De mi mayor estima y consideración:
Ante la gravedad de los hechos acerca de los cuales
Usted se ha manifestado públicamente en días recientes, sobre su labor de
verificación al proceso de desarme, desmovilización y reinserción de las
Autodefensas Unidas de Colombia, he creído conveniente dirigirle esta CARTA
ABIERTA la cual inicio con unas consideraciones preliminares, sobre aquellos
tópicos más sensibles de este para mayor ilustración suya y de la Opinión
Pública.
Cuando pusimos en manos del Alto Comisionado de
Paz, Luís Carlos Restrepo en representación del Gobierno nacional, el proceso
de desmovilización y reinserción de los grupos de AUC, le transferimos al
Gobierno nacional no solo la responsabilidad por la defensa de las diferentes
regiones y sus pobladores, sino también la exigente labor de cuidar de cada uno
de los desmovilizados en su regreso exitoso a la vida civil. Esto lleva
consigo, entre otras cosas, la necesidad de implementar el trabajo psicosocial
que los ex combatientes requieren y la creación de las diferentes empresas
productivas que les den oportunidad y cabida. En ambos campos de
responsabilidad estatal subsisten serias falencias que de no subsanarse en el
corto plazo presagian situaciones de mucha gravedad sobre las cuales, precisamente,
alerta a la comunidad nacional e internacional su reciente Informe como Jefe de
la MAPP-OEA en Colombia.
Desde los inicios de los diálogos de paz en Santa
Fe de Ralito, personalmente he solicitado sin cesar en muchísimas
oportunidades, ante el alto Gobierno, y como testigos los representantes de la
Iglesia, Usted y todos los miembros de la MAPP-OEA, que de no actuar el Estado
con una agresiva campaña de erradicación de cultivos ilícitos donde estos
existen, no sería posible concebir espacios de paz en aquellas zonas que
liberamos de la guerrilla y entregamos al gobierno tras nuestra desmovilización
y serían esos territorios el combustible que generaría el regreso de las
guerrillas, de narcotraficantes, delincuencia común o nuevas fuerzas de autodefensas
que llegarían a tomar el control de estos cultivos y su cadena de
comercialización. A Usted le consta nuestra preocupación por la posibilidad que
tras la desmovilización se fueran a presentar situaciones como las que hoy con
razón preocupan a la OEA.
He aquí el meollo del asunto. El argumento es solo
uno y de una simpleza aplastante: mientras existan cultivos ilícitos, habrá
narcotráfico, y mientras haya narcotráfico, guerrilla, narcotraficantes y
delincuencia común, en medio de regiones tan abandonadas y con tanta pobreza,
siempre habrá alguien dispuesto a arriesgar su vida para beneficiarse de esta
actividad, y mientras exista la subversión armada ésta persistirá en apoderarse
de todos los cultivos que puedan servir para robustecer su capacidad militar y
de toda índole, por lo tanto el que quiera preservar zonas con cultivos
ilícitos sin ser guerrillero, deberá armarse en número considerable para así
mantener a raya militarmente a la guerrilla u otros actores que quieran
pretender el dominio.
Esta preocupación de parte de las AUC no es nueva
ni nació con la firma de los Acuerdos de Ralito.
En 1997 fui invitado a
participar de un encuentro donde las AUC nos reunimos con los Comisionados de
Paz de esa época Daniel García-Peña y José Noé Ríos, además del presidente del
Senado Julio Guerra Tulena y otras personalidades del Alto Gobierno del
presidente Ernesto Samper que acompañaban a la Comitiva. Ante ellos y en nombre
de las AUC les entregué un listado que contenía la ubicación, cantidad de
hectáreas, nombres y datos de los propietarios y ubicación satelital de los
cultivos ilícitos existentes en el Parque Nacional del Paramillo. Las AUC les
estábamos exigiendo a los campesinos la erradicación de los cultivos ilícitos
con el plazo máximo de diciembre de 1997 si el Gobierno se comprometía a apoyar
la erradicación y sustituir los cultivos ilícitos por cultivos lícitos. Las AUC
no queríamos que estos campesinos se murieran de hambre o fueran a engrosar los
cinturones de miseria de las ciudades, o que no tuvieran más remedio que
ingresar a las filas de los actores armados ilegales. El Gobierno jamás nos
contestó. Llegados a diciembre de 1997 les hicimos saber a los campesinos que
al Gobierno no le interesaba su problemática en esta zona y que por lo tanto no
estaban obligados a erradicar. Entonces les pusimos ciertos controles como que
no podrían talar bosques vírgenes para sembrar coca, sólo lo harían en los
rastrojos o tierras limpias dentro del Parque, que fue creado por el Gobierno
Nacional, sin tener en cuenta que existían poblaciones dentro de él, que
quedarían sin titulación de tierras y sin acceso a créditos bancarios entre
otros.
Menciono esto referido a 1997 únicamente para que
la Opinión pública conozca que la preocupación de las AUC por esta problemática
viene de bastante lejos. Lamento mucho que hayan pasado ya casi diez años de
los hechos a los que hago mención más arriba sin que los Gobiernos de Colombia
hayan querido ponerse en la tarea de dar solución integral a este drama social
y económico que viene de tan atrás. En el contexto de lo que estoy manifestando
aquí se comprenderá mejor porqué no puedo sino recibir con beneplácito la
preocupación expresada por el doctor Sergio Caramagna en su Informe dirigido a
las más altas instancias de la OEA. Puede que ahora sí, con la intervención de
la OEA en el planteo y solución del problema, se comience a dar respuesta al
clamor de millares de campesinos que en la zona del Alto Sinú y San Jorge, en
el Catatumbo y otras regiones del país, esperan desde hace décadas menos
abandono estatal y estigmatizaciones y más respuestas favorables a sus justos
reclamos por una vida más digna y una seguridad realmente eficaz.
Desde el mismo momento en que comenzó a
planificarse la desmovilización de las tropas AUC que hacían presencia en el
Catatumbo y el Alto Sinú y San Jorge, efectivizadas en diciembre de 2004 y
enero de 2005, reiteré ante los representantes del Gobierno, la Iglesia y la
OEA en la Mesa de Ralito mi preocupación por la tranquilidad futura de esas
zonas. Tiempo después de mi desmovilización los alerté en su momento sobre el
surgimiento de grupos delincuenciales armados con fusiles en estas regiones y
reiterativamente les he estado informando sobre el crecimiento y evolución de
estos grupos y las pugnas y matanzas por el control de los cultivos ilícitos,
también les ofrecí mi colaboración –sin recibir respuesta- al lado de otros
excomandantes, entre ellos Vicente Castaño, para mostrarles como estaban
ubicados y diseminados estos cultivos ilícitos y nos ofrecimos además para
ayudar en la erradicación de los mismos.
Más recientemente, durante el mes de febrero de
2006, reiteré ante el Ministro del Interior y Justicia Dr. Sabas Pretelt de la
Vega, en ocasión de una reunión en la Sierra Nevada, mi preocupación ante lo que
yo considero un exceso de dilación por parte de las autoridades en poner freno
a una situación de orden público alterada en extremos graves por la
persistencia e incremento de las situaciones delictivas a las que hago
referencia.
Hago público este reclamo e insisto en la necesidad
de ponerle remedio a la situación planteada ante la demora por parte de las
autoridades competentes del Estado en implementar medidas de seguridad y
prevención del delito toda vez que, en estas condiciones de vulnerabilidad de
las zonas en cuestión, el proceso de desmovilización y reinserción se ve
seriamente afectado, así como la tranquilidad de la población civil.
También hago un vehemente llamado a los
desmovilizados de los distintos bloques de autodefensas en especial de los
frentes que operaron en esa zona del Catatumbo y del Alto Sinú y San Jorge que
no se presten de ninguna manera a las maniobras de quienes pretenden retrotraer
su voluntad de paz a épocas y situaciones felizmente superadas por el Proceso
de Paz en curso.
Desde el mismo momento de mi desmovilización fui
claro, tajante y radicalmente honesto con la sociedad y el gobierno, mi desarme
y desmovilización fue total, pero es necesario comprender que al tiempo que
desactivé mis estructuras de combate y me sometí a la legislación dispuesta por
el gobierno, depuse también mi mando sobre los hombres de los frentes que
operaban bajo mi directa responsabilidad. De ninguna manera puede ahora
esperarse que retome la dirección de un grupo humano ya disperso, bajo el falso
presupuesto de obediencia debida.
Desde mi conciencia, rechazo las acusaciones en
cuanto me tocan y reitero que a partir de mi desmovilización el 10 de diciembre
de 2004, soy responsable solamente por mis propias acciones. En ningún caso
aceptaré que las actitudes o la conducta delictiva de otros, manche lo que es
un compromiso de vida, que he asumido de frente y a la luz de la cotidianidad,
muchas veces incluso ante la incomprensión de quienes consideran exagerada mi
exposición publica.
Episodios como este, prueban que mi opción de
mantenerme visible, es lo único que podrá garantizar los rasgos de mi conducta
ante el país.
Valoro positivamente su posición asumida como jefe
de la MAPP-OEA y destaco los esfuerzos que Usted dirige para sensibilizar al
Gobierno nacional y la Comunidad internacional acerca de que toda la fuerza e
inteligencia del Estado, así como los recursos económicos nacionales e
internacionales, sean puestos al servicio del Proceso de Paz, y en particular
de las comunidades expuestas todavía hoy a la acción nefasta de los
delincuentes que ‘enfusilados’ asolan la región del Catatumbo y del Alto Sinú y
San Jorge cuando ya pasó más de un año de la desmovilización de los
combatientes de las AUC en esa zona.
Por otra parte, esperar que quienes fuimos
comandantes respondamos ante las autoridades civiles, judiciales o militares,
por la conducta colectiva o individual de los desmovilizados en cualquier
numero plural, resulta descabellado e inadmisible.
Es el gobierno quien debe responder por estos ciudadanos
a los que prometió oportunidades. El gobierno en cuanto al orden y las
garantías, y la sociedad y el gobierno otra vez, ante las oportunidades y la no
discriminación.
El Estado y la sociedad no pueden trasladar sus
responsabilidades a quienes con honestidad pedimos perdón, soltamos las armas y
diariamente tratamos de forjar un espacio viable de reinserción.
Le saludo muy atentamente,
SALVATORE
MANCUSO
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