italianos y vinculado por autoridades de ese país con la drangheta, como se llama a la poderosa mafia calabresa, podría fácilmente incriminar a más prominentes colombianos, pero anda con precaución extrema, por una cuestión de supervivencia.

El vacío de poder por la desmovilización paramilitar ha desatado una guerra abierta entre remanentes de esas milicias y ejércitos de narcotraficantes que ha cegado decenas de vidas.

Mancuso no se preocupa sólo de sí mismo _encarcelado junto a medio centenar de la cúpula de paramilitares dentro del ala de máxima seguridad de la prisión de Itagüí_, sino también de su familia.
El año pasado dijo que dos hombres intentaron matar a su hijo de 11 años _tiene cuatro hijos de dos matrimonios_, pero que escapó ileso porque el ataque fue repelido por los guardaespaldas del niño.
Mancuso, hijo de 43 años de un italiano inmigrado de Salerno, Campania, quien poseía distribuidoras de vehículos y maquinaria agrícola, se entregó en diciembre del 2004.

La élite empresarial y política que respaldó su movimiento, que brutalmente contuvo las extorsiones y secuestros de la guerilla en vastas regiones que largamente fueron descuidadas por el gobierno, ahora reniegan haberlo hecho por temor a terminar compartiendo la prisión con Mancuso, aseguró.

Aspiraba a una curul del senado, pero bajo la ley de Justicia y Paz que reglamentó su desmovilización, no puede postularse a cargos públicos. Eso no le impidió crear una página web con algunos anuncios y recientemente se unió a la comunidad social en red de Facebook.

Como los otros caudillos paramilitares, Mancuso tiene celular, computadora con internet, cocinero privado compartido y visitas extendidas en su celda.

Bajo el acuerdo de paz, los jefes paramilitares pagarán hasta ocho años de prisión si confiesan todos sus crímenes, cesan sus actividades ilegales y reparan el daño ocasionado a sus víctimas.
Aun así, su cooperación con la justicia ha sido lenta.

Uno de los compañeros de Mancuso, Carlos Jiménez, fue transferido el mes pasado a una fragata de la Armada, acusado de seguir traficando cocaína a los Estados Unidos, y se anticipa que será extraditado allá para enjuiciarlo.

Los hombres de Mancuso produjeron 230 toneladas de cocaína de 1997 al 2004, dijo, con un 70% de los ingresos de los paramilitares dependiente del narcotráfico.

El resto de sus finanzas provenía de "impuestos " pagados por hacendados, tenderos, transportistas, embotelladoras de bebidas y casi todos los comerciantes, dijo Mancuso.

Eso abarcaba a los exportadores de bananas colombianas, agregó, que les pagaban tres centavos de dólar por cada caja embarcada. Chiquita Brands International Inc. admitió pagos regulares a la AUC y se sometió a una multa de 25 millones de dólares fijada por el Departamento de Justicia estadounidense. Otras bananeras estadounidenses niegan haber hecho pagos.

El gobierno de Uribe ha congelado la extradición a Estados Unidos de Mancuso, pedida en el 2002 por una acusación de tráfico de drogas. Mientras cumpla con las condiciones del acuerdo de paz también evitaría la sentencia de 40 años de prisión en Colombia por haber supervisado una matanza de 15 campesinos asesinados a lo largo de tres días en 1997, que Mancuso consideró "una operación militar ".

Mancuso afirmó a la AP que ordenó más de 300 muertes mientras los paramilitares establecieron mini-estados soberanos desde fines de los años 90, mayormente a lo largo de la costa caribeña, de la que es nativo.

Sus tropas condujeron a cientos más a la muerte. Un ex subordinado, Jorge Iván Laverde, se atribuyó el mes pasado unos 2.000 homicidios, lo que haría languidecer las estimaciones del gobierno de 10.000 muertos en todo el país.

Mancuso insiste en que casi todos los muertos bajo sus órdenes eran o guerrilleros o colaboradores de la guerrilla, algo que refutan grupos de derechos humanos, el gobierno de Estados Unidos y las Naciones Unidas.

Sentado sin calcetines con mocasines informales, una camisa a rayas amarillas y pantalones flojos color verde olivo durante la entrevista, Mancuso consideró los testimonios de víctimas de atrocidades como mentiras difundidas por simpatizantes de la guerrilla.

"Yo nunca di la orden a mis combatientes: entierren a la gente, desaparezcan a la gente. Si a la gente se va a dar de baja (matar), hay un motivo para darle de baja... nunca dije que torturaran", sostuvo.
Sus ojos se humedecen cuando responde positivamente a si personalmente mató gente, pero dijo que lo hizo en combate. "Me sigue doliendo en el alma", expresó.

Respecto al presidente Uribe, quien niega haberse reunido con paramilitares o buscado su apoyo, Mancuso dijo que nunca lo vio cuando era paramilitar.

Cuando manifestó su interés de sacar a todos los rebeldes del campo, Mancuso dijo que "no tengo conocimiento de si él (Uribe) sabía o no sabía que nosotros lo estabamos apoyando".

Fue inequívoco, eso sí, en que las fuerzas armadas colombianas siempre ayudaron a las AUC _un asunto delicado en el congreso de Estados Unidos, en donde los demócratas buscan reducir los más de 600 millones de dólares de ayuda militar destinada anualmente a Colombia_.

Dijo que soldados colombianos lo entrenaron a él personalmente, mientras que oficiales les proveían a las unidades paramilitares informes y frecuentemente montaban operaciones juntos contra la guerrilla.
"El proceso de colaboración de las fuerzas militares, en todas las áreas donde nosotros fuimos un estado regional, se dio", afirmó.

Así se explica que "hayamos podido mover helicópteros del oriente al occidente por toda la costa norte de Colombia sin tener problemas", manifestó.

Sobre sus bienes, Mancuso dijo que no tiene dinero en los bancos ni oculto. Ha entregado más de 25 millones de dólares en propiedades pero dice que no puede costear el resarcimiento de sus víctimas.
Pero le es posible pagar un abogado en Estados Unidos para contactar a las autoridades judiciales allá, dijo.

Cuestionado sobre si eso significa que prefiere declararse culpable y reducir un eventual termino de prisión en Estados Unidos para cuando, en incertidumbre, salga de la cárcel en Colombia, ríe nervioso.


"No me haga responder eso".